EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXENTAR DEL PAGO DE ESE TRIBUTO A LAS PERSONAS MORALES REFERIDAS EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008).
AMPARO EN REVISIÓN 404/2009. **********.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIOS: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT, RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JUAN CARLOS ROA JACOBO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción III, del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno,(3) y los puntos primero y segundo del Acuerdo General 6/2008 del ocho de abril de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete y vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho y, en el caso, resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la problemática de fondo ha de prevalecer.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso fue interpuesto en tiempo, esto es, dentro del término de diez días que para tal efecto establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia recurrida se notificó personalmente a la quejosa el cuatro de marzo de dos mil nueve, como se desprende de la constancia que obra a foja 1203 del expediente del juicio de garantías, y los escritos relativos al recurso fueron presentados el cinco y nueve de marzo de dos mil nueve ante el Juzgado de Distrito; por tanto, dicho término transcurrió del seis al veinte de marzo de dos mil nueve, tomando en cuenta que fueron inhábiles el siete, ocho, catorce, quince y dieciséis, todos del mismo mes y año, como se advierte del siguiente calendario:
Ver calendario
TERCERO. Los agravios formulados por la parte recurrente se sintetizan a continuación:
Primero. Indefinición del objeto del impuesto (legalidad tributaria).
El Juez de Distrito violó en perjuicio de las recurrentes los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que no resolvió conforme a los principios de congruencia y exhaustividad su demanda de garantías, específicamente en lo relativo al concepto de violación en el que manifestaron que las normas impugnadas resultaban violatorias del principio de legalidad tributaria en virtud de que las autoridades responsables habían sido omisas en definir de manera clara y precisa el objeto del impuesto empresarial a tasa única.
Al respecto, las recurrentes señalan que en la demanda se expuso que el objeto del impuesto previsto en la iniciativa de ley y en los dictámenes rendidos por las Cámaras de Diputados y de Senadores fue distinto al que finalmente se plasmó en la norma reclamada causando con ello incertidumbre jurídica en el contribuyente respecto de un elemento esencial del tributo.
Dicho argumento lo sostuvieron en el hecho de que el artículo 2 de la ley combatida no es preciso respecto de la riqueza o signo de capacidad contributiva sobre la cual incide el tributo en estudio, es decir, si se trata de una renta ficta o de la utilidad remanente de la empresa utilizada para retribuir a los factores de producción, con lo cual resulta evidente que en el proceso legislativo nunca se expresó con claridad o certeza efectiva la determinación del objeto del impuesto.
En esa tesitura, las recurrentes aseveran que el hecho generador de la contribución es la percepción efectiva de ingresos provenientes de la prestación de servicios, enajenación de bienes o por el otorgamiento temporal de bienes, con independencia de que dichas actividades u operaciones se realicen o no en territorio nacional. Con ello, se demuestra que lo establecido en la ley no coincide con la iniciativa ni con lo discutido por las Cámaras del Congreso de la Unión.
En la iniciativa se propuso que al tratarse de un impuesto directo se gravaría a nivel de la empresa con una tasa uniforme, por lo que el hecho generador era la retribución total a los factores de producción; sin embargo, al haberse excluido la posibilidad de realizar ciertas deducciones, el objeto sería la generación de flujos económicos destinados a la retribución total de los factores de producción.
Si bien es cierto que las autoridades responsables establecieron la materia imponible para efectos del impuesto empresarial a tasa única, esto no se reflejó en el conjunto de disposiciones que componen la ley reclamada, por lo que resulta incierto, confuso, indeterminado y ambiguo el objeto del tributo.
Ahora, teniendo en consideración tales extremos, se tiene que el a quo no se ocupó de la cuestión efectivamente planteada, porque las recurrentes hicieron valer argumentaciones relacionadas con el objeto del impuesto basadas en una comparación entre el proceso legislativo y lo que finalmente quedó plasmado en la ley reclamada.
La argumentación de las quejosas partió de un análisis del artículo 2 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única en relación con lo manifestado en el proceso legislativo, y no de éste en relación con el artículo 1, como falsamente lo sostuvo el juzgador federal, quien en razón de ello resolvió cuestiones que no se le hicieron valer.
Por otro lado, las recurrentes manifiestan que, contrario a lo sustentado por el Juez de Distrito en el sentido de que el objeto del impuesto se compone simplemente de una serie de ingresos, ello no puede aceptarse de esa manera, porque según el proceso legislativo que le dio origen, su finalidad era gravar la utilidad remanente de la empresa utilizada para retribuir a los factores de la producción, de manera que si el hecho generador de la contribución está representado por la percepción efectiva de ingresos proveniente de la prestación de servicios, enajenación de bienes o por el otorgamiento temporal de bienes (esto es, la retribución total a los factores de producción), el hecho de que no se permitan ciertas deducciones relacionadas con esos ingresos, no permite la consecución del referido objeto en los términos en que fue concebida la ley, con lo que la lista de ingresos a que alude el a quo como objeto del impuesto, no coincide con las pretensiones que respecto de este tributo se manifestaron en el proceso legislativo.
Con ello queda de manifiesto que el análisis realizado por el a quo sobre la naturaleza del objeto del impuesto fue insuficiente y limitado, ya que para ello debió considerar no sólo lo plasmado en la ley reclamada, sino todo el material legislativo que dio origen a su creación y en el cual se aseveró la verdadera intención del legislador en cuanto a la naturaleza y alcances del tributo.
Es importante destacar que para desentrañar la naturaleza de una contribución con base en lo manifestado en el proceso legislativo que le dio vigencia es perfectamente procedente y constituye una práctica deseable en la interpretación constitucional de los impuestos.
Segundo. Ausencia de un mecanismo de ajuste de los pagos provisionales en relación con el impuesto del ejercicio (proporcionalidad tributaria).
Las recurrentes manifiestan que expresaron como concepto de violación que los artículos 7 y 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única violan el principio de proporcionalidad tributaria, al no establecer un sistema de anticipos mensuales a cargo del impuesto anual, es decir, no permiten el ajuste del impuesto que resulte al final del ejercicio, ya que sólo así se atendería a su auténtica capacidad contributiva, como sí ocurre con la Ley del Impuesto sobre la Renta y la extinta Ley del Impuesto al Activo.
Sobre el particular, la inconforme manifiesta que el Juez Federal no realiza un análisis detallado y explícito del procedimiento y conceptos para calcular y determinar el impuesto anual y sólo concluye que no existe gran diferencia entre la totalidad de los pagos provisionales y el cálculo del ejercicio, con lo que la afirmación que hace en la resolución recurrida respecto a que el pago provisional que entere el contribuyente constituye una referencia objetiva que se considerará al final del ejercicio no puede tener apoyo en señalamientos genéricos, dogmáticos y sin fundamento.
Señala la recurrente que en su demanda alegó que el legislador debió considerar la posibilidad de ajustar los pagos provisionales cuando se acreditara ante la autoridad hacendaria de manera fehaciente que el cálculo convencional llevaría al contribuyente a enterar pagos provisionales mayores al importe total del impuesto que resulta a cargo del ejercicio; al no haberse previsto esa posibilidad, se desconoce su capacidad contributiva.
En otro aspecto, aduce que en la demanda de garantías se expresó de manera destacada que en el cálculo y determinación de los pagos provisionales se debió permitir el ajuste en el que aplicaran las erogaciones que estimara realizaría durante su ejercicio como parte de su operación y, al no hacerlo así, las responsables violaron el principio de proporcionalidad.
Al respecto, el Juez Federal sostuvo de manera medular que, conforme a la generalidad de las leyes tributarias, los hechos de cada contribuyente actualizan las diversas hipótesis previstas, lo que refleja las reglas específicas bajo las cuales tributará cada contribuyente, pues la ley no puede contemplar de manera pormenorizada la situación fiscal y operativa de cada uno de ellos; por tanto, el Juez asegura que el pago provisional refleja la capacidad económica que el contribuyente tiene en un periodo determinado en función del cual calcular el pago, y el monto que arroja dicho cálculo en ese periodo operativo representa una porción de la potencial capacidad económica del ejercicio; agrega el juzgador que es imposible que las leyes, cuya generalidad debe imperar, prevean los periodos operativos de todos y cada uno de los contribuyentes.
Lo considerado por el Juez a quo es ineficaz, pues la generalidad de las leyes tributarias en modo alguno libera al legislador del cumplimiento de la garantía de proporcionalidad, es decir, el respeto de la capacidad contributiva durante la temporalidad de su operación y no solamente al final de ese periodo, ya que sólo de esa forma se respetaría su real capacidad económica. De igual forma, es ineficaz lo sostenido por el Juez de Distrito, ya que no se pretende un régimen exclusivo, sino la regulación de un ajuste que permita reflejar su verdadera capacidad económica durante el ejercicio fiscal.
Por otra parte, es infundado lo resuelto por el Juez de Distrito, ya que lo que se pretende en el caso no es la inclusión de la metodología de la Ley del Impuesto sobre la Renta en la ley reclamada (en cuanto a que el cálculo en aquella ley se apoya en la "utilidad fiscal"), sino el hecho de que el ajuste de los pagos provisionales es un mecanismo que refleja y reconoce la capacidad económica, sobre todo si se toma en cuenta que supuestamente el impuesto empresarial a tasa única es un impuesto mínimo y complementario del impuesto sobre la renta, por lo que, para efecto de respetar dicha capacidad económica, es necesario que el legislador incluya el mecanismo de ajuste para reconocer la efectiva capacidad económica durante el ejercicio.
Tercero. No deducibilidad de diversos conceptos. Integración de la base del impuesto. (proporcionalidad tributaria).
La impetrante sostiene que el Juez de Distrito, de manera incongruente, resolvió el argumento que hizo valer respecto a la violación al principio de proporcionalidad tributaria, derivado de la manera en que se integra la base; en efecto, en la demanda de garantías se argumentó que al gravarse la totalidad de los ingresos detallados en el artículo 1 de la ley reclamada, sin permitir la deducción total de las erogaciones indispensables realizadas para generar precisamente dichos ingresos, se provoca que la base no se encuentre en estrecha relación con el objeto que se pretende gravar, lo que lo vuelve desproporcional, porque se trata de un impuesto personal y directo, y supuestamente mínimo y complementario del impuesto sobre la renta, con lo que si no se permite la deducción del total de los gastos indispensables para la obtención de esos ingresos, no se grava la verdadera capacidad contributiva de los sujetos obligados.
Así, sostiene la recurrente que los pagos por concepto de sueldos y salarios, así como los pagos por regalías e intereses, de ninguna manera producen una modificación positiva en el patrimonio del contribuyente, sino que, por el contrario, dicha modificación es negativa por tratarse de erogaciones indispensables, y dichos gastos no son deducibles volviendo, en consecuencia, desproporcional el tributo.
La inconforme asevera, además, que el a quo no resolvió de manera congruente sus conceptos de violación, pues jamás hizo valer que la violación a la garantía de proporcionalidad tributaria hubiere consistido en no permitir las mismas deducciones que se permiten para el impuesto sobre la renta, sino en que el impuesto controvertido violaba dicha garantía al gravar la totalidad de los ingresos derivados de las actividades a que se refiere el artículo 1 de la ley impugnada sin permitir la deducción de las erogaciones indispensables realizadas para generar precisamente dichos ingresos, lo cual provoca que la base del impuesto no se encuentre en estrecha relación con el objeto que pretende gravar, volviéndolo desproporcional.
Cuarto. No deducibilidad de sueldos y salarios, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y aportaciones de seguridad social (proporcionalidad y equidad tributaria).
La recurrente sostiene que el Juez de Distrito resolvió ilegalmente que los artículos 8 y 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no resultan contrarios a las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria, pues consideró de manera incongruente que el hecho de que no sean deducibles los sueldos y salarios, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y aportaciones de seguridad social, a pesar de que -como lo reconoció- son gastos estrictamente indispensables que realiza el patrón a favor de sus trabajadores y que son para la realización de las actividades de las quejosas, tal extremo no implica que se violen dichas garantías.
Contrario a lo resuelto por el a quo, la no deducibilidad de tales conceptos implica la desproporcionalidad del impuesto, pues toda erogación que retribuya a los factores de producción del gobernado que no sea reconocida como deducción, obliga al sujeto a tributar sobre bases artificiales tomando en consideración que la manifestación de riqueza a gravar se distorsiona.
De esa manera, la desproporcionalidad de los actos reclamados se materializa atendiendo a los términos en que se realiza el hecho imponible consistente en gravar el flujo remanente que es utilizado para retribuir a los factores de la producción, puesto que, tomando en cuenta su naturaleza, no se grava una manifestación real de la riqueza del contribuyente al desconocerse dichos gastos realizados y, con ello, no existe una auténtica revelación de la riqueza gravable para que puedan ser destinadas a un gravamen constitucional, de manera que en el caso del impuesto combatido de forma inexplicable impide la disminución de la base con erogaciones necesarias para la obtención de los ingresos gravados.
Sobre este aspecto, la recurrente argumenta que no es óbice a lo anterior el hecho de que el a quo sostenga que la no deducibilidad de los gastos efectuados por concepto de sueldos y salarios, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y aportaciones de seguridad social, se justifique con el hecho de que los contribuyentes cuenten con un crédito fiscal por dichos conceptos que podrá ser acreditado en contra del impuesto que resulte a su cargo en el ejercicio, pues los créditos que prevé la ley impugnada son desproporcionales e inequitativos, porque únicamente se pueden tomar en cuenta en el ejercicio en que se generen y no en ejercicios posteriores, desconociéndose así la capacidad contributiva en tanto que el legislador asume que esas erogaciones únicamente disminuyen el patrimonio del sujeto en un ejercicio cuando en realidad tienen repercusión en un tiempo prolongado.
Contrario a lo sustentado en la sentencia recurrida, se viola la garantía de proporcionalidad tributaria al no reconocer la realización de erogaciones consistentes en pagos de nómina que originalmente debieran ser deducibles, pero que aun siendo crédito de acuerdo al procedimiento de cálculo de la ley, no pueden llevarse contra el impuesto de ejercicios posteriores al de origen, perdiéndose o desaprovechándose, por el solo hecho de que las deducciones que sí están autorizadas excedieron a los ingresos del periodo, o bien, porque esta misma circunstancia se presentó en el pasado y existe un crédito por pérdida de impuesto empresarial a tasa única que disminuye el impuesto a cargo.
En ese sentido, el Juez a quo pierde de vista que existe una distorsión en el sistema concebido por el legislador, en el que asume que las erogaciones señaladas que se hubiesen realizado antes de la entrada en vigor de la ley, sólo impactan la esfera patrimonial de las empresas en un ejercicio, lo cual está lejos de la realidad fiscal y económica de los ahora contribuyentes del impuesto. Además, es ilegal que se pretenda hacer creer que los efectos de la deducción y el acreditamiento son lo mismo, en atención a que ambos procedimientos llevan a un mismo resultado, pues las deducciones repercuten en el cálculo de la base del tributo, mientras que el acreditamiento sucede en un momento posterior a la determinación de la base.
En otro aspecto, la sentencia recurrida también es ilegal, al señalar que el hecho de no poderse utilizar el acreditamiento por concepto de sueldos y salarios en ejercicios posteriores, no resulta ser inconstitucional, en virtud de que el impuesto es un gravamen que se calcula en ejercicios anuales. En ese sentido, en nada se relaciona que el impuesto empresarial a tasa única sea un gravamen que se calcule por ejercicios con el hecho de que cierto crédito que otorgue la ley pueda utilizarse en uno o varios ejercicios posteriores a aquel en que se haya generado. Inclusive, ello se evidencia con el hecho de que la propia ley permita a los contribuyentes amortizar ciertos créditos (pérdidas e inversiones) durante los diez ejercicios posteriores a aquellos en los que fueron generados, situación que no acontece en el caso del crédito otorgado por concepto de sueldos y salarios.
Concluye la recurrente que el Juez de Distrito se pronunció sobre varios conceptos de violación que no se hicieron valer en el escrito inicial de demanda, transgrediéndose con ello en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo.
Quinto. No deducibilidad de gastos de previsión social (proporcionalidad tributaria).
La recurrente asevera que la sentencia recurrida es ilegal en cuanto que en ella se resuelve negar el amparo respecto del artículo 5, fracción I, segundo párrafo, en relación con el artículo 6 de la ley impugnada, que prohíben la deducibilidad de los gastos de previsión social para efectos de la determinación del impuesto empresarial a tasa única, al considerar que no son violatorios de la garantía de proporcionalidad tributaria.
En efecto, es ilegal lo resuelto en cuanto se considera que aun cuando los gastos de previsión social son estrictamente indispensables para los fines de las empresas por considerarse parte del salario que el patrón entrega a sus trabajadores, el legislador cuenta con plena libertad para el establecimiento de contribuciones y fijar los requisitos para determinar las deducciones autorizadas en el impuesto empresarial a tasa única. Esa determinación es equivocada, pues tales facultades del legislador no fueron cuestionadas en el juicio de amparo y, por tanto, no formaron parte de la litis constitucional; por el contrario, lo que sí se hizo valer fue que el hecho de que se obligue al contribuyente a determinar la base del impuesto sin que se le permita reducir el monto erogado por concepto de previsión social, implica que se tribute conforme a una manifestación de riqueza distorsionada, dejándose de reconocer una erogación que constituye un costo primario en la generación de ingresos, en virtud de la realización del objeto del impuesto en estudio.
El legislador no reconoce el efecto negativo que generan en el patrimonio del contribuyente los gastos de previsión social, no obstante que éstos se encuentran relacionados con el factor trabajo de la producción y, por tanto, deben ser considerados una erogación deducible por ser estrictamente indispensables para la generación de los ingresos gravados por el impuesto empresarial a tasa única.
Además, sostiene la recurrente que se evidenció que la ley combatida limita y sanciona al patrón que pretende mejorar el nivel social, económico y/o educativo de sus trabajadores, pues los gastos de previsión social no pueden evitarse o suspenderse, pues con ello incumpliría sus obligaciones laborales y pondría en riesgo a la empresa incurriendo en una falta que es reclamable por los trabajadores.
Agrega la peticionaria que es igualmente ilegal lo sustentado por el a quo en el sentido de que la no deducibilidad de los gastos de previsión social se justifica por el hecho de que el impuesto empresarial a tasa única es un impuesto mínimo respecto del impuesto sobre la renta, y que, por tanto, este último al contener una tasa mayor y mayores deducciones, es lógico y coherente que si el impuesto cuya constitucionalidad se cuestiona tiene una tasa menor, las deducciones en él permitidas se reduzcan en relación con el impuesto sobre la renta. Sin embargo, ello no es exacto, porque el Juez a quo utiliza un argumento económico y no jurídico para justificar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas, y no se toma en cuenta que se trata de gastos estrictamente indispensables, además de que el argumento económico aducido por al Juez a quo se supera con el hecho de que si bien los impuestos señalados son complementarios, mantienen naturaleza distinta, esto es, tienen sujetos, objeto, base y tasa distintas.
Sexto. No deducibilidad de salarios y previsión social (proporcionalidad tributaria).
Sostiene la recurrente que en su demanda de garantías argumentó violación a la garantía de proporcionalidad tributaria en tanto que los artículos 3, fracción IV, tercer párrafo, en relación con los diversos 1, 2, primero y cuarto párrafos y 6, fracción I, de la ley impugnada, impedían la deducción de los intereses erogados que derivaran de operaciones de financiamiento o mutuo cuando aquéllos no se consideren parte del precio, pero que el Juez de Distrito consideró que no resultaban inconstitucionales, porque la existencia de intereses que no formen parte del precio de la contraprestación es una situación aleatoria que no en todos los casos acontece, por lo que el legislador no estaba obligado a permitir su deducción de manera necesaria aunado a que no eran estrictamente indispensables y no tenían relación directa con el objeto del impuesto.
Que contra lo sostenido por el Juez de Distrito, el pago de intereses que deriven de operaciones de financiamiento sí califica como una erogación estrictamente indispensable, pues tiene por objeto liquidar los pasivos contratados con el propósito de obtener los recursos necesarios para realizar las actividades de la empresa y como vía de consecuencia generar los ingresos que posteriormente serán gravados por el impuesto empresarial a tasa única, sin que sea obstáculo para afirmar lo anterior que las empresas no tengan por objeto el pago de intereses y que en todo caso se pueda recurrir a otras formas de financiamiento como el aumento de capital social o venta de acciones, pues la indispensabilidad estricta del entero de los intereses no radica en que sea precisamente el pago de intereses la actividad de la empresa, sino que éstos sean derivados de capitales tomados en préstamo y siempre que se hubieren investido en los fines del negocio y, por supuesto, contratado a la tasa de interés que corresponda a la del mercado, además de que aunque existen otras figuras jurídicas para financiarse con recursos propios de los contribuyentes no siempre son posibles o convenientes para la consecución del objeto social, ya que en ocasiones los socios no cuentan con suficientes recursos propios para aumentar el capital, o bien, no consideran prudente que terceras personas intervengan en la dirección del negocio a través de los derechos que se generan mediante la adquisición de acciones, resultando válido el equilibrio entre el financiamiento con recursos propios y el obtenido a través del endeudamiento.
Además, arguye la inconforme que el reconocimiento de una partida como un concepto deducible no debe obedecer a la regularidad con la que se presente en el desarrollo de la actividad del causante, sino en su necesidad para generar el ingreso que el legislador pretende gravar a fin de salvaguardar la manifestación de la capacidad contributiva idónea para concurrir al sostenimiento de los gastos públicos, tal como ocurre con las devoluciones de bienes que se reciban o de las erogaciones por concepto de aprovechamientos a cargo del contribuyente por concepto de explotación de bienes de dominio público, entre otras, que si bien no en todos los casos acontecen la ley considera como deducibles.
Alega, asimismo, la recurrente que contra lo sostenido por el a quo el hecho de que el legislador haya estimado que los ingresos por concepto de intereses derivados de operaciones de financiamiento mutuo no serán acumulables cuando aquéllos no formen parte del precio, constituye un elemento ajeno al reconocimiento que debe realizar el entero de la cantidad de la partida que es estrictamente indispensable para los fines de la actividad del constituyente; es decir, que la realización de una erogación estrictamente indispensable, como ocurre con los intereses, formen parte del precio o no, debe ser reconocida por el legislador como deducible en aras de preservar la fuente de riqueza del causante y, por tanto, no es válido rechazar su deducción como consecuencia de que el sujeto que recibe ingresos por dichos pagos no se vea obligado a acumularlos, pues en todo caso es éste quien refleja tener capacidad contributiva al incrementar su patrimonio como consecuencia de recibir un ingreso resultando desproporcional la norma al trasladar la carga tributaria que realiza el pago.
Sobre este tema la parte recurrente abunda que contra lo sostenido por el Juez a quo, los preceptos combatidos no son constitucionales por el hecho de que su propósito sea evitar riesgos en el desarrollo de las empresas y las fuentes de trabajo, ya que el endeudamiento no ocasiona un perjuicio para las empresas ni tampoco para la economía nacional y a pesar de eso no se permite la deducibilidad de los intereses, además de que no es verdad que con la deducción se busque evitar que se realicen prácticas evasivas mediante el incremento artificial del interés cargado, pues si de conformidad con el artículo 6, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única cuando en la Ley del Impuesto sobre la Renta las erogaciones sean parcialmente deducibles, para los efectos del impuesto empresarial únicamente se considerarán deducibles en la misma proporción o hasta el límite que se establezca en la ley citada, resulta evidente que los contribuyentes no podrían incurrir en prácticas elusivas, que aun permitiéndose su deducción, la tasa tendría que ser pactada a la tasa del mercado en términos de la fracción XIV del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Aduce la recurrente que lo anterior también es aplicable al argumento del sobreendeudamiento, en tanto que los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital no serían deducibles aun cuando los actos reclamados permitieran su deducción en términos de lo dispuesto en el artículo 6, fracción IV, segundo párrafo, de la ley impugnada en relación con el diverso 32, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Por otro lado, señala la recurrente que aunque en la exposición de motivos de la norma combatida se asienta que dicho tributo es complementario del impuesto sobre la renta, ello se limita al aspecto financiero de las cargas para acreditar uno contra el otro, sin que trascienda a los elementos esenciales de cada contribución como la base gravable, con lo que no debe ser permisible validar el contenido de un precepto contrario a la Constitución alegando que ello se encuentra justificado a raíz de la citada complementariedad y de los fines pretendidos por el legislador, de manera que al impedirse la deducción de los intereses erogados que deriven de operaciones de financiamiento o mutuo cuando aquéllos no se consideren parte del precio, transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria, pues impide la deducción de una erogación estrictamente indispensable que persigue liquidar pasivos contratados con el propósito de obtener los recursos necesarios para realizar las actividades del contribuyente que a su vez permiten allegarse de los ingresos que son gravados por el propio impuesto sin que exista para ello un motivo jurídico, económico o social que lo justifique.
Séptimo. No deducibilidad de intereses que deriven de operaciones de financiamiento o mutuo (equidad tributar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22469-a3eb6bab/empresarial-a-tasa-unica-el-articulo-4-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 2, AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO DEFINIR CUÁLES SON LOS "INTERESES (AMPARO EN REVISIÓN)
- EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 2, AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO DEFINIR CUÁLES SON LOS "INTERESES (AMPARO EN REVISIÓN)
- EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, EN RELACIÓN CON EL 6, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR DE SU OBJETO LOS INGRESOS POR RE (AMPARO EN REVISIÓN)
- EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXENTAR DEL PAGO DE ESE TRIBUTO A LAS PERSONAS MORALES REFERIDAS EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
- REVISION DE OFICIO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- AUTORIDADES RESPONSABLES, REPRESENTACION DE LAS, EN EL AMPARO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis