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Modo: Corpus Pro

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 2, AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO DEFINIR CUÁLES SON LOS "INTERESES QUE NO SE CONSIDEREN PARTE DEL PRECIO" DERIVADOS DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO O MUTUO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFOS SEGUNDO Y PENÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO ESTABLECER EXPRESAMENTE EL TRATAMIENTO QUE DEBE DARSE AL CRÉDITO POR "SUELDOS, SALARIOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CUANDO NO SE ACREDITE TOTAL O PARCIALMENTE, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO DEFINIR QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "REGALÍAS", NI AUN A TRAVÉS DE LA REMISIÓN A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER LA EXENCIÓN RESPECTIVA A FAVOR DE LAS ASOCIACIONES O SOCIEDADES CIVILES CON FINES CIENTÍFICOS, POLÍTICOS, RELIGIOSOS Y CULTURALES, SIN INCLUIR A LAS QUE SE DEDICAN A LA ENSEÑANZA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 4, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO INCLUIR A LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES DEDICADAS A LA ENSEÑANZA EN LOS SUPUESTOS DE EXENCIÓN RESPECTIVOS, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 8, PÁRRAFO SÉPTIMO, Y 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PERMITIR EL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS QUE DEN ORIGEN AL PAGO DE REGALÍAS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 8, PÁRRAFO SÉPTIMO, Y 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UN TRATO DIFERENCIADO PARA ACREDITAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES QUE DEN ORIGEN AL PAGO DE REGALÍAS, EN FUNCIÓN DE QUE INTERVENGAN PARTES RELACIONADAS O INDEPENDIENTES, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 8, PENÚLTIMO PÁRRAFO, Y 10, SEXTO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO RECONOCER DETERMINADAS EROGACIONES EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE PARA EFECTOS DEL CRÉDITO POR "SUELDOS, SALARIOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL", NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DE INEQUIDAD CONTRA EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN II, INCISO C), AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SI SE ADUCE QUE AQUÉL IMPONE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 543/2009. · Registro digital (IUS): 22476
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 1412.

AMPARO EN REVISIÓN 543/2009. **********.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIOS: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT, RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JUAN CARLOS ROA JACOBO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción III, del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno,1 y los puntos primero y segundo del Acuerdo General 6/2008 del ocho de abril de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, así como del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, publicado en dicho medio de difusión oficial el cinco de noviembre de dos mil siete, todas vigentes a partir del primero de enero de dos mil ocho, y en el caso resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la problemática de fondo ha de prevalecer.

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida le fue notificada por lista a las quejosas el cuatro de marzo de dos mil nueve (según se desprende de la constancia de notificación que obra agregada en la foja setecientos ochenta y dos del expediente relativo al juicio de amparo), surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo, y corriendo el término para su interposición a partir del seis al veinte de marzo de dos mil nueve, en términos de lo establecido por el artículo 24 de dicha ley, pues fueron inhábiles los días siete, ocho, catorce y quince de marzo por ser sábados y domingos, respectivamente, así como el dieciséis de marzo, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 10/2006 del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de uno de febrero de dos mil seis.

Por tanto, si el recurso de mérito se interpuso el veinte de marzo de dos mil nueve (según se aprecia del sello que consta en la parte superior del escrito que aparece agregado a fojas dos a sesenta y uno del cuaderno relativo al amparo en revisión), debe tenerse por presentado en tiempo.

TERCERO. Síntesis de los agravios. En los argumentos hechos valer por la quejosa recurrente, esencialmente, se aduce lo siguiente:

Primer agravio. Trato diferenciado entre sujetos exentos del impuesto empresarial a tasa única, con la repercusión que tal situación tiene para las instituciones de enseñanza (equidad tributaria).

El Juez de Distrito violó en perjuicio de la recurrente los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que no resolvió conforme a los principios de congruencia y exhaustividad su demanda de garantías, específicamente en lo relativo al concepto de violación en el que manifestó que el artículo 4, fracciones II, inciso c) y III, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única violan el principio de equidad tributaria, en virtud de que existe un trato diferenciado entre las sociedades o asociaciones civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos o culturales, quienes están exentas del pago del impuesto empresarial a tasa única sin limitante alguna; y las personas morales con fines no lucrativos (el artículo 95, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta refiere con ese carácter a las sociedades o asociaciones civiles que se dediquen a la enseñanza), que también estarán exentas, pero les exige que tengan autorización para recibir donativos, que los ingresos obtenidos se destinen a los fines propios de su objeto social y que no se otorgue a persona alguna beneficio sobre el remanente distribuible, aun cuando todas ellas tienen la misma calidad tributaria.

Es inconsistente el razonamiento del Juez de Distrito para justificar la diferencia en el tratamiento fiscal para fines del impuesto empresarial a tasa única, pues es absurdo sostener que las sociedades o asociaciones civiles con fines científicos, políticos, religiosos y culturales requieren de un tratamiento diferente, en atención a su fin social, ya que buscan el mejoramiento del nivel de vida de la sociedad en general. Si esa es la justificación, entonces, las otras personas morales con fines no lucrativos que no tienen autorización para recibir donativos, no tienen un fin social y, por ende, sus ingresos sí debieran estar gravados por el impuesto; lo cual es absurdo, si se considera que la recurrente es una institución educativa, que si bien no cuenta con la autorización para recibir donativos, es evidente que sí tiene un fin social y que al igual que las otras entidades pretende un mejoramiento del nivel de vida de la sociedad en general, sostener lo contrario es fuera de toda lógica.

Incluso, no podría concluirse de manera categórica que las instituciones educativas no se encuentran en el inciso c) de la fracción II del artículo 4 de la ley reclamada, pues tales instituciones también tienen finalidades científicas y culturales y, bajo esta tesitura, no tendrían que cumplir con el requisito de ser donatarias autorizadas para fines del impuesto sobre la renta para estar exentas de pagar el impuesto empresarial a tasa única, como lo exige la fracción III del precepto señalado.

Por otra parte, según el Juez de Distrito no se encuentran en la misma situación jurídica las personas morales autorizadas para recibir donativos respecto del resto de los contribuyentes que no cuentan con dicha autorización; su criterio principal de distinción es la capacidad para contribuir al gasto público. Dicha apreciación es errónea, puesto que el principio de equidad consiste en que se deba dar un trato igual a aquellos contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias frente a una misma hipótesis de causación establecida en ley; así, dicha igualdad se pone de manifiesto por el objeto y/o actividad realizada por el contribuyente, mientras que la capacidad contributiva es un elemento esencial en el principio de proporcionalidad. En este sentido, el alcance del principio de equidad no puede descansar en criterios de capacidad contributiva, bajo la premisa de que se puedan pagar más o menos impuestos, como lo pretende el a quo, a fin de sostener que un tratamiento fiscal cumple con el principio de equidad, pues llegaríamos a absurdos en nuestro régimen jurídico tributario.

Segundo agravio. Falta de certeza para determinar si las instituciones de enseñanza se encuentran exentas de pagar el impuesto empresarial a tasa única (legalidad y seguridad jurídica).

Sostiene la recurrente que el Juez a quo hace una indebida apreciación de la ley reclamada a la luz de los conceptos de violación en que se hizo valer que la quejosa carece de los elementos jurídicos necesarios para determinar si se encuentra exenta del pago del impuesto empresarial a tasa única, en términos del inciso c) de la fracción II del artículo 4 de la ley reclamada, en el que se exenta sin mayores requisitos a las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos o culturales, o bien, en el supuesto del artículo 4, fracción III, del mismo ordenamiento, en el que se exenta a las personas morales con fines no lucrativos en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo cual se violan sus garantías de legalidad y seguridad jurídica.

El Juez a quo consideró que no existía confusión para determinar qué supuesto le corresponde a las sociedades o asociaciones civiles que se dediquen a la enseñanza; sin embargo, el artículo 4 reclamado, no establece con certeza en qué fracción debe ubicarse la recurrente, en virtud de que es una persona moral que realiza actividades con fines culturales, además de que también se podría considerar como una persona moral con fines no lucrativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y tan sólo se limita a manifestar sin mayor justificación o soporte que las escuelas requieren contar con la autorización para ser donatarias con independencia de lo manifestado.

En relación con lo anterior, es preciso mencionar que la fracción II del artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única claramente dispone que se exentará del pago de dicho impuesto a quienes no estén afectos al pago del impuesto sobre la renta en los términos de la ley de la materia, esto es, las personas morales con fines no lucrativos. No obstante, a pesar de que la fracción II del artículo 4 aludido hace tal remisión a las personas morales con fines no lucrativos, es imprecisa al no establecer si dentro del supuesto normativo están contempladas las instituciones de enseñanza, las cuales sí están previstas en el artículo 95, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por otra parte, el Juez a quo omitió el debido "examen" y estudio del planteamiento efectuado por la quejosa, en el sentido de que el artículo 4 reclamado es violatorio de la garantía de seguridad jurídica, ya que establece de forma general que las personas con fines científicos, políticos, religiosos y culturales, no estarán afectos al pago del impuesto empresarial a tasa única, sin hacer mención de las instituciones de enseñanza o educativas, siendo que éstas persiguen los mismos fines. El Juez Federal resolvió que no podía determinarse la inconstitucionalidad de una norma con base en los atributos que tenga uno de los destinatarios de la norma, pues en todo caso tal circunstancia debe derivar de su propia naturaleza en razón de todos sus destinatarios; al respecto, el resolutor pasa por alto que el hecho de que la recurrente se duela de estar en un estado de inseguridad jurídica no atiende a sus atributos particulares, sino a los que tiene por encontrarse dentro de un universo de contribuyentes a los que la norma va dirigida, como son las instituciones de enseñanza.

Además, debe considerarse que el artículo 3o. de la Constitución Federal establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación; luego, la educación es una garantía individual. Al ser así, la Ley del Impuesto sobre la Renta exenta de pagar dicho tributo, ya que de lo contrario, sería como condicionar la garantía de educación, previo pago del tributo correspondiente; sin embargo, la nueva Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no recoge este principio, y no establece de manera clara si las instituciones de enseñanza son o no afectas al referido impuesto.

Salta a la vista el estado de inseguridad jurídica que las disposiciones reclamadas deparan a la recurrente, así como a las demás instituciones de enseñanza, pues, por un lado, el legislador las excluyó de la exención del impuesto empresarial a tasa única al establecer en el artículo 4, fracción II, inciso c), de la ley reclamada, que las asociaciones o sociedades civiles que se encuentren organizadas con fines culturales, científicos, políticos o religiosos, no pagarán el impuesto; y, por el otro, no tomó en consideración que la educación es el medio fundamental para adquirir y acrecentar la cultura (artículo 2o. de la Ley General de Educación) y que las instituciones que impartan la educación que cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios -como es el caso de la recurrente-, tienen como finalidad fomentar la investigación científica y tecnológica y la transmisión de bienes y valores culturales (artículo 7o. de la Ley General de Educación).

Tercer agravio. Trato diferenciado en perjuicio de las instituciones de enseñanza, pues para acceder a la exención del impuesto empresarial a tasa única se les obliga a obtener autorización para recibir donativos (equidad tributaria).

El Juez a quo apreció indebidamente el acto reclamado en relación con los argumentos de inconstitucionalidad que se hicieron valer, en los que se sostuvo que el artículo décimo segundo transitorio, en relación con el artículo 4, fracción II, inciso c), de la Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única violan el principio de equidad tributaria, porque: a) Si por disposición expresa del primer precepto señalado, todos aquellos que no están afectos al impuesto sobre la renta -como la recurrente-, no pagarán el impuesto empresarial a tasa única, y el precepto transitorio señala que los sujetos comprendidos en el artículo 95, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no cuenten con autorización para recibir donativos, pagarán el impuesto empresarial a tasa única, ello origina un trato diferenciado injustificado, pues tanto las instituciones educativas como las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y culturales, perciben ingresos no afectos al impuesto sobre la renta, por lo que todas ellas deberían estar en el mismo supuesto; y, b) Se obliga a personas como la recurrente a obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, mientras que al resto de los señalados en el inciso c) de la fracción II del artículo 4 aludido, no se les impone dicha obligación, no obstante que las asociaciones dedicadas a la enseñanza se encuentran organizadas con fines culturales.

Al respecto, es importante destacar que en la sentencia erróneamente se señaló que la inconstitucionalidad del precepto transitorio era en relación con la fracción III del artículo 4 de la ley reclamada. Ahora, si bien se señaló que la recurrente alegaba que la exención del impuesto empresarial a tasa única a instituciones educativas no debía condicionarse a la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos y, por tanto, obligarlas a obtenerla, también es cierto que la inequidad no se planteó entre las sociedades y asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza, y las personas morales no lucrativas y los fideicomisos autorizados a que se refiere la fracción III. Por tanto, el Juez de Distrito hizo una indebida apreciación y estudio de los conceptos de violación de mérito planteados en la demanda de garantías.

Lo anterior se evidencia aún más con los argumentos expuestos por el Juez de Distrito para considerar que no se contravenía el principio de equidad tributaria. En efecto, se dice que los argumentos planteados son infundados, en razón a que el tratamiento de personas morales con fines no lucrativos que da la Ley del Impuesto sobre la Renta a las instituciones educativas, no puede entenderse para todos los impuestos como lo es el impuesto empresarial a tasa única. Sin embargo, ese razonamiento resulta equivocado, ya que en ningún momento se alegó que se da un trato inequitativo por parte de los preceptos reclamados por no haber respetado el tratamiento que le da a la recurrente la Ley del Impuesto sobre la Renta.

No se puede considerar que la recurrente alegue inequidad al no exentársele del impuesto empresarial a tasa única, como ocurre en la Ley del Impuesto sobre la Renta -como infundadamente lo señala el a quo-, sino que la ley del primer tributo mencionado exenta a todas las asociaciones civiles cuyos ingresos no están afectos al pago del impuesto sobre la renta, como es el caso de la recurrente, pero en específico se le discrimina obligándole injustificadamente a obtener la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

Cuarto agravio. No deducibilidad de salarios y demás prestaciones laborales (proporcionalidad tributaria).

El Juez de Distrito violó en perjuicio de la recurrente los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que no resolvió conforme a los principios de congruencia y exhaustividad su demanda de garantías, específicamente en lo relativo al concepto de violación en el que manifestó que el artículo 5, fracción I, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única viola el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que prohíbe la deducción de los gastos realizados por los contribuyentes por concepto de salarios y demás prestaciones laborales, aun cuando se trata de erogaciones estrictamente indispensables para los fines y funcionamiento de las actividades del contribuyente.

En este sentido, si conforme a la mecánica del impuesto impugnado, las erogaciones son deducciones autorizadas, entre otros requisitos, cuando sean efectivamente pagadas y estrictamente indispensables para el contribuyente, es absurdo e incomprensible que tratándose de erogaciones que a su vez sean ingresos en términos del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (sueldos, aportaciones de seguridad, participación en las utilidades de la empresa), se excluyan del efecto respectivo, máxime que de la exposición de motivos que originó la legislación en pugna, se desprende que el objeto del tributo es gravar los ingresos netos y no brutos, es decir, que se gravarán los ingresos después de enfrentarlos a las deducciones conducentes, con el fin de que el tributo respete el principio de proporcionalidad tributaria.

No es óbice a lo anterior, el que los artículos 8 y 10 de la ley impugnada, otorguen un crédito fiscal por los salarios y aportaciones de seguridad social pagados, pues el efecto fiscal y económico entre deducirlos o acreditarlos es diferente, además de que dicho crédito está limitado a aquellas cantidades que sean ingresos gravados en términos del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y no así al total de la erogación realizada por el contribuyente.

Por tal motivo, es insostenible que el a quo desconozca los elementos de las contribuciones con base en un fin meramente recaudatorio, justificando la actuación del legislador al resolver que el "acreditamiento limitado" respeta la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto.

Quinto agravio. Exclusión de los gastos de previsión social del crédito fiscal por salarios y aportaciones de seguridad social (proporcionalidad tributaria).

Aduce la recurrente que el Juez a quo hace una indebida interpretación de los argumentos en que se hizo valer que los artículos 8, penúltimo párrafo y 10, párrafo sexto, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única violan el principio de proporcionalidad tributaria en razón de que para efectos del cálculo del crédito fiscal por salarios y aportaciones de seguridad social, no incluyen las erogaciones que constituyan, a su vez, ingresos no gravados por el impuesto sobre la renta, en particular, las prestaciones de previsión social, no obstante que deriven de una relación laboral.

El hecho de que no resulte acreditable el concepto referido, conlleva a que no se atienda a la verdadera capacidad contributiva de los sujetos obligados, en el entendido de que las prestaciones de previsión social son un gasto necesario e indispensable que debe ser reconocido para el desarrollo de las actividades objeto del impuesto empresarial a tasa única, con independencia de que signifiquen un ingreso exento para el trabajador.

El propio legislador reconoce que las erogaciones que un contribuyente hace para sus trabajadores, deben tener incidencia en la determinación del pago del impuesto empresarial a tasa única; de ahí que si la regulación reclamada (integración del crédito fiscal aludido) excluye ciertas erogaciones que tienen la misma naturaleza (nacen por una relación laboral), apreciándose que el mecanismo utilizado condiciona su aplicación a un aspecto (pago del impuesto sobre la renta) que está deslindado de la generación de ingresos (objeto del impuesto empresarial a tasa única), es incongruente con el principio de proporcionalidad tributaria.

La limitante establecida en los preceptos reclamados no puede justificarse por razones de finalidad recaudatoria. Ahora bien, la no inclusión de la previsión social puede obedecer a finalidades sociales, económicas, de política fiscal o extrafiscales; sin embargo, la medida legislativa debe estar justificada razonablemente, en atención a que su configuración normativa tiene trascendencia en la determinación del gravamen, el cual debe corresponder a la capacidad de los causantes para contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.

Sexto agravio. Indefinición de los intereses que forman parte del precio en operaciones de financiamiento o de mutuo (legalidad tributaria y seguridad jurídica).

La recurrente manifiesta que existe una indebida aplicación del artículo 79 de la Ley de Amparo, porque el Juez de Distrito realizó un incorrecto análisis de los argumentos planteados en la demanda de amparo, en que se adujo que el artículo 3, fracción I, tercer párrafo, en relación con el artículo 2, ambos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única violan las garantías de legalidad tributaria y seguridad jurídica, en razón de que no establecen cuáles son los intereses que no se consideran parte del precio derivado de operaciones de financiamiento o de mutuo.

De la remisión que hace el primer precepto señalado al segundo, no deriva una definición al respecto, sino sólo una enunciación en el sentido de que los intereses normales y moratorios son conceptos que se deben considerar para calcular el impuesto empresarial a tasa única, pero nunca se precisa en qué casos o bajo qué supuestos tales intereses deben o no considerarse parte del precio en operaciones de financiamiento o mutuo; luego, es patente que se deja en estado de incertidumbre jurídica a los contribuyentes sobre cuáles son los intereses que no se consideran parte del precio ante la ausencia de su definición, para así tener la certeza de si los intereses generados con motivo de esas operaciones estarán gravados o no para efectos del impuesto.

De este modo, se deja al criterio de la autoridad fiscal la determinación de cuáles son los intereses que no forman parte del precio en las operaciones señaladas, lo que trae como consecuencia que los contribuyentes no puedan determinar qué operaciones de mutuo o financiamiento serán o no objeto del impuesto, o si los intereses pagados en esas operaciones serán deducibles para efectos el impuesto.

Séptimo Agravio. No deducibilidad de operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar al pago de intereses que no se consideren parte del precio (proporcionalidad tributaria).

La impetrante sostiene que el Juez de Distrito viola los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en cuanto considera sin sustento jurídico que si bien las operaciones de financiamiento o de mutuo que dan lugar al pago de intereses que no se consideran parte del precio, no son deducibles para efectos del impuesto empresarial a tasa única, tal circunstancia derivada del artículo 6, fracción I, en relación con el artículo 3, fracción I, párrafo tercero, ambos de la Ley del Impuesto Empresarial Tasa Única, no resulta violatoria del principio de proporcionalidad tributaria.

Sin embargo, subsiste la inconstitucionalidad aducida porque los frutos civiles denominados intereses, que a fin de cuentas se pactan en cualquier operación de préstamo mercantil, obtención de créditos y, en general, por financiamientos, son gastos que deben ser considerados como estrictamente indispensables para la consecución de sus objetivos; al no reconocerse como deducibles, se obliga al contribuyente a participar en una proporción mayor a su verdadera capacidad contributiva, pues la base del impuesto desconoce los gastos incurridos con motivo de dichos financiamientos, los cuales son contraídos con la única finalidad de llevar a cabo -de manera eficiente- las operaciones de la empresa, las cuales darán lugar al pago del impuesto.

Así, si el objeto del impuesto consiste en la percepción efectiva de los ingresos totales por las personas que enajenen bienes, presten servicios independientes y otorguen el uso o goce temporal de bienes (tan es así que se grava la obtención de intereses normales o moratorios, según el artículo 2 de la ley reclamada), resulta claro que para determinar una base que respete el principio de proporcionalidad tributaria, era necesario que se hubiese considerado por la ley (en forma general y abstracta) el efecto negativo que representa el pago de intereses de cualquier tipo, a fin de acceder a la deducción, toda vez que no se pasa por alto que efectivamente se realiza ese pago.

El Juez de Distrito trata de justificar el no reconocimiento del pago de intereses derivados de operaciones de financiamiento o mutuo, citando ejemplos en la práctica corporativa de las empresas (aumento de capital social o venta de acciones) para denotar que existen otras formas de financiarlas; sin embargo, éstas no tienen relevancia con la proporcionalidad o no del tributo. También, se trata de justificar en que la ley conlleva un fin extrafiscal consistente en evitar el sobreendeudamiento y que de manera artificiosa se disminuya la base gravable, incurriendo en prácticas elusivas o evasivas; sin embargo, existen mecanismos como la capitalización delgada para evitar el sobreendeudamiento ficticio. Asimismo, el hecho de que el porcentaje de la tasa en el impuesto reclamado sea menor en relación con el impuesto sobre la renta, tampoco es justificación no reconocer como deducible el concepto señalado, ya que tal comparativo nada tiene que ver para medir la proporcionalidad de otro de los elementos del impuesto como es la base gravable.

Octavo agravio. No deducibilidad de los pagos de intereses por operaciones de financiamiento o mutuo (equidad tributaria).

La recurrente sostiene que el Juez de Distrito resolvió ilegalmente el argumento en que se hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 6, fracción I, en relación con los artículos 2, párrafo primero y 3, fracción I, párrafo tercero, todos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por ser violatorios de la garantía de equidad tributaria, ya que mientras a unos contribuyentes se les permite la deducción de los intereses que afectan la base gravable del mencionado impuesto, a otros no, como es el caso de la recurrente, no obstante que los dos tipos de intereses, tanto los que forman parte del precio como los que no, tienen la misma naturaleza, esto es, son estrictamente indispensables para el funcionamiento de la empresa y tienen el mismo efecto en el patrimonio de los contribuyentes.

Ambos tipos de contribuyentes del impuesto se encuentran en una misma situación jurídica de solicitar financiamiento para el cumplimiento de su objeto social, sólo que a los contribuyentes que paguen intereses a los sujetos que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce temporal de bienes, sí se les permite efectuar la deducción para determinar la base del impuesto, mientras que para los contribuyentes que paguen intereses por operaciones de financiamiento o mutuo, no son deducibles para determinar dicha base tributaria, no obstante que en uno y otro caso se trata de un pasivo en los registros contables del contribuyente.

El argumento en el sentido de que los intereses que forman parte del precio -para considerarlos deducibles-, tienen relación directa con el objeto del impuesto, no es una justificación objetiva, puesto que el endeudamiento por el que se paguen intereses derivados de operaciones de financiamiento o de mutuo también pueden tener relación directa con el objeto del impuesto al contraerse a la adquisición de bienes, recibir servicios u obtener el uso o goce temporal de bienes; además, el hecho de que los intereses que forman parte del precio sean ingresos acumulables para el acreedor, es una situación ajena que no debe afectar a la esfera jurídica del contribuyente que los paga, como es el caso de la recurrente.

Los fines extrafiscales señalados por el a quo no son argumentos sólidos para hacer la distinción reclamada, ya que las deudas contraídas por una empresa tienen como finalidad lograr su objeto social; en ese sentido, el endeudamiento -sea elevado o no-, coadyuvará en la obtención de utilidades.

Noveno agravio. No deducibilidad de regalías pagadas a partes relacionadas (proporcionalidad tributaria y supremacía constitucional).

Aduce la recurrente que el Juez a quo no analizó debidamente el argumento en que se sostuvo que el artículo 6, fracción I, segundo párrafo, en relación con el artículo 3, fracción I, ambos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única violan el principio de proporcionalidad tributaria, en cuanto no permiten deducir de la base impositiva del impuesto, las erogaciones realizadas por el pago de regalías a partes relacionadas.

Se considera que el Juez a quo reconoce la calidad indispensable de este gasto y pretende justificar la actuación del Legislativo, derivado del gran número de deducciones que reconoce la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, pasa por alto que la mecánica del tributo impugnado tiene como base el "flujo de efectivo", es decir, los ingresos efectivamente cobrados, a los cuales les serán deducibles las erogaciones efectivamente pagadas por el contribuyente, y que en todo caso resulten ser estrictamente indispensables para la consecución de las actividades gravadas por la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

De ahí que resulte procedente considerar como objeto de este último impuesto los ingresos que deriven del pago de regalías, ya sea que se generen en operaciones entre partes independientes o partes relacionadas. Luego, es insostenible que únicamente sea aplicable el principio de proporcionalidad en el impuesto que grava a los contribuyentes que celebran operaciones con parte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22476-bd49945d/empresarial-a-tasa-unica-el-articulo-3-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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