EMBARGO PRECAUTORIO DE MERCANCÍAS CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. SU DEVOLUCIÓN O EL PAGO DE SU VALOR PROCEDE A FAVOR DE QUIEN COMPRUEBE TENER UN DERECHO SUBJETIVO SOBRE ELLAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el señor Ministro José Fernando Franco González Salas, quien está facultado para hacerlo en términos de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 622/2007, en la parte conducente, son las siguientes:
"QUINTO. ... En otro orden de ideas, la autoridad recurrente argumenta que la sentencia recurrida violó lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la Sala Regional determinó efectos que resultan contrarios a derecho, como lo es que haya ordenado a la autoridad fiscal que devuelva la mercancía materia de la controversia, pues la parte actora no acreditó en el juicio de nulidad tener un derecho real respecto de la mercancía de referencia. No asiste la razón a la representación fiscal, toda vez que de la Ley Aduanera, concretamente de su artículo 157, párrafo cuarto, se desprende que es factible y legal que se haya determinado a cargo de las autoridades demandadas la devolución a los accionantes la mercancía que le fue embargada. Dicho precepto legal dispone lo siguiente: (En este momento no es necesaria su transcripción porque se hará posteriormente). Como se ve, la legislación aduanera contempla la posibilidad de que mediante una resolución administrativa o judicial firme, se ordene a la autoridad que corresponda que devuelva las mercancías sujetas al procedimiento administrativo en materia aduanera, sin que en ninguna parte de la porción normativa en análisis, el legislador hubiese establecido que para que proceda dicha devolución, es necesario que el interesado acredite tener un derecho real sobre la mercancía embargada, por lo que se concluye que la devolución de que se habla se efectúe (sic) a favor de la persona a quien le fueron embargadas. Tampoco asiste la razón a la recurrente al sostener que en ninguna parte de la demanda de nulidad se indicó expresamente que a consecuencia del acto de la autoridad, procedía la devolución de las mercancías embargadas precautoriamente, por lo que se violó lo dispuesto por el artículo 237, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, ya que la juzgadora no se concretó a pronunciarse respecto de las pretensiones que se deducen de la citada demanda. Se afirma lo anterior, porque en el quinto punto de los petitorios de la demanda de nulidad, la parte actora solicitó expresamente lo siguiente (folio 23 del juicio de nulidad): ‘... Agotados los trámites de ley, dictar sentencia por la que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y, en la que se ordene a la autoridad demandada cumplir con lo dispuesto en la resolución recaída al recurso de revocación RR. 121/2005, devolviendo al particular, de forma inmediata, las mercancías que a la fecha se encuentran embargadas y/o retenidas por la aduana de Manzanillo ...’. Por ello, no es verdad lo sustentado por la autoridad recurrente, sobre que se le dejó en estado de indefensión y que el actor no solicitó la devolución de sus mercancías, por lo que se violentó el principio de congruencia externa de las sentencias; puesto que es claro que la parte accionante sí lo hizo, por lo que se concluye que la determinación de la Sala Fiscal es ajustada a derecho y, por ende, el agravio en estudio resulta infundado."
Del criterio anterior, se desprendió la tesis aislada III.4o.A.47 A, visible en la página 1224 del Tomo XXVII, correspondiente al mes de junio de dos mil ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es:
"DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EMBARGADAS. CUANDO SE ORDENA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE UN CRÉDITO FISCAL PORQUE NO SE LEVANTÓ EL ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO AL MOMENTO EN QUE ÉSTAS SE DETECTARON, LA AUTORIDAD SE ENCUENTRA OBLIGADA A DEVOLVERLAS A LA PERSONA A QUIEN LE FUERON EMBARGADAS, SIN QUE SEA NECESARIO QUE ÉSTA ACREDITE TENER UN DERECHO REAL SOBRE ELLAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 39/2006, publicada en la página 175, abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. DEBE LEVANTARSE AL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD ADUANERA LAS DETECTE Y ANTE QUIEN PRESENTE LAS MERCANCÍAS EN EL RECINTO FISCAL.’, estableció que de la interpretación sistemática de los artículos 43, 46 y 152 de la Ley Aduanera, y a efecto de no dejar en estado de inseguridad al interesado ni permitir que la autoridad arbitrariamente determine el momento de levantar el acta circunstanciada, éste debe ser cuando al realizarse el acto material del reconocimiento se advirtiera alguna irregularidad ante quien presentó las mercancías para su despacho aduanal. Por otra parte, el artículo 157, cuarto párrafo, de la citada ley, dispone que el particular que obtenga una resolución administrativa o judicial firme que ordene la devolución o el pago del valor de la mercancía o, en su caso, que declare la nulidad de la resolución que determinó que ésta pasó a propiedad del fisco federal, podrá solicitar al Servicio de Administración Tributaria su devolución o, en su caso, el pago de su valor, dentro del plazo de dos años. En esa tesitura, se concluye que cuando con motivo de la declaratoria de nulidad de un crédito fiscal, por no levantarse la indicada acta de irregularidades al momento en que se detectaron, se ordena la devolución de las mercancías embargadas, la autoridad aduanera se encuentra obligada a devolverlas a la persona a quien le fueron embargadas, ya que en ninguna parte de la porción normativa del referido precepto 157 se advierte que el legislador hubiese establecido que sea necesario que el interesado acredite tener un derecho real sobre la mercancía embargada."
Por otra parte, las consideraciones que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en las sentencias dictadas en las revisiones fiscales 95/2007, 100/2007, 106/2007, 256/2007 y 167/2008, en la parte que interesa, son esencialmente las mismas en relación con el criterio jurídico que esta Sala analizará, por lo que sólo se reproducirán las del primer asunto mencionado:
"QUINTO. ... Antes de proceder al estudio de los agravios de previa reseña, cabe aclarar que la Sala Fiscal al dictar la resolución impugnada, declaró la nulidad parcial de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-19-I-01-7163, de veintiocho de julio de dos mil cinco, en virtud de que consideró que el único concepto de impugnación vertido por el actor del juicio de nulidad era fundado, en relación al vehículo embargado, al considerar contraria a derecho la consideración de la autoridad en el sentido de que quien lo solicite debe acreditar que sea el propietario de los bienes embargados en el procedimiento administrativo en materia aduanera. Sin embargo, consideró que era parcialmente fundado, respecto de las mercancías embargadas, en virtud de que no era necesario que acreditara la propiedad de las mismas e infundado en cuanto a que procediera el resarcimiento, puesto que al haber presentado solicitud de devolución ante la autoridad aduanera y ser proveída ésta de conformidad, era necesario que se agotara el procedimiento (por la devolución o la negativa a recibirla), antes de solicitar dicho resarcimiento, considerando apegado a derecho el que la autoridad le requiriera el documento en que conste tal negativa, previamente a resolver el resarcimiento solicitado; de lo anterior, cabe aclarar, que en relación a esta última consideración no existe controversia, es decir, sólo en cuanto a los efectos del resarcimiento económico de los bienes embargados. Ahora, para continuar con el estudio de los agravios, resulta pertinente reproducir, la parte que interesa del artículo 157 de la Ley Aduanera vigente para el dos mil cinco, que dice: ‘Artículo 157.’ (en este momento no es necesaria su transcripción porque se hará posteriormente). Asimismo, es conveniente transcribir el numeral 184 del Reglamento de la Ley Aduanera, que establece: ‘Artículo 184.’ (en este momento no es necesaria su transcripción porque se hará posteriormente). Precisado lo anterior, se estiman fundados los agravios de previa reseña, como se pasa a explicar. Si bien es cierto, conforme a lo establecido por el artículo 157 de la Ley Aduanera, antes reproducido, se advierte que un particular que obtuvo una resolución administrativa o judicial firme que ordene la devolución de la mercancía o, en su caso, el pago del valor de la mercancía la cual fue previamente embargada por el fisco federal, debe de (sic) solicitarlo ante el Servicio de Administración Tributaria; también es verdad, que es necesario que al momento de hacer dicha solicitud, éste acredite ser el legítimo propietario de los referidos muebles embargados. Lo anterior es así, pues no obstante que quien obtuvo resolución favorable ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el pasado quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, lo haya sido el actor del juicio de nulidad **********, a quien personal adscrito a la aduana de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, le embargara precautoriamente los bienes en comento; pues ello no significa que dicha dependencia le haya reconocido el carácter de legítimo propietario, como erróneamente lo sostuvo la a quo. Los artículos 806 y 830 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente a la materia, en términos del numeral 5 del Código Fiscal de la Federación y 1 de la Ley Aduanera, establecen: ‘Artículo 806.’ (se considera que no es necesaria su transcripción para la solución de este asunto). ‘Artículo 830.’ (se estima que es innecesaria su transcripción para la solución de este asunto). Del primer numeral reproducido es posible advertir que existen dos tipos de posesión, la de buena y la de mala fe, la primera es aquella que ignora los vicios del respectivo título y, la segunda es la que conserva con dolo una cosa y conoce los vicios de su título. Y, del segundo se desprende que es propietario de una cosa aquel que tiene la potestad legal para usar y disponer de una cosa. En ese orden de ideas, contrario a lo manifestado por la Sala Fiscal responsable, sí era necesario que el actor al solicitar el resarcimiento económico de los bienes embargados, acreditara el interés legítimo o jurídico que dijo tener sobre los mismos a través de documento idóneo, puesto que en ningún momento estuvo en controversia que el actor del juicio de nulidad es un mero poseedor de los bienes embargados, con independencia si ésta es de buena o mala fue, puesto que ello es irrelevante para los efectos pretendidos. Además, como bien lo adujo la recurrente, el hecho de que la aduana de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a través del oficio número 326-SAT-A23-VI-0111, de doce de enero de dos mil cinco, le haya comunicado al actor que se podían ejercer las opciones previstas en la Ley Aduanera para recuperar el valor del vehículo embargado, en virtud de que existía imposibilidad material para hacer la devolución del referido vehículo; ello resulta insuficiente para considerar que la referida autoridad le reconoció el carácter de legítimo propietario de los bienes, puesto que para ello era necesario, como ya se dijo, que éste comprobara mediante documento fehaciente que tenía interés jurídico sobre los mismos. A mayor abundamiento, cabe advertir, que de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R3-L23-C-08292, de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Reynosa, se desprende que **********, exhibió dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, copia fotostática del certificado de título número ********** a nombre de **********, del cual la autoridad desprendió que ampara el vehículo en cuestión (foja 60). En ese sentido, dicha documental desvirtúa la posesión de buena fe, que dijo la Sala Fiscal, el actor gozaba sobre los bienes embargados, puesto que al haberla exhibido, reconoce que no es el propietario de dichos bienes y que. por tanto, no ignoraba que poseía el vehículo indebidamente. Lo anterior es así, pues la simple posesión de la mercancía en comento, no le puede otorgar al poseedor derechos que sólo le corresponden al propietario o al poseedor legítimo, ya que el resarcimiento implica la restitución en especie de la cosa imposible de devolver, lo cual sólo puede llevarse a cabo por quien tenga a su favor la posibilidad jurídica de hacerlo y, no un mero poseedor o detentador de la cosa, puesto que éste carece del título que ampara la propiedad o la posesión y que lo faculta para solicitar dicho resarcimiento. Además, el actor del juicio de nulidad no exhibió a éste documento alguno con el que comprobara fehacientemente la legítima posesión del vehículo marca **********, tipo **********, modelo **********, color **********, número de serie **********, placas de circulación número ********** del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, así como de la diversa mercancía que le fue embargada precautoriamente el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por la aduana de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; por tanto, este tribunal considera que el actor carece de interés jurídico para solicitar el resarcimiento económico respecto de ellos, puesto que, el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, no le reconoce la calidad de legítimo propietario, como indebidamente lo considera la responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 38/2004 (sic), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se comparte por este órgano jurisdiccional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, página 1666, que establece: ‘PRUEBA, CARGA DE LA, EN EL JUICIO FISCAL.’ (es innecesaria la transcripción del texto de esta tesis para la solución del asunto). En tal virtud, contrario a la determinación de la Sala Fiscal responsable, correspondía al actor del juicio de nulidad comprobar la legítima propiedad de los bienes que le fueron embargados el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por la aduana de ciudad Alemán, Tamaulipas, con el fin de que estuviera en posibilidad de poder ejercer la opción de resarcimiento económico, pues como ya se dijo, a través del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, la referida autoridad únicamente le reconoció la calidad de poseedor, por ser éste quien en ese momento tenía en su poder los bienes en cuestión. Sostener el criterio de la Sala Fiscal, implicaría dejar abiertas las puertas para resarcir al poseedor o tenedor del vehículo y, posteriormente aquel que justifique ser el legítimo propietario, para acudir ante el fisco federal a solicitarlo. Lo anterior, toda vez que el beneficio del poseedor fue haber obtenido la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R3-L23-C-08292, pronunciamiento que decretó la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en diverso juicio de nulidad, en virtud de la cual quedaron a salvo sus derechos para solicitar el resarcimiento económico de los bienes que le fueron embargados precautoriamente por la aduana de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete. ... En consecuencia, al resultar fundados los agravios de la autoridad recurrente, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa, para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la resolución impugnada y, atendiendo a los lineamientos de esta ejecutoria, emita una nueva determinación en la que desestime por infundado el concepto de anulación y, consecuentemente, reconozca la validez de la resolución impugnada."
De la ejecutoria anterior, conjuntamente con lo decidido en las demás revisiones fiscales, emanó la tesis de jurisprudencia IV.1o.A. J/15, visible en la página 2432 del Tomo XXIX, correspondiente al mes de enero de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tenor es:
"DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EMBARGADAS CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA O RESARCIMIENTO ECONÓMICO. PROCEDE A FAVOR DE QUIEN ACREDITE SER EL LEGÍTIMO PROPIETARIO DE LOS BIENES. El artículo 157 de la Ley Aduanera impone la obligación al Servicio de Administración Tributaria, previa solicitud del interesado, de devolverle las mercancías embargadas con motivo del procedimiento administrativo en la materia o, en su caso, resarcirle económicamente cuando obtuvo una resolución administrativa o judicial firme que así lo determine; sin embargo, ello está sujeto a que el peticionario justifique ser el legítimo propietario de los bienes, mediante la exhibición del documento idóneo, pues la determinación favorable no le otorga ni reconoce ese carácter a quien promovió el juicio de nulidad, porque el actor en dicha instancia sólo es el detentador de la mercancía; además, no sería jurídicamente posible que tuvieran derecho a los señalados conceptos tanto quien promovió la acción que derivó en la devolución o el resarcimiento, como aquel que justifique ser el legítimo propietario."
CUARTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito estableció que la devolución de las mercancías embargadas con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera debe ser a la persona a quien se le embargaron; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito determinó que procede hacer la devolución de esas mercancías a quien acredite ser el legítimo propietario de los bienes.
Como se advierte, los tribunales contendientes analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual, adoptando mediante sus consideraciones criterios discrepantes, no obstante que examinaron los mismos elementos, a saber: a) la impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de diversos créditos fiscales; b) el dictado de la sentencia de la Sala Fiscal de manera contraria a los intereses de la autoridad demandada; c) la impugnación de esa determinación mediante revisión fiscal, en la que se plantearon agravios relacionados con el tema concerniente a la persona a la que deben devolvérsele las mercancías embargadas con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera y; finalmente, d) el conocimiento de estas resoluciones por los Tribunales Colegiados contendientes, resultando innecesario el examen de otras cuestiones para demostrar la existencia de criterios divergentes que, con rigor, sólo es necesario cuando no es clara la existencia de la oposición en cuanto al criterio jurídico establecido por los órganos contendientes.
Por tanto, el punto a dilucidar consiste en determinar a quién se le deben devolver las mercancías embargadas con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera, es decir, si es a la persona que presentó las mercancías y a quien le fueron embargadas, o bien, a quien acredite ser el legítimo propietario de ellas.
QUINTO. A fin de resolver la problemática que se plantea conviene destacar algunos aspectos del régimen jurídico aduanero.
De acuerdo con el artículo 1o. de la Ley Aduanera, las disposiciones de esta normatividad tienen por objeto regular la entrada al territorio nacional y la salida de él de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. Asimismo, indica que están obligados al cumplimiento de las obligaciones previstas en la mencionada ley quienes introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquier persona que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías que entren o salgan del territorio nacional.(1)
En la terminología aduanera se utilizan las palabras "importación" y "exportación" para referirse a la legal entrada o salida de mercancías de un territorio aduanero a otro, y es en este momento cuando la aduana controla y fiscaliza dicha entrada y salida de materias primas, manufacturas, bienes de capital como maquinarias y equipo, etcétera, para aplicar la reglamentación dictada al respecto, ya sea que se trate, inclusive, de operaciones virtuales.
Lo establecido en el artículo 1o. de la Ley Aduanera coincide, en esencia, con el concepto de derecho aduanero establecido por Pedro Fernández Lalanne, quien lo define como el conjunto de "... normas legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deben someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, despachantes de aduanas y, en general, quienes realicen operaciones con mercaderías a través de las fronteras de la República, por las vías marítimas, aéreas, terrestres y postales."(2)
Por su parte, Miguel Ángel Ortiz Sánchez señala que son fines del régimen jurídico aduanero: "a) Facultar la correcta percepción de los tributos y la represión de conductas ilícitas que atenten contra la gestión y el control de carácter aduanero y de comercio exterior. b) Facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior ..."(3)
De acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes se deduce que los fines del régimen aduanero son facultar la correcta percepción de los tributos, liquidación de créditos de naturaleza tributaria; verificar el cumplimento en el pago de cuotas compensatorias; comprobar el cumplimiento de otras medidas no arancelarias que se ubican fuera del régimen fiscal y dentro de las atribuciones otorgadas al Poder Ejecutivo de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Federal; en fin que, primordialmente, mediante el régimen aduanero se busca determinar si una mercancía de procedencia extranjera ingresó al país cumpliendo con las exigencias que establece la regulación aplicable, es decir, si la misma se encuentra legalmente dentro del territorio nacional.
Ahora bien, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad que regula la entrada y salida de productos del país, así como realizar los demás actos de fiscalización, el legislador ha establecido una secuencia lógica de pasos durante el procedimiento de internación o extracción de mercancías. Así, la "declaración" precede a la "comprobación" y "registro", y éstos a su vez del "reconocimiento, verificación o aforo", sin los cuales no podría haber "liquidación de impuestos" y el "retiro o levante" de las mercancías.
Al respecto, conviene señalar que la "declaración" realizada por escrito por el interesado o su legítimo representante tiene como objetivo la destinación o indicación del régimen aduanero a que se someterá la mercancía y deberá estar acompañada de los documentos requeridos por la ley para lograr la destinación.
Por su parte, la "comprobación" consiste en la verificación que la autoridad aduanera realiza para verificar la exactitud de los datos aportados, la personalidad del peticionario y la veracidad de los documentos anexados.
A su vez, el "registro" es el acto de fechar y numerar el documento en que se indica la operación o régimen aduanero a que debe someterse la mercancía.
El "aforo y reconocimiento" consisten en determinar la naturaleza arancelaria de las mercancías, estableciendo su peso, medidas, comprobación, valor, lugar de procedencia, origen y estado de uso.
La "liquidación de impuestos" consiste en determinar, en cantidad líquida, el monto de las obligaciones sustantivas causada por la mercancía individualizada a través del "despacho" de acuerdo con la base gravable y la cuota fijada en la tarifa arancelaria.
Finalmente, el "retiro o levante" es la autorización que otorga la autoridad aduanera, una vez cumplidos los requisitos así como cubiertos los impuestos y derechos correspondientes, para que las mercancías sean retiradas de los recintos fiscales o fiscalizados, por la persona que tenga facultad suficiente para hacerlo.
Bajo este orden de ideas, conviene advertir la secuencia lógica de pasos que estableció el legislador para liberar la mercancía que se presenta en las aduanas.
Previamente a destinarse a un régimen aduanero específico, las mercancías que pretendan legalmente internarse al país pueden depositarse ante la aduana o en los recintos fiscales autorizados, en ellos, dichas mercancías pueden ser motivo de actos de conservación, examen y toma de muestras, previo pago de las contribuciones y cuotas compensatorias correspondientes, siempre que no se altere o modifique su naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros.(4)
El fisco federal es responsable por el valor de las mercancías depositadas en los recintos fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras que se lleguen a extraviar, se destruyan o queden inutilizables por causas imputables a las autoridades aduaneras. En este caso, por disposición legal, el propietario de las mercancías extraviadas podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del plazo de dos años, el pago del valor de las mismas al momento de su depósito en la aduana.(5)
Por otra parte, las mercancías causarán abandono a favor del fisco federal cuando no sean retiradas dentro de los plazos legales, ya sea con motivo de que se encuentren depositadas para su guarda y custodia, toma de muestras, ulterior internación al país o exportación, así como las mercancías que hayan sido embargadas por las autoridades aduaneras con motivo de la tramitación de un procedimiento administrativo o cuando habiendo sido vendidas o rematadas no se retiren del recinto fiscal o fiscalizado a partir de que queden a disposición de los interesados. Este abandono implica la pérdida de la propiedad de las mercancías.(6)
Tratándose de este supuesto de abandono de mercancías, las autoridades aduanales deberán notificar, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, a los propietarios o consignatarios de las mercancías, que ha transcurrido el plazo de abandono y que cuentan con quince días para retirar las mismas antes de que se entienda que han pasado a ser propiedad del fisco federal.(7)
Ahora bien, en el momento en que se deciden iniciar los trámites para su legal internación al país, comienza la etapa del "despacho", el cual se encuentra constituido por un conjunto de actos y formalidades que deben observarse, por disposición legal, ante las autoridades aduaneras para la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, por medio de los cuales se asegura la correcta verificación de las declaraciones comprometidas y la determinación de los valores de los efectos que se presentan para su posterior ingreso a la plaza, asegurando de esta forma la legal estancia en el país de las indicadas mercancías y la debida percepción de la renta fiscal.(8)
Únicamente los agentes aduanales que actúen como consignatarios o mandatarios de un determinado importador o exportador, así como los apoderados aduanales, podrán llevar a cabo los trámites relacionados con el despacho de mercancías del indicado exportador o importador. Estos agentes y apoderados aduanales se considerarán representantes legales de los importadores y exportadores en los siguientes casos:
a) Tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero siempre que se celebren dentro del recinto fiscal;
b) Tratándose de las notificaciones que deriven del despacho aduanero; y,
c) Cuando se trate del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera (embargo precautorio de mercancías); o bien, del escrito o acta circunstanciada de los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación y no proceda el embargo precautorio.
La figura del agente aduanal es de gran utilidad, pues constituye dentro del complejo fenómeno del comercio internacional, un importante eslabón entre el fisco federal y los particulares que ejecutan actos de comercio exterior, pero su relevancia en los actos que integran el despacho de mercancías dada por el tipo de conocimientos que debe poseer y aplicar, no es obstáculo para que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21564-8b0ec0a3/embargo-precautorio-de-mercancias-con-motivo-del-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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