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Modo: Corpus Pro

PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN IV, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN IV, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, AL NO DEFINIR EL CONCEPTO "VALOR" RESPECTO DE LOS MUEBLES DE BAÑO A QUE SE REFIEREN LAS MATRICES DE CARACTERÍSTICAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, NO PUEDE ESTIMARSE CONSENTIDO NI INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADOS EN SU CONTRA, SI EL CONTRIBUYENTE APLICA DIRECTAMENTE LOS VALORES UNITARIOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL NO ESTABLECER UN MECANISMO EXACTO DE DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL IMPUESTO RELATIVO, SINO SÓLO EL VALOR APROXIMADO DEL INMUEBLE OBJETO DE IMPOSICIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN NO RESULTAN COMPARABLES ENTRE MATRICES QUE CORRESPONDEN A INMUEBLES DE USO DISTINTO, PARA EFECTO DE ANALIZAR EL ARGUMENTO DE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007). PREDIAL. LAS MATRICES DE CARACTERÍSTICAS Y DE PUNTOS, ASÍ COMO LAS TABLAS DE PUNTOS, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. PREDIAL. LAS MATRICES DE CARACTERÍSTICAS Y DE PUNTOS NO SE RIGEN POR LA EXIGENCIA DE PROGRESIVIDAD APLICABLE A LAS TARIFAS (ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007). PREDIAL. NO RESULTAN COMPARABLES LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN CONTENIDAS EN DOS COLUMNAS DISTINTAS DE LA MISMA MATRIZ PARA ANALIZAR LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007). PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, AL NO ESTABLECER UN PARÁMETRO QUE DETERMINE LA CALIDAD DE LAS ALFOMBRAS, A QUE REFIEREN LAS MATRICES DE CARACTERÍSTICAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 70/2009. · Registro digital (IUS): 22081
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 1768.

AMPARO EN REVISIÓN 70/2009. **********.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIOS: MARÍA CONSTANZA TORT SAN ROMÁN, GUSTAVO RUIZ PADILLA, GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO, ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ Y FERNANDO TINOCO ORTIZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los Acuerdos Generales del Tribunal Pleno 5/2007 y 6/2008 de seis de febrero de dos mil siete y ocho de abril de dos mil ocho, respectivamente, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se planteó la inconstitucionalidad del decreto por el que se reforman, adicionan, modifican y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de diciembre de dos mil siete, particularmente su artículo primero a través del cual se reforman los numerales 148, 149, fracción I, 151 y 152, fracciones II y IV, del citado código y artículo segundo del mencionado decreto en el que se establecen los valores unitarios de suelo y construcción, tema que en sesión privada de seis de octubre del año próximo pasado, el Tribunal Pleno asignó a esta Sala para su conocimiento y resolución.

SEGUNDO. A continuación se estudiará la oportunidad en la interposición del recurso de revisión.

De las constancias de autos se desprende que la sentencia recurrida se notificó a la parte quejosa por medio de lista en términos de la fracción I del artículo 30 de la Ley de Amparo el nueve de diciembre de dos mil ocho, surtiendo sus efectos el día siguiente, diez de diciembre, por lo que el plazo de diez días para la interposición del recurso transcurrió del once al veinticuatro de diciembre de dos mil ocho, debiendo descontarse los días trece, catorce, veinte y veintiuno del citado mes y año por haber sido inhábiles. Por tanto, si el recurso de revisión se presentó el veintitrés de diciembre de dos mil ocho, este mismo resulta oportuno.

TERCERO. La recurrente sostiene en sus agravios esencialmente lo siguiente:

Primero:

A) De la sentencia impugnada se advierte que el Juez a quo determinó que la quejosa no acreditó que el artículo 149, fracción I, párrafo primero, del Código Financiero del Distrito Federal afecte su esfera jurídica en virtud de que no exhibió documento alguno con el que se acredite que la determinación del valor de mercado de su inmueble la obtuvo a través de la práctica de avalúo directo, sin embargo, ello resulta ilegal en virtud de que la quejosa exhibió como pruebas ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el 10 de abril de 2008, copia certificada de los avalúos practicados a los inmuebles ubicados en:

• **********.

• **********.

Los avalúos referidos hacen prueba de la aplicación del primer párrafo del artículo 149, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal.

Asimismo, la quejosa ofreció como prueba el dictamen pericial en materia valuatoria exhibido el 22 de abril de 2008, mismo que obra en autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que se demuestra que la quejosa sí aplicó los valores unitarios mencionados en el artículo 149, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal.

B) Ahora bien, contrario a lo señalado por el Juez a quo en el sentido de que mi mandante optó por pagar el impuesto predial a su cargo con base en los valores unitarios mencionados en el artículo 149, fracción I, de Código Financiero del Distrito Federal y no con base en el sistema de avalúo directo, como ese H. Tribunal Colegiado advertirá, el artículo mencionado no establece una opción, por lo que lo manifestado por el a quo deviene ilegal y contrario a lo dispuesto por los artículos 77, fracciones I y II y 79 de la Ley de Amparo.

Lo anterior ya que el sistema para la determinación del valor catastral conforme a los valores unitarios establecidos en los artículos 149 y 151 del Código Financiero del Distrito Federal, así como en el artículo segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de diciembre de dos mil siete, de ninguna manera constituye un régimen opcional para los contribuyentes sujetos al pago del impuesto predial.

Lo anterior debido a que aun a través del método de determinación de la base consistente en la práctica de avalúo directo, es necesario atender a la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que contiene el artículo segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal.

Segundo:

En el considerando sexto de la sentencia impugnada, el a quo concluyó que era infundado el argumento hecho valer por la quejosa en el que se hizo valer la inconstitucionalidad del decreto que reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal de veintisiete de diciembre de dos mil siete, por violar las garantías de legalidad y seguridad jurídicas previstas en el artículo 16 constitucional.

Lo anterior al considerar que el hecho de que existieran incongruencias entre las fechas de aprobación y promulgación del decreto referido sólo se debía a un error en su publicación, el cual a su parecer fue subsanado con la fe de erratas relativa.

Sin embargo, las manifestaciones vertidas por el a quo resultan ilegales pues contrario a lo argumentado por la misma, el hecho de que se hubiera emitido una fe de erratas respecto de los vicios del procedimiento legislativo, de ninguna forma pueden subsanar dicho vicio. Lo anterior debido a que, hasta en tanto no se publicara la fe de erratas, la promulgación del decreto impugnado se encontraba definitiva, y en este sentido, si la quejosa efectuó el pago del impuesto predial relativo a los seis bimestres de dos mil ocho, el treinta y uno de enero de dos mil ocho, ello tiene como consecuencia que al momento de realizar el pago, existiera la incongruencia por la cual la quejosa considera vulneradas las garantías constitucionales referidas.

A este respecto, el a quo manifestó que no obstante lo manifestado por la quejosa, los errores de publicación en cuanto a las fechas de promulgación y expedición del decreto impugnado por la quejosa no trascendieron al ordenamiento con que culminó el proceso legislativo y que la quejosa aplicó al efectuar el pago.

Sin embargo, aduce la recurrente que dicha incongruencia sí trasciende al ordenamiento con el que culminó el proceso legislativo, ya que la correcta publicación en el Periódico Oficial relativo es un requisito referente al proceso de creación de las normas legales necesario para su validez.

Tercero:

A) El a quo consideró que los preceptos impugnados no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 16 constitucional, ya que para que un acto legislativo cumpla con los requisitos de debida fundamentación y motivación, basta con que el órgano legislativo, en este caso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encuentre facultado constitucionalmente para emitir leyes, siempre que actúe dentro de los límites que la Constitución le confiere, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran tales ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.

Al respecto cabe destacar que si bien es cierto que para que los actos legislativos cumplan con la garantía de legalidad, éstos deben de ser expedidos por autoridades competentes, también lo es que las facultades para emitir dichos actos no son ilimitadas.

Tal como se expuso en el primer concepto de violación del escrito de demanda, los actos legislativos deben guardar una relación con la realidad que pretenden regular, por lo que el legislador no puede válidamente crear actos legislativos a su antojo que no tienen justificación en la realidad social que pretenden regular.

En estas condiciones, contrario a lo sostenido por el Juez a quo en la sentencia que por esta vía se recurre, la garantía de legalidad no se satisface en su totalidad con el simple hecho de que el acto legislativo sea emitido por la autoridad competente para ello y que se respeten los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo, sino que además resulta necesario que el acto mismo tenga apoyo en la realidad que pretende regular sin trastornarla o desnaturalizarla, toda vez que en caso contrario se vulneraría el principio de legalidad.

De sostener lo contrario, el legislador podría imponer contribuciones sobre bases irreales o ficticias que no tendrían justificación alguna en la realidad social, lo que implicaría una facultad ilimitada para legislar, sin verse obstaculizado por los hechos que pretende gravar.

Debido a lo anterior, se reitera que los artículos 149, fracción I y 151 del Código Financiero del Distrito Federal, con relación al artículo segundo del decreto publicado el veintisiete de diciembre de dos mil siete, resultan inconstitucionales, pues dichas disposiciones establecen que, para la determinación de la base del tributo conforme a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, es necesario atender a valores numéricos que han sido fijados arbitrariamente y que no tienen sustento legal, como en el caso lo son los valores numéricos contenidos en las "matrices de puntos".

Lo anterior debido a que en ningún ordenamiento, exposición de motivos, iniciativa de ley o dictamen camaral se expusieron los razonamientos que tomó en cuenta el legislador local para la asignación de los valores numéricos señalados en las "matrices de puntos" y las "tablas de puntos", así como tampoco se advierten los lineamientos que el legislador tomó en cuenta para fijar las "matrices de puntos", "matrices de características" y las "tablas de puntos".

B) Por otra parte el a quo resuelve que el hecho de que el legislador haya sido omiso en señalar cuál es el valor que los contribuyentes deberán considerar para ubicar los tipos de muebles o alfombras que se encuentran en sus inmuebles, no viola el principio de legalidad, pues a su ilegal criterio, en las normas que se reclaman por inconstitucionales se establecen los elementos necesarios para no dejar en un estado de indefensión a los contribuyentes.

Asimismo, el a quo resolvió que el legislador se ve en necesidad de emplear conceptos jurídicos indeterminados cuyas condiciones no pueden preverse en todo su alcance posible, ya que en un asunto en concreto depende de la apreciación particular y esto no varía la naturaleza de la base gravable.

Sin embargo, contrario a lo resuelto por el a quo, los artículos 149, fracción I y 151 del Código Financiero del Distrito Federal en relación con el artículo segundo del decreto reclamado, resultan violatorios de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en el artículo 16 constitucional, pues el legislador fue omiso en señalar cuál es el valor que los contribuyentes deberán considerar para ubicar los tipos de muebles o alfombras que se encuentran en sus inmuebles.

Contrario a lo sustentado por el a quo, el hecho de que se prevean definiciones y términos imprecisos que trascienden para efectos de la obligación tributaria, en la medida en que inciden respecto a los elementos esenciales de la obligación tributaria, como lo es el cálculo de la base gravable, ello implicará una franca violación al principio de legalidad consagrado en nuestra Constitución Federal.

De ello se infiere precisamente que a través de un ordenamiento formal y materialmente legislativo, deben precisarse con toda exactitud y claridad, el objeto del impuesto, la forma de determinar la base gravable, la tasa aplicable y época de pago, ya que a partir de ello, se generará certidumbre al particular contribuyente y, a su vez, se impedirán actuaciones arbitrarias de las autoridades administrativas tendientes al cobro gravoso y desmedido de la contribución de que se trate.

En estos términos, el hecho de que un contribuyente determine la base de su impuesto predial con base en valores unitarios de suelo determinando la clase de construcción de su inmueble, para lo cual, lo debe ubicar en la matriz de características que le corresponda, sin que en la ley se establezca la forma en que debe efectuarse, ni a qué valor de los muebles de baño se refieren dichos artículos, resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en el artículo 16 de la Constitución, ya que existe ambigüedad sobre el término valor, el cual puede referirse al valor al momento de comprar el bien, el intermedio entre el momento de compra y el actual, el presente tomando en consideración el de cierta tienda distribuidora, el del fabricante o cualquier otro valor.

Cuarto:

En el considerando sexto de la sentencia, el a quo resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de lo dispuesto en el artículo 149, fracción I y 151 del Código Financiero del Distrito Federal, así como del artículo segundo del "decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal", declarando como inoperantes los argumentos vertidos en los conceptos de violación marcados como tercero, cuarto, sexto y séptimo, de la demanda de garantías.

Sin embargo, contrario a lo sostenido por el a quo, el sistema para la determinación del valor catastral conforme a los valores unitarios, establecido en los artículos 149 y 151 del Código Financiero del Distrito Federal, así como en el artículo segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal el veintisiete de diciembre de dos mil siete, no constituye en forma alguna un régimen opcional, cuya aplicación quede sujeta a la voluntad de los contribuyentes, puesto que el método de avalúo directo remite a la aplicación de la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que contiene el artículo segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, lo anterior por virtud de lo dispuesto en el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria.

Quinto:

Adicionalmente, en el considerando sexto de la sentencia recurrida, el a quo resolvió declarar infundado el noveno concepto de violación hecho valer por la quejosa, relativo a que el artículo 152, fracciones II y IV, del Código Financiero del Distrito Federal es violatorio de la garantía de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Al respecto, la quejosa planteó en el noveno concepto de violación que el artículo 152, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal resulta violatorio de la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, al otorgar un trato distinto entre los contribuyentes propietarios y/o poseedores de un inmueble destinado a uso habitacional, y aquellos contribuyentes que sean propietarios y/o poseedores de un bien inmueble que tenga cualquier otro destino, beneficiando a los primeros con una reducción parcial del impuesto predial.

Asimismo, en dicho concepto de violación, la quejosa sostuvo que la fracción IV del propio artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal, también resulta violatoria de la garantía de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución Federal, al establecer un trato preferencial para los contribuyentes cuyos inmuebles tengan un uso agrícola, pecuario, forestal, de pastoreo, así como para aquellos cuyos inmuebles se encuentren ubicados en zonas en las que los programas delegacionales o parciales del Distrito Federal determinen intensidades de uso, conforme a las cuales la proporción de las construcciones cuya edificación se autorice, resulte inferior a un 10% de la superficie total del terreno, respecto de aquel que reciban los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a usos distintos.

Al respecto, la ahora recurrente señaló que el trato distinto antes mencionado evidencia un trato por demás inequitativo y desventajoso para los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles que no estén destinados a los usos señalados o ubicados en las referidas zonas, siendo que al igual que en cualquier otro caso, se trata de inmuebles propiedad y/o poseídas por personas, que lo que grava el impuesto predial.

Sin embargo resulta ilegal que el a quo haya señalado que al establecerse en el precepto combatido reducciones tratándose de inmuebles de uso habitacional, no se contravenga la garantía de equidad tributaria en comento, en virtud de que a su juicio, debe atenderse al fin perseguido por la contribución reclamada, como pueden ser, entre otros, el alentar el sector agrícola, pecuario y forestal ubicados en la zona primaria designada para la protección o conservación ecológica, por tratarse de la población más vulnerable del Distrito Federal.

Lo anterior toda vez que dichas afirmaciones son carentes de sustento jurídico alguno y en ningún momento demuestran de forma alguna que en la exposición de motivos de dicha disposición, en la iniciativa de ley, o bien, en el dictamen camaral, se hubiera establecido un fin extrafiscal que justificara el trato inequitativo otorgado por dicho precepto legal o que existiera un fin específico en dicha disposición que justificara dicha inequidad.

Al respecto, cabe destacar que para que efectivamente no se hubiera contravenido la garantía de equidad tributaria, en la propia disposición, en la exposición de motivos, en la iniciativa de ley, o bien, en el dictamen camaral, el legislador debió establecer en su caso, que existía un fin extrafiscal que justificaba el trato desigual otorgado por la citada disposición, situación que no aconteció en la especie.

Aunado a lo anterior, de la sentencia impugnada no se advierten las razones por las cuales el a quo consideró que los propietarios de inmuebles de uso habitacional se encuentran en distinta situación jurídica por lo que debe gravárseles distintamente, razones que deberían encontrarse en la exposición de motivos, en el dictamen camaral o bien, en la iniciativa de ley de dicha disposición, sino que al parecer son meras afirmaciones carentes de sustento jurídico.

Asimismo, señala que dicho trato diferenciado entre los propietarios y/o poseedores de un bien inmueble que tenga uso habitacional, respecto de aquellos que tengan cualquier otro uso, se justifica en atención a que no guardan una situación de igualdad unos con otros, pues mientras los que destinan el fin del inmueble a un uso meramente habitacional, no tienen fines de lucro, y los que destinan el inmueble a un uso no habitacional, en la mayoría de los casos obtienen algún lucro, por lo que a su parecer, son situaciones jurídicas impares.

Sin embargo, el Juez de Distrito al efectuar el análisis de los supuestos previstos por el artículo 152, fracciones II y IV, del Código Financiero del Distrito Federal concluye erróneamente que dichos supuestos no transgreden la garantía de equidad tributaria al tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, al presuponer erróneamente que los contribuyentes cuyos inmuebles son destinados a un uso distinto al habitacional obtienen un lucro, mientras que los que destinan dichos inmuebles al uso habitacional no.

Lo anterior debido a que el hecho de que en la mayoría de los casos los inmuebles destinados al uso habitacional no obtengan un beneficio económico derivado de dicho fin, no implica necesariamente que se encuentren impedidos para obtener un lucro en sí mismo, lo cual demuestra que el Juez de Distrito al efectuar el análisis de las circunstancias que envuelven a los contribuyentes del tributo, lo efectuó de una forma deficiente.

Sexto:

Por otra parte, el a quo resolvió como infundado lo argumentado por la quejosa en el sentido de que el valor catastral de los inmuebles al incrementarse sin atender a la verdadera capacidad contributiva de los sujetos pasivos, resulta a todas luces desproporcional y, por tanto, contraria a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional.

En este sentido, la quejosa sostuvo que los artículos impugnados permiten tácitamente que se grave a los sujetos de pasivos del impuesto predial con tarifas muy superiores respecto de las contempladas el año inmediato anterior, lo cual ocasiona que el gravamen se torne desproporcional, ya que se desatiende a la real capacidad contributiva de los sujetos pasivos, en la medida que se elevan de manera injustificada los montos de dicho impuesto.

No obstante lo anterior, el a quo resolvió que los argumentos vertidos por la quejosa a efecto de demostrar la inconstitucionalidad de los artículos reclamados del Código Financiero del Distrito Federal resultan infundados, toda vez que a su ilegal criterio, los mismos no resultan violatorios de la garantía de proporcionalidad tributaria.

Al respecto, el Juez del conocimiento razonó su conclusión basado en que el aumento significativo en el monto de un impuesto no demuestra que se esté en presencia de un impuesto desproporcional, pues son múltiples los factores que se deben tener en cuenta para determinar el mismo; que el que un impuesto sea elevado, incluso considerablemente no significa necesariamente que se incurra en violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución; que la inconstitucionalidad de un impuesto no se puede demostrar comparándola con el texto de los artículos que regulaban dicho impuesto en años anteriores, haciendo derivar dicha inconstitucionalidad de un aumento considerable del impuesto de que se trate.

Contrario a lo sustentado por el a quo en la sentencia recurrida, en el caso las disposiciones legales impugnadas por la quejosa resultan violatorias de las garantías tributarias señaladas al haber implicado una elevación desmedida del valor catastral de los inmuebles ubicados en el Distrito Federal para el cálculo y pago del impuesto predial, ocasionando que el impuesto predial vigente en dos mil ocho se torne desproporcional, ya que la nueva base del tributo desatiende la real capacidad contributiva de los sujetos pasivos, en la medida en que su aplicación ocasiona que se pague el impuesto desatendiendo a un valor catastral razonable en comparación con los establecidos en años anteriores.

Al respecto señala que, si bien la Asamblea Legislativa tiene facultades para modificar las cargas impositivas de los contribuyentes, las disposiciones legales elevaron de manera desproporcional el valor catastral de los inmuebles, impidiendo gravar a los contribuyentes en función de su verdadera capacidad contributiva.

Por su parte, en el recurso de revisión adhesiva hecho valer por el procurador fiscal del Distrito Federal en ausencia del secretario de Finanzas, señala en un único argumento que el secretario de Finanzas sí cuenta con atribuciones para emitir el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, así como de Autorización y Registro de Personas para Practicar Avalúos.

Asimismo, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, en ausencia del titular, jefe de Gobierno del Distrito Federal, hizo valer como argumentos, en su escrito de revisión adhesiva, esencialmente los siguientes:

1. Que resulta apegado a derecho el sobreseimiento decretado en el presente juicio respecto de la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los decretos legislativos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los días treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, treinta y uno de diciembre de dos mil, treinta y uno de diciembre de dos mil uno, veintiséis de diciembre de dos mil tres y veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro, puesto que existe una cesación de efectos de los actos reclamados dado que los dispositivos legales fueron reformados.

2. Que el procedimiento para determinar la base gravable del impuesto predial mediante la aplicación de valores unitarios de suelo y de la construcción, sí toma en cuenta la verdadera capacidad contributiva de los causantes, no obstante que un contribuyente rebase en una cantidad mínima el límite superior de alguno de los rangos de las "tablas de puntos" contenidos en las "matrices de puntos", y se ubique en el siguiente rango, es decir, en la siguiente clase, correspondiéndole un valor unitario superior al que tenía en el rango de clase anterior, en tanto que para determinar el valor unitario de construcciones del inmueble que se trate, se considera el uso, niveles y las características propias de los servicios, estructuras y acabados del inmueble, lo cual impide que el valor unitario de las construcciones que se obtenga resulte desproporcional.

3. Que resulta apegada a derecho la declaratoria de inoperancia declarada por el Juez de Distrito respecto de los conceptos de violación tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo, al considerar que constituye una elección para los contribuyentes determinar el valor real de sus inmuebles a través de aplicar los valores unitarios de suelo y las construcciones emitidas por la Asamblea Legislativa y que dicho sistema de determinación del impuesto predial a su cargo les resulta optativo.

CUARTO. Previo al estudio de los agravios, esta Sala estima que en la especie se actualiza el supuesto contemplado en el artículo 73, fracción V, en relación con el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual, al no haber sido analizado con antelación, esta Superioridad debe hacerlo, ya que su estudio es preferente por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por esta Sala que a continuación se reproduce:

"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."

(Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI. Tesis 2a./J.30/97. Página 137).

En el caso, es necesario señalar que los actos reclamados se hicieron consistir en lo siguiente:

Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil ocho, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, remitido por razón de turno ese mismo día, al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ********** por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades responsables a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Gobierno del Distrito Federal, al secretario de Finanzas del Distrito Federal y al director general Jurídico y de Estudios Legislativos del Distrito Federal, y como actos reclamados la aprobación, expedición, refrendo y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de los decretos que a continuación se enumeran.

1. Decreto por el que se creó el Código Financiero del Distrito Federal, del veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, específicamente por lo que hace a la creación de los artículos que se mencionan en los siguientes puntos.

2. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, del veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, específicamente por lo que hace a la reforma del artículo 149, fracción I, párrafo cuarto.

3. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, del treinta y uno de diciembre de dos mil, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del mismo día, específicamente por lo que hace a la reforma del artículo 149, fracción I, párrafo primero.

4. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, del veintinueve de diciembre de dos mil uno, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del treinta y uno de diciembre de dos mil uno, específicamente por lo que hace a la reforma del artículo 151.

5. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, del veintitrés de diciembre de dos mil tres, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintiséis de diciembre de dos mil tres, específicamente por lo que hace a la reforma del artículo 152.

6. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, del veintiuno de diciemb

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22081-4672bae8/predial-el-articulo-152-fraccion-iv-numeral-1 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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