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Modo: Corpus Pro

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 200/2010. · Registro digital (IUS): 22316
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 954.

AMPARO EN REVISIÓN 200/2010. **********.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de este amparo indirecto en revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución General de la República; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 11, fracciones IV y V y 21, fracciones II y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a lo previsto en los puntos tercero, fracción II, a contrario sensu y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001 de veintiuno de junio del año dos mil uno publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de ese mismo año, en atención a que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 13, fracciones II y III, 57, 58, 59, 60, cuarto y quinto transitorios, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve; 49 a 57 y 106 a 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, difundida en ese medio oficial, el dos de enero de dos mil nueve; además, se solicitó la intervención de este Alto Tribunal con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo mencionado y en esta instancia de revisión subsiste el problema de inconstitucionalidad planteado en la demanda de garantías; asimismo, las leyes reclamadas regulan cuestiones laborales de los trabajadores de base de la Procuraduría General de la República, cuyo conocimiento corresponde por razón de especialidad a esta Segunda Sala, sin que en el caso resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en virtud de que existen precedentes que permiten resolver el asunto.

SEGUNDO. No se hará pronunciamiento respecto de la oportunidad de los recursos de revisión principal y adhesiva, porque el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito ya lo hizo en el considerando segundo de la resolución emitida en el amparo en revisión (foja 73 frente y vuelta del amparo en revisión precisado) y a esas determinaciones debe estarse, en términos del punto décimo primero, fracción I, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, el cual establece que el Tribunal Colegiado verificará la procedencia del recurso de revisión, entre cuyos elementos, está necesariamente, el relativo a su oportunidad.

TERCERO. Por razones de congruencia, a fin de precisar la materia de la litis, es pertinente señalar que no son materia de análisis los agravios propuestos por la recurrente en el recurso de revisión, pues a través de ellos combatió el sobreseimiento del juicio decretado por el Juez de Distrito en la sentencia constitucional y, por tanto, se refieren a cuestiones relacionadas con la procedencia del juicio de garantías, correspondientes a la competencia delegada del Tribunal Colegiado de Circuito, que previno en el conocimiento del recurso, el cual ya se ocupó de ellos, en términos del punto quinto, fracción I, inciso A) y decimoprimero, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, hasta el punto de que, en lo atinente, revocó el sobreseimiento del juicio de garantías.

Serán materia de análisis en esta resolución, los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 13, fracciones II y III, 57, 58, 59, 60, cuarto y quinto transitorios, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve; 49 a 57 y 106 a 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, difundida en ese medio oficial, el dos de enero de dos mil nueve, cuyo estudió omitió la Juez de Distrito al haber sobreseído en el juicio de amparo.

Esta determinación tiene fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) pues una vez revocado el sobreseimiento, debe entrarse al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que conceda o niegue el amparo, así como en el numeral 92 de la misma ley,(2) el cual establece que cuando en la revisión subsistan y concurran materias competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un Tribunal Colegiado de Circuito, aquélla resolverá la revisión en los temas concernientes a su ámbito de atribuciones, que en el caso, es la materia de constitucionalidad.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 3/95 del Tribunal Pleno, de rubro: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR."(3)

CUARTO. La parte quejosa hizo valer, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:

Primero. El artículo 1o. constitucional establece las garantías de igualdad y de no discriminación; asimismo, la quejosa ha generado derechos laborales como trabajadora de base, los cuales desconoce el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve, al otorgarle un plazo de sesenta días para que renuncie a ellos, lo cual resulta contrario a los artículos 4o., 5o., 6o. y 10 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en apoyo de lo cual, cita las tesis de rubros:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL."

"RENUNCIA AL TRABAJO Y RENUNCIA DE LOS DERECHOS LABORALES. SON CONCEPTOS DISTINTOS LA."

Que no pretende renunciar, porque es una facultad de la cual goza como trabajadora de base, pero al concedérsele el término precisado, se coarta su libertad de trabajo y aplica retroactivamente la ley, en contravención del artículo 14 constitucional.

Segundo. El precepto transitorio en cuestión viola la garantía de trabajo prevista en el artículo 5o. constitucional, porque la priva de la actividad que desarrolla como trabajadora de la Procuraduría General de la República, pues la condiciona para que en un término de sesenta días se le considere personal de confianza, pierda sus derechos laborales de estabilidad y se le obligue a elegir una de las alternativas que prevé, pues de no hacerlo dejará de prestar sus servicios en la institución, lo cual condiciona su permanencia y el trabajo honesto que hasta ahora ha cumplido.

Tercero. El precepto transitorio reclamado se aplica retroactivamente en su perjuicio, porque al momento en que entró a laborar en la Procuraduría General de la República no se encontraba en vigor, ya que su nombramiento como personal de base está regulado en el catálogo general de puestos del Gobierno Federal, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

En apoyo de estos argumentos, cita las tesis de rubros:

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA."

"TRABAJADORES DE CONFIANZA. RETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."

Cuarto. El artículo cuarto transitorio reclamado viola el artículo 16 constitucional, pues al condicionar su permanencia en la Procuraduría General de la República desconoce sus derechos laborales y pretende despojarla de su fuente de trabajo, sin que exista mandamiento de autoridad competente.

Quinto. Los artículos 13, fracciones II y III, 57, cuarto y quinto transitorios de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; tercero y cuarto transitorios, 49 a 57 y 106 a 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, violan el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, porque pretenden aplicar los exámenes a los trabajadores de base, lo cual condiciona su permanencia para que escojan una de las opciones previstas en el citado artículo cuarto en relación con el quinto transitorio, para darles la categoría de personal de confianza, lo cual contraría la jurisprudencia de rubro:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA QUE DESEMPEÑAN LABORES DE BASE, CESE DE."

Los artículos precisados se refieren a los agentes del Ministerio Público, peritos e instituciones policiales, pero no a los trabajadores de base, los cuales se rigen por otra situación laboral; además, tales exámenes son para efectos escalafonarios consistentes en concursar para ocupar un puesto superior mas no para permanecer en la institución, como serían los exámenes de confianza que pretende efectuar la Procuraduría General de la República para dar por terminada la relación laboral, pues condiciona la permanencia de los trabajadores de base para que escojan una de las opciones que el artículo cuarto transitorio señala; los exámenes de los trabajadores de base se rigen por los artículos 49, 50, 52 y 59 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; asimismo, señala que la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, fue obra del Constituyente Permanente y la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del Congreso de la Unión, de modo que aquélla tiene jerarquía sobre esta última que resulta inconstitucional al ir más allá de aquélla.

Por razón de método, se analizará en principio, el cuarto concepto de violación en el cual la quejosa plantea que el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República viola el artículo 16 constitucional, porque no existe mandamiento de autoridad competente.

El concepto de violación es infundado.

En efecto, el párrafo primero del artículo 16 constitucional,(4) establece, en lo conducente, que nadie podrá ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente.

En términos de los artículos 71 y 72 de la misma Norma Fundamental,(5) las leyes expedidas por el Congreso de la Unión son por excelencia, mandamientos escritos, con características de unilateralidad, generalidad, abstracción e impersonalidad.

Asimismo, el artículo 102, apartado A, constitucional,(6) establece un principio de reserva, conforme al cual, la ley organizará las estructuras de la Procuraduría General de la República, precisamente, a nivel federal.

Al respecto, el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) señala que el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir todas las leyes que sean necesarias con el objeto de hacer efectivas las atribuciones que la Constitución otorga no sólo a esa autoridad legislativa, sino también a los Poderes de la Unión.

En ejercicio de estas atribuciones, el Congreso de la Unión expidió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el objeto de organizar esta dependencia -ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal- para el despacho de los asuntos que le confiere la misma Constitución y demás disposiciones aplicables, así como para regular la actuación y todo lo concerniente a sus servidores, según lo previene el artículo 1o. de la ley orgánica de esa dependencia.(8)

Por tanto, es inexacto que la norma de tránsito impugnada no haya sido emitida por autoridad competente y que infrinja el artículo 16 constitucional, pues el Congreso de la Unión tiene atribuciones originarias de orden constitucional para expedir la norma reclamada.

Es aplicable por analogía y con sus matices, en tanto permite asimilar el principio de fundamentación al de competencia de la autoridad legislativa, porque aquélla implica actuar dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución otorga al órgano legislativo, la jurisprudencia cuyo contenido y datos de publicación son los siguientes:

"No. Registro: 232351

"Jurisprudencia

"Materia(s): Constitucional, Común

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"181-186, Primera Parte

"Tesis:

"Página: 239

"Genealogía: Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 36, página 73

"Apéndice 1917-1988, Primera Parte, Pleno, tesis 68, página 131

"Apéndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, tesis 146, página 149

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica."

A continuación, se dará respuesta al primer concepto de violación, el cual es inoperante.

Esto es así, porque en una parte, la quejosa argumenta que el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al otorgarle un plazo de sesenta días para que renuncie a sus derechos laborales generados como trabajadora de base, resulta contrario a los artículos 4o., 5o., 6o. y 10 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Dicho argumento es inoperante, porque desde una perspectiva de eminente orden técnico, la cuestión de constitucionalidad debe promoverse en forma tal, que confronte a una ley, tratado o reglamento, directamente con la Norma Fundamental y no con otra norma general, de igual rango que la impugnada, dentro de la escala jerárquica.

En este caso, aun cuando la quejosa pretende plantear la inconstitucionalidad del artículo cuarto transitorio reclamado, por transgresión a la garantía de igualdad y no discriminación prevista en el artículo 1o. constitucional; sin embargo, hace derivar esa infracción, a su vez, de la violación a los preceptos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que invoca, lo que en estricto sentido no constituye un planteamiento de constitucionalidad, en virtud de que no se confronta el precepto de la ley de manera frontal y directa con la Constitución, sino con ese ordenamiento de carácter secundario.

Por tanto, al no plantearse en este concepto de violación la contradicción entre una ley y un precepto de la Constitución General de la República, sino una controversia entre leyes secundarias, no existe propiamente un planteamiento de constitucionalidad que amerite pronunciamiento alguno, tanto más si se toma en consideración que las violaciones a la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. constitucional, sólo pueden entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra, de modo que únicamente pueden advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada, lo que no es factible cuando la transgresión se hace depender -como se ha visto- de una incompatibilidad entre normas generales de igual rango, producidas ambas por el legislador federal.

Son aplicables la tesis y jurisprudencias siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, noviembre de 1999

"Tesis: P./J. 108/99

"Página: 29

"LEY. PARA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE PLANTEARSE SU OPOSICIÓN CON UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN. Para que se pueda analizar si un ordenamiento es constitucional o no, debe plantearse su oposición con un precepto de la Carta Magna con el cual pugna; requisito que no se satisface en un concepto de violación en el que se sostiene que la ley combatida se encuentra en contradicción con otra ley ordinaria."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, marzo de 2000

"Tesis: P./J. 25/2000

"Página: 38

"LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con un precepto de la Constitución y no de oposición entre leyes secundarias."

"No. Registro: 191136

"Tesis aislada

"Materia(s): Constitucional

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, septiembre de 2000

"Tesis: P. CXXXIII/2000

"Página: 27

"IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA. Si bien es cierto que las garantías que otorga la Constitución Federal sólo pueden restringirse por disposición de la propia Ley Fundamental o por otra ley a la que la misma remita, también lo es que los conceptos de violación que haga valer el quejoso en el juicio de amparo, respecto al artículo 1o. de la Carta Magna que prevé la garantía de igualdad, sólo pueden entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra. Esto es, la violación que se produciría, en su caso, al artículo 1o. sólo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada."

Adicionalmente a lo anterior, el planteamiento también sería ineficaz porque la quejosa pretende equiparar a los trabajadores de base de la Procuraduría General de la República, esto es, una categoría específica, con el universo de los trabajadores de base en la administración pública, cuando este esquema no es viable jurídicamente para analizar la infracción a la garantía de igualdad, porque los individuos o grupos implicados no se encuentran en una situación comparable o análoga, en cuanto a la especificidad del régimen jurídico aplicable a los primeros y no a los segundos.

Del mismo modo, el concepto de violación es inoperante en la parte que aduce la aplicación retroactiva del artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque técnicamente, éste no es un planteamiento de constitucionalidad, pues el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo cual constituye una cuestión de legalidad, no de constitucionalidad.

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 87/2004 de esta Segunda Sala, de rubro y tenor:

"No. Registro: 181024

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, julio de 2004

"Tesis: 2a./J. 87/2004

"Página: 415

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor."

Conforme a los anteriores argumentos, no favorecen a la quejosa las tesis que cita en apoyo del concepto de violación.

Estos argumentos, también son extensivos para declarar inoperante el tercer concepto de violación, en el que la quejosa insiste en la aplicación retroactiva, en su perjuicio del artículo cuarto transitorio.

Ahora que, si atendiendo a la causa de pedir,(9) la quejosa pretende hacer valer que el precepto reclamado viola la garantía de irretroactividad de la ley, porque afecta sus derechos laborales generados como trabajadora de base, tal planteamiento sería infundado, conforme a las siguientes consideraciones esenciales.

En efecto, el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve, establece:

"Cuarto. En un marco de respeto a sus derechos laborales, el personal de base que se encuentre laborando en la Procuraduría General de la República, tendrá un plazo de sesenta días hábiles contado a partir de la entrada en vigor de esta ley para optar por cualquiera de las alternativas siguientes:

"I. Manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República en cuyo caso deberá someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y aprobarlas;

"II. Acogerse al programa de reubicación dentro de la administración pública federal conforme con su perfil, o

"III. Adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal.

"La Procuraduría General de la República contará con un período de tres años a partir del inicio de la vigencia de la presente ley, a efecto de instrumentar lo dispuesto en este artículo.

"El personal que opte por lo dispuesto en la fracción I de este artículo y no se someta o no apruebe las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, dejará de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable ..."

La norma de tránsito dispone que el personal de base que se encuentre laborando en la Procuraduría General de la República, tendrá un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de su entrada en vigor, para elegir entre:

I. Manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República en cuyo caso deberá someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y aprobarlas;

II. Acogerse al programa de reubicación dentro de la administración pública federal conforme con su perfil, o en su caso,

III. Adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal.

Además, esa norma dispone que la Procuraduría General de la República contará con un periodo de tres años a partir del inicio de la vigencia de la ley, para instrumentar lo dispuesto en el mismo, por un lado; y por otro, que el personal que opte por lo dispuesto en la fracción I, del artículo cuarto transitorio en estudio que no se someta o no apruebe las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales dentro del plazo de los sesenta días que les otorga, dejará de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable.

La opción prevista en la fracción I de la norma transitoria en cuestión, está relacionada con el diverso 13, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Este numeral dispone lo siguiente:

"Artículo 13. El personal de la Procuraduría General de la República se organizará como sigue:

"...

"II. El personal de base deberá aprobar las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que establece esta ley y estará sujeto al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables. En caso de que resulten no aptos, se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y ..."

Conforme al texto del artículo 13, fracción II, de la ley tildada de inconstitucional, la exigencia del artículo cuarto transitorio, en su fracción I, representa para el personal de base la necesidad de aplicar y aprobar las siguientes evaluaciones:

A. Control de confianza, establecidas en el artículo 49 de la ley en comento,

B. Desempeño, contempladas en el artículo 50 del mismo ordenamiento legal, y

C. Competencias profesionales que establece el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Además de que estará sujeto al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables.

En caso de que resulten no aptos, se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.

Ahora bien, el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de irretroactividad de la ley en los siguientes términos:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ..."

Tal como se puede observar del numeral transcrito, a ninguna ley se le puede dar un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que de suyo más que referirse a las leyes, hace alusión a los actos de aplicación de las mismas. Sin embargo, reiteradamente este Alto Tribunal ha considerado que la prohibición comprende también a las leyes mismas.

Para resolver el problema de retroactividad de la ley, tanto desde el punto de vista de su expedición como de su aplicación, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos y a la teoría de los componentes de la norma.

En la primera de ellas, se distingue entre dos conceptos, a saber: el de derecho adquirido que lo define como aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico, y el de expectativa de derecho, el cual ha sido definido como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho, es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado. Por consiguiente, sostiene que si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho, entonces no viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal (teoría de los derechos adquiridos).

En efecto, esta teoría que se apoya en la distinción fundamental entre derechos adquiridos y las meras expectativas de derecho, establece que no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.

Corrobora lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:

"No. Registro: 189448

"Tesis aislada

"Materia(s): Constitucional

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, junio de 2001

"Tesis: 2a. LXXXVIII/2001

"Página: 306

"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado."

De los razonamientos anteriores, se debe concluir que una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, toda vez que éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado, y no cuando se aplica a meras expectativas de derecho.

Por consiguiente, la garantía de la irretroactividad de las leyes que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22316-9340b8e9/procuraduria-general-de-la-republica-el-articulo-cuarto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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