DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE DESECHARLA POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO EL QUEJOSO, QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, ADUCE TENER LA POSESIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DEL LITIGIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza civil, competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por el Magistrado integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que fue uno de los órganos jurisdiccionales que sostuvo uno de los criterios en posible contradicción, de forma que se encuentra facultado para ello de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones sostenidas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la improcedencia 459/2008, en lo que interesa, son las que a continuación se transcriben.
"Los agravios hechos valer son sustancialmente fundados. Contrario a lo que estimó el Juez de Distrito, es inexacto que se actualice la hipótesis prevista en el artículo 145 de la Ley de la Amparo, habida cuenta que, como se verá, no se advierte de momento la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo expuesto en la demanda de garantías, concretamente en el capítulo relativo a los actos reclamados, transcrito en el resultando primero de esta sentencia, se colige que los recurrentes ********** y ********** acudieron a promover el juicio de amparo en representación de su hija menor **********, como tercera extraña al juicio civil sumario 422/2007, entablado por la Arquidiócesis de Guadalajara, Asociación Religiosa, contra el **********, reclamando cualquier resolución pronunciada en ese juicio que ordene el lanzamiento o desalojo del citado colegio respecto del inmueble ubicado en la calle ********** en esta ciudad; que ello impediría que, ya iniciado el ciclo escolar 2008-2009, la menor continuara recibiendo la instrucción primaria hasta su conclusión como alumna matriculada; que existe una inminente privación de la posesión jurídica y material que ejerce la niña quejosa sobre el inmueble en el que se le imparten las clases; asimismo, el desalojo de todos los archivos y documentos que se encuentran en la dirección y secretaría de la asociación civil que utiliza la finca. Por su parte, en el auto recurrido el Juez Federal estimó, esencialmente, que el acto reclamado no causa un perjuicio personal y directo a la impetrante de garantías en términos de lo establecido por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo, habida cuenta que, en todo caso, la prerrogativa afectada pertenece a la persona moral ********** y, por tanto, corresponde a su representante legal el ejercicio de su defensa respectiva, pues es a quien se dirige la orden de lanzamiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no es factible desechar la demanda de amparo por falta de interés jurídico cuando un tercero extraño acude al procedimiento constitucional, habida cuenta que ello deberá ser materia de prueba durante la secuela del juicio de garantías. Así lo estableció la Primera Sala de dicho Máximo Tribunal del país en la jurisprudencia localizable en la Novena Época y Semanario referido, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página 245, de rubro y contenido siguientes: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Tratándose de una demanda de amparo interpuesta en contra de la orden de desalojo o lanzamiento de un inmueble como consecuencia de la sentencia definitiva que ordena su desocupación y entrega, respecto del cual el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio y aduce tener su posesión, no procede desecharla por notoriamente improcedente, ante la falta de acreditamiento del interés jurídico del promovente, toda vez que ello deberá ser materia de prueba durante la secuela procesal del juicio constitucional, pues la sola existencia de dicha orden hace inminente su ejecución, aun cuando se dirija a otra persona; en tal evento y de no existir otra causal de improcedencia evidente del juicio, procede admitir y tramitar la demanda de amparo, ya que de otra forma el promovente quedaría en estado de indefensión, haciéndose nugatorios sus derechos al impedírsele demostrar los dos supuestos que integran el interés jurídico, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad.’. Ahora bien, aun cuando el interés jurídico y la legitimación activa constituyen cuestiones distintas, sin embargo, tienen un elemento común atinente a que no debe inferirse con base en presunciones, lo que implica que no es jurídicamente factible inadmitir el libelo constitucional con base en la falta de acreditamiento de una u otra, habida cuenta que ambas deberán justificarse durante la tramitación del procedimiento constitucional. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, preceptúa: ‘El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.’. En el numeral citado el legislador reguló la legitimación activa en la causa y la diversa en el proceso, en concordancia con los principios rectores del juicio de garantías. Por la primera, en términos generales, se entiende la cualidad del sujeto que ejerce la acción, esto es, la que corresponde a la persona que de conformidad con la ley sustancial está facultada para acudir al órgano jurisdiccional, quien en la sentencia de fondo determinará si existe o no el derecho pretendido. En el juicio de amparo, la legitimación activa en la causa sólo la tiene la persona que resiente un perjuicio a causa de un acto de autoridad que se aparte de la norma constitucional, vulnerando su esfera jurídica. Del citado precepto se desprenden dos de los principios rectores del juicio de garantías consistentes en que ha de promoverse a instancia de parte agraviada y que debe existir un agravio personal y directo. De acuerdo con la primera de las aludidas hipótesis, el procedimiento constitucional nunca iniciará de manera oficiosa, ya que es indispensable el ejercicio de la acción constitucional por parte del gobernado debido al ataque del acto autoritario que lesione sus derechos; por su parte, en relación con el segundo, éste exige la existencia de un menoscabo u ofensa que recae y se concreta en una persona física o moral determinada no genérica y que, sin ser necesariamente patrimonial, sea apreciable objetivamente, es decir, y consista en una afectación real, no subjetiva, cuya realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria o hipotética. Al respecto, en el Manual del Juicio de Amparo, producido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Editorial Themis, página 23, se establece: ‘El principio de la existencia del agravio personal y directo también se desprende de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo que, como se ha visto, respectivamente estatuyen que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama.’. Ahora bien, por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral, menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras: la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real, y no de carácter simplemente subjetivo. Ese agravio debe recaer en persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto, genérico; y ser de realización pasada, presente o inminente; es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético (en esto estriba lo directo del agravio). Los actos simplemente probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquellos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza. Lo anterior también se expone en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Volumen 76, Primera Parte, página 45, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo.’. Por su parte, la fracción V del artículo 73 de la legislación en cita, estatuye: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... V. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.’. El interés jurídico es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho, está referido a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de amparo, es decir, éste existe cuando hay preceptos legales que otorgan una tutela jurídica a la prerrogativa del solicitante de la protección federal. Así se establece en la tesis 120 del Tomo VI de los Precedentes Relevantes compilados en el último y Apéndice al Semanario citados, que prevé: ‘PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas.’. En el referido Manual del Juicio de Amparo, página 54, al explicar la causal de improcedencia consignada en la fracción V del citado artículo 73 de la Ley de Amparo, se señala: ‘... para que la acción constitucional proceda no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, por un interés simple como suele llamarse a aquel que, sin contar con el respaldo legal, puede tener todo gobernado en que surja o se mantenga una situación, creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera, o, por el contrario, en que desaparezca o se evite la que pueda resultarle mortificante. Es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa, y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del citado gobernante de realizar la conducta. Hay interés jurídico, pues, cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, a exigir de la autoridad determinada conducta.’. Igualmente se invoca la tesis 1484 del Pleno del aludido Máximo Órgano jurisdiccional del país, consultable en el Tomo I, de la mencionada compilación del mismo Apéndice, página 1046, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio.’. En ese contexto, mientras que la legitimación para acudir al juicio de garantías está determinada por la existencia de un perjuicio personal y directo causado al quejoso por un acto de autoridad, el interés jurídico se traduce en la afectación a la esfera jurídica del aludido solicitante de la protección federal, esto es, que el acto reclamado incida en algún derecho legalmente tutelado. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala del precitado Tribunal Constitucional, visible en la Séptima Época del indicado órgano de difusión judicial, Volúmenes 97-102, Cuarta Parte, página 95, intitulada y redactada así: ‘INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. SON CONCEPTOS DISTINTOS. Por interés jurídico debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identidad de quien actúa, con quien la ley le otorga ese derecho, o sea la condición de las personas que promueven la acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas.’. Asimismo, se invoca, por las razones que la integran, la tesis de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en los Volúmenes 193-198, Séptima Parte, página 335, de la misma Época del multicitado Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: ‘AGRARIO. INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. DIFERENCIA ENTRE AMBOS CONCEPTOS. Interés jurídico y legitimación procesal no son una misma cosa, sino conceptos distintos, y por ende, puede existir el primero y faltar el segundo. En efecto, por interés jurídico debe entenderse, en forma abstracta y general, la facultad para el ejercicio de la acción constitucional derivada de la titularidad que al quejoso corresponde en relación con derechos o posesiones tutelados a través de normas de derecho objetivo, que resulten conculcados por los actos de autoridad contra los cuales se pide amparo. En tanto, legitimación procesal es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo; o sea, la situación en que se encuentra una persona respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. De lo que se sigue que, aun cuando se tenga interés jurídico, si no se cuenta con certificado de inafectabilidad o no se tiene en posesión el predio afectado, en los términos y condiciones que establece la Ley Federal de Reforma Agraria, se carece de legitimación procesal para reclamar la resolución presidencial dotatoria o ampliatoria de ejidos correspondiente.’. Sin embargo, se estableció al inicio del presente considerando, cuando un tercero extraño al procedimiento natural, como en el caso, acude al juicio de amparo, no es factible desechar la demanda de garantías por no haber acreditado el interés jurídico en ese momento, habida cuenta que ello, al igual que la legitimación, puede demostrarse durante la tramitación del procedimiento constitucional con las pruebas que se aporten. Lo contrario, implica prejuzgar con base en presunciones, siendo que la improcedencia del juicio de garantías debe estar demostrada fehacientemente, como que se indicó. Por otra parte, los argumentos esgrimidos por el Juez Federal en torno a la violación al artículo 3o. constitucional, respecto a que dicho numeral prevé la obligación del Estado de proporcionar el derecho a la educación, y que la ejecución de los actos reclamados no implica la privación de la prerrogativa a continuar el curso escolar dos mil ocho, dos mil nueve, debido a que la institución educativa es la obligada a realizar las gestiones necesarias para obtener un lugar en el que la menor pueda continuar sus estudios, involucra cuestiones de fondo, lo que no es jurídicamente factible invocar para desechar el libelo constitucional. Por consiguiente, la causal invocada en el auto impugnado no resulta patente e inobjetable, razones por las que debe desestimarse, según lo establecido por la jurisprudencia 20 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía, editada en el Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (actualización 2002), de rubro y contenido siguientes: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.’."
CUARTO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la improcedencia 407/2005, sostuvo lo siguiente:
"A juicio de este Tribunal Colegiado, los agravios que hace valer el recurrente deben declararse, inoperante por una parte e, infundados, por la otra. ... Precisado lo anterior, como se anunció, los restantes argumentos de impugnación deben declararse infundados. Efectivamente, conforme a lo sostenido por el recurrente, si bien, por regla general, cuando se acude al juicio de amparo indirecto aduciendo ser persona extraña al juicio de donde deriva el acto reclamado, no debe desecharse de plano la demanda por falta de interés jurídico. En atención a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 245 del Tomo XXI correspondiente al mes de mayo de dos mil cinco del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO.’ (se transcribe). Ello depende de las razones en que se sustente ese interés jurídico; es decir, el propio quejoso fija las bases para que el juzgador determine si esas razones efectivamente pueden ser constitutivas de un interés jurídico o no; y en ese segundo caso, se abre una excepción a esa regla general, pudiendo, en consecuencia, desechar de plano la demanda, al resultar ocioso desarrollar el juicio cuando de antemano se sabe que no existe interés jurídico. Bajo esa premisa, el caso que nos ocupa, cae en el supuesto de excepción a la regla general, pues el quejoso aduce poseer el bien materia del juicio natural y se ostenta tercero extraño al mismo, sustentado su derecho para acudir a esta instancia de control constitucional, en el hecho de que su madre cuando aún vivía le permitió vivir y habitar con su familia en el inmueble que defiende en el presente asunto. Lo cual constituye una confesión de ser un simple ocupante del inmueble en cuestión y, por ende, con esa calidad posesoria, no puede acreditar el interés jurídico necesario para que se examine la constitucionalidad del acto reclamado. Para llegar a la conclusión anterior, este tribunal estima necesario, en principio, establecer algunas consideraciones relativas a la importancia de que esa confesión se haga bajo ‘protesta de decir verdad’. La palabra protesta deriva del latín protestari, declarar en voz alta, afirmar, conserva básicamente en el empleo actual, el significado primitivo que tenía y que equivale a una promesa, tal como se advierte de la primera acepción que se encuentra en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en la que se dice que protesta es la ‘promesa con aseveración o atestación de ejecutar una cosa, declarar alguien su intención de ejecutar una cosa’ y también ‘confesar públicamente la fe y la creencia que uno profesa y en que desea vivir’. Ahora bien, la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo señala: ‘Artículo 116.’ (se transcribe). Como se puede advertir de la lectura que se realiza a la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, el requisito contenido en dicho apartado, tiene que ver con la preocupación del legislador de evitar el abuso del juicio de amparo, imponiendo sanciones a quienes haciendo uso del derecho innegable de promover el juicio constitucional, manifiesten hechos o abstenciones falsos dentro de los antecedentes de la demanda y que sirvan de base o fundamento de los conceptos de violación. Además, el referido requisito está encaminado a procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio de amparo, ya sea en su carácter de Jueces, de terceros perjudicados, de autoridades responsables, y aun de quejosos, evitando así que cada uno de ellos, dentro del ámbito de su participación impida la consecución del fin primordial del juicio de garantías, que es el de lograr el respeto y restitución de las garantías individuales del gobernado, por parte de las autoridades responsables, en los casos en que se demuestre que efectivamente ha existido esa violación. Este fin no se lograría, entre otras cosas, si por un lado el juzgador de amparo no dicta las medidas necesarias para lograr la paralización del acto reclamado, o comete faltas en la sustanciación del juicio o en el dictado de la sentencia correspondiente; si la autoridad responsable rinde informes falsos, revoca el acto reclamado maliciosamente, no obedece un auto de suspensión, repite el acto reclamado o incumple la ejecutoria dictada en autos, pero también cuando el quejoso afirma hechos falsos u omita los que le consten y designe como autoridad ejecutora a una que no lo sea, o cuando éste o el tercero perjudicado presenten testigos o documentos falsos. Esta preocupación del legislador, lo llevó a establecer diversas sanciones que se verían materializadas en el título quinto de la Ley de Amparo, que se denomina ‘De las responsabilidades en los juicios de amparo’ y que abarca del artículo 198 al 211 de la señalada ley. El artículo 211 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: ‘Artículo 211.’ (se transcribe). De la lectura del artículo transcrito, se advierte que en caso de que algún quejoso al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el amparo, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario, lo que implica que aun cuando el quejoso cumpla con el requisito establecido en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, si lo aseverado bajo esa protesta resulta falso, de cualquier manera será sancionado, ya que al haber realizado la protesta respectiva aceptó de manera indiscutible como hechos propios los reseñados en los antecedentes, por lo que después no existirá manera alguna de retractarse y negarlos. Entonces, podemos decir que la frase ‘bajo protesta de decir verdad’, para la parte que interesa a este asunto, es un requisito que tiene como objetivo responsabilizar al particular, en el sentido de que deberá de conducirse con veracidad en la narración de los hechos que apoyan la demanda de amparo y que tal declaración equivale a la confesión de los mismos. En consecuencia, si en el juicio de amparo, por disposición legal, derivada de la Constitución y debido a la entidad de los valores que en él se tutelan, resulta indispensable que la protesta de decir verdad se encuentre expresada de manera contundente tal, que no sólo se cumpla con el requisito establecido en el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que tenga por efecto que el quejoso no pueda desvincularse de la responsabilidad en que incurra en caso de conducirse con falsedad, debe entenderse que lo declarado bajo esa protesta hace las veces de confesión para quien la formula, en su perjuicio. En el caso que nos ocupa, el ahora recurrente, en su demanda de garantías, literalmente señaló: ‘Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: 1. El día veintiuno de octubre del año en curso, aproximadamente a las quince horas se presentó en mi domicilio de la casa número ********** en esta ciudad, mi primo ********** quien me hizo saber que por haber el ganado un juicio ordinario civil reivindicatorio en contra de mi tía señora **********, ante el Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal, en el expediente No. 582/93 Secretaría «B», me tenía que ir también, ya que si no lo hacia por las buenas, él se encargaría de lanzarme, lo cual me parece injusto e ilegal, porque; 2. Mi abuelita la señora ********** en vida, les donó a mi madre la señora ********** (actualmente fallecida) y a sus dos hermanas ********** y **********, el inmueble ubicado en la calle ********** en esta ciudad, con una superficie de ********** metros cuadrados, en fecha quince de agosto de mil novecientos ochenta y uno, como se acredita con la copia certificada de la que dio fe el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres, el Lic. Ricardo Rincón Guzmán, Notario Número 123 del D.F., que acompañó al presente, y por el cual, dividieron en tres partes dicho terreno, correspondiendo el frente que da a la calle de mi tía **********; la segunda parte que es la de en medio a mi madre la señora ********** (fallecida), y quien me dejó para vivir en ella y habitó el suscrito ********** y mi familia y la tercera parte que está al fondo, mi tía **********. De tal manera, que si es verdad lo que dice mi primo el señor **********, es indebido, además de que, nunca he tenido conocimiento de dicho asunto, ni se me ha comunicado nada al respecto, además de que el posible desalojo que se pretende es ilegal, ya que bajo protesta de decir verdad manifiesto que el inmueble que poseo y que pertenece en una tercera parte a mi difunta madre la señora **********, me encuentro poseyéndolo legítimamente desde en vida de mi madre, en tal consideración acudo en demanda de amparo, ante la pretendida acción de desalojo del suscrito del bien inmueble de mi propiedad del que se pudiere dar cumplimiento conforme al juicio del que me he enterado en esta fecha, con el consecuente daño irreparable que ello me ocasionaría junto con mi familia, ante lo cual, solicito, también la suspensión del mismo.’. Así, como se advierte de lo anterior, el quejoso, hoy recurrente, bajo protesta de decir verdad manifestó que la señora ********** en vida, les donó a su madre la señora ********** (actualmente fallecida) y a sus dos hermanas ********** y **********, el inmueble ubicado en la calle **********, delegación Tlalpan en esta ciudad, con una superficie de ********** metros cuadrados, en fecha quince de agosto de mil novecientos ochenta y uno y que su madre la señora ********** le dejó para vivir en ella y habita con su familia. Por ello, como lo sostuvo la Juez de garantías, ante la confesión del peticionario de garantías, a nada práctico conduciría la admisión de la demanda de amparo, cuando, como en el caso, el interés jurídico necesario para promover amparo contra actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, por lo que el quejoso para efectos del amparo, debe ser considerado como simple ocupante, que no tiene ningún derecho propio sobre el bien que pueda ser protegido por la Justicia Federal. Lo anterior en virtud de que si ya en la demanda el ahora recurrente se ostentó como simple ocupante, pues le permite vivir a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21735-f5da4c7d/demanda-de-amparo-no-procede-desecharla-por-motivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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