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Modo: Corpus Pro

ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. NO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA CUANDO EL RECURSO LO INTERPONE PERSONA DIVERSA AL QUEJOSO EN EL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2009. · Registro digital (IUS): 22161
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia civil y penal, el cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo puede plantearse por:

a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) El procurador general de la República.

c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.

En la especie, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.

TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, integrado por los Magistrados Enrique Dueñas Sarabia, Alicia Guadalupe Cabral Parra y Jorge Figueroa Cacho, al resolver la revisión principal 453/2008, en sesión de once de diciembre de dos mil ocho, por mayoría de los dos primero citados, en contra del voto particular del último, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

"TERCERO. No será necesario examinar los agravios cuyo análisis se propone, ya que este tribunal advierte de oficio la actualización de una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y forzoso a la luz de la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, siguiendo, en lo conducente, los razonamientos empleados en la jurisprudencia 232 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, de la voz y contenido siguientes: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). En efecto, tomando en cuenta las constancias que se remitieron en vía de informe justificado, las cuales por ser documentales públicas tienen pleno valor probatorio atento lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo estatuye el segundo numeral de esta última, se advierte, como bien lo estableció el Juez de Distrito, que el acto reclamado en el amparo surge de un juicio civil sumario hipotecario, que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, en el que se aprobó el remate de un inmueble por auto de catorce de febrero de dos mil siete, mismo que fue materia de revocación planteada sólo por la codemandada del aquí inconforme en el juicio natural ********** o resultado desaprobatorio (respecto del remate) fue emitido en proveído de siete de junio siguiente e impugnado en amparo biinstancial por los cesionarios de los actores, tramitado ante el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en este Estado, expediente ********** cuya sentencia concedió el amparo para el efecto de que: ‘... el Juez responsable deje insubsistente el proveído de siete de junio del año en curso y, en su lugar, pronuncie otro en el que, prescindiendo del razonamiento de que la certificación debía contener las fechas de publicación de los edictos en los estrados del juzgado, determine lo que en derecho corresponda.’ (foja 103 del cuaderno de pruebas), lo que este tribunal confirmó en resolución de quince de febrero de dos mil ocho, dentro del amparo en revisión 511/2007, en cuyo cumplimiento se dictó el auto que se reclama de cinco de marzo de dos mil ocho, que no revocó el citado de catorce de febrero de dos mil siete que había aprobado el remate (dictado con libertad de jurisdicción). Precisado lo anterior, se estima que el acto reclamado es derivado de otro consentido, en la medida que el inconforme fue notificado del auto que aprobó el remate desde el catorce de febrero de dos mil siete, comunicación que, asegura, fue irregular y combatió mediante incidente de nulidad en escrito de veintiocho siguiente en el que expresó: ‘Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, 64, 65, 66 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, vengo a promover incidente de nulidad de actuaciones y/o notificaciones, a partir incluso de las indebidas e ilegales notificaciones que se pretendieron realizar al suscrito de los autos de fechas 01 primero de agosto del año 2006 dos mil seis, 12 doce de septiembre del mismo año, así como de la interlocutoria de fecha 14 catorce de febrero del año 2007 dos mil siete, y en consecuencia, deberá declararse la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a dichas actuaciones, toda vez que como se advierte de los autos, finalmente dichas resoluciones no le fueron notificadas al suscrito en los términos de ley, y en clara transgresión a las garantías de audiencia y defensa consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna ...’; el Juez tuvo por admitida la mencionada promoción el siete de junio del año pasado, en los siguientes términos: ... Por recibido el escrito de **********, demandado, de fecha 28 veintiocho de febrero del año en curso, visto su contenido, interpone incidente de nulidad en contra de la notificación de fecha 17 diecisiete de agosto y 19 diecinueve de septiembre del año 2006 dos mil seis (visible a fojas 706 setecientos seis y 718 setecientos dieciocho), relativa a las resoluciones judicial de fecha 01 primero de agosto y 12 doce de septiembre del año 2006 dos mil seis (visible a fojas 701 setecientos uno y 713 setecientos trece a la 715 setecientos quince), mismo que se admite en los términos y por los conceptos que se desprende de su escrito de cuenta, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 63, 64, 65 y 66 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco ...’ (fojas 782 a 791 del tomo III del juicio de garantías); se resolvió tal incidencia el cuatro de diciembre posterior, señalando lo siguiente: ‘... En esas condiciones por los argumentos lógicos jurídicos vertidos con antelación, lo que se impone es declarar la improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones presentado por ********** parte demandada dentro del presente procedimiento ...’ (fojas 843 a 849 idem). Ahora bien, como el auto de catorce de febrero de dos mil siete fue notificado al día siguiente y como esa notificación está firme, una vez que mediante el acto reclamado de cinco de marzo de dos mil ocho se dejó firme el referido proveído de catorce de febrero, que aprobó el remate, es claro que deriva de aquel que el inconforme consintió puesto que no lo impugna por vicios propios, sino que, como se evidencia de sus conceptos de violación (cuyo resumen consta en la sentencia que se revisa y aquí se da por reproducido, en obvio de mayores dilaciones), su inconstitucionalidad se hace depender de violaciones que se atribuyen al mencionado auto de catorce de febrero que aprobó el remate y fue consentido. Al respecto se citan la jurisprudencia 60 y tesis emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles las dos primeras, en la Novena y las restantes, en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, páginas 2365, 1543, 16 y 69, respectivamente, de voces y textos siguientes: ‘ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.’ (se transcribe). ‘ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. LO ES EL FALLO QUE CONFIRMA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, CUANDO ÚNICAMENTE APELÓ LA PARTE CONTRARIA DE LA QUEJOSA.’ (se transcribe). ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). ‘ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. AUTOS.’ (se transcribe)-‘SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). En esta tesitura, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con las jurisprudencias 17 y 18 integradas, respectivamente, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Segunda Sala de dicho Alto Tribunal, visibles en el Tomo VI del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se copian, lo que determina que se sobresea el presente juicio de amparo con fundamento además en la fracción III del artículo 74 de la mencionada ley de la materia. Las citadas jurisprudencias dicen: ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe). Consecuentemente, lo que procede es revocar la resolución impugnada y sobreseer en el juicio con base en los artículos 73, fracción XI y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja al tenor del artículo 76 Bis, fracción VI, del mismo ordenamiento legal."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, integrado por los Magistrados Carlos L. Chowell Zepeda, Enrique Arizpe Navarro y F. Guillermo Baltazar Alvear, al resolver el amparo directo 24/2004, en sesión de trece de mayo de dos mil cuatro, resolvió en lo conducente lo que a continuación se precisa:

"Esta última sentencia constituye el acto reclamado. V. No se estudiarán los conceptos de violación, en virtud de que deberá sobreseerse en el presente juicio de amparo. En efecto, de conformidad con el artículo 73 in fine de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio. En el caso, de las constancias de autos se advierte que opera el motivo de improcedencia establecido en el propio artículo 73, en su fracción XI, en relación con la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Ciertamente, la ahora quejosa no interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, pues solo lo hizo su contraparte, por lo que dicho fallo tuvo carácter de acto consentido en relación con la quejosa, y como la sentencia de segundo grado que ahora reclama confirma la de primero al desestimar los agravios del apelante, resulta un acto derivado de otro consentido, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable, en lo relativo, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado en las ejecutorias que dicen: ‘SENTENCIA PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA. IMPROCEDENTE DEL JUICIO DEL AMPARO SI SÓLO INTERPUSO APELACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL TRIBUNAL DE ALZADA CONFIRMÓ EL FALLO.’ (se transcribe). (Tribunal Colegiado del Noveno Circuito). Amparo directo 548/78. **********. 24 de noviembre de 1978. Unanimidad de votos. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 121-126. Sexta Parte. Página 269). ‘SENTENCIA PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA, SI SÓLO APELÓ EL MINISTERIO PÚBLICO, IMPUGNANDO LA PENA Y EL TRIBUNAL DE ALZADA CONFIRMÓ EL FALLO.’ (se transcribe). Además, la ejecutoria de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que expresa: ‘AMPARO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL, CUANDO EL INCULPADO SE CONFORMÓ CON LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y EL TRIBUNAL DE ALZADA NO AGRAVÓ LA PENA.’ (se transcribe). No es óbice para llegar a la anterior conclusión, que el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en su fracción V, establezca que se deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación, a favor de los menores y que en el caso la peticionaria de garantías promueva también el juicio en representación de ellos, porque como dicho dispositivo legal lo precisa, la suplencia solo se refiere a los conceptos de violación y por tanto no autoriza a pasar por alto las causales de improcedencia. En este orden de ideas debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74 fracción III de la Ley de Amparo."

Al efecto, dicho Tribunal Colegiado emitió las siguientes tesis:

"No. Registro: 180,970

"Tesis aislada

"Materia(s): Civil

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XX, agosto de 2004

"Tesis: IX.1o.73 C

"Página: 1543

"ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. LO ES EL FALLO QUE CONFIRMA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, CUANDO ÚNICAMENTE APELÓ LA PARTE CONTRARIA DE LA QUEJOSA. Es improcedente el juicio de amparo directo que se promueve en contra de una sentencia en materia civil dictada en segunda instancia, si la quejosa no interpuso el recurso de apelación en contra del fallo de primer grado, sino sólo lo recurrió la parte contraria y el órgano de alzada confirmó la sentencia recurrida, pues opera en el caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia número 17, correspondiente al Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 12, de rubro: ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.’, toda vez que el fallo de primera instancia, al no ser apelado por la peticionaria de garantías, constituye un acto consentido, mientras que el de segundo grado, al no modificar la situación de la inconforme, tiene el carácter de acto derivado de otro consentido.

"Amparo directo 24/2004. 13 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Francisco Eduardo Rubio Guerrero."

Dicho criterio ya había sido sustentado por el propio Tribunal Colegiado en los amparos directos 548/78, 255/76 y 307/95, los que dieron origen a la siguiente tesis:

"No. Registro: 252,097

"Tesis aislada

"Materia(s): Penal

"Séptima Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"121-126 Sexta Parte

"Tesis:

"Página: 269

"Genealogía: Informe 1979, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 309.

"Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 19, página 430.

"SENTENCIA PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI SÓLO INTERPUSO APELACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL TRIBUNAL DE ALZADA CONFIRMÓ EL FALLO. Si la sentencia de primer grado condenó al sentenciado y éste no interpuso recurso de apelación, sino solamente el Ministerio Público, dicho fallo tiene el carácter de acto consentido por el inculpado. Ahora bien, la sentencia de segunda instancia, al confirmar la de primer grado por desestimar los agravios del Ministerio Público, es consecuencia legal, necesaria y forzosa del acto consentido, pues el tribunal de apelación no estaba en aptitud de analizar la existencia del delito, la responsabilidad del acusado, ni disminuir la sanción, por no ser nada de ello materia de la apelación. Por tanto, se impone el sobreseimiento del juicio de amparo directo promovido por el sentenciado en contra de la sentencia de segunda instancia, ya que se está en presencia de un acto derivado de otro consentido.

"Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

"Amparo directo 548/78. Marco **********. 24 de noviembre de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Gerardo Abud Mendoza.

"Séptima Época, Sexta Parte:

"Volúmenes 91-96, página 204. Amparo directo 255/76. **********. 11 de enero de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Juan Castillo Duque."

QUINTO. Mientras que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito integrado por los Magistrados Benito Alva Zenteno, María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas e Indalfer Infante Gonzáles, al resolver el amparo directo 91/2005, en sesión de fecha veintiocho de febrero de dos mil cinco, sostuvo en lo que atañe a la presente contradicción, lo siguiente:

"QUINTO. Debido a que los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, se encuentran relacionados entre sí, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, se procede a estudiarlos en forma conjunta. En ellos se aduce que la responsable aplicó inexactamente lo dispuesto por el artículo 1832 del Código Civil para el Distrito Federal, 281, 327, fracción I, 379, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal así como el 78 del Código de Comercio, al no valorar correctamente la escritura pública número sesenta y cuatro mil de fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y seis en la que se hizo constar el Convenio de Reestructuración de Adeudo y Ratificación y Ampliación de Garantía Hipotecaria en primer lugar y grado y en el que la parte actora y las demandadas en el capítulo de declaraciones a foja tres, inciso c), declararon que: ‘C) ... Asimismo, reconoce que las Unidades de Inversión (UDIS) no es una nueva moneda, sino una unidad de cuenta cuyo valor en pesos va reconociendo la inflación que se va presentando a partir de la fecha en que se opere el presente convenio y el pago de las mensualidades que le correspondan pagar en términos del mismo se harán en pesos, denominando el importe correspondiente según el valor de la Unidad de Inversión (UDI) en la fecha que se haga el pago respectivo, cuyo valor en pesos, para cada día publicará periódicamente el Banco de México en el Diario Oficial ...’ y no se observó que en la cláusula segunda a fojas 5, 6 y 7 del documento base de la acción los demandados se obligaron a pagar durante la vigencia del convenio en los lugares señalados por las cantidades que reconocieron, esto es, intereses ordinarios sobre saldos insolutos mensuales calculados, dividiendo la tasa anual aplicable entre trescientos sesenta y multiplicando el resultado por el número de días transcurridos considerando meses de treinta días. Por lo que estima el quejoso que el resolutivo tercero que condena a los demandados a pagar la cantidad de **********, las que deberán solventar entregando su equivalente con base al valor en pesos que publicó el Banco de México en el Diario Oficial al diecisiete de junio de mil novecientos noventa y seis, es contrario a lo convenido por las partes, toda vez que los demandados se obligaron a pagar las UDIS en pesos en moneda nacional, según el valor de la unidad de inversión en la fecha en que se haga el pago respectivo, por lo que la resolución de la Sala se aparta de lo pactado por las partes. Lo anterior resulta inoperante. En efecto, para arribar a la anterior determinación, resulta necesario precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil cuatro, ante la Oficialía de Partes Común Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que por razón de turno correspondió su conocimiento al Juez Octavo de lo Civil del Distrito Federal ********** las siguientes prestaciones: ... El Juez de primera instancia con fecha treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, dictó sentencia, concluyendo con los siguientes puntos resolutivos: ... En contra de dicha determinación, únicamente la parte demandada, esto es ********** interpusieron recurso de apelación. Con fecha doce de noviembre de dos mil cuatro, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió el recurso de apelación en el sentido de modificar la sentencia recurrida para quedar como sigue: ... Para llegar a tal determinación, la Sala responsable consideró lo siguiente: ... De lo anterior se advierte, que el Juez de primera instancia al resolver el juicio natural, condenó a los demandados al pago de las cantidades reclamadas cuantificando éstas conforme al valor que al treinta de junio de dos mil tres tenían las unidades de inversión (UDIS). Inconforme únicamente la parte demandada con la sentencia de primera instancia interpuso recurso de apelación; recurso en el que la responsable modificó la sentencia recurrida para el efecto de dejar para ejecución de sentencia la cuantificación de las obligaciones exigidas, considerando la responsable que sería en base al valor en pesos, que para cada una de las fechas que señaló el actor en sus prestaciones, publicó el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación, ya que las obligaciones denominadas en unidades de inversión se deben solventar entregando su equivalente en moneda nacional, al día en que las limitó el accionante, pues al ser el procedimiento de estricto derecho, no puede suplir la deficiencia de la queja. De manera que como la ahora quejosa, no interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del Juez de origen en la que condenó a los demandados a pagar a la parte actora **********, por concepto de suerte principal, que corresponde al saldo de capital exigible al treinta de junio de dos mil tres, siendo el saldo de capital vencido por la cantidad de ********** por concepto de suerte principal, es evidente que ahora no puede introducir a través de los conceptos de violación una cuestión que no fue hecha valer ante la responsable, esto es, que no fue debidamente valorada la escritura pública número ********** de fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y seis en la que se hizo constar el convenio de reestructuración de adeudo y ratificación y ampliación de garantía hipotecaria en primer lugar y grado en la que los demandados se obligaron a pagar las UDIS en pesos en moneda nacional, según el valor de la unidad de inversión en la fecha en que se haga el pago respectivo, toda vez que consintió tácitamente la determinación del a quo, al no interponer el recurso de apelación que así lo hubiere estimado y por tanto, se encuentra firme. Luego, al haber consentido la ahora peticionaria de garantías la condena referida anteriormente, resulta incuestionable que a dicha quejosa ya no le es posible jurídicamente combatir tal cuestión a través del presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, que la Sala responsable en el considerando segundo de la sentencia reclamada haya determinado modificar la sentencia de primer grado, puesto que tal modificación no afectó lo relativo a las fechas establecidas por el a quo sino que únicamente se limitó a determinar la cuantificación de las unidades de inversión en ejecución de sentencia, pues se reitera esa determinación fue consentida por la ahora quejosa y, por ende, se encontraba firme. Resulta aplicable la tesis de la Novena Época, sustentada por este Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la cual es localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, tesis I.11o.C.32 C, página 1263, cuyo rubro y texto es el siguiente: ... Además contrario a lo que aduce la quejosa, la modificación que hizo la responsable fue en el sentido de que la regulación debe hacerse en ejecución de sentencia toda vez que en el estado de cuenta se omitió exhibir las publicaciones del Diario Oficial de la Federación en las que se acreditará el dicho del propio contador por lo que no pueden tomarse en cuenta las estimaciones hechas por el citado profesionista y en ejecución de sentencia hacerse previa exhibición que se haga de la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha treinta de junio de dos mil tres y no de diecisiete de junio de mil novecientos noventa y seis como lo señala la quejosa. En las narradas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación contenido en la demanda de garantías, no quedó demostrada la ilegalidad de la sentencia reclamada y, por ende, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión."

El propio Tribunal Colegiado con fecha doce de febrero de dos mil ocho, resolvió el amparo en revisión 371/2007, en cuya parte toral consideró que:

"Con relación a los demás argumentos omitidos, si bien no se hicieron mención en la síntesis, ni se analizaron de fondo, como se demostró con anterioridad; también lo es, que esa omisión es intrascendente para revocar la sentencia impugnada, dado que la inoperancia declarada por el Juez de Distrito es correcta, debido a que la parte quejosa no impugnó en vía de apelación la diversa consideración del Juez de primera instancia consistente en que: ‘... En cuanto a la prueba confesional a cargo de la demandada incidentista ********** quien negó la cuarta y sexta posiciones, no obstante que contestó que sí es cierto en la posición quinta, y si bien negó la sexta posición; cierto es también que al contestar las posiciones séptima y octava, la absolvente confesó que está enterada que el trámite judicial de la presente sucesión se inició el trece de junio del año dos mil cinco y que en esa fecha se radicó el juicio sucesorio de ********** sin embargo y no obstante ella, negó las posiciones novena y décima; y en la primera posición oral, la absolvente contestó que sí es cierto, aclarando que: ‘no tiene nada que ver con este litigio incidental’; por lo que dicha probanza le favorece a su oferente, pues si bien, la absolvente negó la cuarta posición, cierto es también que, a fojas 39 a 41, obra el contrato de fecha veinte de octubre del año dos mil cuatro, ante el Notario Público Número 151 del Distrito Federal, licenciado **********, celebrado por los ********** y la primera de las nombradas en representación de ********** y ratificado ante el citado fedatario público el día dieciséis de noviembre del año dos mil cuatro, por lo que la cláusula primera del citado contrato a la letra dice: Primera. ‘Los señores ********** todos de apellidos ********** y la primera también de las nombradas en representación de la ********** acuerdan en este acto que durante la vida de su señora madre, señora ********** ninguno de ellos, dispondrá de los bienes, ni de los frutos de dichos bienes, que forman parte de la masa hereditaria de la sucesión testamentaria a bienes de ********** ya que todos ellos están dispuestos a sufragar los gastos generados por la manutención y atención médica de la citada ********** con los frutos y en su caso hasta con los bienes la masa hereditaria antes mencionada.’. Ahora bien, haciendo una interpretación literal del citado contrato, atendiendo a la voluntad de los ********** todos de apellidos ********** y la primera también de las nombradas en representación de la **********, se observa que lo que ellos quisieron es que en la presente sucesión, no se realizara trámite alguno para su conclusión. ...’. Lo anterior, porque la quejosa al impugnar dicha interlocutoria sólo expresó como agravios, los siguientes: ‘Primero. (ya fue transcrito en la presente ejecutoria). Segundo. La resolución combatida causa agravio a bi representada por violar lo dispuesto en los artículos 1750 y 1752 del Código Civil para el Distrito Federal y 816 y 830 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, derivado de la presentación extemporánea del inventario formulado por el albacea **********. Suponiendo sin conceder que hasta el 13 de junio de 2005 fecha en que se tuvo por radicada la sucesión de origen y que se reconoció la primera sección de la misma -comenzaba a tener obligaciones el albacea, los 60 días que concede la ley en sus artículos 1750 y 1752 del Código Civil para el Distrito Federal y 816 y 830 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal preceptos legales que han quedado transcritos en el agravio precedente-, vencieron en exceso con anterioridad al 14 de octubre de 2005, fecha en que supuestamente el albacea comenzó a cumplir con las obligaciones de su cargo, máxime que a la fecha el albacea no ha dado cabal cumplimiento a la presentación de avalúos, pues de constancias de autos se advierte que al día de hoy no ha presentado el avalúo correspondiente al inmueble ubicado en **********. En este tenor, se hace patente el flagrante incumplimiento a su obligación de presentar inventario y avalúos dentro de los sesenta días contados a partir de la aceptación de su cargo, previsto en el numeral 816 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Lo anterior es así, toda vez que el a quo debió haber observado que en el supuesto -que jamás se concede- de que el albacea no tenía obligación alguna que cumplir con las disposiciones del Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, por tramitarse la sucesión bajo la Ley del Notariado y, por ende, que no existiera tampoco término alguno, que transcurrieron más de sesenta días entre: i) que se tuvo por radicada la sucesión y por reconocida la primer sección ante el a quo; y, ii) la fecha en que supuestamente el albacea comenzó a cumplir con sus obligaciones y por demás en exceso a esta fecha, ya que no ha cumplido en su totalidad con la presentación de los avalúos respectivos. De ahí que por el mero transcurso de dichos 60 días, sin cumplir con la obligación de formular inventarios y avalúos, éste debe ser removido de su cargo, especialmente porque los preceptos legales aplicables ordenan que dicha resolución es de plano. De lo antes expuesto, se hace patente que la sentencia impugnada no resulta ajustada a derecho, precisamente porque el Juez

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22161-9e828a05/acto-derivado-de-otro-consentido-no-lo-constituye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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