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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL EXAMEN DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PARA SU PROCEDENCIA SUPONE NECESARIAMENTE QUE EL CASO ESTÉ DENTRO DE LA ÚNICA EXCEPCIÓN A LA INATACABILIDAD DE LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO (ABANDONO DE LAS TESIS 2a./J. 114/2006, 2a./J. 32/2002 Y 2a. CXVIII/2002).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 793/2010. · Registro digital (IUS): 22464
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 2448.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 793/2010. **********

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto del diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y 11, fracción V, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en los puntos segundo y tercero, fracción II, en relación con el punto cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, en un juicio de amparo directo laboral, cuya materia corresponde a la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. El recurso se presentó en tiempo, dado que la sentencia recurrida se notificó por medio de lista de diecisiete de marzo de dos mil diez, surtiendo efectos el dieciocho siguiente, por lo que el término legal de diez días empezó a correr el diecinueve de marzo y concluyó el seis de abril, descontándose los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de marzo, tres y cuatro de abril, por ser sábados y domingos, días inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el treinta y uno de marzo, uno y dos de abril, por ser inhábiles de conformidad con el Acuerdo 4/2010, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el tres de marzo del presente año.

En esas condiciones, si el recurso de revisión fue presentado el cinco de abril de dos mil diez, es inconcuso que se hizo valer oportunamente.

TERCERO. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:

I. Antecedentes del caso.

a) Con fecha veintidós de agosto de dos mil cinco, el quejoso presentó demanda laboral en contra de la Secretaría de Educación Guerrero, reclamando como acción principal la indemnización constitucional y otras prestaciones.

b) Mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil cinco, se admitió a trámite la demanda laboral, radicándose con el número de expediente DO. 349/2005, y se ordenó emplazar a juicio a la demandada.

c) En fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco, tuvo verificativo la audiencia de conciliación; las partes no llegaron a ningún arreglo por lo que se decretó la continuación del procedimiento.

d) El veintitrés de febrero de dos mil seis, dio inicio la audiencia de demanda, contestación, ofrecimiento y recepción de pruebas, terminándose hasta el treinta y uno de mayo de dos mil seis, en la que las partes ofrecieron las pruebas pertinentes, por lo que la responsable se reservó el derecho para dictar el auto admisorio en el que se hizo saber a las partes que se les notificaría personalmente.

e) Con fecha ocho de septiembre de dos mil seis, la autoridad responsable notificó el auto admisorio de pruebas de cuatro de septiembre de dos mil seis, mismas que se desahogaron en diversas fechas.

f) En quince de agosto de dos mil siete, previa certificación de que ya no quedaban pruebas pendientes por desahogar, se puso a la vista el expediente para que ambas partes formularan los alegatos correspondientes en un término de tres días.

g) El dos de abril de dos mil ocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dictó laudo.

h) Inconformes con el laudo antes referido, los actores presentaron demanda de amparo directo registrada con el número 514/2008, de la que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien dictó sentencia con fecha cinco de marzo de dos mil nueve.

i) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable emitió laudo definitivo el siete de septiembre de dos mil nueve, en el sentido de absolver a la demandada Secretaría de Educación Guerrero de las prestaciones reclamadas.

II. En los conceptos de violación, la parte quejosa sostuvo, en esencia, lo siguiente:

a) Que se violan en su perjuicio los preceptos constitucionales 14 y 16, al sustanciar y emitir la resolución definitiva que se impugna.

b) Que el tribunal responsable no se apegó a lo establecido en el artículo 880, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, ya que las partes tienen una sola oportunidad para ofrecer y objetar pruebas, y en el caso la demandada debió ofrecerlas desde su primera intervención, por lo que la responsable debió desecharlas y no otorgarles ningún valor probatorio, toda vez que no fueron exhibidas en el momento procesal oportuno.

c) Que la autoridad responsable debió negar valor probatorio a las documentales consistentes en diversos contratos, porque la certificación no contiene los datos identificativos de donde obran los documentos originales, por lo que no hacen prueba en el juicio laboral, es decir, que carecen de validez debido a que no se observaron los requisitos legales para hacer la certificación y ésta fue efectuada por el secretario auxiliar de audiencias, quien no está facultado para ello.

d) Que les causa perjuicio el laudo, ya que no contiene las manifestaciones hechas en la réplica y objeciones en contra de las pruebas ofrecidas por la demandada. Asimismo, deja de analizar y valorar las pruebas documentales y de inspección, a fin de confrontar la acción con las excepciones opuestas.

e) Que el laudo resulta incongruente porque no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas por la parte actora; además, la responsable no expresó los motivos, razonamientos y fundamentos que tuvo para omitir la transcripción y análisis de las pruebas.

f) Que el laudo no es congruente con las pretensiones hechas valer oportunamente, la réplica y objeciones a las pruebas, ya que sólo debe ocuparse de la litis planteada en la demanda y su contestación, así como de las prestaciones hechas valer en su momento procesal oportuno.

g) Que le causa agravio la incorrecta interpretación y valoración de la prueba confesional a cargo de **********, al incurrir en defectos de lógica en el raciocinio, pues sólo analiza las posiciones que le fueron formuladas a la actora, en las que reconoce como hecho propio que la relación de trabajo estuvo sujeta a contratos por tiempo determinado y que el último tiene una vigencia del dos al treinta de junio de dos mil cinco, por lo que debió estimar que los contratos son contrarios a la naturaleza del servicio y por ello adquieren el carácter de contratos por tiempo indefinido, porque no fueron celebrados para suplir transitoria o temporalmente a otro trabajador, no obstante que la prestación de un servicio constituye una actividad normal y permanente, porque se ha realizado por varios años, en consecuencia, los contratos no están sujetos al artículo 37, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.

h) Que la autoridad es incongruente, porque en la contestación a la demanda no se advierte que se haya opuesto como defensa y excepción que los quejosos hayan sido trabajadores de confianza, no obstante, refiere dicha aseveración en el laudo. Por otro lado, que la responsable no consideró que en la contestación a la demanda admitió que los trabajadores realizaban actividades meramente administrativas.

i) Les causa agravio que la autoridad responsable absolvió a la demandada de las prestaciones consistentes en los comprobantes de aportaciones al FOVISSSTE y al SAR, argumentando la falta de disposición legal para requerir el pago, aun cuando sí es competente para ello.

j) Que de igual forma la responsable absolvió a la demandada del pago de prima de antigüedad y prima vacacional, pero sí condenó al pago de vacaciones, por lo que es lógico que la prima vacacional debió declararse igualmente procedente.

k) Que la autoridad debió condenar al pago de días festivos, porque en el desahogo de la prueba de inspección la demandada no exhibió la documentación que acreditara haber pagado días festivos y los quejosos sí probaron haberlos laborado.

l) Que el laudo resulta escaso de argumentos legales, de equidad, jurisprudencia y doctrina, ya que la responsable absuelve a la demandada del pago de la indemnización constitucional, veinte días por cada año de trabajo y salarios caídos, en virtud de que los actores no fueron despedidos injustificadamente; asimismo absuelve a la demandada de la prima de antigüedad, prima vacacional, comprobante de aportaciones al FOVISSSTE, comprobantes de aportaciones al SAR y al pago del 10% de intereses moratorios, asistencia médica y hospitalización; diferencia salarial y pago de días festivos argumentando que no está en posibilidad de condenar a la institución demandada porque esa función no es propia del órgano laboral.

m) Asimismo le causa perjuicio que la autoridad absuelva a la demandada de las prestaciones de horas extras, aguinaldo y vacaciones por todo el tiempo laboral; porque no tomó en cuenta que ésta opuso la excepción de prescripción sin precisar la fecha en que debía iniciar el cómputo del término prescriptivo y cuándo se consumó, por lo que dejó de estimar que dicha excepción fue opuesta de manera deficiente y no era procedente la suplencia de la queja deficiente.

n) Por último, al existir violaciones notorias, solicita se analice en su integridad la demanda de amparo y se supla la deficiencia de la queja.

III. En la ejecutoria, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en lo que a este toca interesa, consideró lo siguiente:

a) Resultan inoperantes los argumentos esgrimidos en el primer y segundo conceptos de violación, al considerar que el tribunal responsable violó lo dispuesto por el artículo 880, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, al admitir las pruebas documentales ofrecidas por la demandada, en su tercera intervención ya que su derecho había precluido, por lo que debió concederse valor probatorio a las documentales ofrecidas extemporáneamente. Además, que le ocasiona perjuicio la certificación que hizo el tribunal laboral, porque no satisface los requisitos de validez; lo anterior es así, en atención a que dichos argumentos ya fueron motivo de estudio en la ejecutoria de amparo directo laboral 514/2009, lo que constituyen cosa juzgada.

b) Son fundados pero inoperantes los argumentos planteados en el quinto y primera parte del tercer conceptos de violación, toda vez que les asiste la razón al expresar que la responsable no se pronunció respecto de las objeciones que formularon tendentes a evidenciar la ilegalidad de las certificaciones realizadas sobre las pruebas documentales ofertadas por la demandada; sin embargo, dicha omisión por sí sola resulta intrascendente para otorgar la protección constitucional solicitada, toda vez que la legalidad de dichas certificaciones ya fue materia de pronunciamiento en la diversa ejecutoria de amparo directo 514/2009.

c) Es infundado el séptimo concepto de violación, ya que contrario a lo sostenido por los peticionarios de garantías, del escrito de contestación de demanda se advierte con claridad que la secretaría demandada refirió que los quejosos fueron contratados por tiempo determinado y en una categoría de confianza, alegación suficiente para que el tribunal laboral analizara la calidad que se les atribuía a los actores y si tenían o no derecho a la indemnización constitucional, además la jurisprudencia número 2./J. 36/2003 de la Segunda Sala establece que aun en el supuesto de que a la parte demandada se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, el tribunal laboral tiene la obligación de examinar si los hechos que se hayan tenido por ciertos acreditan la acción ejercitada y si el actor tiene derecho a las prestaciones reclamadas.

d) Que resulta infundado su sexto concepto de violación, en el que refieren que la autoridad responsable realiza una incorrecta interpretación y valoración de la prueba confesional a cargo de la actora **********, toda vez que la duración de la relación laboral que sostuvieron con la demandada no es materia de debate, ya que la tercero perjudicada en modo alguno controvirtió la periodicidad que refirieron en su demanda; sin embargo, contrario a lo sostenido por los peticionarios de garantías, aun cuando su relación laboral haya perdurado por varios años, ello no significa que el último de los contratos de trabajo que firmaron con la institución demandada se convierta en contrato por tiempo indefinido y aun cuando hayan sostenido una relación laboral sujeta a contratos por tiempo determinado desde los años dos mil dos y dos mil tres, ello no les genera el derecho de la estabilidad en el empleo.

En efecto, los trabajadores de confianza no están protegidos por el principio constitucional previsto en el apartado B del artículo 123 constitucional, en cuanto a la estabilidad en el empleo, sino solamente en lo relativo a la percepción de sus salarios y en lo referente a las prestaciones del régimen de seguridad social, con exclusión desde luego del goce de derechos a la estabilidad en el cargo como derecho individual, lo cual conlleva a determinar que aun cuando hayan sostenido una relación laboral sujeta a contratos por tiempo determinado desde los años dos mil dos y dos mil tres como lo sostienen, dicha circunstancia no puede generarles el derecho de la estabilidad en el empleo y, ante ello, al término del último de sus contratos de trabajo, la dependencia para la cual laboraban no se encontraba obligada a renovárselos ni a indemnizarlos.

e) Es fundado el último concepto de violación que se hace valer, en el que los quejosos alegan que el tribunal responsable de manera equivocada declara procedente la excepción de prescripción que hizo valer la demandada, no obstante que dicha parte procesal omitió aportar los elementos suficientes para que la Junta estuviera en posibilidad de analizar dicha excepción, es decir, no señaló con precisión respecto de qué acción o pretensión se opuso la prescripción, en qué momento nació el derecho del trabajador para ejercitarlo y cuál es la fecha en que el plazo prescriptivo se consumó.

f) Por otra parte, es incorrecta la apreciación de la autoridad responsable, relativa a las prestaciones accesorias consistentes en horas extras, vacaciones y aguinaldo, al condenar a la demandada sólo por el último año de servicio, por estimar que había operado la excepción de prescripción que opuso la parte patronal, toda vez que no apreció que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con excepción de los supuestos específicos contemplados en la ley.

g) Que es incorrecta la apreciación de la responsable respecto del aguinaldo, ya que no debió condenar a su pago, con base "al último año laborado", ya que sólo se paga un año atrás a la fecha en que sucedió el despido injustificado, lo que tuvo verificativo el veintinueve de junio de dos mil cinco por lo que respecta a **********, y el uno de julio de dos mil cinco por lo que hace a **********; de igual forma con las diversas prestaciones consistentes en el pago de horas extras y vacaciones, ya que únicamente condenó por el último año que duró la relación de trabajo.

h) Que la responsable no realizó el cómputo correcto a partir del momento que se generó el derecho para exigir el pago correspondiente decretando la excepción de prescripción.

i) Por otra parte, es fundado el octavo concepto de violación hecho valer por los quejosos consistente en la exhibición de los comprobantes de aportaciones al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fondo de Ahorro para el Retiro que constituyen una prerrogativa constitucional susceptible de incorporarse a su esfera de derechos con motivo del vínculo laboral que los unía con la demandada; ya que de manera errónea la responsable estimó no estar en posibilidad de condenar por tales prestaciones dada la falta de disposición legal para ello, pero el hecho de que no están previstas en la ley de la materia, es insuficiente para absolver a la demandada de otorgar a los actores esas reclamaciones.

j) En otro aspecto, es fundado el noveno concepto de violación, toda vez que sí existe disposición legal para emitir condena respecto a la prestación secundaria de prima vacacional, pues si bien es cierto que la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, no la contempla expresamente, la responsable debió acudir supletoriamente al artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por disposición del artículo 116, fracción VI, constitucional, al remitir a la Ley Reglamentaria del artículo 123, apartado B, de la propia Constitución Federal; con lo que se llena el vacío legislativo, de donde deriva que no se trata de una prestación accesoria, sino que es consustancial a la de vacaciones.

k) Que resultan fundadas pero inoperantes en parte y fundadas en otra, las alegaciones vertidas en la segunda parte de su tercer concepto de violación, cuarto concepto de violación y décimo primer concepto de violación, en razón de que: la responsable no se pronunció respecto de las pruebas documentales ofrecidas a su favor, pero dicha omisión por sí sola resulta intrascendente para otorgar la protección constitucional solicitada, pues ello a nada práctico conduciría.

l) Que la omisión por parte de la responsable de ocuparse del estudio y valoración de las documentales precisadas en sus conceptos de violación, resulta intrascendente, puesto que la misma no afectó el resultado del laudo; máxime que lo que motivó la absolución de la demandada sobre la acción principal, radica en que los actores fueron catalogados como trabajadores de confianza, sin derecho a la estabilidad en el empleo, ni a reclamar indemnización constitucional.

m) Por otro lado, son fundados y aptos para otorgar la protección constitucional solicitada, los conceptos de violación concernientes a la omisión de valoración de la prueba de inspección que ofrecieron los actores sobre los documentos administrativos y contables que maneja la secretaría demandada, consistentes en: a) contratos de trabajo; b) nóminas o recibos de pago por concepto de vacaciones; c) nóminas o recibos de pago por concepto de aguinaldo; d) lista de asistencia y nóminas o recibos de pago por concepto de séptimos días; e) lista de asistencia y nóminas o recibos de pago por concepto de días festivos y de descanso semanal obligatorios; f) lista de asistencia y nóminas o recibos de pago por concepto de hora y media por jornada diaria laboradas ininterrumpidamente; g) recibos o aportaciones realizadas al FOVISSSTE; h) recibos o aportaciones realizadas al SAR; e i) tarjeta de reloj checador o lista de asistencia, ya que la responsable debió analizar y asignarle el valor demostrativo que le correspondía, así como señalar si resultaba apta o no para alcanzar los fines pretendidos.

n) Que se viola en su perjuicio la omisión de la responsable respecto del estudio de la prueba de inspección de siete de noviembre de dos mil seis, misma que los quejosos ofrecieron con el propósito de probar -entre otras cuestiones-, que sí laboraron los días feriados y de descanso obligatorio.

ñ) Que se otorga el amparo a los quejosos, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte uno nuevo, en el que previo análisis y valoración de la prueba de inspección propuesta por los actores, resuelva lo procedente en relación al pago de días festivos y de descanso obligatorio que reclaman los actores; debiendo resolver lo relativo al pago de la prima vacacional, la exhibición de los comprobantes de aportaciones al FOVISSSTE y SAR, así como también para que funde y motive correctamente lo relativo a la prescripción de las prestaciones accesorias.

IV. Los agravios esgrimidos por la parte quejosa hoy recurrente, en síntesis, son:

I. Que el Tribunal Colegiado interpretó directamente en su perjuicio el artículo 116, fracción VI y 123, apartado B, fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no cumplió con su obligación de suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda de amparo, y con ello el acto reclamado afecta sus garantías tuteladas por el artículo 123 constitucional.

II. Que por el hecho de haber promovido por propio derecho, les afecta en sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 123 constitucional, que no se les haya suplido la deficiencia de la queja, debido a que los artículos 107 constitucional y 76 Bis de la Ley de Amparo, disponen la obligación de suplir la queja deficiente.

III. Por lo que resulta procedente la revisión, aunque no se planteen cuestiones de inconstitucionalidad, porque los artículos citados fueron aplicados en su perjuicio.

IV. Además, se surte el requisito de importancia y relevancia, porque el Tribunal Colegiado sustenta un criterio contrario a la jurisprudencia, pues tal proceder es contrario al contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo. Cita como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 32/2002. "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SE SURTE EL REQUISITO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SUSTENTA UN CRITERIO CONTRARIO A UNA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL PRONUNCIARSE EN TORNO A UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD."

V. Que el Congreso del Estado de Guerrero, con base en las facultades que le confieren los artículos 116, fracción VI y 123, apartado B, fracción XIV, constitucionales, expidió la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, pero como ésta no determina los cargos que serán considerados de confianza, se tiene que tomar en consideración la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuyo artículo 5 se establecen los cargos de confianza. Luego, para determinar los puestos de confianza habrá de relacionar lo previsto en la Constitución y en la ley reglamentaria, lo que vincula la violación constitucional.

VI. Que en el caso, no se acreditaron los requisitos relativos a la existencia legal de las categorías, catálogo o funciones, para que pudieran considerarse las categorías de confianza, pues corresponde al patrón demostrar en qué norma se formalizó la creación de la plaza, para estimar que las funciones desarrolladas pertenecen a las categorías de confianza, y por ello no se encuentran incluidas en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

VII. Que el Tribunal Colegiado consideró infundado su concepto de violación, con base en el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, en cuyo caso, suponiendo sin conceder, la parte patronal estaba obligada a dar aviso por escrito de las causas de rescisión, por lo que ante el incumplimiento de lo previsto en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el despido debe considerarse injustificado.

VIII. Que el Tribunal Colegiado omite aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

IX. Que no obsta que con los "citados preceptos" (sin indicar cuáles), se hayan superado los derechos de los trabajadores de confianza que consagra la fracción XIV, del apartado B, del artículo 123 constitucional, limitados a la protección del salario y a los beneficios de la seguridad social, lo que implica que en caso de despido injustificado pueden ejercer los derechos inherentes al mismo.

X. Que el Tribunal Colegiado no atendió a que previa privación de los derechos consagrados en la Constitución Federal, la Federación deberá adoptar sus prácticas en la impartición de justicia a fin de que sus actos estén apegados a lo estrictamente legislado, desprendiéndose que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado.

XI. La ejecutoria que emitió el Tribunal Colegiado no puede considerarse adecuada a los principios generales del derecho, dado que ignoró por completo en perjuicio de los recurrentes dichos principios y por ello no reúne los requisitos legales.

XII. La ejecutoria resulta incongruente porque se alteró la litis planteada, pues en ningún momento la demandada contestó que los actores hayan sido trabajadores de confianza.

XIII. Que al existir violaciones graves en la resolución que se recurre, se invoca la suplencia de queja prevista en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo.

CUARTO. El presente recurso resulta improcedente y, por tanto, debe desecharse, ya que el pronunciamiento de fondo sobre las cuestiones planteadas en él, no derivan del análisis de un tema de constitucionalidad.

De conformidad con el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la procedencia del recurso de revisión se requiere que en la ejecutoria correspondiente, el Tribunal Colegiado de Circuito decida sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezca la interpretación de algún precepto de la Constitución, cuya resolución entrañe la fijación de un criterio de importancia y transcendencia.

Con base en lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:

a) Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio.

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.

Supuestos que en el presente caso no se reúnen, pues a pesar de que el recurrente afirma en sus agravios que se hizo una indebida interpretación de los artículos 116, fracción VI y 123, apartado B, fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la resolución recurrida se observa que el Tribunal Colegiado únicamente abordó aspectos de legalidad; veamos porqué.

Primeramente, se ha visto que en el planteamiento de los conceptos de violación, sintetizados con antelación, la parte quejosa no propuso la interpretación de los artículos 116, fracción VI y 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que únicamente expuso argumentos vinculados a cuestiones de mera legalidad, tales como que la autoridad responsable había cometido violaciones a la reglas del procedimiento, por admitir pruebas ofrecidas a destiempo; que valoró incorrectamente las pruebas ofrecidas por la parte actora; que absolvió de diversas prestaciones; y que no consideró las manifestaciones hechas por la parte demandada en su contestación, en relación con la temporalidad de diversos contratos ofrecidos como prueba.

Por otro lado, en relación con los argumentos planteados por la parte quejosa, relativos a que la autoridad responsable consideró que los actores habían sido trabajadores de confianza, sin que se hubiera opuesto esa defensa; en la ejecutoria de amparo se observa que el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó que contrario a lo que acusaban, la parte demandada sí había manifestado como defensa que los quejosos tenían esa calidad, señalando además que, con independencia de esa excepción, en la jurisprudencia 2a./J. 36/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando un trabajador de confianza demanda prestaciones a las que por disposición constitucional y por la ley, no tiene derecho (como la indemnización), aun en el supuesto que a la parte demandada se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, el tribunal laboral tiene la obligación de examinar si los hechos que se hayan tenido por ciertos acreditan la acción ejercitada.

Más adelante, precisó que los trabajadores de confianza no están protegidos por el principio constitucional previsto en el apartado B del artículo 123 constitucional, en cuanto a la estabilidad en el empleo, sino solamente en lo relativo a la percepción de sus salarios y en lo referente a las prestaciones del régimen de seguridad social, por lo que aun cuando la relación laboral estuviera sujeta a contratos por tiempo determinado, ello no podía generarles el derecho de la estabilidad en el empleo; lo que apoyó en la jurisprudencia 4a./J. 22/93, de la entonces Cuarta Sala, de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE."

En otro punto de la ejecutoria, el Tribunal Colegiado refirió que ante la falta de regulación sobre el pago de prima vacacional en la legislación laboral estatal, la autoridad responsable debió acudir, por disposición del artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuyo artículo 40 se regula la procedencia de esa prestación, lo que motivó a concederle la protección constitucional por ese concepto.

En esas condiciones, como el análisis del Tribunal Colegiado solamente refiere un problema de aplicación de normas legales y no de interpretación constitucional, el presente r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22464-f0fded23/revision-en-amparo-directo-el-examen-de-importancia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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