PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO CONTIENE UNA CAUSA DE CESE DISTINTA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
AMPARO EN REVISIÓN 140/2010. **********.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente amparo en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción IV y 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 10, fracción II, inciso a), 11, fracción V y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve siguiente en el Diario Oficial de la Federación, ya que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de una resolución dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es el decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
SEGUNDO. No es necesario analizar la oportunidad en la interposición del recurso, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que el mismo fue presentado en los términos legalmente establecidos.
TERCERO. En virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito se ocupó de los agravios hechos valer por la parte recurrente, y revocó el sobreseimiento en el juicio de garantías decretado por la Juez Federal, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede el examen de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa que no fueron analizados.
CUARTO. La parte quejosa hizo valer, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:
1. El artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve, transgrede la libertad de trabajo prevista en el artículo 5o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, porque otorga un plazo de sesenta días al personal de base para que elija entre: I. Manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República, en cuyo caso deberá someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y aprobarlas; II. Acogerse al programa de reubicación dentro de la administración pública federal conforme con su perfil; o III. Adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal; y, de esa forma se coarta su libertad de trabajo, porque la obligan a expresar su voluntad de permanecer en la institución, lo que en sí mismo encierra una condicionante que restringe su libertad de trabajo.
Los requisitos previstos en la norma transitoria constituyen un contrato en que la persona renuncia temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio, lo que violenta la garantía de libertad de trabajo.
Cualquiera de las tres opciones es contraria a la libertad de trabajo; la primera porque condiciona su permanencia en la institución siempre y cuando manifieste su voluntad de seguir laborando, de lo contrario se le separará de su empleo, de forma que si omite realizar esa manifestación teóricamente se le está despidiendo.
La segunda alternativa refiere que podrá acogerse en cualquier otra entidad de la administración pública federal, cuestión inadmisible porque tendrá que emigrar a otra dependencia y desempeñar otro trabajo bajo otras condiciones con un patrón distinto; se trata de un despido de trabajo con ofrecimiento de otro empleo.
La tercera opción se refiere a una renuncia forzada, por lo que la ley combatida ataca la libertad de trabajo ya que impone una serie de requisitos y condiciones sin que medie autorización judicial o administrativa.
2. El referido ordenamiento es contrario a lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, toda vez que la ley orgánica lleva consigo una aplicación retroactiva, ya que por su sola entrada en vigor modifica las condiciones laborales de los empleados de base, pues al ingresar a laborar a la procuraduría adquirió derechos por los cuales se le contrató con los requisitos y condiciones existentes en esa fecha y con el nuevo ordenamiento se alteran los derechos adquiridos con anterioridad, al modificarse su contratación original; lo que se apoya con las jurisprudencias de rubros: "TRABAJADORES DE CONFIANZA. RETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." y "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA."
3. El ordenamiento legal impugnado es contrario al precepto constitucional 123, apartado B, fracciones IX, XI, inciso b) y XIII, segundo párrafo; toda vez que se le obliga a expresar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República, lo que en sí mismo encierra una condicionante que restringe su libertad de trabajo.
La norma constitucional prevista en la fracción XIII, refiere que sólo los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que señalen las leyes vigentes para permanecer o por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; no obstante el precepto cuestionado dispone que también el personal de base podrá ser separado si no cumple con los requisitos, por lo que resulta clara la inconstitucionalidad de dicho ordenamiento legal al pretender aplicar un requisito a sus empleados de base, cuando la Constitución sólo lo prevé para otro tipo de personal.
4. Asimismo el ordenamiento legal impugnado viola el artículo 16 constitucional, toda vez que carece de fundamentación y motivación pues contempla supuestos normativos que atentan contra las prerrogativas de los trabajadores de base de dicha institución.
QUINTO. Por cuestión de método y técnica jurídica se aborda en primer lugar el estudio del tercero de los conceptos de violación, en el que la quejosa aduce medularmente que el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República contraviene el artículo 123, apartado B, fracciones IX, XI, inciso b) y XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A efecto de determinar si el artículo cuarto transitorio de la ley reclamada viola o no, derechos fundamentales, es necesario tener en cuenta el contenido las fracciones referidas, del artículo 123, apartado B, constitucional.
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"...
"IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.
"En caso de separación injustificada tendrá (sic) derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;
"...
"XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
"...
"b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.
"...
"XIII. ... Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido."
El artículo antes transcrito consagra la garantía que toda persona tiene para el derecho al trabajo digno y socialmente útil; para tal efecto, se impone al Estado la obligación de promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
En la fracción IX, se garantiza que los trabajadores al servicio del Estado únicamente podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, conforme lo prevenga la ley correspondiente. Esta norma constitucional constituye la base jurídica que sustenta el principio de inamovilidad para los funcionarios públicos de base al servicio del Estado; pero cómo debe interpretarse este principio constitucional.
Se considera de suma importancia abundar en este punto, para tener elementos de juicio a fin de determinar si el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República violenta esa garantía social.
Para ello, debe señalarse que la ley correspondiente a que alude la fracción IX, apartado B, del artículo 123 constitucional, es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ordenamiento jurídico que rige las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.
Ciertamente, el principio que encierra el artículo 123 citado está desarrollado en el artículo 6o. de la ley laboral burocrática, en relación con los diversos 2o. y 4o. del mismo ordenamiento legal, que disponen respectivamente:
"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación."
"Artículo 3o. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales."
"Artículo 4o. Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base."
"Artículo 6o. Son trabajadores de base: Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente."
De los preceptos antes transcritos, deriva lo siguiente:
La ley laboral burocrática, a la que remite la fracción IX del artículo 123, apartado B constitucional, divide a los trabajadores en dos grupos: de base y de confianza. Los primeros tienen derecho a la inamovilidad pasados seis meses de servicios siempre y cuando no tengan nota desfavorable en su expediente.
Por su parte, el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado resulta de importancia en la concepción del principio de inamovilidad, debido a que detalla y concretiza las causas de cese aprobadas por el legislador, en los términos siguientes:
"Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:
"I. Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los reglamentos de trabajo aplicables a la dependencia respectiva;
"II. Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación;
"III. Por muerte del trabajador;
"IV. Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el desempeño de sus labores;
"V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes:
"a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio.
"b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada.
"c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo.
"d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo.
"e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo.
"f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren.
"g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores.
"h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante.
"i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva.
"j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria.
"En los casos a que se refiere esta fracción, el jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma entidad federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
"Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el titular de la dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el sindicato correspondiente; pero si éste no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e), y h), el titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento.
"Cuando el tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos."
Como se advierte del contenido normativo del precepto legal citado, la Ley Reglamentaria del Artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, enuncia una serie de hechos y actos que se consideran como causa justificada para cesar a los trabajadores de base al servicio del Estado. Esto es, si algún empleado incurre en alguno de esos supuestos, pierde el derecho a la inamovilidad, pues la dependencia en la que presta sus servicios adquiere la facultad de cesarlo, conforme a los términos y procedimientos previstos en la propia ley.
Así las cosas, conforme al principio contenido en el artículo 123, apartado B, fracción IX, constitucional, concretizado y detallado por los numerales 6o. y 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la inamovilidad de los trabajadores de base al servicio del Estado, que representa estabilidad en el empleo, se sustenta en la certeza jurídica que éstos tienen de no ser cesados ni suspendidos de su trabajo, a menos que incurran en alguna causa de cese prevista en la ley burocrática. Es decir, la inamovilidad es el derecho constitucional de continuar en ocupación laboral, sin mayor condición que no incurrir en causa de cese.
Una vez precisado lo anterior, procede tener en consideración el contenido del artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve, a efecto de determinar si transgrede o no el principio de inamovilidad en el empleo.
Dicho numeral dispone lo siguiente:
"Cuarto. En un marco de respeto a sus derechos laborales, el personal de base que se encuentre laborando en la Procuraduría General de la República, tendrá un plazo de sesenta días hábiles contado a partir de la entrada en vigor de esta ley para optar por cualquiera de las alternativas siguientes:
"I. Manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República en cuyo caso deberá someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y aprobarlas;
"II. Acogerse al programa de reubicación dentro de la administración pública federal conforme con su perfil, o
"III. Adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal.
"La Procuraduría General de la República contará con un periodo de tres años a partir del inicio de la vigencia de la presente ley, a efecto de instrumentar lo dispuesto en este artículo.
"El personal que opte por lo dispuesto en la fracción I de este artículo y no se someta o no apruebe las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, dejará de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable."
La norma de tránsito dispone que el personal de base que se encuentre laborando en la Procuraduría General de la República, tendrá un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de su entrada en vigor, para elegir entre:
I. Manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República en cuyo caso deberá someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y aprobarlas;
II. Acogerse al programa de reubicación dentro de la administración pública federal conforme con su perfil, o en su caso;
III. Adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal.
Además, esa norma dispone que la Procuraduría General de la República contará con un periodo de tres años a partir del inicio de la vigencia de la ley, para instrumentar lo dispuesto en el mismo, por un lado; y por otro, que el personal que opte por lo dispuesto en la fracción I del artículo cuarto transitorio en estudio que no se someta o no apruebe las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales dentro del plazo de los sesenta días que les otorga, dejará de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable.
La opción prevista en la fracción I de la norma transitoria en cuestión, está relacionada con el diverso 13, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Este numeral dispone lo siguiente:
"Artículo 13. El personal de la Procuraduría General de la República se organizará como sigue:
"...
"II. El personal de base deberá aprobar las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que establece esta ley y estará sujeto al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables. En caso de que resulten no aptos, se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional."
Conforme al texto del artículo 13, fracción II, de la ley tildada de inconstitucional, la exigencia del artículo cuarto transitorio, en su fracción I, representa para el personal de base la necesidad de aplicar y aprobar las siguientes evaluaciones:
A. Control de confianza, establecidas en el artículo 49 de la ley en comento;
B. Desempeño, contempladas en el artículo 50 del mismo ordenamiento legal; y,
C. Competencias profesionales que establece el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Además de que estará sujeto al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables.
En caso de que resulten no aptos, se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
A partir de los elementos antes relatados, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que obliga a los trabajadores de base que estén prestando servicios en la mencionada procuraduría, a decidir entre las tres opciones aludidas, de ninguna manera atenta contra el principio de inamovilidad, consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal.
Esto se estima así, porque la norma transitoria, en ninguno de los supuestos dispone que los trabajadores de base dejarán de prestar sus servicios por el solo hecho de preferir cualquiera de las opciones; es decir, la circunstancia de que los servidores públicos de base elijan alguna de las alternativas previstas en el precepto cuestionado, no incide ni afecta el derecho que tienen de continuar prestando sus servicios en la Procuraduría General de la República, conforme a los términos previstos en el artículo 123, apartado B, fracción IX, constitucional y 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En efecto, la fracción I del artículo cuarto transitorio, que establece el supuesto en que el trabajador de base podrá manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República, en cuyo caso deberá aplicar y aprobar las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales; contrariamente a lo aducido, otorga prioridad y preferencia al principio de inamovilidad, porque tiene como objetivo principal que los trabajadores de base continúen prestando sus servicios personales en la institución, con la condición de que se sometan a evaluaciones de control de confianza y las aprueben, pues de lo contrario, dice la norma, serán cesados conforme a la ley correspondiente.
Sobre este punto, conviene precisar, con la finalidad de justificar por qué no se transgrede el principio de inamovilidad, que aun en el supuesto de que los trabajadores de base elijan esta opción y no aprueben las evaluaciones, de ninguna manera significa que, por ese solo hecho, puedan ser cesados de manera automática; debido a que tanto el artículo transitorio en su parte final, como el artículo 13, disponen que la consecuencia, en caso de no aprobar las evaluaciones, será dejar de prestar sus servicios y que se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
De esta forma, la procuraduría tendrá que ubicar el resultado de las evaluaciones desaprobatorias en alguna de las causas de cese previstas en el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, además de seguir el procedimiento correspondiente; porque no se está en el supuesto de que la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República instituya una causa de cese especial para sus trabajadores de base, que se apoye en la no aprobación de las evaluaciones de control de confianza, debido a que cualquier causa de cese debe estar contemplada en la ley burocrática.
En tal virtud, la condición contenida en la fracción de cuenta, relativa a la necesidad de aplicar y aprobar las evaluaciones de control de confianza, no tiene como finalidad contravenir el principio de inamovilidad de los trabajadores de base, al contrario tiende a reafirmar su sentido y alcance jurídicos, en la medida que se provee de un mecanismo de control de calidad de los servidores públicos de base de la Procuraduría General de la República, para preservar los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, en el desarrollo de su función.
Esto atento a la exposición de motivos, en la que se dijo:
"Bajo un nuevo modelo de organización, la Procuraduría General de la República fortalecerá sus procedimientos y mecanismos para la selección, ingreso, permanencia, capacitación y profesionalización de su personal, lo que le permitirá contar con las herramientas necesarias para mejorar su desempeño y la calidad del servicio que presta a la sociedad.
"Asimismo, las nuevas bases de organización que se proponen en la presente iniciativa para el Ministerio Público de la Federación permitirán distribuir con mayor eficiencia las cargas de trabajo y acercar a la ciudadanía los servicios de procuración de justicia federal, bajo una estructura con mucha mayor capacidad operativa.
"...
"En el ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría General de la República buscará la satisfacción del interés social y el bien común, y la actuación de su personal se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos."
Así, este órgano jurisdiccional estima necesario subrayar, como de suma importancia, que todos los funcionarios públicos no sólo los de confianza, sino también los de base, de cualquier dependencia, pero con mayor razón en la Procuraduría General de la República, por ser la encargada de procurar justicia en el país, sean éticos, probos, rectos, comprometidos y eficientes.
Estos requisitos, en alguna medida, se pueden satisfacer con las evaluaciones periódicas de control de confianza, de desempeño y de competencias profesionales y además tienen como propósito prevenir a los trabajadores de base para que no incurran en los supuestos de cese a que alude el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de asegurar su inamovilidad.
Por lo que se refiere a la segunda y tercera opciones, tampoco violentan el derecho a la inamovilidad, debido a que éstas otorgan plena libertad a los trabajadores de base para decidir ubicarse en otras dependencias de gobierno o de plano separarse del servicio público; en cuyo caso, la decisión de acogerse a cualquiera de estas opciones, implica necesariamente la manifestación de voluntad de no seguir prestando sus servicios en la Procuraduría General de la República, circunstancia que de manera clara deja de lado la posibilidad de que sean cesados, pues la relación laboral con la procuraduría terminará voluntariamente.
Por otra parte, se estima que el artículo tildado de inconstitucional tampoco vulnera el derecho de seguridad social previsto en la fracción XI, inciso b), del apartado B, del artículo 123 constitucional; pues si este precepto protege el derecho a conservar el trabajo en caso de accidente o enfermedad, por el tiempo que determine la ley, esta garantía constitucional se encuentra íntimamente vinculada al principio de inamovilidad que se ha desarrollado con anterioridad.
En consecuencia, como la norma de tránsito cuestionada como inconstitucional de ninguna manera vulnera el principio de inamovilidad, según se ha visto, tampoco vulnera el derecho de seguridad social referido, porque si su contenido normativo privilegia la continuidad laboral, en esa medida propicia que, en caso de accidente o enfermedad, los trabajadores de base conserven su trabajo durante el tiempo en que lo disponga la ley de seguridad social respectiva.
Por otro lado, contra lo que acusa la parte quejosa, en ningún momento el legislador está aplicando al personal de base una disposición normativa reservada para agentes del Ministerio Público y cuerpos policíacos conforme lo establece el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ni siquiera se remite a dicho numeral constitucional.
En relación con los argumentos contenidos en el primero de los conceptos de violación, a través de los cuales esgrime la parte quejosa que el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, transgrede en su perjuicio, la libertad de trabajo, se consideran igualmente infundados.
El artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Federal, dispone lo siguiente:
"Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial."
El artículo antes transcrito establece la garantía de libertad de trabajo, en el sentido de que a nadie puede impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos. El ejercicio de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22302-8f750be5/procuraduria-general-de-la-republica-el-articulo-cuarto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL EXAMEN DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PARA SU PROCEDENCIA SUPONE NECESARIAMENTE QUE EL CASO ESTÉ DENTRO DE LA ÚNICA EXCEPCIÓN A LA INATACABILIDAD DE (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO. (AMPARO EN REVISIÓN)
- IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIO (AMPARO EN REVISIÓN)
- AGUAS NACIONALES. EL ACTA 309 EMITIDA POR LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE TRES DE JULIO DE DOS MIL TRES, QUE ESTABLECE (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- REVISION EN AMPARO CONTRA LEYES. (s/clave)
- REVISION. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis