PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO CONTIENE UNA CAUSA DE CESE DISTINTA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE CERTEZA JURÍDICA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA QUE PREVÉN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, DEL DESEMPEÑO Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DE BASE DE ESA INSTITUCIÓN. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO CONSTITUYE UNA LEY PRIVATIVA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA QUE PREVÉN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, DEL DESEMPEÑO Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DE BASE DE ESA INSTITUCIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 172/2010. **********.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIAS: ESTELA JASSO FIGUEROA Y MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con apoyo en el punto cuarto en relación con el punto tercero, fracción III, a contrario sensu, del Acuerdo General Plenario 5/2001 reformado el quince de octubre de dos mil nueve; lo anterior, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto en donde se planteó la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, subsistiendo en esta instancia el estudio constitucional y sin que, por otra parte, se advierta que para su resolución se requiera de la intervención del Tribunal Pleno, dado que existen precedentes.
SEGUNDO. Es innecesario referir a la oportunidad en la interposición del recurso de revisión, porque de tal cuestión ya se ha ocupado el Tribunal Colegiado del conocimiento en el resultando cuarto de la resolución dictada en el amparo en revisión **********.
TERCERO. En virtud de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito se ocupó de los agravios hechos valer por la parte recurrente y revocó el sobreseimiento en el juicio de garantías decretado por la Juez Federal, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede el examen de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa que no fueron analizados.
CUARTO. El quejoso hizo valer, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:
1) El artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República causa incertidumbre jurídica, pues cualquiera de las tres opciones de ese precepto modifican la relación laboral actual de los trabajadores de base con el titular de la Procuraduría General de la República, por lo que se esperaría que estuvieran reguladas por una ley laboral, ya que producen efectos en esa esfera de derechos, pero eso no es así, pues las autoridades responsables imponen esta obligación en una ley administrativa.
Obligan a escoger entre tres opciones de las que no se tiene conocimiento certero de las condiciones, alcances, derechos y obligaciones que se adquieren y además de forma arbitraria se reserva el tiempo de tres años para desarrollarlos, lo cual se traduce en una real exposición y pérdida de derechos, pues las supuestas elecciones no son determinadas ni determinables por esa ley, ni por ninguna otra legislación.
Modifica las condiciones de trabajo en la Procuraduría General de la República con efecto retroactivo, pues a pesar de que esta ley inicia vigencia después de haber comenzado la relación laboral, impone obligaciones que antes no existían y de manera retroactiva la Procuraduría General de la República pone en disputa su aptitud para seguir prestando servicios en dicha institución, lo que implica un completo desconocimiento de los derechos adquiridos, así como de las disposiciones laborales establecidas en el artículo 123, apartado "B", fracción XI, (IX, sic 05-12-1960) de la Constitución, en relación con los artículos 1, 2, 6, 10, 43, 44, 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Igualmente, rompe con el principio de estabilidad y permanencia en el empleo prevista en la fracción XI (IX, sic 05-12-1960) del apartado B del artículo 123 constitucional, pues el hoy quejoso no tiene la obligación de manifestar en la forma que las autoridades responsables lo ordenan para elegir si sigue prestando sus servicios personales y subordinados en la Procuraduría General de la República, por el simple hecho de que la relación laboral sigue vigente por disposición del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales, no son una obligación a cargo de los trabajadores de base, ni un derecho del titular de la Procuraduría que esté expresamente reconocido en los artículos 43 y 44 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, por lo tanto, no puede modificar de manera unilateral las Condiciones Generales de Trabajo por una ley que además es posterior al nacimiento de la relación laboral.
Además, no se puede ordenar la terminación de los efectos del nombramiento por negarse a realizar o no aprobar dichas evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales, siendo lo contrario una clara renuncia de derechos laborales que no está permitida por el artículo 10 de la ley burocrática, ya que no está descrita como una causal de cese justificada por el artículo 46 de dicho ordenamiento.
2) Las fracciones II y III del mismo numeral igualmente son inconstitucionales, porque en el momento en que las autoridades responsables obligan a los trabajadores de base de la Procuraduría General de la República a optar por ese programa, no se tiene conocimiento legal de los alcances del mismo ni de los derechos y obligaciones que implican la "reubicación" o la "conclusión", pues no están reguladas por ninguna ley laboral y deja en completo estado de indefensión, pues en el primer caso no se sabe si se va a respetar la calidad del trabajador de base, así como los derechos adquiridos como son el hecho de pertenecer a un sindicato, el puesto, la plaza, el salario, prestaciones y localidad, así como la autoridad a la que se puede acudir en caso de incumplimiento y para el segundo, no se tiene conocimiento certero de los alcances del programa que proponen las autoridades responsables, pues el "programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal" no está descrito sucintamente en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ni en ninguna ley laboral.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es incompetente (sic) para imponer obligaciones con efectos laborales a los trabajadores de base al servicio de la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución, la cual además en la parte relativa deberá ser declarada nula de pleno derecho en atención a la fracción XXVII del artículo 123, apartado A, constitucional y, en consecuencia, todos los actos que de ella emanen, al contravenir las normas o bases mínimas establecidas en el artículo 123, apartado "B", fracción XI (IX, sic 05-12-1960) de la Constitución, en relación con los artículos 1, 2, 6, 10, 43, 44, 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
3) La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República tiene artículos que determinan disposiciones que aunque pertenecen a situaciones administrativas tienen efectos en la materia laboral, como el artículo 13 de dicho ordenamiento, el cual determina la forma en que el personal de la Procuraduría General de la República se organizará, y de conformidad con la fracción II del mismo, se modifican las condiciones en que el personal de base de dicha institución va a seguir prestando sus servicios, pues les imponen la obligación de presentar y aprobar unas evaluaciones denominadas "de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales" y además prevé que se deberán sujetar a un "sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables" y en caso de que no resulten aptos se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, pretendiendo establecer un régimen laboral interno ajeno al régimen laboral determinado en la ley burocrática, pues como se observa del artículo cuarto transitorio de la ley impugnada, para seguir prestando servicios en esta dependencia, debe someterse a evaluaciones denominadas "evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales" aprobarlas y sujetarse a un sistema de profesionalización igualmente inadvertido en dicha ley o liquida de manera forzosa la relación de trabajo (fracciones II y III del artículo cuarto transitorio).
4) A través de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se pretenden imponer obligaciones supuestamente administrativas que producen efectos laborales, que en este caso es la terminación de los efectos del nombramiento, lo cual es inconstitucional, ya que se opone a la supremacía constitucional, pues dicha ley es incompetente para regular los derechos y obligaciones laborales entre sus trabajadores y el titular, al no estar prevista dicha competencia en el apartado B del artículo 123 constitucional, ni en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ni mucho menos es tomada en cuenta como ley que aplique de manera supletoria, lo cual demuestra que dicho ordenamiento legal es nulo de pleno derecho y no deberá producir efecto alguno.
5) Los diversos artículos impugnados pretenden establecer un régimen especial para los trabajadores de base de esa institución, lo cual rompe con el principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 13 constitucional, debido a que dicha ley es privativa al estar dirigida a cierta clase de trabajadores de base, en este caso, los trabajadores de base de la Procuraduría General de la República sin comprender a todos los individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasificación establecida, que en este caso son todos los trabajadores de base así catalogados por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que tengan una relación laboral con titulares de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal entre otros.
Se trata de disposiciones privativas que están dirigidas de manera particular a un cierto tipo de trabajadores de base, en este caso los trabajadores de base de la Procuraduría General de la República, la cual les impone obligaciones y concede derechos al titular de la Procuraduría General de la República de manera diferente al de las personas que se encuentran o se encuentren en el mismo supuesto de trabajadores de base y titulares, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 2, 6, 10, 43, 44, 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6) Los preceptos combatidos modifican las condiciones de trabajo en la Procuraduría General de la República con efecto retroactivo, pues a pesar de que inicia vigencia después de haber comenzado la relación laboral, impone obligaciones que antes no existían y de manera retroactiva la Procuraduría General de la República pone en disputa si es apto o no para seguir prestando servicios en dicha institución, lo que implica un completo desconocimiento de los derechos adquiridos, así como de las disposiciones laborales establecidas en el artículo 123, apartado "B", fracción XI (IX, sic 05-12-1960) de la Constitución, en relación con los artículos 1, 2, 6, 10, 43, 44, 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en detrimento de la garantía individual ordenada por el artículo 14, primer párrafo, constitucional.
7) Del análisis de los artículos 102 al 106 de las condiciones generales de trabajo, se advierte que el titular de la Procuraduría General de la República no está autorizado para instrumentar a los trabajadores de base las denominadas "evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales" ni mucho menos el sistema de profesionalización descrito en la fracción II del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Ni los artículos 27 a 39 de las mismas condiciones prevén como facultad del titular de esa institución que inicie el procedimiento de la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores de base el hecho de no haber presentado, o bien, no aprobar las llamadas evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales, descritas en los artículos 13, fracción II, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, párrafo tercero, 58, 59, cuarto y quinto transitorios de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
8) Los artículos 13, fracción II, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, párrafo tercero, 58, 59, cuarto y quinto transitorios de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que por esta vía se impugnan, imponen un acto de molestia al quejoso al sujetarle a la aplicación y aprobación de las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y, además, a someterle a un régimen de profesionalización ajeno a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo cual es inconstitucional, pues dicho acto de naturaleza administrativa pretende suprimir o condicionar derechos e imponer obligaciones laborales violentando derechos laborales.
10) Debe declararse inconstitucional el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en atención a que dicho precepto legal concede facultades arbitrarias al procurador general de la República, los subprocuradores, el oficial mayor y el visitador general para ordenar realizar las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia violentando la garantía de seguridad jurídica consagrada en los artículos 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por cuestión de método y técnica jurídica se hará el análisis de los preceptos impugnados y de los conceptos de violación en distinto orden del planteado, para lo cual, en primer término, se copian los respectivos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:
"Transitorios
"...
"Cuarto. En un marco de respeto a sus derechos laborales, el personal de base que se encuentre laborando en la Procuraduría General de la República, tendrá un plazo de sesenta días hábiles contado a partir de la entrada en vigor de esta ley para optar por cualquiera de las alternativas siguientes:
"I. Manifestar su voluntad de permanecer en la Procuraduría General de la República en cuyo caso deberá someterse a las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y aprobarlas;
"II. Acogerse al programa de reubicación dentro de la administración pública federal conforme con su perfil, o
"III. Adherirse al programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la administración pública federal.
"La Procuraduría General de la República contará con un periodo de tres años a partir del inicio de la vigencia de la presente ley, a efecto de instrumentar lo dispuesto en este artículo.
"El personal que opte por lo dispuesto en la fracción I de este artículo y no se someta o no apruebe las evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, dejará de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable.
"Quinto. Todo el personal de la Procuraduría General de la República deberá ser evaluado dentro del plazo y bajo las condiciones señaladas en el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y para los efectos del artículo cuarto transitorio de la misma ley."
"Artículo 13. El personal de la Procuraduría General de la República se organizará como sigue:
"...
"II. El personal de base deberá aprobar las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que establece esta ley y estará sujeto al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables. En caso de que resulten no aptos, se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y ... ."
"Artículo 49. Los servidores públicos de la Procuraduría General de la República deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás normas aplicables.
"El proceso de evaluación de control de confianza, constará de los exámenes siguientes:
"I. Patrimonial y de entorno social;
"II. Médico;
"III. Psicométrico y psicológico;
"IV. Poligráfico;
"V. Toxicológico, y
"VI. Los demás que establezcan las normas aplicables."
"Artículo 50. El proceso de evaluación del desempeño comprenderá el comportamiento, el cumplimiento en el ejercicio de las funciones y los demás aspectos que establezcan las normas aplicables."
"Artículo 51. Los procesos de evaluación a que se refieren los dos artículos anteriores tendrán por objeto comprobar que los servidores públicos de la Procuraduría General de la República dan debido cumplimiento a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos."
"Artículo 52. El proceso de evaluación de competencias profesionales tiene por objeto determinar que los servidores públicos cuentan con los conocimientos, las habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para desempeñar su función de forma eficiente, de conformidad con los estándares establecidos para ello."
"Artículo 53. El procurador general de la República, los subprocuradores, el oficial mayor y el visitador general podrán requerir que cualquier servidor público se presente a las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales cuando lo estimen pertinente, de acuerdo con las necesidades del servicio."
"Artículo 54. Los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, salvo el examen toxicológico que se presentará y calificará por separado."
"Artículo 55. Los servidores públicos serán citados a la práctica de las evaluaciones correspondientes. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aprobados."
"Artículo 56. Se considera información reservada la contenida en los expedientes y reportes de resultados derivados de los procesos de evaluación, salvo que deban ser presentados en procedimientos administrativos o judiciales."
"Artículo 57. Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial que no cumplan con los requisitos de permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias profesionales, dejarán de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República, previo desahogo del procedimiento que establece el artículo 47 de esta ley.
"Los demás servidores públicos de la Procuraduría General de la República que no aprueben los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias profesionales, dejarán de prestar sus servicios en la misma, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
"Los resultados del proceso de evaluación de control de confianza, tratándose del personal de base a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta ley, podrán ser presentados ante la autoridad competente en los procedimientos de terminación del nombramiento que por tal motivo se inicien."
"Artículo 58. La Procuraduría General de la República contará con un centro de evaluación y control de confianza que tendrá a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales y ejercerá las facultades que determinen las normas aplicables.
"En el ejercicio de sus funciones, el centro de evaluación y control de confianza de la Procuraduría General de la República podrá auxiliarse de las distintas unidades administrativas de la Procuraduría General de la República, así como de órganos desconcentrados y organismos descentralizados, y se sujetará a los criterios, normas, procedimientos técnicos y protocolos que se establezcan para tales efectos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública."
"Artículo 59. A quienes aprueben las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales se les expedirá la certificación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"La certificación a que se refiere el párrafo anterior deberá expedirse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de su registro. La certificación y el registro respectivo tendrán una vigencia de tres años.
"Para efectos de revalidación de la certificación y el registro, seis meses antes de la expiración de su vigencia los servidores públicos de la Procuraduría General de la República deberán someterse a los procesos de evaluación respectivos. Será responsabilidad del titular del área de adscripción solicitar con oportunidad al centro de evaluación y control de confianza de la Procuraduría General de la República la programación de las evaluaciones correspondientes. En todo caso, el propio servidor público tendrá derecho a solicitar la programación de sus evaluaciones.
"Ninguna persona podrá prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República si no cuenta con la certificación vigente."
Se aborda, en primer lugar, el estudio del artículo cuarto transitorio de la reforma que se analiza, sobre el que aduce medularmente el quejoso, contraviene "la fracción XI (IX, sic 05-12-1960) del apartado B del artículo 123 constitucional"; en el entendido de que el análisis se realizará respecto de la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional, dada la errata que contiene la publicación oficial de dicho precepto, por ser éste el número que en el orden de las fracciones le corresponde en realidad y que particularmente se refiere a la estabilidad y permanencia de los trabajadores de base.
Así, es necesario tener en cuenta el contenido de la fracción referida del artículo 123, apartado B, constitucional.
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"...
"IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.
"En caso de separación injustificada tendrá (sic) derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley; ..."
El artículo antes transcrito consagra la garantía que toda persona tiene para el derecho al trabajo digno y socialmente útil; para tal efecto, se impone al Estado la obligación de promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
En la fracción IX, la disposición constitucional garantiza que los trabajadores al servicio del Estado únicamente podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, conforme lo prevenga la ley correspondiente. Esta norma constitucional constituye la base jurídica que sustenta el principio de inamovilidad para los funcionarios públicos de base al servicio del Estado.
Se considera de suma importancia abundar en este punto, para tener elementos de juicio a fin de determinar si el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República violenta esa garantía social.
Para ello, debe señalarse que la ley correspondiente a que alude dicho precepto, es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; ordenamiento jurídico que rige las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.
Ciertamente, el principio que encierra el artículo 123 citado está desarrollado en el artículo 6 de la ley laboral burocrática, en relación con los diversos 2 y 4 del mismo ordenamiento legal, que disponen, respectivamente:
"Artículo 2. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación."
"Artículo 3. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales."
"Artículo 4. Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base."
"Artículo 6. Son trabajadores de base: Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente."
De los preceptos antes transcritos, deriva lo siguiente:
La ley laboral burocrática, a la que remite la fracción IX del artículo 123, apartado B, constitucional, divide a los trabajadores en dos grupos: de base y de confianza. Los primeros tienen derecho a la inamovilidad pasados seis meses de servicios siempre y cuando no tengan nota desfavorable en su expediente.
Por su parte, el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado resulta de importancia en la concepción del principio de inamovilidad, debido a que detalla y concretiza las causas de cese aprobadas por el legislador, en los términos siguientes:
"Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:
"I. Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los reglamentos de trabajo aplicables a la dependencia respectiva;
"II. Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación;
"III. Por muerte del trabajador;
"IV. Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el desempeño de sus labores;
"V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes:
"a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio.
"b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada.
"c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo.
"d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo.
"e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo.
"f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren.
"g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores.
"h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante.
"i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva.
"j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria.
"En los casos a que se refiere esta fracción, el jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma entidad federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
"Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el titular de la dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el sindicato correspondiente; pero si éste no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e) y h), el titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento.
"Cuando el tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22412-249683b0/procuraduria-general-de-la-republica-el-articulo-cuarto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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