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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTIMA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ERA INCOMPETENTE PARA EMITIR LA SENTENCIA IMPUGNADA, POR TRATARSE DE ACTOS RECLAMABLES EN LA VÍA DIRECTA, DEBE DECLARAR INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECURRIDA Y REMITIR LOS AUTOS AL TRIBUNAL COMPETENTE, LO CUAL DEBE REALIZARSE A TRAVÉS DE LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS GENERALES EMITIDOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2009. · Registro digital (IUS): 21747
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 331.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Legitimación de los denunciantes. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, órgano emisor de uno de los criterios en contienda.

TERCERO. Posturas contendientes.

1. Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Al resolver el amparo en revisión 128/2008 el diecinueve de noviembre de dos mil ocho, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito conoció de un caso con las siguientes características:

El asunto derivó de una demanda de amparo indirecto interpuesto por un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria contra un auto emitido por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual se desechó la demanda de nulidad de un juicio concluido al observar que carecía de competencia en el juicio laboral de origen.

La demanda de amparo indirecto fue admitida por un Juez de Distrito. Previo los trámites de ley, el Juez de Distrito emitió sentencia por la que negó el amparo a la parte quejosa. En contra de esta resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en cuya sentencia determinó revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Resulta innecesario el estudio de los agravios propuestos, en razón de que este Tribunal Colegiado advierte que en la especie se ha cometido una infracción a las reglas fundamentales que regulan el procedimiento del juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 91, de la Ley de Amparo, circunstancia que amerita ordenar reponer el procedimiento a partir de la omisión de que se trata.

"En principio, cabe precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, es decir, es la idoneidad reconocida a una autoridad para conocer o resolver de determinados asuntos.

"Los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46, párrafo tercero, y 158, de la Ley de Amparo, establecen:

"‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: ... d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los trabajadores al servicio del Estado.’

"‘Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley.’

"‘Artículo 46. ... Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.’

"‘Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio.’

"De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede, entre otros supuestos, contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por tales, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes que rijan el acto no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.

"En el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo de diecinueve de junio (sic) de dos mil ocho, dictado en el expediente laboral número 1346/2008, por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyo contenido es el siguiente: ‘México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil ocho. Visto el expediente asignado a esta Primera Sala por la presidencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que contiene la demanda presentada por el C. **********, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, personalidad que acredita y se le reconoce al igual que a los demás profesionistas que se mencionan, en términos de la copia certificada de las constancias que acompaña, con fundamento en el artículo 134, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; demanda que fue recibida en Oficialía de Partes de este tribunal el primero de abril del año en curso, promoción número 19266. Analizada que ha sido la demanda promovida por el ocursante, se advierte que la misma que se reclama de ***********, actor en el diverso juicio laboral número 3131/04 radicado en esta Primera Sala; del licenciado **********, apoderado del actor señalado; de la sucesión de bienes de **********, a través de su albacea Lic. **********, la declaración de nulidad de la parte relativa del juicio laboral que se tramita bajo el expediente número 3131/04, a partir de la fecha de presentación del allanamiento suscrito por ********** con fecha 11 de mayo del 2006, incluyendo todo lo actuado con posterioridad a él, que comprende la nulidad del propio allanamiento, de la ratificación del allanamiento, de la aprobación del mismo, del convenio celebrado, de la ratificación de convenio y todas sus consecuencias, de los acuerdos de ejecución y demás actuaciones realizadas con posterioridad ... y como consecuencia, se continúe con el trámite del juicio por sus etapas correspondientes. Ahora bien, los demandados no se encuentran dentro de las hipótesis que prevé el artículo 2o., de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ni en lo que dispone el artículo 46, de la misma legislación, por lo que existe motivo y fundamento suficientes para desechar la demanda interpuesta por el titular actor, toda vez que este tribunal carece de competencia para conocer de conflictos promovidos en contra de personas físicas como las que demanda el accionista, ni tampoco es la vía para demandar de la sucesión de bienes de **********, nulidad alguna de un convenio de naturaleza laboral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124, fracción I, 124-B fracciones I y II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por otra parte, y en cuanto a la reclamación de las prestaciones objeto de la demanda, concretamente a declarar la nulidad de la parte relativa del juicio laboral 3131/04, se advierte que en primer lugar, este tribunal carece de competencia para declarar la nulidad del juicio mencionado, toda vez que el convenio celebrado con motivo del allanamiento formulado por **********, en ese entonces, en su calidad de apoderado del Registro Agrario Nacional y aprobado por esta Primera Sala ha quedado firme y no fue modificado a través del juicio de amparo, de tal manera que una vez elevado a la categoría de laudo, esta Primera Sala no puede revocar sus propias actuaciones practicadas en el expediente citado, constituyendo cosa juzgada, esto es, el convenio de que se trata estableció la certeza en alcance, naturaleza, cuantía, validez y exigibilidad de derechos cuando se celebró y las personas que en dicho contrato intervienen están obligadas a lo expresamente pactado. Por todo lo anterior, se llega a la conclusión que es improcedente admitir la demanda promovida por el C. **********, en su carácter de apoderado del Registro Agrario Nacional, en términos y con fundamento en los preceptos legales antes invocados. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese personalmente ...’ (foja 760 y vuelta).

"Como se advierte, el acto reclamado es el acuerdo mediante el cual la Sala responsable desechó la demanda promovida por el Registro Agrario Nacional, ahora recurrente, el cual puso fin al juicio, ya que sin decidir sobre el problema planteado por el actor, en su demanda, dio por terminado el juicio laboral, y en contra del cual la ley de la materia no establece recurso ordinario alguno por el que pudiera ser revocado o modificado, por lo que en su contra procede el juicio del amparo directo, en términos de los artículos 107 fracciones III y V, de la Constitución General de la República, 44 y 158, de la Ley de Amparo.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 87/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de 1999, página 56, cuyo rubro y texto son: ‘DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia.’

"En ese contexto, si el acto reclamado lo constituye una resolución que puso fin al juicio laboral, se concluye que la Juez de Distrito carecía de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por el aquí recurrente, y por tanto, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Amparo, debió declararse incompetente y ordenar remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, lo cual no hizo en contravención a las reglas del procedimiento que rigen el juicio de garantías.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1/95, P./J. 8/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, compilación Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIII, enero de 2001, página 5, que dice: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente.’

"En esas condiciones, con fundamento en los artículos 91, fracción IV, 44, 46, 49 y 94, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida, y se ordena reponer el procedimiento a fin de que la Juez de Distrito, deje insubsistente la resolución impugnada y dicte otro en su lugar, donde se declare incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, y la remita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo, en el Distrito Federal, para que sea turnada al Tribunal Colegiado que corresponda."

2. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Por su parte, al resolver el amparo en revisión 1231/89, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció de un caso con las siguientes características:

El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto interpuesto por la parte quejosa contra un acuerdo emitido por el Magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los autos de un juicio de nulidad, por el cual se desechó el recurso de reclamación intentado en contra de un auto que desechó la demanda de nulidad por haber resultado extemporánea.

La demanda de garantías fue admitida por un Juez de Distrito en materia administrativa, quien, previos los trámites de ley, emitió sentencia en la que negó el amparo a la quejosa. Inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en la que declaró insubsistente la sentencia recurrida y otorgó el amparo contra la autoridad responsable. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO. Este Tribunal Pleno no se avoca al estudio de los agravios que conforman el recurso de revisión que la recurrente interpone en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo número P-937/88, por lo siguiente:

"SEGUNDO. Previamente al estudio de los conceptos de violación que la recurrente hace valer en la presente instancia, este cuerpo colegiado estima conveniente señalar la siguiente cuestión:

"El presente juicio de amparo indirecto se interpuso en contra de una resolución que la quejosa hizo consistir específicamente en la ‘providencia’ decretada en el juicio de nulidad número I-3611/88, por virtud de la cual se desecha el recurso de reclamación interpuesto en contra de diverso acuerdo mediante el cual se le desechó a su vez la demanda de nulidad que hizo valer, por extemporánea; por tal motivo, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 158 y 163 de la Ley de Amparo, dicho juicio de garantías debió promoverse en única instancia y por conducto de la propia autoridad responsable, toda vez que por el efecto que produce, en la especie se trata de una resolución que puso y pone fin al juicio.

"En este orden de ideas y visto que en este asunto no se dio cumplimiento por el Juez del conocimiento a lo previsto por el artículo 49 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 y 94 del mismo ordenamiento, este Tribunal Colegiado estima procedente declarar insubsistente la sentencia impugnada en esta instancia, toda vez que por los efectos que produce el acto reclamado, era y es procedente conocer de la constitucionalidad del acto reclamado, en única instancia. En tales condiciones y careciendo de objeto ordenar en el caso una nueva tramitación en la forma de amparo directo, este cuerpo colegiado considera legalmente procedente avocarse al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa.

"TERCERO. Refiriéndose a lo resuelto por la responsable respecto de la aplicación del artículo 84 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sustancialmente sostiene en sus conceptos de violación que nada autoriza a entender que el cómputo del término correspondiente se sujete a una regla especial que constituya excepción a la regla general determinada por el artículo 44, fracción I, de la ley en comento.

"Que en tales condiciones, la notificación que le fue hecha surtió efectos a partir del día siguiente, de acuerdo con lo que establece el artículo 40 de la ley que rige el acto reclamado, o sea, del día veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y ocho. Que por lo tanto, el término empieza a correr a partir del día treinta del mismo mes y año, de acuerdo con lo preceptuado por la fracción I del referido artículo 44 de la propia ley.

"Asimismo alega, que como después del treinta de junio le sigue el primero de julio, fecha en que presentó su escrito correspondiente relativo al recurso de reclamación que le fue desechado por extemporáneo, es evidente que se violan las reglas del cómputo, en virtud de que el recurso fue interpuesto en tiempo.

"Son sustancialmente fundados los anteriores argumentos, atendiendo a las siguientes razones:

"En efecto, cabe señalar, en principio, que el artículo 40 de la ley en cita dispone que: ‘Las notificaciones surtirán efectos a partir del día siguiente al en que sean hechos.’

"En este mismo sentido, también cabe señalar que el artículo 44, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, tratándose del cómputo de los términos, establece la siguiente regla:

"‘Art. 44. El cómputo de los términos se sujetará a las reglas siguientes:

"‘I. Comenzarán a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación: serán improrrogables y se incluirá en ellos el día del vencimiento.’

"La citada transcripción pone de manifiesto que los términos comenzarán a correr o a contarse desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de que se trate.

"En este orden de ideas, tratándose del término que la ley concede al afectado para la interposición del recurso de reclamación, el artículo 84 de la misma ley en comento, establece:

"‘Art. 84. El recurso se interpondrá, con expresión de agravios, dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación correspondiente, ante la Sala de adscripción del Magistrado o presidente que haya dictado el acuerdo recurrido.’

"Ahora bien, atendiendo a una interpretación armónica de ambos dispositivos legales conlleva a considerar a este cuerpo colegiado que el cómputo del término de tres días que al afectado le concede la ley para interponer el recurso de reclamación a que se refieren los artículos 83 y 84 de la ley en cita, debe computarse precisamente a partir de la fecha en que surta sus efectos la notificación correspondiente, por así disponerlo expresamente el artículo 44, fracción I, anteriormente transcrita, sin que resulte exacto que dicho cómputo deba efectuarse desde el mismo día en que aparezca que se notificó la resolución impugnada, en virtud de que tal circunstancia no la dispone expresamente el artículo 84 de la ley que rige el acto.

"Por tanto, si a la ahora quejosa le fue notificado el acuerdo que le desechó su demanda inicial, el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y ocho y el recurso de reclamación lo hizo valer el día primero de julio, ello quiere decir que lo interpuso dentro del término legal de tres días, al que se refiere el artículo 84 de la ley que nos ocupa, atento a lo previsto por el artículo 44, fracción I, de la ley en comento, en concordancia con el artículo 84 ya citado del propio ordenamiento, ya que el primer día siguiente lo fue el veintinueve, el segundo, el día treinta y el tercero, el día primero de julio de mil novecientos ochenta y ocho.

"En consecuencia, por un lado, se impone declarar insubsistente la resolución impugnada en términos del considerando quinto de este fallo y, por otro, al resultar fundados los conceptos de violación procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitados.

"Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 85, fracción IV, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

"PRIMERO. Se declara insubsistente la sentencia de amparo dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

"SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *********, **********, en contra de la autoridad y por los actos señalados en el resultando primero de esta ejecutoria, de conformidad a los lineamientos del último considerando de este fallo."

Posteriormente, al resolver el amparo en revisión 2781/89, el mencionado Tribunal Colegiado conoció de un asunto con las siguientes características:

El recurso de revisión derivó de un amparo indirecto promovido contra una resolución dictada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, a través de la cual se resolvió un recurso de reclamación interpuesto contra el auto desechatorio.

La demanda de amparo fue admitida por una Juez de Distrito en materia administrativa, quien, previo los trámites de ley, emitió sentencia en la que negó el amparo a la parte quejosa. Contra la anterior resolución, la quejosa promovió recurso de revisión, el cual se resolvió por el Tribunal Colegiado en el sentido de declarar insubsistente la sentencia recurrida y negar el amparo a la parte quejosa. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO. Este tribunal no se avoca al estudio de los agravios que conforman el presente recurso de revisión, que la recurrente interpone en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el juicio de amparo número 782/89, por las razones que mas adelante se expresan.

"SEGUNDO. Previamente al estudio de los conceptos de violación que la recurrente hace valer en la presente instancia, este Tribunal Colegiado estima conveniente señalar lo siguiente:

"El presente juicio de amparo indirecto se interpuso en contra de una resolución dictada por la Sala responsable en el juicio de nulidad 2363/87, misma que recayó al recurso de reclamación interpuesto por la actora -hoy quejosa- en contra del auto desechatorio de la demanda y en el cual se resolvió confirmar el desechamiento decretado en el referido auto de 28 de agosto de 1987; por tal motivo y acorde a lo ordenado por los artículos 158 y 163 de la Ley de Amparo, dicho juicio de garantías debió promoverse en única instancia y por conducto de la propia autoridad responsable, toda vez que por el efecto que produce, en la especie se trata de una resolución que pone fin al juicio.

"En el orden de ideas apuntado y dado que en este asunto no se dio cumplimiento por el Juez Federal a lo previsto por el artículo 49 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 y 54 del propio ordenamiento, este Tribunal Colegiado considera declarar insubsistente la sentencia recurrida en esta instancia, en virtud de que por los efectos que produce el acto reclamado, es procedente conocer de la constitucionalidad del mismo en única instancia. Como carece de objeto ordenar en el caso una nueva tramitación del procedimiento en la forma de amparo directo, este tribunal pasa a continuación al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa.

"Similar criterio ha sido sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos los recursos de revisión RA. 1231/89, promovido por ********** y RA. 2391/89, **********, **********, en sesiones de 27 de junio de 1989 y 30 de noviembre de 1989, respectivamente.

"TERCERO. La quejosa formula los siguientes conceptos de violación: ‘1. Ley violada. Artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En los términos de esta disposición son resoluciones las que deciden un punto del negocio en la especie solicitamos, oficio 1033340 pagar sin recargos y en 36 mensualidades el impuesto a nuestro cargo, impuesto al valor agregado por los meses de mayo, julio y agosto de 1988. Tal petición es resuelta en el oficio 10105 en la medida que dice: (lo transcribe).

"‘Dicho de otra manera se nos niega la petición y por tanto se nos resuelve la misma en forma negativa. Así lo ha considerado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, expediente 583/88 en la tesis que a continuación transcribo: (la transcribe).

"‘2. Ley violada. Artículo 202, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación. Tal resolución es definitiva porque en los términos del artículo 202, fracción VI, no es recurrible. En esto consiste el concepto de definitividad fiscal que no haya recurso previo al juicio de nulidad como lo acredito con la siguiente tesis del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa: (la transcribe).

"‘3. Ahora bien, se afecta nuestro interés jurídico y se nos causa agravio en cuanto el oficio 10105 nos compele al pago de los recargos cuando en el segundo párrafo dice: «... deberán pagarse recargos ...».

"‘4. Ley Violada. Artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. En esta disposición no se expresa ni se define qué es un acto definitivo. Sí se dice cuál es la competencia del Tribunal Fiscal. Nada más. El concepto de definitividad está dado, precisamente en los artículos citados y muy principalmente en el 202, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

"‘5. Cita la responsable una tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consistente en la revisión RA. 213/87 tesis que es francamente contraria a las transcritas por lo que se ha presentado a la Suprema Corte la contradicción del caso.’

"Antes de proceder al estudio de los conceptos transcritos es necesario para informar el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21747-823e2550/recurso-de-revision-en-amparo-indirecto-si-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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