PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, AL PREVER LOS VALORES UNITARIOS RELATIVOS, CONSTITUYE UN ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL NO ESTÁ OBLIGADA A EXPONER LAS RAZONES EN QUE SE APOYÓ PARA INCREMENTAR LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO O INDICAR EL FACTOR QUE CONSIDERÓ PARA ELLO (INAPLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 122/2004).
AMPARO EN REVISIÓN 478/2008. **********.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: MARÍA CONSTANZA TORT SAN ROMÁN, GUSTAVO RUIZ PADILLA, ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ Y FERNANDO TINOCO ORTIZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los Acuerdos Generales del Tribunal Pleno 5/2007 y 6/2008 de seis de febrero de dos mil siete y ocho de abril de dos mil ocho, respectivamente, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de diciembre de dos mil siete, tema que en sesión privada de seis de octubre del año próximo pasado, el Tribunal Pleno asignó a esta Sala para su conocimiento y resolución.
SEGUNDO. Oportunidad. El presente recurso de revisión se interpuso dentro del plazo de diez días que para tal efecto prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia recurrida se notificó personalmente a la parte quejosa el lunes nueve de junio de dos mil ocho, por lo que el plazo aludido transcurrió del once al veinticuatro de junio siguientes, debiéndose descontar los días catorce, quince, veintiuno y veintidós de junio del mismo año por ser inhábiles, siendo que el ocurso respectivo se presentó en el juzgado del conocimiento el martes diecisiete de junio de dos mil ocho.
TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión se interpuso por **********, persona autorizada en términos amplios del artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a quien se le reconoció dicho carácter en el auto admisorio de la demanda de amparo, de lo que deriva que se hizo valer por persona legitimada para ello.
CUARTO. Queda firme por falta de impugnación por la parte a quien pudiera perjudicar el sobreseimiento decretado en el juicio respecto de la ejecución del decreto impugnado atribuida al tesorero del Distrito Federal.
QUINTO. Agravios. En el presente medio de impugnación la quejosa señala que la Juez Federal también estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, con base en la consideración de que la persona que promovió la demanda de amparo es diferente de la propietaria del inmueble de que se trata, según se desprende de las pruebas documentales exhibidas junto con la demanda, consistentes en dos comprobantes de pago de la Tesorería del Distrito Federal, Secretaría de Finanzas, y dos declaraciones de valor catastral y pago del impuesto predial, donde se asienta el nombre del propietario del inmueble ubicado en la calle de **********, colonia **********, delegación **********, C.P. **********, con número de cuenta predial, **********, que es **********, persona diferente de **********, que es la promovente del juicio de garantías, siendo que de las constancias de autos no puede derivarse fehacientemente la identidad entre ambas, por lo que se llega a la conclusión de que la quejosa no es la misma gobernada que se ve afectada en sus plenos derechos con los actos controvertidos.
Entonces, si la persona que promovió la demanda de amparo no logró acreditar ser la misma a la que se refieren las documentales de mérito, esto motivó que la impetrante no acreditó de manera suficiente su interés jurídico, razón por la que procede el sobreseimiento del juicio.
Alega la recurrente que la anterior argumentación es incorrecta en razón de que su nombre, que lo es **********, no puede aparecer completo en las boletas de declaración de valor catastral y pago del impuesto predial, porque es un nombre demasiado largo, razón por la que se asentó abreviado, **********, y en apoyo a su argumento presentó el testimonio de la escritura pública número **********, otorgada ante la fe del notario público número **********, de Tehuacán, Puebla, el veinte de julio de mil novecientos noventa y tres, donde se hace constar que el seis de febrero de mil novecientos treinta y cuatro, fue presentada en el Registro Civil de la Ciudad de México, Distrito Federal, con el nombre de **********, y que en razón de haber celebrado matrimonio civil con el señor **********, también es conocida como ********** o **********.
El anterior argumento es fundado, pues resulta evidente que la quejosa **********, promovente del amparo, es la misma persona que **********, y que **********, en tanto que el agregado "de **********" y la eliminación del apellido materno únicamente indica su condición de casada, lo que resulta corroborado con el instrumento notarial que la actora exhibe, y el hecho de que en las boletas de declaración de valor catastral y pago del impuesto predial, aparezca el nombre reducido, como de **********, no deriva en confusión, pues es evidente que en la "**********" se refiere a "**********" (apellido de casada) y la "**********" a ********** (segundo nombre), de modo que no puede concluirse que se trata de personas diferentes.
En esos términos, contrario a lo resuelto por la Juez Federal, de constancias de autos sí puede derivarse fehacientemente la identidad entre la promovente del amparo y la persona a la que acreditó el pago del impuesto predial, y por ello es incorrecto lo resuelto por la Juez de Distrito, en el sentido de que en el caso no se acreditó la afectación del interés jurídico de la solicitante de la protección constitucional para acudir al juicio de garantías por la razón apuntada, y de ahí que fue indebido que decretara el sobreseimiento en el juicio por esa razón.
Consecuentemente, lo que procede es modificar la sentencia reclamada.
SEXTO. Aunado a lo anterior, advirtiéndose que dado el sentido de la resolución recurrida, la Juez de Distrito dejó de estudiar las diversas causas de improcedencia alegadas en el juicio, procede abordar tal aspecto de conformidad con el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el análisis de las causas de improcedencia es de orden público.
Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/97, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:
"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."(1)
Al rendir su informe con justificación el secretario de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, afirmó que en el caso se actualizan las siguientes causas de improcedencia:
1. La prevista en el artículo 73, fracción V, en relación con el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que la quejosa omitió demostrar encontrarse dentro de los supuestos que regula la disposición cuya inconstitucionalidad impugna, por lo que no acreditó la afectación a sus intereses jurídicos.
A fin de robustecer su argumento explica la distinción entre las normas autoaplicativas y las heteroaplicativas, expresando que tal distinción no se basa en que al momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en sus hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento, de modo que si para realizarlo debe intervenir la autoridad, los preceptos de la ley reclamada no son autoaplicativos ni se les puede combatir por su sola expedición; y sí, en cambio, basta con el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, de modo que la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio de garantías.
Agrega que tratándose de normas heteroaplicativas no cualquier acto legitima al gobernado para acudir en demanda de amparo, sino que es requisito indispensable que dicho acto materialice los supuestos previstos por la norma y que ello trascienda a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio, lo que no ocurre en el caso pues la quejosa omitió demostrar encontrarse dentro de los supuestos que regula la disposición cuya inconstitucionalidad impugna, y como en el juicio de amparo la prueba de interés jurídico para promoverlo no puede ser indiciaria sino que debe demostrarse en forma indudable, al no haberlo hecho así se surte la causa de improcedencia referida, por lo que procede sobreseer en el juicio.
2. La causa prevista en el artículo 73, fracción XII, en relación con el artículo 74, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se desprende de su propio dicho, la parte quejosa ha ido pagando el impuesto predial oportunamente y calculando el gravamen conforme al procedimiento previsto en la fracción I del artículo 149, en relación con el 151 y 152, fracción I, así como con las normas de aplicación de las tablas de valores, todos del Código Financiero del Distrito Federal, lo que implica su consentimiento, mas si se toma en cuenta que el procedimiento previsto en los numerales aludidos no sufrió reforma alguna en cuanto a la mecánica para obtener el valor catastral de un inmueble, con aplicación de las tablas de valores unitarios por metro cuadrado y de construcción, motivo por el cual existe el consentimiento tácito de la ley.
3. La causa prevista en el artículo 73, fracción IV, en relación con el numeral 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, que se hace consistir en la aplicación de la ley a través de la propuesta de pago, constituye un acto ulterior de aplicación de la mecánica prevista en el artículo 149, fracción I y 151 de las normas de aplicación de las tablas de valores que prevé el Código Financiero del Distrito Federal, para obtener el valor catastral de un inmueble a través de la aplicación de los valores unitarios por metro cuadrado de construcción, pues de la confesión expresada en el punto II del capítulo de hechos de la demanda se acredita que la quejosa ha estado tributando el impuesto predial, aplicando la mecánica establecida en los aludidos numerales.
Deriva de lo anterior que el acto reclamado en este juicio no consiste el primer acto de aplicación de la ley, sino uno ulterior, en contra del cual, el juicio de amparo es improcedente.
4. La causa prevista en el artículo 73, fracción V, en relación con el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que respecta al reclamo que la quejosa hace de los artículos 149, fracción I y 151 del Código Financiero del Distrito Federal, así como del artículo segundo transitorio del decreto de reformas del mismo ordenamiento, pues el sistema de determinación de valor catastral a través de valores unitarios no le irroga un agravio personal y directo, dado que el legislador estableció que la aplicación de ese valor es alternativo u optativo para el contribuyente, pues de no estar de acuerdo con el procedimiento, puede obtener el valor catastral a través del avalúo directo.
Por otro lado, la directora general jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito Federal, aceptó el acto que se le imputa, de ordenar publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, el veintisiete de diciembre de dos mil siete, y negó los demás actos que se le reclaman; sentado lo cual, adujo que debe sobreseerse en el juicio de amparo de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, pues al no haber esgrimido la quejosa concepto de violación alguno en relación con la publicación del ordenamiento impugnado, reconoció tácitamente que tal acto carece de vicios propios.
Por su parte, el director general de Asuntos Jurídicos y representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aduce que el acto que le fue reclamado, consistente en el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del «Distrito Federal, de» veintisiete de diciembre de dos mil siete, y en particular las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para su aplicación en el año de dos mil ocho, para la Delegación Miguel Hidalgo, es constitucional, toda vez que se realizó con estricto apego al procedimiento y facultades que al efecto establecen los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42, fracciones II y IX, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, vigentes en la fecha en que se realizó el acto reclamado, por lo que, en su opinión, no se causa agravio a las garantías de la quejosa ni se contraviene precepto alguno de la Constitución, razón por la que opina que debe sobreseerse en el juicio.
SÉPTIMO. No les asiste la razón a las autoridades responsables, pues las causas de improcedencia resumidas en el considerando precedente no se actualizan en el caso, conclusión a la que se arriba en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán.
Resulta infundada la causa de improcedencia que invoca el secretario de Gobierno en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, resumida en el número uno del considerando precedente, que es la prevista en el numeral que a continuación se transcribe:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; ..."
La hipótesis legal transcrita encuentra su origen en lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 4o. de la Ley de Amparo, en los siguientes términos:
"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."
Deriva de lo anterior que para que un gobernado pueda estar en aptitud de que la Justicia Federal lo ampare, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho legítimamente tutelado por el orden normativo vigente y que tal derecho haya sido trastocado por actos de la autoridad.
En tales términos, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; en este sentido, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del accionante del amparo, el juicio que contra éste se promueva será improcedente.
De acuerdo con lo anterior, el interés jurídico ha sido definido, para efectos del juicio de garantías, como el derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad o a terceros, postura que ha sido sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia I.1o.A J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta Número 60 del Semanario Judicial de la Federación, que esta Segunda Sala comparte y que es del tenor siguiente:
"INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia."
Sentado lo anterior, cabe apuntar que el principio de "instancia de parte agraviada" no es ajeno al amparo que se intente contra leyes, pues para que el juicio resulte procedente aquéllas deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, legitimándolo para accionar el medio de control constitucional, debiendo puntualizar que el menoscabo o perjuicio puede derivar de la sola vigencia de la norma general o del primer acto concreto en que ésta se aplique.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII, y 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas); o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas).
En el primer caso es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad; es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo.
En el segundo supuesto se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia, supuesto en el que el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley de la materia.
Ilustra lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con la tesis P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, que señala lo que a continuación se transcribe.
"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada, de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."
Sentado lo anterior, debe tenerse presente que la sola existencia de los actos reclamados no acredita por sí misma el interés jurídico del impetrante de garantías, sino que éste debe acreditar que aquéllos efectivamente le causaron perjuicio.
Aplica a lo anterior, en lo conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, página 88, con el rubro y texto siguientes:
"INTERÉS JURÍDICO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica y no atributiva, la existencia del acto, en virtud de que una es la existencia del acto en sí mismo y otra cosa el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto."
En la especie, la quejosa se duele del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintisiete de diciembre de dos mil siete, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, particularmente en su artículo segundo, por lo que hace a las tablas catastrales del Código Financiero aplicables para ese ejercicio, que modificaron las correspondientes al dos mil siete, y que contienen los valores del suelo y de construcción para las colonias catastrales del Distrito Federal, en lo particular en la Delegación Miguel Hidalgo, ello a efectos del pago del impuesto predial.
Ahora bien, para determinar si la solicitante del amparo acredita su interés jurídico para acudir a la vía constitucional, conviene traer a contexto el artículo 148 del Código Financiero del Distrito Federal en vigor, que dispone lo siguiente:
"Artículo 148. Están obligadas al pago del impuesto predial establecido en este capítulo, las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. ..."
De lo anterior deriva que los propietarios del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, y los poseedores (respecto de los bienes que no se conozca propietario o el derecho de propiedad sea controvertible), se encuentran obligados a pagar bimestralmente el impuesto predial, y una vez determinada la categoría del sujeto pasivo del tributo de que se trata debe destacarse cuál es la actividad que genera el hecho imponible, que lo es la propiedad o posesión sobre el suelo y las construcciones adheridas a él.
De lo anterior se obtiene que para que pueda tenerse por acreditado el interés jurídico que permita reclamar las disposiciones que rigen el cálculo del impuesto predial, es necesario que la peticionaria del amparo acredite, al menos, alguno de los siguientes extremos:
1. Que se le tiene reconocido el carácter de sujeto pasivo del tributo al haberlo pagado previamente; o bien, porque la autoridad le dirigió una propuesta de pago bajo ese supuesto.
2. Que es propietario del suelo o del suelo y construcciones adheridas a él, o que es poseedor del suelo o del suelo y construcciones adheridas a él, siempre que no se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible.
Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo se aprecia que la quejosa se ostenta como propietaria del inmueble ubicado en la calle **********, número **********, colonia **********, delegación **********, con el número de cuenta predial **********, y de manera adjunta a su demanda exhibió la declaración de valor catastral y pago correspondiente al primer bimestre de dos mil ocho, respecto de ese inmueble -que consta en las páginas trece y catorce del expediente principal-, documento que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 211 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2o. , toda vez que se trata de un documento público expedido por las autoridades tributarias locales, del que se desprende que la demandante sufrió la aplicación de la disposición que impugna, habida cuenta de que el veintiuno de enero de dos mil ocho, enteró el impuesto atendiendo a los valores unitarios por metro cuadrado de suelo vigentes para ese año, que ascendieron a la cantidad de $9,631.51 (nueve mil seiscientos treinta y un pesos 51/100 M.N.), siendo que en el sexto bimestre de dos mil siete, dicho valor correspondió la cantidad de $5,590.59 (cinco mil quinientos noventa pesos 59/100 M.N.) como lo acredita con la declaración de valor catastral y pago del impuesto predial, correspondiente al sexto bimestre de dos mil siete, que consta en la página doce del mismo expediente.
En tal contexto, con ese pago la quejosa combate la norma impugnada con motivo del primer acto de aplicación y con ello el interés jurídico que le asiste para acudir al juicio de garantías, pues con él demostró que es sujeto del gravamen que reclama y que los valores que le fueron aplicados para determinar el monto a pagar, produjeron, efectivamente, una afectación en su esfera jurídica.
Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 112 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, mayo de 2000, Novena Época de contenido siguiente:
"LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En tal virtud, a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos, es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo, lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22147-81484019/predial-el-articulo-segundo-del-decreto-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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