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EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 2, AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO DEFINIR CUÁLES SON LOS "INTERESES QUE NO SE CONSIDEREN PARTE DEL PRECIO" DERIVADOS DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO O MUTUO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIONES I, PÁRRAFO CUARTO, Y II, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE SÓLO LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA FINANCIERO PODRÁN ACUMULAR O DEDUCIR EL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFOS SEGUNDO Y PENÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO ESTABLECER EXPRESAMENTE EL TRATAMIENTO QUE DEBE DARSE AL CRÉDITO POR "SUELDOS, SALARIOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CUANDO NO SE ACREDITE TOTAL O PARCIALMENTE, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFOS SEGUNDO Y QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE ES EL "EFECTIVAMENTE PAGADO", NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFOS SEGUNDO Y QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO PREVÉ UN DERECHO PARA ACREDITAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO, SINO SÓLO EL EFECTIVAMENTE PAGADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL CARÁCTER "MÍNIMO" DEL IMPUESTO RELATIVO, IMPLICA QUE AL MENOS SE PAGUE ÉSTE, SI POR CUALQUIER CAUSA NO SE PAGA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO REGULA UNA "BASE MIXTA" PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA FINANCIERO CONFORME A LOS CRITERIOS DE "FLUJO DE EFECTIVO" Y "DEVENGADO" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. SON INATENDIBLES LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 8, PÁRRAFOS SEGUNDO Y QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SI DE ELLOS DERIVA QUE LA IMPOSIBILIDAD DE ACREDITAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO SE REDUCE A UN PERJUICIO ECONÓMICO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IV, Y 6, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SI SE ADUCE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA POR NO PREVER SIMETRÍA FISCAL ENTRE EL MOMENTO EN QUE UN MISMO CONTRIBUYENTE DEBE RECONOCER EL INGRESO Y AQUEL EN QUE PUEDE TOMAR LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA EN FUNCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE EXTINGA LA OBLIGACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL DISPONER QUE LOS EXPORTADORES DE BIENES Y SERVICIOS ACUMULARÁN INGRESOS BAJO EL CRITERIO DE "DEVENGADO" SI EN EL PLAZO DE 12 MESES NO LOS OBTIENEN DE MANERA EFECTIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UN TRATO DIFERENCIADO EN CUANTO AL PLAZO PARA APLICAR EL CRÉDITO FISCAL "POR PÉRDIDAS" PARA QUIENES CUENTAN CON UNA CONCESIÓN PARA EXPLOTAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO O PRESTAR UN SERVICIO PÚBLICO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA ACUMULACIÓN DE LOS INGRESOS GRAVADOS PARA EFECTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, OPERA BAJO EL CRITERIO DE "FLUJO DE EFECTIVO" COMO REGLA GENERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA REMISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA ESTABLECER QUÉ SE ENTIENDE POR "ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES Y OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES", NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IV, Y 6, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PREVER SIMETRÍA FISCAL ENTRE EL MOMENTO EN QUE UN MISMO CONTRIBUYENTE DEBE RECONOCER EL INGRESO Y AQUEL EN QUE PUEDE TOMAR LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA EN FUNCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE EXTINGA LA OBLIGACIÓN RESPECTIVA, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 8, PENÚLTIMO PÁRRAFO, Y 10, SEXTO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO RECONOCER DETERMINADAS EROGACIONES EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE PARA EFECTOS DEL CRÉDITO POR "SUELDOS, SALARIOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NO TUTELA QUE LA DEBIDA DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN TRIBUTO SE HAGA BAJO UN ENTORNO PROPORCIONAL Y EQUITATIVO. SIMETRÍA FISCAL. NO ES UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL Y SU AUSENCIA NO PROVOCA NECESARIA Y AUTOMÁTICAMENTE UNA TRANSGRESIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1006/2009. · Registro digital (IUS): 22470
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 1771.

AMPARO EN REVISIÓN 1006/2009. **********.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIOS: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT, RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JUAN CARLOS ROA JACOBO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción III, del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno,(1) y los puntos primero y segundo del Acuerdo General 6/2008 del ocho de abril de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho y, en el caso, resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la problemática de fondo ha de prevalecer.

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada personalmente a la quejosa el martes catorce de abril de dos mil nueve, de acuerdo con la constancia actuarial que obra a foja 1070 del cuaderno de amparo; por tanto, si el término de diez días que para la interposición del recurso establece el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del jueves dieciséis al miércoles veintinueve de abril de ese año, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del mismo mes por ser sábados y domingos, respectivamente y, por tanto, inhábiles conforme al artículo 23, párrafo primero, de la Ley de Amparo y al punto primero, incisos a) y b), del Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el recurso fue presentado el día jueves veintitrés de abril del año citado, es indudable que fue interpuesto oportunamente.

TERCERO. Síntesis de los agravios. En los argumentos hechos valer por la quejosa recurrente, esencialmente, se aduce lo siguiente:

Primer agravio. Indefinición del objeto del impuesto empresarial a tasa única y remisión a un ordenamiento diverso al que lo regula (legalidad tributaria, seguridad jurídica y proceso legislativo).

El Juez de Distrito apreció erróneamente los argumentos planteados en la demanda de amparo en que se sostuvo que el artículo 3 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vulnera las garantías de legalidad tributaria y seguridad jurídica, por no definir claramente el objeto del tributo y efectuar una remisión a diverso ordenamiento (Ley del Impuesto al Valor Agregado).

A juicio del Juez de Distrito, el solo hecho de que la ley mencione cuáles serán las actividades gravadas, es suficiente para tener por definido su objeto. Sin embargo, el hecho de que el artículo 3 de la ley reclamada sólo enuncie conceptos generales, al no definirse concretamente qué se entiende por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, produce incertidumbre y confusión en los contribuyentes al no tener en claro qué supuestos encajan en cada uno de estos conceptos.

Así, el artículo 3 de la ley reclamada no establece el hecho generador con un grado de claridad razonable y que no dé lugar a confusión, lo cual no se convalida por el hecho de que ese ordenamiento remita a la Ley del Impuesto al Valor Agregado a fin de definir el objeto, en virtud de que la remisión a una ley distinta no cumple con lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que el objeto debe estar definido en la ley que regula el impuesto y no así en otro ordenamiento cuya naturaleza fiscal es distinta.

Cabe enfatizar la errónea apreciación del Juez de Distrito, cuando sostiene que la remisión a una ley distinta, a fin de obtener una mejor comprensión de los conceptos relacionados (con el objeto del tributo), no está prohibida; sin embargo, la propia Constitución Federal señala que las contribuciones deben estar previstas en una ley, y este mandato se traduce en que los elementos del impuesto deberán ser definidos en la ley de la materia y no en una distinta.

Los contribuyentes del impuesto empresarial a tasa única no acceden a una certeza jurídica por el hecho de hacerse un reenvío a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de conocer el objeto (hecho generador) del impuesto empresarial a tasa única; la naturaleza jurídica de estos impuestos es distinta y, por ende, no se pueden equiparar los hechos generadores de dos impuestos de naturaleza diferente.

Por otra parte, el Juez de Distrito no analizó el argumento vertido consistente en que si la Ley del Impuesto al Valor Agregado modifica las definiciones de su objeto, ello implicaría un cambio en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, lo que resulta violatorio de la garantía de seguridad jurídica en razón de que los contribuyentes estarán en un estado de incertidumbre al supeditar la regulación del objeto del impuesto en una ley distinta que puede modificarse en cualquier momento, lo que redunda también en una violación al proceso legislativo (artículo 72 de la Constitución Federal).

En efecto, de configurarse una modificación en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se vulnera el debido proceso legislativo, pues se traduciría en una reforma tácita a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, precisamente por el reenvío que hace este último ordenamiento, lo cual crea un estado de inseguridad jurídica a los sujetos obligados por la norma.

Ahora bien, mediante la supletoriedad de leyes debe entenderse que la aplicación se hará en los supuestos no contemplados por la especializada, la cual será complementada ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones; sin embargo, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no puede tener por supletoria la Ley del Impuesto al Valor Agregado para regular el objeto del tributo, pues no se trata de una complementación legislativa.

Segundo agravio. No deducibilidad de salarios y demás prestaciones laborales (proporcionalidad tributaria).

El Juez de Distrito violó en perjuicio de la recurrente los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que no resolvió conforme a los principios de congruencia y exhaustividad su demanda de garantías, específicamente en lo relativo al concepto de violación en el que manifestó que el artículo 5, fracción I, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, viola el principio de proporcionalidad tributaria en virtud de que prohíbe la deducción de los gastos realizados por los contribuyentes por concepto de salarios y demás prestaciones laborales, aun cuando se trata de erogaciones estrictamente indispensables para los fines y funcionamiento de las actividades del contribuyente.

En este sentido, si conforme a la mecánica del impuesto impugnado, las erogaciones son deducciones autorizadas, entre otros requisitos, cuando sean efectivamente pagadas y estrictamente indispensables para el contribuyente, es absurdo e incomprensible que tratándose de erogaciones que a su vez sean ingresos en términos del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (sueldos, aportaciones de seguridad, participación en las utilidades de la empresa), se excluyan del efecto respectivo, máxime que de la exposición de motivos que originó la legislación en pugna, se desprende que el objeto del tributo es gravar los ingresos netos y no brutos, es decir, que se gravarán los ingresos después de enfrentarlos a las deducciones conducentes, con el fin de que el tributo respete el principio de proporcionalidad tributaria.

No es óbice a lo anterior, el que los artículos 8 y 10 de la ley impugnada otorguen un crédito fiscal por los salarios y aportaciones de seguridad social pagados, pues el efecto fiscal y económico entre deducirlos o acreditarlos es diferente, además de que dicho crédito está limitado a aquellas cantidades que sean ingresos gravados en términos del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no así al total de la erogación realizada por el contribuyente.

Por tal motivo, es insostenible que el a quo desconozca los elementos de las contribuciones con base en un fin meramente recaudatorio, justificando la actuación del legislador al resolver que el "acreditamiento limitado" respeta la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto.

Tercer agravio. Exclusión de los gastos de previsión social del crédito fiscal por salarios y aportaciones de seguridad social (proporcionalidad tributaria).

Aduce la recurrente que el Juez a quo hace una indebida interpretación de los argumentos en que se hizo valer que los artículos 8, penúltimo párrafo y 10, párrafo sexto, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, violan el principio de proporcionalidad tributaria en razón de que, para efectos del cálculo del crédito fiscal por salarios y aportaciones de seguridad social, no incluyen las erogaciones que constituyan, a su vez, ingresos no gravados por el impuesto sobre la renta, en particular, las prestaciones de previsión social, no obstante que deriven de una relación laboral.

El hecho de que no resulte acreditable el concepto referido, conlleva a que no se atienda a la verdadera capacidad contributiva de los sujetos obligados, en el entendido de que las prestaciones de previsión social son un gasto necesario e indispensable que debe ser reconocido para el desarrollo de las actividades objeto del impuesto empresarial a tasa única, con independencia de que signifiquen un ingreso exento para el trabajador.

El propio legislador reconoce que las erogaciones que un contribuyente hace para sus trabajadores, deben tener incidencia en la determinación del pago del impuesto empresarial a tasa única; de ahí que si la regulación reclamada (integración del crédito fiscal aludido) excluye ciertas erogaciones que tienen la misma naturaleza (nacen por una relación laboral), apreciándose que el mecanismo utilizado condiciona su aplicación a un aspecto (pago del impuesto sobre la renta) que está deslindado de la generación de ingresos (objeto del impuesto empresarial a tasa única), es incongruente con el principio de proporcionalidad tributaria.

La limitante establecida en los preceptos reclamados no puede justificarse por razones de finalidad recaudatoria. Ahora bien, la no inclusión de la previsión social puede obedecer a finalidades sociales, económicas, de política fiscal o extrafiscales; sin embargo, la medida legislativa debe estar justificada razonablemente, en atención a que su configuración normativa tiene trascendencia en la determinación del gravamen, el cual debe corresponder a la capacidad de los causantes para contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.

Cuarto agravio. Indefinición de los intereses que forman parte del precio en operaciones de financiamiento o de mutuo (legalidad tributaria y seguridad jurídica).

La recurrente manifiesta que existe una indebida aplicación del artículo 79 de la Ley de Amparo, porque el Juez de Distrito realizó un incorrecto análisis de los argumentos planteados en la demanda de amparo, en que se adujo que el artículo 3, fracción I, tercer párrafo, en relación con el artículo 2, ambos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, violan las garantías de legalidad tributaria y seguridad jurídica, en razón de que no establecen cuáles son los intereses que no se consideran parte del precio derivado de operaciones de financiamiento o de mutuo.

De la remisión que hace el primer precepto señalado al segundo, no deriva una definición al respecto, sino sólo una enunciación en el sentido de que los intereses normales y moratorios son conceptos que se deben considerar para calcular el impuesto empresarial a tasa única, pero nunca se precisa en qué casos o bajo qué supuestos tales intereses deben o no considerarse parte del precio en operaciones de financiamiento o mutuo; luego, es patente que se deja en estado de incertidumbre jurídica a los contribuyentes sobre cuáles son los intereses que no se consideran parte del precio ante la ausencia de su definición, para así tener la certeza de si los intereses generados con motivo de esas operaciones estarán gravados o no para efectos del impuesto.

De este modo, se deja al criterio de la autoridad fiscal la determinación de cuáles son los intereses que no forman parte del precio en las operaciones señaladas, lo que trae como consecuencia que los contribuyentes no puedan determinar qué operaciones de mutuo o financiamiento serán o no objeto del impuesto, o si los intereses pagados en esas operaciones serán deducibles para efectos del impuesto.

Quinto agravio. No deducibilidad de los pagos de intereses por operaciones de financiamiento o mutuo (equidad tributaria).

La recurrente sostiene que el Juez de Distrito resolvió ilegalmente el argumento en que se hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 6, fracción I, en relación con los artículos 2, párrafo primero y 3, fracción I, párrafo tercero, todos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por ser violatorios de la garantía de equidad tributaria, ya que mientras a unos contribuyentes se les permite la deducción de los intereses que afectan la base gravable del mencionado impuesto, a otros no, como es el caso de la recurrente, no obstante que los dos tipos de intereses, tanto los que forman parte del precio como los que no, tienen la misma naturaleza, esto es, son estrictamente indispensables para el funcionamiento de la empresa y tienen el mismo efecto en el patrimonio de los contribuyentes.

Ambos tipos de contribuyentes del impuesto se encuentran en una misma situación jurídica de solicitar financiamiento para el cumplimiento de su objeto social, sólo que a los contribuyentes que paguen intereses a los sujetos que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce temporal de bienes, sí se les permite efectuar la deducción para determinar la base del impuesto, mientras que para los contribuyentes que paguen intereses por operaciones de financiamiento o mutuo, no son deducibles para determinar dicha base tributaria, no obstante que en uno y otro caso se trata de un pasivo en los registros contables del contribuyente.

El argumento en el sentido de que los intereses que forman parte del precio -para considerarlos deducibles-, tienen relación directa con el objeto del impuesto, no es una justificación objetiva, puesto que el endeudamiento por el que se paguen intereses derivados de operaciones de financiamiento o de mutuo también pueden tener relación directa con el objeto del impuesto al contraerse a la adquisición de bienes, recibir servicios u obtener el uso o goce temporal de bienes; además, el hecho de que los intereses que forman parte del precio sean ingresos acumulables para el acreedor, es una situación ajena que no debe afectar a la esfera jurídica del contribuyente que los paga como es el caso de la recurrente.

Los fines extrafiscales señalados por el a quo no son argumentos sólidos para hacer la distinción reclamada, ya que las deudas contraídas por una empresa tienen como finalidad lograr su objeto social; en ese sentido, el endeudamiento -sea elevado o no-, coadyuvará en la obtención de utilidades.

Sexto agravio. Devolución del impuesto al activo (irretroactividad de la ley).

Sostiene la recurrente que la sentencia impugnada es ilegal, en cuanto no resolvió la situación efectivamente planteada en que se adujo que los artículos segundo y tercero transitorios de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, violan la garantía de irretroactividad de la ley, en razón de que dichos preceptos pretenden modificar de manera sustancial la mecánica y, por ende, el monto del impuesto al activo que tienen derecho a recuperar al momento de que se dé la condición suspensiva consistente en el entero de impuesto sobre la renta, no obstante que la mecánica para determinar las cantidades que pueden ser recuperadas del impuesto al activo pagado en los 10 ejercicios anteriores ya había sido fijada conforme a la normatividad que estuvo vigente con anterioridad (artículo 9o. de la abrogada Ley del Impuesto al Activo).

En el caso sometido a estudio, al haber pagado impuesto al activo en ejercicios anteriores, es claro que existe un derecho adquirido a favor de la quejosa para obtener la devolución de las cantidades pagadas por dicho concepto conforme a la norma vigente; al variar una situación jurídica anterior estableciendo nuevas bases para obtener la devolución, se viola la garantía de irretroactividad de las leyes. Además, una situación jurídica creada en forma válida al amparo de una norma que estuvo vigente en el ejercicio fiscal correspondiente, y cuyos efectos únicamente se encuentran suspendidos hasta en tanto no se diera la condición suspensiva, no puede ser modificada ni desconocida por una norma posterior.

Cabe señalar que en ningún momento se alegó que los preceptos reclamados violan la garantía de irretroactividad por alterar la mecánica de la devolución del impuesto al activo en los ejercicios de 2007 y anteriores, sino en razón a que modifica tal mecánica para los ejercicios de 2008 y posteriores, no obstante que el derecho a la devolución, al haber nacido al momento de pagar el impuesto al activo, debe regirse conforme a las disposiciones vigentes en ese momento, no obstante que se actualicen con posterioridad al realizarse la condición suspensiva a la que está sujeta.

En la demanda tampoco se manifestó que la quejosa tuviera un derecho adquirido para tributar siempre de la misma forma, por lo que resulta equivocado que en la sentencia recurrida se haya señalado que resultaba infundado el agravio en comento por considerar que los artículos combatidos no afectaban derechos adquiridos, lo cual evidencia el indebido análisis hecho por el a quo.

Finalmente, lo que se alegó en la demanda de amparo fue que la mecánica para recuperar el impuesto al activo establecida en los preceptos reclamados, limita las cantidades que pueden solicitar en devolución, al establecer que éstas en ningún caso pueden exceder del 10% del impuesto al activo que hubieren pagado en los 10 ejercicios anteriores, mientras que el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo abrogada no establecía dicha limitación, por lo que era posible obtener el 100% del impuesto en devolución, si la diferencia entre el impuesto sobre la renta y el impuesto al activo era suficientemente amplia para que así sucediera.

Séptimo agravio. Limitación en el acreditamiento del impuesto sobre la renta contra el impuesto empresarial a tasa única, a que sea sólo el efectivamente pagado (proporcionalidad tributaria).

Resulta ilegal la sentencia recurrida, pues en ella se hace una indebida valoración de la inconstitucionalidad del artículo 8, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a la luz del principio de proporcionalidad tributaria, ya que el hecho de establecer que el impuesto sobre la renta por acreditar contra el impuesto empresarial a tasa única será únicamente el efectivamente pagado (sin considerar como efectivamente pagado el impuesto sobre la renta que se hubiese cubierto con acreditamientos), trae como consecuencia que la recurrente tribute sin atender a su real capacidad contributiva, ya que no se permite acreditar el impuesto sobre la renta causado (antes de aplicar beneficios), de modo que el resultado será una cantidad menor de acreditamiento.

Para sustentar lo anterior, debe considerarse que el acreditamiento es la figura jurídica en virtud de la cual se disminuye el importe de la obligación tributaria surgida de la realización del hecho imponible de un determinado tributo, reduciendo peso por peso el monto que corresponde al impuesto causado, a fin de determinar el que debe pagarse; por tanto, es claro que dicho concepto en ningún momento hace hincapié en que se trate de un impuesto efectivamente pagado, pues dicho concepto se refiere al impuesto causado.

Independientemente de que el flujo de efectivo sea la mecánica con que opera el impuesto empresarial a tasa única, existen otras formas de extinguir obligaciones de pago. En ese sentido, si un acreditamiento dentro del impuesto sobre la renta no es considerado al momento de acreditar dicho impuesto contra el empresarial a tasa única, ello trae como consecuencia que se tribute desproporcionadamente.

Octavo agravio. Omisión en el estudio de diversos conceptos de violación planteados en la demanda de amparo.

Resulta ilegal la sentencia recurrida al transgredir los principios de exhaustividad y congruencia de las sentencias, ya que omitió el estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo que a continuación se indican:

A) El artículo 8, párrafos segundo y penúltimo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única viola la garantía de legalidad tributaria y seguridad jurídica al no establecer claramente qué debe hacer el contribuyente cuando no pueda acreditar total o parcialmente el crédito por salarios y aportaciones de seguridad social; es decir, qué debe hacerse con el monto de dicho crédito que no pueda aplicarse cuando el monto relativo al crédito -por pérdidas- previsto en el artículo 11 de la misma ley, agote en su totalidad el impuesto o quede un remanente menor al crédito por salarios y aportaciones de seguridad social.

B) El artículo quinto transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única viola la garantía de equidad tributaria, porque establece una deducción adicional a los contribuyentes que realizaron inversiones "nuevas" en el periodo comprendido del 1o. de septiembre al 31 de diciembre de 2007; sin embargo, los contribuyentes que: a) No cuentan con inversiones "nuevas" (sino "usadas"), o bien, b) Que cuentan con inversiones "nuevas" pero que fueron adquiridas en un periodo distinto al señalado; en ambos casos se les da un trato distinto y perjudicial, pues se les impide realizar tal deducción adicional.

C) Los artículos 3, fracción IV y 6, fracción III, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única violan: a) La garantía de legalidad tributaria y seguridad jurídica, en tanto la legislación impone la obligación de acumular el ingreso obtenido a través de cualquier forma de extinción de las obligaciones y, simultáneamente, no permite la deducción de las erogaciones, a menos que se trate de determinadas formas de extinción, como son el pago, la compensación o la dación en pago; y de ello, no se permite apreciar las razones por las que el legislador habría dejado de aplicar "la misma razón ante la misma situación", lo que la dejaría en "perfecto estado de inseguridad jurídica", provocando una participación injusta respecto de sus ingresos reales; y b) El principio de proporcionalidad tributaria, porque conducen a la falta de simetría fiscal; esto es: a’) Imponen la obligación de acumular el ingreso obtenido bajo cualquier supuesto de extinción de las obligaciones (compensación, novación, confusión, remisión de deuda, dación en pago), pero no permite la deducción de aquellas erogaciones, salvo cuando se extingan vía compensación o dación en pago (por lo que se desconocen para esos efectos las que se extingan por novación, confusión y remisión de deuda); y, b’) Se considera como ingreso gravado algunas figuras de extinción de las obligaciones como son la compensación o remisión de deuda, siendo que mediante estas formas no se obtiene ingreso alguno, por lo que el gravamen recae sobre una riqueza irreal.

D) El artículo 3, fracciones I, párrafo cuarto y II, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única viola la garantía de equidad tributaria porque, por una situación ajena al objeto del impuesto como es la actividad que realiza una persona moral, se le permite a todos aquellos sujetos del sistema financiero considerar -para efectos de la ley reclamada- como prestación de servicios independientes el margen de intermediación financiera y, por tanto, acumular y deducir dicho concepto, en tanto que a contribuyentes como la quejosa que igualmente realizan pagos de intereses por financiamiento, no se les permite la deducción de dichas erogaciones, no obstante que unos y otros actualizan el supuesto jurídico de causación del impuesto, pues todos ellos realizan actividades gravadas por el impuesto empresarial a tasa única.

E) El artículo 3, fracción IV, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única viola la garantía de equidad tributaria, en razón de que establece como regla general que los ingresos se obtienen cuando efectivamente se cobren las contraprestaciones correspondientes a las actividades previstas en el artículo 1 de ese ordenamiento; sin embargo, en el segundo párrafo de dicha fracción IV, se establece una excepción al señalar que tratándose de exportadores de bienes o de servicios, cuando no se perciba dicha contraprestación durante los doce meses siguientes a partir de que se realizó la exportación, se entenderá efectivamente percibido y, por ende, se deberá acumular como ingreso la contraprestación pactada al concluirse dicho plazo, no obstante no se haya recibido la contraprestación. Por tanto, la ley da un trato desigual a quienes se encuentran en igualdad de circunstancias -como es el caso de la quejosa-, quien por el único hecho de ser un exportador de bienes o servicios que no ha recibido la contraprestación pactada en el transcurso de doce meses contados a partir de haber realizado la exportación, debe considerarla como ingreso acumulable para efectos del gravamen, no obstante encontrarse en igualdad de circunstancias que un enajenante de bienes o un prestador de servicios cuya actividad se desarrolla en territorio nacional.

Noveno agravio. Trato diferenciado a favor de contribuyentes que tengan concesión o permiso para la explotación de bienes de dominio público o la prestación de un servicio, en la aplicación del crédito fiscal por pérdidas (equidad tributaria).

La recurrente aduce que el Juez a quo viola el principio de congruencia de las sentencias, porque omite el debido estudio del concepto de violación en que se planteó que el artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única viola el principio de equidad tributaria, en razón de que otorga un beneficio únicamente a favor de aquellos contribuyentes que cuenten con una concesión para la explotación de bienes de dominio público o la prestación de un servicio público, ya que éstos pueden aplicar el crédito fiscal generado para efectos de este impuesto cuando el monto de las deducciones autorizadas por la ley de la materia sea mayor a los ingresos gravados por la misma, percibidos en el ejercicio, por todo el tiempo que dure la concesión; mientras que los contribuyentes que no cuentan con una concesión, sólo pueden aplicar dicho crédito por un plazo de diez ejercicios.

No existe razonamiento jurídico que justifique el hecho de permitir a unos contribuyentes, por cuestiones que no inciden en la causación del impuesto (obtención de una concesión administrativa), aplicar el crédito fiscal señalado durante el plazo de vigencia de la concesión, y limitar al resto de los contribuyentes a un plazo de 10 ejercicios. Tanto los concesionarios como el resto de los contribuyentes, no tienen diferencia jurídica para efectos de contribuir en materia del impuesto empresarial a tasa única, pues ambos se ubican en las mismas circunstancias en el hecho generador, de ahí que se ubiquen en idénticas hipótesis de causación unos y otros.

El Juez a quo resolvió que el trato diferenciado entre los contribuyentes que cuentan con una concesión o permiso para explotar un bien del dominio público y los que no, se encuentra plenamente justificado, básicamente por dos argumentos: a) En atención al gasto tan elevado (inversión) que implica madurar una actividad concesionada, se permite a este tipo de contribuyentes recuperar la erogación para estar en posibilidad de enterar el impuesto empresarial a tasa única conforme a su verdadera capacidad contributiva; y, b) Los contribuyentes que cuentan con una concesión o permiso para explotar un bien del dominio público o presten un servicio público no se encuentran en las mismas condiciones jurídicas respecto de los demás contribuyentes, ya que los primeros no pueden disponer generalmente de manera libre de las inversiones que realizan debido a que los títulos de concesión o permisos o normatividad vigente, en la mayoría de los casos, prohíbe, restringe o condiciona que dichos bienes y la consecuente explotación pase a manos de otra persona.

Respecto del primer argumento señalado, es importante señalar que no es restrictivo de los concesionarios el hecho de efectuar inversiones elevadas para efectos de iniciar una negociación, ya que de la misma manera, contribuyentes que no cuentan con concesiones o permisos, también realizan fuertes inversiones para el inicio de la operación de su negocio, por lo que estos contribuyentes también requieren de varios años de maduración de su negocio para que empiecen a generar ingresos. Por tanto, en aras de justificar el tratamiento diferenciado entre contribuyentes que se encuentran en la misma situación jurídica, el Juez a quo asume a priori que todos los concesionarios de bienes del dominio público realizan grandes inversiones -mayores que las que los otros contribuyentes-, y que el Estado les debe otorgar mayores incentivos tributarios para recuperar su inversión; esto es, bajo una apreciación subjetiva el J

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22470-7753b2fe/empresarial-a-tasa-unica-el-articulo-3-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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