DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EMBARGADAS EN MATERIA ADUANERA. EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 157 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL PAGO DEL VALOR DE AQUÉLLAS, ESTÁ CONDICIONADO, POR REGLA GENERAL, A QUE LA AUTORIDAD COMUNIQUE AL PARTICULAR LA IMPOSIBILIDAD PARA DEVOLVERLAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en el amparo directo 442/2009, es del siguiente tenor:
"CUARTO. El concepto de violación hecho valer es parcialmente fundado, por las razones que se pasan a exponer. Ahora bien, por razón de técnica jurídica, el estudio del concepto de violación en cuanto a sus planteamientos se realizará en un orden distinto a aquel en el que éstos fueron formulados, atendiendo al principio de mayor beneficio en el examen de los planteamientos de la quejosa, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia 3/2005 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 5 y 6, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, en el último párrafo del único concepto de violación, la quejosa aduce que el artículo 157, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que constituye una trampa procesal para los particulares el hecho de que después de que obtuvieron una sentencia favorable, y al solicitar el resarcimiento de sus bienes, se les imponga con fundamento en el precepto legal antes indicado situaciones tendientes a privarlos no sólo del pago de las mercancías sino hasta de su propiedad, a pesar de que dicho trámite no es un procedimiento seguido en forma de juicio, además de que, a decir de la quejosa, el artículo en comento en lugar de beneficiar a la contribuyente que obtuvo una sentencia favorable la perjudica, al imponerle cargas procesales que no están establecidas en la ley (foja 13). Dicho planteamiento es inoperante. En atención al tema de legalidad que más adelante se llevará a cabo, se comprueba que no fue aplicado a la quejosa el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley Aduanera, el cual establece lo siguiente: ‘Artículo 157.’ (se transcribe). Tal porción normativa, si bien se citó en la resolución impugnada (fojas 20 y 21), y también en la sentencia reclamada (foja 134 vuelta), fue para concluir que sus supuestos normativos no se surtieron en la especie, precisamente porque en el caso la autoridad aduanera no comunicó que existiera imposibilidad para devolver las mercancías que fueron embargadas, sino que éstas las puso a disposición de la actora y su representante legal no las aceptó (foja 15), de modo tal que si las hipótesis previstas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley Aduanera, no se actualizaron en el presente caso, deviene inoperante el planteamiento de su pretendida inconstitucionalidad. Es aplicable, en la especie, la tesis número CLII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 430 y 431, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN QUE SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS QUE SI BIEN FUERON CITADOS EN LA SENTENCIA IMPUGNADA, SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS NO FUERON APLICADAS EN ELLA.’ (se transcribe). Por otro lado, en el ámbito de legalidad la quejosa, en la primera parte del único concepto de violación, aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el cuarto párrafo del artículo 157 de la Ley Aduanera, ya que la empresa actora fue la perjudicada y la que en su momento obtuvo una sentencia favorable, por lo que ésta tiene derecho a que la autoridad le cubra la afectación en sus bienes; asimismo, agrega la inconforme que es inaudito que después de los años transcurridos desde que se efectuó el embargo de las mercancías, la Sala pretenda que la empresa actora demuestre las malas condiciones de las mercancías para que proceda a efectuar su resarcimiento, puesto que dicho supuesto no se encuentra establecido en la ley, dado que el párrafo segundo del mencionado artículo 157 de la Ley Aduanera, hace alusión cuando exista imposibilidad por parte de la autoridad para devolver las mercancías, por haberlas vendido, enajenado, se las hayan robado o destruido por causas fortuitas o fuerza mayor, por lo que al no existir las mercancías, ni poder efectuar su devolución, lo que procede es que los particulares soliciten la entrega de un bien sustituto con valor similar o el valor del bien actualizado (fojas 5 a 8). Agrega la inconforme que la Sala responsable efectuó una interpretación errónea del mencionado artículo 157 de la Ley Aduanera, ya que los párrafos segundo y cuarto de dicho precepto legal establecen supuestos distintos, que parten de un solo comienzo como es la existencia de una resolución en la que se ordena la devolución de las mercancías, la cual puede estar supeditada a dos situaciones, una cuando haya imposibilidad por parte de la autoridad para devolver la mercancía ilegalmente decomisada por cualquier motivo, y otra relativa a cuando no exista ese impedimento, hipótesis en la que la ley le da la oportunidad al particular de elegir la entrega de las mercancías o su pago (foja 9). Sigue aduciendo la quejosa que lo sostenido por la Sala del conocimiento, en el sentido de que no se acreditaron las malas condiciones de las mercancías, no se encuentra establecido en la ley, además de que pierde de vista que el procedimiento administrativo en materia aduanera, así como el juicio de nulidad se encuentran concluidos, por lo que sólo constituye un trámite administrativo el que se le hayan puesto a su disposición las mercancías, mas no un nuevo procedimiento administrativo que pueda ser impugnado, ya que ello equivaldría a hacer nugatorios los fallos emitidos por los tribunales administrativos, dado que nunca se concluirían esos juicios y los gobernados jamás serían resarcidos del menoscabo en su patrimonio (foja 9). Continúa manifestando la inconforme que es ilegal lo sostenido por la Sala responsable, en el sentido de que la actora tenía que acreditar las malas condiciones de las mercancías en comento, ya que se trata de un trámite establecido a favor de la contribuyente afectada, que obtuvo una sentencia favorable, mas no es un recurso, juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que no podía aportar ninguna prueba como lo pretende la Sala responsable, lo cual se corrobora con la diligencia que se levantó en ese momento, en donde no se le concedió ningún plazo para ofrecer pruebas o formular alegatos (fojas 9 y 10). Asiste razón a la inconforme. Del texto de la resolución impugnada (fojas 12 a 31), en la parte conducente se aprecia lo siguiente: ‘3. El 14 de agosto de 2006, mediante oficio 326-SAT-19-861-IV-003469, la Aduana de Colombia determinó diversos créditos fiscales en cantidad de $4'803,504.00 (cuatro millones ochocientos tres mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.) a cargo de ********** por concepto de impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, cuotas compensatorias, impuesto al valor agregado y multas, además resolvió que la mercancía embargada pasaba a propiedad del fisco federal (a fojas 26-46). ... 7. El 16 de octubre del 2007, la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia en el juicio de nulidad 6024/06-06-01-1, declarando la nulidad de la resolución descrita en el numeral 3 del presente capítulo, al determinar que el procedimiento administrativo en materia aduanera se notificó al contribuyente en fecha distinta a aquella en que se detectó la irregularidad y, consecuentemente, resultaba violatoria del principio de inmediatez que debía regir dicho procedimiento (a fojas 55-63). ... 11. El 13 de marzo de 2008, ********** por conducto de su representante legal el C. ********** presentó escrito ante la Aduana de Colombia, mediante el cual solicitó se le señalara día y hora para retirar la mercancía de comercio exterior de referencia o, en su defecto, solicitar el resarcimiento correspondiente (a fojas 77-78). 12. El 21 de abril de 2008, mediante oficio 600-47-04-2008-2703, la Administración Local Jurídica de Guadalupe informó a la Aduana de Colombia que la sentencia dictada en el juicio de nulidad descrita en el numeral 7 del presente capítulo se encontraba firme, en consecuencia, al ser favorable a los intereses de la parte actora, se debían realizar las diligencias necesarias para dar debido cumplimiento a la misma (a foja 93). 13. El 15 de mayo de 2008, mediante oficio 800-42-00-03-00-2008-003975-3, la Aduana de Colombia en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de nulidad 6024/06-06-01-1, descrito en el numeral 7 de este capítulo, informó a ********** que debía acudir ante la Coordinación Regional de Monterrey del Servicio Administración y Enajenación de Bienes a solicitar la devolución de la mercancía objeto de embargo y, asimismo, informó a la Coordinación Regional de Monterrey de dicho organismo descentralizado para que de considerarlo procedente devolviera las mercancías afectas al procedimiento administrativo en materia aduanera descrito en el numeral 1 del presente capítulo (a fojas 95-99). 14. El 21 de mayo de 2008, mediante oficio 800-42-00-04-01-2008-004133, la Aduana de Colombia solicitó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, llevar a cabo la entrega al representante de ********** de la mercancía de comercio exterior que nos ocupa (se desprende del antecedente tercero del acta circunstanciada del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de fecha 23 de junio de 2008, a foja 101). 15. El 23 de junio de 2008, mediante acta circunstanciada, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en cumplimiento a la instrucción de la Aduana de Colombia, puso a disposición del C. ********** representante legal de la empresa ********** la mercancía que le fue transferida mediante oficio descrito en el numeral 8 del presente capítulo, e hizo constar que su representante legal manifestó «que no acepta la entrega de los 710 rollos de tela, por considerar que la misma se encuentra en malas condiciones y que además faltan 2068 rollos de tela» no haciendo manifestación adicional al respecto (a fojas 100-106). 16. El 16 de julio de 2008, mediante constancia de hechos de entrega-recepción de mercancía, la Aduana de Colombia puso a disposición del C. ********** representante legal de la empresa ********** la mercancía que no fue transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes consistente en 2068 rollos de tela de urdimbre y trama blanqueado de hilados 100% de filamentos sintéticos de poliéster sin texturizar, quien manifestó «que los rollos de tela se encuentran en malas condiciones, siendo su decisión no retirarlos, toda vez que solicitarán el resarcimiento de la mercancía en mención». Asimismo, la Aduana de Colombia en el mismo acto asentó que hizo del conocimiento de su representante legal lo siguiente: «Cabe aclarar, que en el presente caso, no existe imposibilidad material o jurídica para que le sea devuelta la mercancía consistente en: 2068 rollos de tela tejido de urdimbre y trama blanqueado de hilados 100% de filamentos sintéticos de poliéster sin texturizar, sujeta al procedimiento administrativo en materia aduanera ARA800060045, por lo que al no haber sido retirada del recinto fiscal cuenta con un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al levantamiento de la presente acta, según el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, para que se le notifique el abandono a favor del fisco federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 32 de la Ley Aduanera en vigor, no omitiendo mencionar que la negativa expresada por la citada contribuyente a su recepción, no interrumpe el término de dos meses señalado en el artículo 29 de la Ley Aduanera, por lo que una vez transcurrido dicho plazo, se le notificará el abandono a favor del fisco federal» (a fojas 107-109). 17. El 25 de julio del 2008, ********** presentó escrito ante la Oficialía de Partes de la Administración General Jurídica, mismo que fue turnado para su resolución a esta unidad administrativa el 28 del mismo mes y año, mediante el cual solicitó el resarcimiento económico de la mercancía de comercio exterior materia de la presente resolución (a fojas 1-5). 18. El 17 de diciembre de 2008, mediante oficio DCO/DEBM/CJBM/02468/2008 de fecha 8 de diciembre 2008, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes remitió a esta unidad administrativa copia certificada del acta circunstanciada de fecha 23 de junio del presente, descrita en el numeral 15 del presente rubro, para efectos de anexar e integrar el expediente de resarcimiento económico que nos ocupa (a foja 129) (fojas 13 a 16).’. El artículo 157 de la Ley Aduanera vigente en dos mil ocho establece lo siguiente: ‘Artículo 157.’ (se transcribe). A fin de obtener una mejor comprensión del sentido y alcance del precepto legal antes transcrito, resulta conveniente reproducir la parte conducente de la defensa del dictamen presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputados, precisamente relativo al artículo 157 de la Ley Aduanera, y que llevó a la aprobación del texto vigente a partir de dos mil dos, que señala lo siguiente: (se transcribe). Por otro lado, de la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 67/2009-SS, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en las páginas 142 a 174, Tomo XXIX, mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se aprecia que si bien el tema de contradicción se refiere a quién se le deben devolver las mercancías embargadas con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera, es decir, si es a la persona que presentó las mercancías y a la que le fueron embargadas o a quien acredite ser legítimo propietario de ellas; también lo es que del texto de la ejecutoria en comento, se aprecia que el Más Alto Tribunal de la Nación hizo alusión al tema materia del presente asunto, vinculado con lo establecido en los párrafos segundo y cuarto del artículo 157 de la Ley Aduanera, estimando al respecto lo siguiente: (se transcribe). De lo antes destacado se concluye que es fundado lo alegado por la quejosa, en el sentido de que la Sala efectuó una interpretación errónea del artículo 157 de la Ley Aduanera, en virtud de que del texto de los párrafos segundo y cuarto de dicho precepto legal se advierte que éstos establecen hipótesis diversas, puesto que el primero de ellos se refiere a la existencia de una resolución definitiva en la cual se ordena la devolución de las mercancías decomisadas, respecto de las cuales haya una imposibilidad para devolverlas, hipótesis en la cual la autoridad aduanera tiene la obligación de comunicar esta situación al particular con el objeto de que éste se encuentre en posibilidad de solicitar su devolución, la entrega de un bien sustituto con valor similar (salvo que se tratara de mercancías perecederas, de fácil descomposición o de animales vivos), o en su caso el valor del bien, adicionado con los rendimientos que se hubieran generado; mientras que el cuarto párrafo del mencionado artículo 157 de la Ley Aduanera prevé una hipótesis distinta a la anterior y, por ello, independiente y desvinculada de ese primer supuesto, referente a cuando el particular obtiene una resolución administrativa o judicial firme (como acontece en la especie) en la que se ordena la devolución o el pago del valor de la mercancía, o bien, se declare la nulidad de la resolución que determinó que la mercancía pasaba a ser propiedad del fisco federal, caso en el cual se otorga el derecho al particular (sin condicionarlo a ningún otro requisito, como el relativo a la existencia de imposibilidad para devolver la mercancía previsto en el segundo párrafo del precepto legal en análisis) de elegir entre solicitar al Servicio de Administración Tributaria la devolución de la mercancía, o bien pedir el pago del valor de ésta. Lo anterior claramente evidencia que en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el cuarto párrafo del mencionado artículo 157 de la Ley Aduanera, en virtud de que en contra de la determinación de la Aduana de Colombia, en la que se fincaron a la empresa contribuyente, hoy quejosa, diversos créditos por concepto de impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, cuotas compensatorias, impuesto al valor agregado y multas, promovió juicio de nulidad, el cual fue resuelto con fecha dieciséis de octubre de dos mil siete por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sentencia dictada en el diverso expediente fiscal número 6024/06-06-01-1, en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, la cual quedó firme al no haber sido combatida por la autoridad respectiva, sino que ésta ordenó que se cumpliera en sus términos dicha sentencia (fojas 13 y 14). Todo ello lleva a la convicción de que es incorrecto lo sostenido por la Sala responsable en el sentido de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157, párrafo cuarto, de la Ley Aduanera, la restitución en el derecho violado está condicionada por disposición de ley a que se acreditaran las malas condiciones físicas de la mercancía al momento en que fue puesta a disposición del representante legal de la empresa contribuyente, puesto que como ha quedado demostrado con antelación el presente asunto deriva de una resolución judicial firme pronunciada por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del distinto expediente fiscal número 6024/06-06-01-1, en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, supuesto en el cual, como se ha visto con antelación, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del mencionado artículo 157, la contribuyente tiene el derecho sin condición alguna al resarcimiento económico solicitado, lo cual al no haber sido entendido así por la Sala responsable, vulneró las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa, tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; de ahí lo fundado del concepto de violación que se analiza. Por todas las razones antes expresadas este órgano jurisdiccional no comparte la tesis 106 del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en las páginas 1862 y 1863, Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘RESOLUCIÓN EN MATERIA ADUANERA QUE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EMBARGADAS. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA, DE SOLICITAR EL PAGO DEL VALOR DE AQUÉLLAS, ESTÁ CONDICIONADA, POR REGLA GENERAL, A QUE LA AUTORIDAD COMUNIQUE LA IMPOSIBILIDAD PARA DEVOLVERLAS.’ (se transcribe). En las relatadas consideraciones, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que siguiendo los lineamientos fijados en la presente sentencia, estime fundado el único concepto de anulación de la demanda fiscal y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción IV y 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, reconozca a la parte actora la existencia del derecho subjetivo correspondiente, y condene a la autoridad demandada, Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, al resarcimiento económico solicitado por la empresa contribuyente, hoy quejosa."
De esta resolución derivó la tesis cuyos rubro, texto y datos de publicación son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXXI, febrero de 2010
"Tesis: VI.1o.A.287 A
"Página: 2907
"RESOLUCIÓN JUDICIAL FIRME EN MATERIA ADUANERA QUE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA EMBARGADA. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA, RELATIVA A OPTAR POR EL PAGO DEL VALOR DE AQUÉLLA, NO ESTÁ CONDICIONADA AL DIVERSO SUPUESTO ESTABLECIDO EN SU SEGUNDO PÁRRAFO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). Del texto de los párrafos segundo y cuarto de dicho precepto legal, se advierte que éstos establecen hipótesis diversas, puesto que el primero de ellos se refiere a la existencia de una resolución definitiva en la cual se ordena la devolución de las mercancías decomisadas, respecto de las cuales haya una imposibilidad para devolverlas, hipótesis en la cual la autoridad aduanera tiene la obligación de comunicar esta situación al particular con el objeto de que éste se encuentre en posibilidad de solicitar su devolución, la entrega de un bien sustituto con valor similar (salvo que se tratara de mercancías perecederas, de fácil descomposición o de animales vivos), o en su caso el valor del bien, adicionado con los rendimientos que se hubieran generado; mientras que el cuarto párrafo del mencionado artículo 157 de la Ley Aduanera prevé una hipótesis distinta a la anterior y, por ello, independiente y desvinculada de ese primer supuesto, referente a cuando el particular obtiene una resolución administrativa o judicial firme, en la que se ordena la devolución o el pago del valor de la mercancía, o bien, se declare la nulidad de la resolución que determinó que la mercancía pasaba a ser propiedad del fisco federal, caso en el cual se otorga el derecho al particular (sin condicionarlo a ningún otro requisito, como el relativo a la existencia de imposibilidad para devolver la mercancía previsto en el segundo párrafo del precepto legal en análisis), de elegir entre solicitar al Servicio de Administración Tributaria la devolución de la mercancía, o bien pedir el pago del valor de ésta."
Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 145/2005, externó las siguientes consideraciones:
"SÉPTIMO. Previo al examen de los agravios formulados en contra de la sentencia recurrida, conviene tener presentes los antecedentes del caso, que se desprenden de las actuaciones del juicio natural, a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento invocado en primer término, conforme a su artículo 197, que son los siguientes: 1. Mediante resolución contenida en el oficio número 326-SAT-A30-AL-1715, de siete de marzo de dos mil tres, el administrador de la Aduana de Manzanillo resolvió el procedimiento administrativo en materia aduanera instaurado en contra de **********, en los siguientes términos: ‘Puntos resolutivos. En razón de las consideraciones y fundamentos asentados en la presente resolución, esta autoridad aduanera, resuelve: PRIMERO. Respecto a la mercancía consistente en 720 piezas de reloj de poliresina, clasificadas en la fracción arancelaria 91059199, con una tasa ad valorem del 23%; 720 piezas de adornos de poliresina (musicales), clasificadas en la fracción arancelaria 92081001, con una tasa ad valorem del 30%; 900 piezas de figuras decorativas musicales, clasificadas en la fracción arancelaria 92081001, con tasa ad valorem del 30% y 22,680 piezas de adornos de poliresina, clasificadas en la fracción arancelaria 39264001, con una tasa ad valorem del 23%, y un valor en aduana de la mercancía de $218,472.00 (doscientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), declarada en el pedimento de importación número 02 16 3530 2008061, con clave Al, con fecha de pago 11 de julio de 2002, la misma deberá ser puesta a disposición del interesado, en virtud de que cubrió la sanción determinada en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se ordena girar oficio al recinto fiscalizado correspondiente, a efecto de que permita (sic) la mercancía que nos ocupa. TERCERO. ...’. 2. Por escrito fechado el doce de mayo de dos mil tres, presentado el trece del mes y año citados, en la Oficialía de Partes de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, **********, por conducto de su representante legal, solicitó el resarcimiento económico de las mercancías que le habían sido embargadas por la Aduana de Manzanillo (se transcribe). 3. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil tres, en la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución negativa ficta recaída al escrito reseñado en el punto que antecede. 4. Por acuerdo de quince de enero de dos mil cuatro, el Magistrado instructor de la Décima Primera Sala Regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de nulidad, la admitió a trámite, registrándola con el número 27116/03-17-11-8 y ordenó el emplazamiento de las autoridades demandadas: secretario de Hacienda y Crédito Público y Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del término legal produjeran su contestación a la demanda instaurada en su contra. 5. Mediante oficio presentado el doce de abril de dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la administradora de lo Contencioso ‘2’ de la Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad, dio contestación a la demanda de nulidad instaurada en su contra y ofreció las pruebas que consideró convenientes. Asimismo, expresó los hechos y el derecho que justificaban la resolución negativa ficta impugnada que se contenían en el oficio número 325-SAT-V-B-12633, de diecinueve de marzo de dos mil cuatro, expedido por el administrador de Comercio Exterior ‘1’, en suplencia del administrador central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal del Servicio de Administración Tributaria. El oficio a que se ha hecho mención señala, en la parte conducente, lo siguiente: (se transcribe). 6. Por acuerdo de trece de abril de dos mil cuatro, el Magistrado instructor de la Sala Fiscal metropolitana del conocimiento, tuvo por contestada la demanda de nulidad y por admitidas las pruebas ofrecidas y ordenó correr traslado de la misma a la parte actora, para que en términos del artículo 210, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, ampliara la demanda de nulidad dentro del término legal, al estar en presencia de la impugnación de una resolución negativa ficta. 7. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la actora formuló ampliación a la demanda de nulidad. En dicha ampliación, la actora planteó los siguientes conceptos de impugnación: (se transcribe). 8. Por acuerdo de siete de junio de dos mil cuatro, el Magistra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22306-837ba5b3/devolucion-de-mercancias-embargadas-en-materia-aduanera-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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