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Modo: Corpus Pro

PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN IV, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN IV, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. EL ARTÍCULO 149 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL NO INCLUIR EN LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO EL MONTO DE LAS CONTRAPRESTACIONES PERCIBIDAS POR LOS CONTRIBUYENTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE LOS INMUEBLES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. EL ARTÍCULO 287 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL PREVER LA REDUCCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, AL CONSIDERAR EL NÚMERO DE NIVELES DE LA CONSTRUCCIÓN COMO ELEMENTO QUE INCIDE EN EL VALOR DEL INMUEBLE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, AL OTORGAR IGUAL VALOR UNITARIO DE SUELO A LOS INMUEBLES UBICADOS DENTRO DEL MISMO CORREDOR DE VALOR, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. LA SUBJETIVIZACIÓN DEL TRIBUTO ES VÁLIDA SI EN ELLA SE PONDERA EL USO, DESTINO O TIPO DE INMUEBLE, ASÍ COMO SU VALOR CATASTRAL. PREDIAL. LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE ADUCE QUE LOS ARTÍCULOS 298 Y 299 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, SON INOPERANTES SI EL QUEJOSO NO ACREDITA ESTAR EN UN SUPUESTO SIMILAR (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. LOS ARTÍCULOS 290 Y 291 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL PREVER REDUCCIONES EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. LOS ARTÍCULOS 298 Y 299 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PREVÉN REDUCCIONES EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. PARA ANALIZAR EN EL JUICIO DE AMPARO EL ARGUMENTO DE INEQUIDAD DE LAS REDUCCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 288, 301 Y 313 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR QUE SE UBICA EN UN SUPUESTO COMPARABLE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EN LOS QUE SE ADUCE QUE LAS REDUCCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 152, NUMERALES 1 Y 2, DE LA FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA SI EL QUEJOSO NO SE UBICA EN ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 912/2008. · Registro digital (IUS): 22148
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 994.

AMPARO EN REVISIÓN 912/2008. **********.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIOS: MARÍA CONSTANZA TORT SAN ROMÁN, GUSTAVO RUIZ PADILLA, ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ Y FERNANDO TINOCO ORTIZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los Acuerdos Generales del Tribunal Pleno 5/2007 y 6/2008 de seis de febrero de dos mil siete y ocho de abril de dos mil ocho, respectivamente, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de diciembre de dos mil siete, tema que en sesión privada de seis de octubre del año próximo pasado, el Tribunal Pleno asignó a esta Sala para su conocimiento y resolución.

SEGUNDO. Oportunidad. El presente recurso de revisión se interpuso dentro del plazo de diez días que para tal efecto prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia recurrida se notificó a los quejosos el miércoles tres de septiembre de dos mil ocho, por lo que el plazo aludido transcurrió del viernes cinco al lunes veintidós de septiembre del año en cita, descontándose los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno del mismo mes y año por ser inhábiles -sábados y domingos-, así como los días quince, en términos de la Circular 40/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y dieciséis de septiembre de dos mil ocho, con fundamento en los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por ende, si el ocurso respectivo fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal el veintidós de septiembre de dos mil ocho, resulta evidente su oportunidad.

TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión se interpuso por el licenciado **********, en su carácter de autorizado por los quejosos en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, a quien se le reconoció tal carácter en el auto admisorio de la demanda de amparo, de lo que deriva que se hizo valer por persona legitimada para ello.

CUARTO. Sobreseimiento. En el apartado I del primer agravio, los recurrentes afirman que la sentencia impugnada transgrede los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de los artículos 153 y 154 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, con fundamento en los diversos 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo por falta de conceptos de violación.

Aunado a lo anterior, los inconformes afirman que "si bien es cierto que no expresó (sic) razonamientos lógico jurídicos" para demostrar la inconstitucionalidad de las referidas normas, dicha situación no produce el sobreseimiento, porque junto con otros numerales constituyen un sistema integral susceptible de impugnarse en conjunto.

El agravio previamente sintetizado resulta fundado únicamente por lo que se refiere al artículo 153 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, por las siguientes razones:

En efecto, del considerando cuarto de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo respecto de los artículos 153 y 154 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, por considerar que los quejosos no formularon conceptos de violación en contra de los referidos numerales, por lo que estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 116, fracción V, ambos del ordenamiento citado en primer término:

"En mérito de todo lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías respecto de los actos reclamados a la Asamblea Legislativa, jefe de gobierno, secretario de gobierno, secretario de Finanzas y directora general Jurídica y de Estudios Legislativos, todos del Distrito Federal, consistentes en el respectivo ámbito de su competencia, en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintisiete de diciembre de dos mil siete, en específico por lo que hace a los artículos 153 y 154 del Código Financiero en comento."

Desde esta perspectiva, resulta incorrecta la conclusión a la que arribó el Juez de Distrito, toda vez que del análisis de la demanda de amparo, más lo manifestado por los recurrentes, se advierte que, si bien es cierto que no formularon conceptos de violación en contra de los artículos 153 y 154 del Código Financiero del Distrito Federal impugnado, dicha circunstancia no conduce al sobreseimiento en el juicio respecto del primer precepto, porque este numeral junto con los que sí fueron impugnados en el juicio forman una unidad normativa, por las razones que a continuación se exponen:

El artículo 153 del Código Financiero del Distrito Federal tildado de inconstitucional a la letra dice:

"Artículo 153. El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma bimestral, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, mediante declaración ante las oficinas autorizadas.

"Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el impuesto predial en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción, en los términos siguientes:

"I. Del 7%, cuando se efectúe el pago de los seis bimestres, a más tardar el último día del mes de enero del año que se cubra;

"II. Del 4%, cuando se efectúe el pago de los seis bimestres, a más tardar el último día del mes de febrero del año que se cubra.

"III. (Derogada, G.O. 27 de diciembre de 2007)

"Este porcentaje de reducción, también se otorgará por los bimestres que se paguen por anticipado."

Del numeral transcrito se advierte lo siguiente:

• El artículo 153 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil ocho, establece la época de pago del impuesto predial (bimestral), que se realizará en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre y prevé dos porcentajes decrecientes de reducción para los contribuyentes que cumplan anticipadamente con su obligación de enterar durante los meses de enero y febrero el pago anual del tributo u otros bimestres.

En los términos apuntados y toda vez que la norma analizada se refiere a la época de pago del impuesto predial -que constituye un elemento esencial del tributo- ello da lugar a la relación directa, indisociable, en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente que nos ocupa, como es el gravamen a la propiedad raíz, y de esta correspondencia entre las normas impugnadas con la analizada previamente, se advierte el derecho de los quejosos para controvertirla de manera conjunta como unidad normativa, sin necesidad de plantear argumentos específicos en su contra.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 100/2008, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro, texto y datos de publicación:

"AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas."(1)

Lo anterior significa que los quejosos se encuentran en aptitud de impugnar el artículo 153 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, al constituir junto con las restantes disposiciones impugnadas una unidad normativa, dado que se encuentran obligados a acatar el sistema que regula al impuesto predial y cumplir con las obligaciones que el mismo establece como la de realizar el pago en las fechas que dicho precepto establece, con independencia de que no hayan formulado conceptos de violación para combatirlo, porque su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependerá del examen que en conjunto se haga de este sistema jurídico.

Expuesto lo anterior, procede analizar el artículo 154 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, que a la letra dice:

"Artículo 154. Cuando el valor catastral declarado se modifique por cualquier causa se declarará el nuevo valor, junto con el pago del impuesto predial que corresponda al mismo, a partir del bimestre siguiente a aquel en que ocurra la modificación.

"En el supuesto de que el contribuyente hubiere optado por pagar el impuesto predial en forma anticipada, con base en el valor catastral vigente al momento del pago, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior, en el momento de pagar el impuesto predial conforme al nuevo valor, podrá deducir el impuesto predial efectivamente pagado por anticipado, más la reducción del porcentaje correspondiente al pago anticipado que hubiera realizado.

"La autoridad fiscal otorgará al contribuyente las facilidades necesarias para la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior.

"En el caso de fraccionamientos de inmuebles, el impuesto se causará por cada fracción que resulte, a partir del bimestre siguiente a aquel en que se autorice su construcción.

"Tratándose de subdivisión o fusión de inmuebles, el impuesto se causará a partir del bimestre siguiente a aquel en que se autorice la subdivisión o fusión.

"Para el caso de inmuebles en proceso de construcción, el valor catastral que servirá de base para calcular el impuesto predial a pagar, se determinará a partir de la clasificación que de dichos inmuebles se efectúe, tomando como base los datos proporcionados en la manifestación de construcción respectiva.

"Para tales efectos, el uso, rango y la clase de la construcción se definirán por las características y datos contenidos en la manifestación respectiva, definiendo así los datos catastrales conforme a los cuales se calculará el valor de la construcción, considerando solamente el 50% de la superficie de construcción total registrada en la manifestación respectiva, durante los bimestres que abarquen el tiempo de vigencia de tal manifestación o de las ampliaciones correspondientes, aplicando las tablas de valores unitarios de construcción vigentes en el ejercicio fiscal que corresponda. A lo anterior, se le adicionará el valor del suelo determinado conforme a las tablas de valores unitarios de suelo vigentes.

"En relación con el párrafo anterior, para el caso en que se suspenda o interrumpa el proceso de construcción de la obra respectiva por más de un bimestre, se deberá presentar ante la autoridad fiscal la manifestación correspondiente debidamente justificada, anexándola a la declaración que corresponda al bimestre siguiente a aquel en que se presente esta circunstancia y hasta que la misma desaparezca. En este supuesto, se determinará el valor real que corresponda a la construcción, debiendo dar aviso a dicha autoridad cuando se reanude la ejecución de la obra, en el bimestre siguiente al en que esto suceda, en cuyo caso se volverá a calcular el valor de la construcción considerando solamente el 50% de la superficie de construcción total registrada en la manifestación respectiva."

Del precepto transcrito se advierten varios supuestos que inciden en la base gravable del tributo, entre ellos; cuando se modifica el valor catastral de los predios, los efectos fiscales del fraccionamiento, subdivisión o fusión de los inmuebles y la forma para calcular el tributo respecto de los predios que se encuentran en proceso de construcción. Es decir, dicho numeral sólo hace una mera referencia o mención al valor catastral del predio que sirve para determinar en cantidad líquida el tributo que se analiza, por lo que no constituye una unidad normativa junto con los demás preceptos que sí fueron impugnados en el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la jurisprudencia 2a./J. 100/2008 antes comentada, por lo que se estima que en la especie era menester formular conceptos de violación en su contra, ya que no goza del beneficio de la impugnación sistemática, de ahí que procede confirmar el sobreseimiento al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 116, fracción V, del mismo ordenamiento.

Al quedar de manifiesto que el artículo 153 del Código Financiero del Distrito Federal impugnado, conjuntamente con los demás numerales señalados por los quejosos como actos reclamados en el juicio de amparo, forman una unidad normativa indisoluble, se levanta el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de dicho precepto, siendo que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependerá del examen que se realice del sistema en su conjunto.

QUINTO. Los agravios expresados por los recurrentes esencialmente señalan lo siguiente:

Primero, apartado II. Contrariamente a lo que sostuvo el Juez Federal los artículos 148, 149 y 152, fracción IV, del Código Financiero del Distrito Federal transgreden el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de que la autoridad administrativa mediante la expedición de una constancia determinará qué contribuyentes reducirán el impuesto y quiénes estarán exentos del mismo acorde con el diverso 155, por lo que los mencionados numerales no establecen todos los elementos del tributo.

En abono a lo anterior, los recurrentes sostienen que el artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal impugnado establece dos bases gravables para el cálculo del tributo, a través del: 1) valor catastral de los predios y 2) conforme al valor de mercado obtenido mediante avalúo directo, generando inseguridad jurídica a los contribuyentes.

III. Contrariamente a lo que resolvió el Juez Federal, los artículos 149, 151, 152, fracción IV, 287, 288, 290, 291, 298, 299, 301 y 313 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, violan el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por lo siguiente:

Para calcular la base gravable del impuesto predial en términos del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal impugnado, no puede darse el mismo trato a los contribuyentes que arriendan sus inmuebles y a los que no, ya que para los primeros el valor del inmueble es mayor, en la medida de que las contraprestaciones les reportan una ganancia adicional, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia que lleva el rubro: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD AL FIJAR EL IMPUESTO CON BASE EN EL VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE, DETERMINADO, RESPECTO DE LOS QUE OTORGAN EL USO O GOCE TEMPORAL, CONFORME A LAS CONTRAPRESTACIONES QUE OBTIENEN."

Son incorrectas las consideraciones en que se apoyó el Juez Federal para determinar que los artículos 152, fracción IV, 287, 288, 290, 291, 298, 299, 301 y 313 del Código Financiero del Distrito Federal impugnado, son acordes con el principio de equidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque los artículos en comento "atienden a circunstancias subjetivas para establecer las diversas reducciones y exenciones", no obstante que el juzgador reconoció que el impuesto predial es de "naturaleza real" y, por ende, no puede configurarse con base en estas cualidades, por lo que tales beneficios deberían otorgarse a todos los sujetos pasivos del tributo sin excepción.

En abono a lo anterior, los recurrentes sostienen que la conclusión a la que llegó el Juez resulta incorrecta y violatoria de los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, porque no todos los preceptos tildados de inconstitucionales se refieren a circunstancias objetivas o motivos extrafiscales, como el siguiente precepto:

- El artículo 287 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, respecto de la reducción en el pago del impuesto predial que se concede a los propietarios o poseedores de viviendas de interés social adquiridas con créditos otorgados dentro de los programas de vivienda oficiales como los que desarrolla el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISFAM), entre otras, deviene inconstitucional por la inequidad del trato que se les da a los contribuyentes que adquirieron el mismo tipo de inmueble atendiendo a la institución de la que procede el crédito.

Aunado a lo anterior, en la resolución impugnada los preceptos tildados de inconstitucionales se estudiaron en conjunto y se dijo que las reducciones y exenciones conferidas a ciertos contribuyentes obedecen a fines sociales y extrafiscales, pero no se llevó a cabo un estudio individualizado de cada precepto, máxime si se pondera que de existir tales fines, los mismos deberían estar previstos en la ley o advertirse del proceso legislativo que les dio origen.

IV. Contrariamente a lo que sostuvo el Juez de Distrito del conocimiento, los artículos 149 y 151, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal y segundo del decreto reclamado sí transgreden el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque la aplicación por el contribuyente de los valores unitarios de suelo y construcciones no constituye una opción, ya que finalmente observará los valores emitidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo que la sentencia recurrida carece de los requisitos de exhaustividad y congruencia, por lo que debieron analizarse todos los planteamientos que hicieron valer los quejosos recurrentes.

Aunado a lo anterior, los recurrentes afirman que la aplicación de los valores unitarios no es una opción, porque no está al alcance de todos los contribuyentes sino de aquellos con capacidad económica para pagar un avalúo.

V. Es incorrecta la parte de la sentencia que declara inoperantes los conceptos de violación relacionados con el artículo 298 del Código Financiero del Distrito Federal impugnado, porque siendo el caso de que esta norma deba analizarse a la luz del principio de equidad tributaria, en suplencia de la queja, el Juez de Distrito tenía la obligación de corregir la cita de los preceptos constitucionales violados y proceder en los términos descritos.

• Segundo. I. La sentencia impugnada adolece de los requisitos de exhaustividad y congruencia, porque no se analizaron todos los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de garantías; donde se adujo que los artículos 149 y 151 del Código Financiero del Distrito Federal impugnado, en relación con el segundo del decreto de reformas vigente en dos mil ocho, transgreden el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional al considerar en el valor catastral del inmueble el "número de niveles de la construcción", los argumentos relacionados con la progresividad de las matrices de características y de puntos, el cambio de clase por un solo punto.

II. Afirman que el Juez de Distrito también omitió pronunciarse respecto de diversos conceptos de violación en los que se adujeron violaciones al principio de equidad tributaria particularmente respecto de los artículos 152, fracción IV, 287, 288, 289, 290, 291, 298, 299, 301 y 313 del Código Financiero del Distrito Federal impugnado al tenor de los siguientes razonamientos:

- Las reducciones de 80% ochenta y 50% cincuenta por ciento que establece el artículo 152, fracción IV, del Código Financiero del Distrito Federal controvertido, para los inmuebles que tengan un uso agrícola, pecuario, forestal, de pastoreo controlado, para los ubicados en zonas que se determine una intensidad de uso, transgrede el principio de equidad tributaria, respecto de los demás contribuyentes que también son propietarios o poseedores de inmuebles obligados al pago del gravamen y no tienen derecho a tal beneficio.

- La reducción de 100% cien por ciento contenida en el artículo 288 del ordenamiento legal impugnado, para los poseedores de inmuebles que se ubiquen en programas de regularización territorial en el Distrito Federal transgrede el principio de equidad respecto de los demás contribuyentes que también son propietarios o poseedores y no tienen derecho a tal beneficio.

- Del artículo 290 del ordenamiento legal impugnado, combatieron la reducción de 80% ochenta por ciento en el pago del impuesto predial que se otorga a los propietarios o poseedores de inmuebles declarados o catalogados como monumentos históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) o por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y que se sometan a una restauración o remodelación y no así a los demás propietarios o poseedores de predios distintos a los indicados.

- Del artículo 291 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, impugnaron la reducción de 50% cincuenta por ciento, que se otorga en el pago del impuesto predial a los contribuyentes que son propietarios de bienes inmuebles que se encuentren declarados o catalogados como monumentos históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que los habiten, no así para el resto de los contribuyentes.

- Respecto del artículo 298 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, manifestaron que la reducción en el pago del impuesto predial se concede a los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, a las viudas y huérfanos pensionados, a las mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras que demuestren tener dependientes económicos viola el principio de equidad tributaria en virtud de que excluye de dicho beneficio a los demás sujetos pasivos propietarios o poseedores de predios que no reciben el mismo beneficio.

- También manifestaron que el artículo 299 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, vulnera el principio de equidad tributaria al otorgar una reducción en el pago del impuesto predial a las personas de la tercera edad sin ingresos fijos y de escasos recursos excluyendo de dicho beneficio al resto de los sujetos pasivos del gravamen que también son propietarios o poseedores de predios en esta localidad.

- Del artículo 301 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, adujeron la violación al principio de equidad tributaria porque otorga reducciones de 100% cien por ciento en el pago del impuesto predial a las instituciones de asistencia privada legalmente constituidas, sin que exista causa justificada.

- Consideran que el artículo 313 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil ocho, transgrede el principio de equidad de las contribuciones consagrado en la fracción IV del artículo 31 constitucional porque sin que exista causa justificada establece una reducción de 10% diez por ciento para los propietarios o poseedores de inmuebles que cuenten con árboles adultos y vivos por lo menos en dos terceras partes de su superficie, excluyendo de dicho beneficio a los contribuyentes cuyos predios tienen árboles en una superficie menor a la señalada, no obstante que todos los contribuyentes se encuentran en la misma situación ante la ley, por el hecho de ser propietarios o poseedores de inmuebles, únicamente gozarán del beneficio fiscal aquellos que se ubiquen en el supuesto legal impugnado.

- Sostuvieron que el artículo segundo del decreto impugnado en cuanto establece las matrices de puntos en relación con las matrices de características, transgrede el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque otorga el mismo trato a contribuyentes que se encuentran en diferentes circunstancias frente a la ley.

- El artículo segundo del decreto impugnado viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque modificó las tablas de valores unitarios, así como las matrices de características y de puntos, en específico el término "colonia catastral tipo corredor de valor" incluyendo en esta categoría a todos los inmuebles que colindan con una vialidad pública independientemente de su entrada principal.

III. Sostienen que el Juez de Distrito no analizó el concepto de violación donde manifestó que el legislador en el artículo segundo del decreto impugnado violó la garantía de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 constitucional porque no justificó ni motivó la manera en que asignó los valores numéricos contenidos en las matrices de características y de puntos, por tanto, su proceder resulta arbitrario.

SEXTO. En este orden de ideas y toda vez que de los agravios hechos valer se advierten violaciones a diversos principios tributarios, por cuestión de método se analizarán en primer lugar aquellos en que se plantean violaciones al principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 77/99 sustentada por el Tribunal Pleno, cuyo rubro, texto y datos de publicación a la letra dicen:

"LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMÁS DE JUSTICIA FISCAL. Las argumentaciones encaminadas a poner de manifiesto en el juicio de amparo, la existencia de una violación a la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, deben examinarse previamente a las que también se esgriman respecto de la violación de las demás garantías de justicia fiscal de los tributos, dado que el principio general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por una disposición legal anterior, por lo que de no respetarse, no podría considerarse equitativa y proporcional una contribución cuyos elementos no estén expresamente previstos en una ley formal y material."(2)

En el apartado II romano del primer agravio, los recurrentes afirman que los numerales 1 y 2 de la fracción IV del artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal, que establecen reducciones para los inmuebles de uso agrícola, pecuario, forestal y de pastoreo controlado, ubicados en la zona primaria para la protección o conservación ecológica y los ubicados en zonas en que los programas delegacionales o parciales del Distrito Federal determinen intensidades de uso tendrán derecho a dicho beneficio cuando cumplan, entre otros requisitos una constancia expedida por las autoridades administrativas -la Secretaría del Medio Ambiente o la delegación correspondiente- lo cual se traduce en una violación al principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al dejar en manos de dichas autoridades y a su libre arbitrio determinar qué contribuyentes tendrán derecho a la reducción del impuesto predial por lo que tales actos implican la fijación de uno de los elementos esenciales del tributo a saber: los sujetos.

El planteamiento anterior deviene inoperante por lo siguiente:

Si bien es cierto que los quejosos son contribuyentes del impuesto predial, al ser propietarios de inmuebles de uso habitacional, esa sola circunstancia no les confiere el derecho para reclamar violaciones al principio de legalidad tributaria respecto del numeral en comento, ya que éste no les afecta de manera directa e inmediata en su esfera jurídica, porque está dirigido a inmuebles que tienen un uso diverso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22148-812dc315/predial-el-articulo-152-fraccion-iv-numeral-1 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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