DERECHOS DE VIGILANCIA. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER COMO CUOTA ÚNICA EL 4% SOBRE EL MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL OBTENIDO POR EL CONTRIBUYENTE COMO PAGO DE AQUÉLLOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. DERECHOS DE VIGILANCIA. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER COMO CUOTA ÚNICA EL 4% SOBRE EL MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL OBTENIDO POR EL CONTRIBUYENTE COMO PAGO DE AQUÉLLOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DERECHOS DE VIGILANCIA. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE EN LAS PROPIAS DISPOSICIONES EN LAS QUE SE ESTABLEZCAN ESTÍMULOS FISCALES O EN SUS REGLAS DE APLICACIÓN SE SEÑALARÁ SU FORMA Y LUGAR DE PAGO, RESPETA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. DERECHOS DE VIGILANCIA. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA QUE LOS ESTABLECE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. DERECHOS DE VIGILANCIA. LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTÍMULOS FISCALES DERIVAN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO. DERECHOS DE VIGILANCIA. LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTÍMULOS FISCALES TIENEN EL CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES. DERECHOS DE VIGILANCIA. LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA DEBEN MEDIRSE A PARTIR DEL ESTÍMULO FISCAL RECIBIDO POR LOS BENEFICIARIOS. DERECHOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL EXCLUIR DE LA BASE PARA CALCULAR EL PAGO DEL DERECHO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA PROPIA LEY EL IMPORTE DE LOS ESTÍMULOS CONCEDIDOS CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 1348/2009. **********.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIOS: ROSAURA RIVERA SALCEDO, CLAUDIA MENDOZA POLANCO Y ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos, y si bien subsiste el problema de constitucionalidad, no se requiere de la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. No será necesario pronunciarse respecto de la oportunidad del recurso de revisión, en virtud de que el Tribunal Colegiado se ocupó de ello, estimando que dicho medio de impugnación se interpuso en tiempo.
TERCERO. Con motivo del fallo pronunciado por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, deben examinarse los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa que, en síntesis, son los siguientes:
Primero: Violación del principio de legalidad tributaria.
• El artículo 27 de la Ley Federal de Derechos violenta el artículo 31, fracción IV, constitucional, puesto que el concepto por el cual se realiza el pago de la cuota del 4% no se encuentra definido en la ley, esto es, no existe en la Ley Federal de Derechos, ni en ningún otro ordenamiento legal, reglamento, circular o publicación el concepto de "derechos de vigilancia", dejando así a la quejosa en un evidente estado de inseguridad jurídica; luego entonces, tenemos que el fisco federal realiza el cobro contenido en el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos bajo un concepto el cual no existe jurídicamente y mucho menos materialmente, argumentándose en consecuencia que el supuesto derecho de vigilancia no tiene la naturaleza de derecho como se demostrará con posterioridad.
• Los contribuyentes que se acojan a los beneficios de un estímulo fiscal deben pagar una cuota del 4% sobre el monto del beneficio concedido por concepto de "derecho de vigilancia", concepto que se desconoce por no encontrarse señalado o definido en la propia Ley Federal de Derechos o en ordenamiento legal alguno ni mucho menos existe una remisión a alguna disposición que defina el mismo, por lo que no se cumple con el principio de legalidad tributaria puesto que el hecho de que no exista una definición del derecho de vigilancia ni alguna remisión a otros elementos que lo definan genera un estado de incertidumbre jurídica que puede devenir en arbitrariedades.
• Lo anterior es así toda vez que como puede desprenderse del numeral tildado de inconstitucional existe un cobro por concepto de "derechos de vigilancia", es decir se obliga al contribuyente a un pago por una supuesta función que el Estado realiza, la cual resulta inexistente, sin que se dé una definición ni exista una remisión a disposición alguna que lo defina, y sin que se tenga conocimiento de cuál es la actividad que la autoridad realiza, en qué consiste y si realmente presta un servicio público a fin de que encuentre justificación su cobro, pues hasta donde se tiene conocimiento, bien pudiese estar realizándose una erogación a favor del fisco federal por una acción inexistente por parte el Estado; es decir, no por recibir la prestación de un servicio público.
• Para efecto de que se considere que se respetó el principio de legalidad tributaria debe existir una definición de derecho de vigilancia, y más aún, debe existir una o unas acciones por parte del Estado encaminadas a justificar tal definición, situación que en la especie no acontece, toda vez que en ningún lugar de la Ley Federal de Derechos se desprende la existencia de la mencionada definición y mucho menos la remisión a alguna otra disposición aplicable, y no se tiene conocimiento en consecuencia si se presta o no un servicio público, por lo que se está violentando el principio de legalidad tributaria al generarse un estado de incertidumbre jurídica que puede devenir en arbitrariedades de la autoridad, desvirtuándose la finalidad del mencionado principio.
• El artículo 27 de la Ley Federal de Derechos vulnera el principio de legalidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 constitucional, pues contiene conceptos que no se encuentran definidos en la ley de la materia y no consta remisión expresa a disposiciones que definan tal concepto, sin existir para ello actos por parte de la autoridad hacendaria tendientes a evidenciar la existencia de dicho derecho de vigilancia, por lo que se genera un estado de incertidumbre jurídica que puede devenir en arbitrariedades de la autoridad.
Segundo: Violación al principio de proporcionalidad y equidad tributaria.
• El artículo 27 vigente en 2008 de la Ley Federal de Derechos que contiene las disposiciones legales en materia de derechos de vigilancia por beneficios a estímulos fiscales, transgrede lo dispuesto por el numeral 31, fracción IV.
• Del precepto legal se desprende que los beneficiarios de los estímulos fiscales pagarán un derecho por la vigilancia que realice el Estado -que se desconoce en qué consiste-. Como se mencionó en el capítulo relativo a los hechos, el 12 de noviembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para el uso de medios de pago electrónicos en las empresas y que participen como fideicomitentes en la constitución de un fideicomiso irrevocable que tenga como objetivo la instalación, sin costo alguno, de terminales punto de venta para procesar pagos a través de medios electrónicos, en aquellas empresas que, con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, no hayan contando con dispositivos para procesar pagos a través de medios electrónicos en ninguno de sus establecimientos o locales.
• Asimismo, en el artículo segundo transitorio del citado decreto se estableció que a efecto de que el Servicio de Administración Tributaria cuente con elementos para vigilar la correcta aplicación de los estímulos que se establecen en el mencionado decreto, las personas morales que se acojan a lo dispuesto en el mismo, deberán presentar a dicho órgano desconcentrado, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su entrada en vigor, una relación en la que deberá constar el nombre y el domicilio de los contribuyentes con establecimientos, locales y otros lugares en los que con anterioridad a la fecha mencionada, se hayan instalado terminales punto de venta para procesar pagos a través de medios electrónicos, así como el número de terminales punto de venta instaladas en cada uno de dichos lugares.
• El Servicio de Administración Tributaria se encargará de vigilar la correcta aplicación de los estímulos; es decir, en un ejercicio de sus facultades de fiscalización, velará por que se distribuyan correctamente tales estímulos, mas ello no tiene la connotación de servicio público.
• Tal como lo establece el artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, los derechos que establece dicha ley se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta ley.
• En efecto, como característica primigenia los derechos son pagados por el contribuyente por recibir del Estado un servicio que le beneficia de manera directa y específica; sin embargo, en la especie se considera que los "derechos de vigilancia" no constituyen un servicio a favor del contribuyente, pues como se mencionó con anterioridad, en realidad el Estado simplemente realiza actos tendientes a fiscalizar el cumplimiento de la correcta aplicación de los estímulos fiscales, tal como lo señala el decreto que otorga estímulos fiscales, mas no existe la prestación de un servicio como tal.
• En la especie, al no traducirse los "derechos de vigilancia" en una actividad que otorgue un beneficio a la quejosa y que por ende no satisface el interés general, es inconcuso que en realidad no es un servicio público, pues no tiene la naturaleza de derecho y por ello la norma que lo prevé infringe el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que el supuesto costo que representaría para el Estado el llevar a cabo la "vigilancia" de la aplicación del estímulo no tiene vinculación alguna con un servicio, de ahí la inconstitucionalidad de la norma.
• Más que un servicio, lo que hace el Estado es ejercer sus facultades de fiscalización, al prever el decreto que el Estado vigilará la correcta aplicación de los estímulos fiscales, de ahí la inconstitucionalidad del artículo que prevé el pago de un derecho a pesar de que la quejosa no recibió ningún servicio.
• Así las cosas, tenemos que del artículo 31, fracción IV constitucional se advierte que los derechos están sometidos a los requisitos de proporcionalidad y equidad, toda vez que el derecho de vigilancia forma parte de una contribución tal como se establece en el numeral 2o. del Código Fiscal de la Federación; en consecuencia, el derecho de vigilancia debe ser cobrado por el Estado de manera proporcional y equitativa.
• Tenemos que por "derechos" debe entenderse a las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en funciones de derecho público.
• Lo anterior hace evidente la inconstitucionalidad de la norma, toda vez que la misma va en detrimento de las garantías individuales de la quejosa, pues para que los derechos puedan ser considerados proporcionales, al fijarse la cuota aplicable se deberá considerar ineludiblemente el costo total que para el Estado tiene la ejecución del servicio solicitado y prestado, es decir, los derechos deben pagarse en función al costo total incurrido por el Estado para la prestación del servicio; y para que los derechos puedan considerarse equitativos, deben establecer cuotas fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.
• El artículo 27 citado no toma en consideración para el pago del derecho de vigilancia una cuota fija o igual, sino que dicha cuota está supeditada a un porcentaje que se determina en relación al monto del beneficio concedido, lo que contraviene el principio de proporcionalidad, ya que para que tal cobro sea proporcional debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, es decir el derecho de vigilancia, no el valor o monto del beneficio conocido.
• Esto es, debe establecerse en la ley cuál es el costo total del servicio o derecho de vigilancia, cuál es el costo material y humano necesario para que el Estado pueda prestar ese servicio, independientemente del monto del beneficio obtenido por el contribuyente.
• Es importante no confundir el hecho de que por señalar el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos una cuota del 4% sobre el monto del beneficio, ello se traduce en que ese porcentaje constituye una cuota fija o igual para todos los contribuyentes que incurren en esta hipótesis legal cumpliendo así con los principios de proporcionalidad y equidad; ello es así en virtud de que ese 4% es una tasa sobre el monto del beneficio obtenido y no es una tarifa fija o cuota.
• No debemos de pasar por alto que estamos hablando de derechos, los cuales se pagan en razón del costo material y humano que al Estado le constituye la prestación del servicio, en ningún caso se pretende debatir el estímulo fiscal o el monto del beneficio que se obtuvo, monto que resulta la base para el pago del derecho de vigilancia, sino lo que se combate es que la mecánica de pago de derecho no es fija o igual para todos los contribuyentes pues varía dependiendo de un elemento ajeno al derecho de vigilancia, como lo es el beneficio que recibe el contribuyente y no el costo que para el Estado representa prestar ese supuesto servicio público.
• Así, el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos deviene en inconstitucional porque señala una tasa del 4% sobre el momento del beneficio obtenido, de lo que se desprende que viola el principio de proporcionalidad al no existir un razonable equilibrio entre la cuota fijada, y el costo del servicio prestado.
• Es de destacarse que la contribución viola el principio de equidad, esto debido a que las contribuciones que se tienen que pagar por el derecho de vigilancia no son iguales para todos, aun y cuando reciban el mismo servicio (hipotético, pues como se estableció en el agravio anterior este servicio es inexistente); es decir, la tasa o cuota establecida en el numeral de marras no es igual para todos porque involucra elementos ajenos al hecho generador del derecho (prestación del servicio), como indudablemente lo es el monto del beneficio concedido; por lo tanto, las cuotas que cobre el Estado en base al artículo 27 de la Ley Federal de Derechos son inequitativas, lo que contraviene el principio equidad que dice: "cuotas fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos".
• Toda vez que el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos no toma en cuenta que el servicio prestado por el Estado es el mismo en ambos casos, pues establece distintas cuotas aun y cuando los servicios prestados son análogos y se sitúan en el mismo objeto del derecho (de vigilancia), el citado dispositivo deviene en inconstitucional; ello porque, se insiste, hace una distinción totalmente injustificada entre contribuyentes que demandan un mismo servicio, sin que debiera tener trascendencia el monto del beneficio concedido, siendo que lo que origina el derecho y que debiera ser la base para su determinación, es el servicio prestado por el Estado; en consecuencia, no debiera existir distinción cuando ambos contribuyentes reciben el mismo servicio prestado por el Estado, mas dado que el artículo tildado de inconstitucional sí hace esa distinción, resulta inconcuso que la ley no está dando un trato igual a los iguales, contrariando con ello el principio de equidad tributaria señalado en la fracción IV del artículo 31 constitucional.
• A pesar de que se ha establecido con meridiana claridad la forma para cumplir con las garantías constitucionales en materia de derechos fiscales, el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos establece una tasa o cuota para calcular el monto de los derechos a pagar al Estado por el servicio público que presta, en notoria contravención de los principios de proporcionalidad y equidad.
• Siguiendo con la inconstitucionalidad del artículo 27 de la Ley Federal de Derechos, es claro que el elemento que dicho artículo toma como base (el momento del beneficio concedido en el estímulo fiscal) para calcular el pago del derecho de vigilancia es totalmente ajeno al costo del servicio prestado. Subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, luego, ese dispositivo no cumple con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, al no existir un razonable equilibrio entre la cuota cobrada y el costo de la prestación del servicio.
• Cabe destacar que si el hecho generador u objeto de derecho de vigilancia lo constituye el costo del servicio prestado por el Estado, tal costo debe estar estrechamente vinculado con la tasa u cuota fijada, pero en la especie el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos es inconstitucional al no establecer el monto o el costo que implica el ejercicio de esa prestación de servicios, violando así lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que por mandato de éste, los elementos de las contribuciones, como lo es el derecho en cuestión, deben establecerse en ley, es decir, para que se repute de constitucional dicho artículo, debe establecerse en la Ley Federal de Derechos con toda claridad el costo que implica la prestación del referido servicio.
CUARTO. Es infundado el primer concepto de violación, en el cual la quejosa argumenta básicamente que: 1) el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos es inconstitucional por infringir el principio de legalidad tributaria al no definir o explicar el concepto de "derechos de vigilancia"; 2) "los derechos de vigilancia no son contribuciones; y 3) se desconoce cuál es la actividad que el Estado lleva a cabo, en qué consiste y si realmente se presta un servicio público que justifique su cobro.
A propósito de lo anterior, es pertinente, ante todo, efectuar un análisis de la contribución "derechos", que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2o., párrafo primero y fracción IV, define de la siguiente manera:
"Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
"...
"IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado ..."
Tal norma pone de relieve, en primer término, el carácter de contribuciones de los derechos y, segundo, su definición legal, consistente en "contribuciones establecidas en la ley" por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación y por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. La disposición también establece las excepciones que, por no interesar al caso, no se hará referencia a ellas.
Algunos doctrinarios definen los derechos o tasas de la forma siguiente:
"Tributos que consisten en contraprestaciones obligatorias pagadas al Estado (o a un ente público menor), por quien solicita en modo particular los servicios jurídico-administrativos, cuya prestación es inherente a la soberanía del Estado."(1)
"Derechos son las cantidades de dinero que el Estado percibe de los contribuyentes en pago de la prestación de servicios públicos divisibles, efectuados con fines de utilidad general."(2)
"El derecho es una contraprestación, este término establece la diferencia entre el derecho y el impuesto, porque el impuesto es una prestación, es decir, es una cantidad que el particular aporta para los gastos del Estado, pero sin recibir a cambio de ella nada concreto, el derecho es al contrario, una contraprestación, lo que significa que a cambio de la cantidad que el particular paga obtiene un servicio concreto determinado."(3)
Como es de notarse, hay ciertos elementos comunes en los derechos y que son: a) es una contraprestación, b) por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación y c) por recibir servicios prestados por el Estado en sus funciones de derecho público.
No obsta a dicha conclusión que el precepto reproducido no señale expresamente que los derechos son contraprestaciones, como sí lo disponía el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación de 1967, pues en su texto actual dice explícitamente que "los derechos son contribuciones que se pagan por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público", lo cual implica que el Estado presta un servicio público y que los contribuyentes pagan derechos por su recepción, lo cual, en esencia, significa que se trata de una contraprestación, porque a cambio de la cantidad que se paga, el particular obtiene un servicio concreto determinado.
Cabe citar al efecto la tesis de jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice en su rubro y datos de publicación: "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, julio de 1996, tesis P./J. 41/96, página 17),(4) criterio que, entre otros, permite destacar los siguientes aspectos de la figura tributaria a estudio:
i. La causa generadora de los derechos reside en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios;
ii. La relación que surge entre el servicio estatal y el derecho que se paga, puesto que lo que se cubre por el derecho debe estar acorde a lo que se recibe por parte del Estado en su función de derecho público;
iii. Los derechos por servicios son contribuciones que tienen su causa en la recepción de la actividad estatal individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre el Estado y el usuario que justifica el pago del tributo.
Efectivamente, la causa que genera el pago de derechos es el servicio que se recibe por parte de la administración, individualizado, concreto y determinado, lo cual da lugar al surgimiento de una relación singular entre el contribuyente y el Estado.
Como también se desprende de lo anterior, lo que se recibe por parte del Estado, primero, es "un servicio público" y, lo segundo, sería "un determinado beneficio", ya que lógico es pensar que si el particular busca, solicita o recibe un servicio público, es claro que el servicio concreto que recibe significa para él una respuesta que satisface una necesidad; luego, el resultado de la prestación del servicio público constituye un bienestar o un beneficio.
Al respecto, son de citarse las tesis de este Alto Tribunal, que dicen en sus rubros y datos de publicación, lo siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, tesis P./J. 1/98, página 40)(5) y "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, tesis P./J. 3/98, página 54),(6) conforme a las cuales, a los elementos anteriormente destacados, se suma otro más, igual de importante, que es la relación existente entre el usuario y la administración estatal, de donde se sigue que, en cada caso específico, será conveniente analizar cuál es la naturaleza de la relación jurídica que subyace en la obligación de pago, pues dependiendo de ello y de la índole de las atribuciones que desarrolla el respectivo órgano estatal al prestar el servicio que genera la correspondiente obligación de pago, se podrá advertir si surge dentro de un vínculo en el que el Estado acude investido de imperio o si bien tiene su origen en una relación de coordinación entre el Estado y los gobernados.(7)
En tales condiciones, pueden precisarse como notas características o esenciales de las contribuciones denominadas derechos, las siguientes:
1. Su fuente es la voluntad unilateral del Estado.
2. No emanan de un acuerdo de voluntades entre el Estado que presta el servicio y el contribuyente que lo recibe, sino que el hecho generador surge cuando se actualiza la hipótesis legal.
3. Son de carácter obligatorio.
4. Su presupuesto es la prestación de un servicio público por parte del Estado en sus funciones de derecho público, de naturaleza divisible, individualizable y susceptible de medición.
5. Se rigen por los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
Como se ha venido mencionando, los derechos derivan de la recepción de un servicio prestado por el Estado en sus funciones de derecho público, de aquí que ahora debe examinarse lo que es el servicio público.
Para tal propósito, conviene recordar el análisis que sobre dicho tópico realizó el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los diversos fallos que permitieron establecer la tesis de jurisprudencia P./J. 41/96 de rubro: "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA." (ya citada anteriormente), donde, entre otras consideraciones, se expresó:
"... Los derechos se distinguen de los impuestos debido fundamentalmente a que los primeros se causan por el beneficio particular que reciben los obligados por los servicios públicos que les presta el Estado, en cuanto se traducen en una prestación concreta y singular que los coloca en una situación de ventaja sobre el resto de la población, y los segundos se generan por la realización de las situaciones de hecho o jurídicas previstas en las leyes que no coincidan con las previstas como causas típicas de otras especies de contribuciones.
"Avala esta distinción, al menos en términos generales, un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, según atestiguan las siguientes transcripciones:
"‘En relación con los derechos, afirma Jarach que «un principio que es obvio, y que es común también al derecho privado, es aquel de hacer pagar un determinado gravamen a aquellos que reciben en cierta oportunidad un servicio determinado.». Es la misma idea que está a la base del precio, una contraprestación entre un servicio prestado y una suma que debe pagarse a cambio; pero en materia tributaria existe un elemento calificador que hay en el precio, y que es el carácter compulsivo propio de esta obligación tributaria. Entonces uno de los criterios es el de hacer pagar a los que reciben un servicio en ocasión y como contraprestación de ese servicio. Esto es lo que ha dado lugar a un tributo que se llama tasa y que en nuestro idioma habitualmente se denomina tasa «retributiva»... Giannini sostiene que «la tasa es la prestación pecuniaria debida a un ente público, en virtud de una norma legal, y en la medida que en ésta se establezca, por la realización de una actividad del propio ente que afecta de modo particular al obligado.» ... Giuliani Fonrouge afirma que la tasa es «la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado en virtud de la ley, por la realización de una actividad que afecta especialmente al obligado.» ... El problema está en definir qué servicios son los que se retribuyen con derechos y cuáles generan otro tipo de ingresos que en derecho mexicano se llaman «productos» y que en el resto de países de habla española se llaman precios. En otras palabras, hay que investigar en qué consiste el presupuesto de hecho, el hecho imponible, o la hipótesis de incidencia del derecho o tasa. En primer lugar es indispensable que se trate de servicios divisibles, individualizables, conmesurables, o uti singuli. En esta clase de servicios el aprovechamiento individual del servicio puede ser medido. Tal ocurre, por ejemplo, con la expedición de un pasaporte, el registro de un acto del estado civil, la expedición de un permiso o de una licencia, la inscripción de un contrato en el Registro Público de la Propiedad. Respecto a este tipo de servicios es posible, si la política tributaria o de otra índole así lo aconseja, que el Poder Legislativo vincule a la prestación del servicio la obligación de pagar una contraprestación. Por el contrario, en los servicios indivisibles, generales, inconmensurables, o uti universi, el aprovechamiento que de ellos hace cada uno de los particulares no puede ser medido, y técnicamente resulta imposible al Estado exigir el pago de una contraprestación por el aprovechamiento que se hace de ellos. Los servicios de esta clase, como la defensa exterior o la conservación de la paz interior, no pueden ser retribuidos en ninguna forma.’ (Sergio Francisco de la Garza. Derecho Financiero. Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, décimo segunda edición, México 1983, páginas 307 y ss.).
"Entre los tratadistas se sostiene que se pagan derechos: a) En contraprestación de un servicio público particular; b) Cuando el Estado ejerce monopolio sobre el servicio, pues cuando ocurre con los particulares se estará en presencia del pago de un precio privado; c) En la prestación de toda clase de servicios, estén o no monopolizados; d) Sólo cuando el particular provoca la prestación del servicio, como cuando éste le es impuesto por una ley; f) Cuando el servicio es prestado, sea por la administración activa o por la administración delegada del Estado, etcétera. ... Características que debe reunir el servicio y el precio: 1o. El servicio debe prestarse a petición del usuario. Cuando el Estado obliga, a través de una ley, que los particulares que exploten determinada actividad o sean propietarios o poseedores de ciertos bienes, reciban continúa o periódicamente la prestación de un servicio público, a cambio del cual pagarán un precio, estaremos en presencia de un servicio público general divisible y no de un servicio público particular divisible. En esos casos, se trata de actividades o bienes en los que la colectividad está interesada en que sea precisamente el Estado y no los particulares el que preste el servicio, a fin de tener la seguridad de que se presta efectivamente, y bien. Estas actividades o bienes son de tal naturaleza especial que exigen, en bien de la tranquilidad pública, que el Estado sea el que preste el servicio: el servicio de inspectores en los centros nocturnos o de espectáculos que garantiza el respeto de los precios señalados y la efectividad del programa anunciado; el servicio de inspección o verificación de los aparatos de pesas y medidas que se utilizan en actividades mercantiles, que garantiza a los consumidores el buen estado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22076-8adb513e/derechos-de-vigilancia-el-articulo-27-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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