CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE CIRCUNSTANCIAS GENERALES Y NO DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO AL QUE SE LE APLICAN. MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SU INAMOVILIDAD JUDICIAL NO SIGNIFICA PERMANENCIA VITALICIA. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MORELOS. LOS ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO 824, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL 16 DE JULIO DE 2008, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, NO INFRINGE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 492/2010. ********** Y COAGRAVIADOS.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno asume su competencia originaria para conocer de los recursos de revisión a que este toca se refiere, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 10, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del punto décimo octavo(38) del Acuerdo General 5/2001, toda vez que se interpusieron en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se planteó la inconstitucionalidad de una ley local, concretamente la del Decreto 824, publicado el dieciséis de julio de dos mil ocho en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, mediante el cual se reformó la Constitución Política de esa entidad federativa, asunto que además reviste importancia y trascendencia porque se encuentra estrechamente relacionado con la diversa controversia constitucional 88/2008, resuelta por este Pleno, ya que en ambos asunto se impugnó esencialmente el mismo decreto.
SEGUNDO. Oportunidad de los recursos. La notificación de la sentencia a la parte quejosa fue practicada en forma personal mediante la comparecencia ante el Juzgado del conocimiento de la autorizada para oír notificaciones en los términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, **********; y las correspondientes notificaciones a las autoridades responsables del Estado de Morelos que figuran como recurrentes fueron realizadas por medio de oficio en las siguientes fechas:
Ver fechas 1
En consecuencia, el plazo para impugnar la sentencia de primera instancia transcurrió para la parte quejosa y para las autoridades responsables recurrentes del Estado de Morelos, dentro de los periodos siguientes:
Ver periodos
Para realizar los cómputos anteriores no se toman en consideración los sábados trece y veinte, así como los domingos catorce y veintiuno, todos del mes de junio de dos mil nueve, que aparecen sombreados en el siguiente calendario:
Ver calendario
De lo anterior se obtiene que los cuatro pliegos de agravios se presentaron oportunamente, ya que los mismos se entregaron en las siguientes fechas:
Ver fechas 2
TERCERO. Legitimación. Los recursos de revisión fueron suscritos por persona legitimada conforme a lo siguiente:
Ver cuadro
No obstante que los recursos del secretario de gobierno, director general jurídico de la Secretaría de Gobierno y director del Periódico Oficial, todos del Estado de Morelos, fueron interpuestos por su delegado designado para intervenir en el juicio, tales autoridades carecen de legitimación para defender la constitucionalidad del Decreto 824 reclamado, en términos del artículo 87(39) de la Ley de Amparo, ya que este precepto legal solamente autoriza a los órganos responsables de la expedición de las leyes y a las que las promulgan, interponer ese medio de defensa, tal como se explica en la jurisprudencia 80/2008(40) de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE SU EXPEDICIÓN ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN SU INCONSTITUCIONALIDAD. Tomando en cuenta lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo así como los motivos que tuvo el legislador para incorporar, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1949 en el diverso artículo 86 de ese ordenamiento -precepto que mediante reforma publicada en el indicado medio de difusión el 19 de febrero de 1951 pasó a ser el referido 87 de la propia ley-, la regla especial de legitimación que expresamente permite a los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende la promulgación de leyes o de cualquier otra disposición general interponer el recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto que declaren su inconstitucionalidad, se concluye que esta disposición no afecta la legitimación que en términos de la primera parte del primer párrafo del citado artículo 87 corresponde a los órganos dotados de la respectiva potestad normativa para interponer ese medio de defensa contra fallos de esa naturaleza, los que indudablemente afectan directamente a la norma que expidieron."
Consecuentemente, procede desechar el recurso de revisión interpuesto en nombre del secretario de gobierno, el director general jurídico de la Secretaría de Gobierno y el director del Periódico Oficial, todos del Estado de Morelos.
CUARTO. Firmeza de la sentencia en la parte que no fue recurrida. Por no existir agravio en su contra, no es materia de la revisión el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida y considerando quinto que lo rige, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio exclusivamente en relación con el quejoso **********, en virtud de que no suscribió el escrito de demanda.
Por tanto, tal determinación debe quedar firme, en términos de la jurisprudencia 7/91 de la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES."(41)
Asimismo, debe quedar firme el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero y considerando tercero que lo rige, respecto de los Ayuntamientos Constitucionales de Huitzilac, Jojutla, Puente de Ixtla, Tepoztlán, Totolapan y Zacualpan de Amilpas, todos del Estado de Morelos, ya que tampoco se hizo valer algún agravio en contra de esta determinación.
QUINTO. Improcedencia de las dos ampliaciones de la demanda principal. Tal como se dio cuenta en el resultando segundo de la presente ejecutoria, la parte quejosa amplió su demanda en dos ocasiones para reclamar actos acaecidos con posterioridad a la presentación de su escrito inicial, actos contra los cuales también desarrolló nuevos conceptos de violación, conforme al derecho que le asiste para adicionar su escrito inicial, en términos de la jurisprudencia 12/2003(42) de este Tribunal Pleno, que señala:
"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO. La ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal, y si bien no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, su inclusión se estima indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto que le plantea el quejoso, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial, máxime que dicha figura no está en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar."
Bajo la figura jurídica de la ampliación de demanda, el Juez de Distrito aceptó incorporar a la litis del asunto dos actos más, consistentes en la primera y segunda fe de erratas del Decreto 824, sin embargo, dicho juzgador no tomó en cuenta que tal proceder exige que la petición provenga directamente de quienes figuran como quejosos, pues al ser los titulares de la acción, ellos son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que, en su concepto, les ocasionan perjuicios y de qué manera lesionan sus garantías individuales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, instituido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, disposición la cual expresamente señala que: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada."; norma constitucional que a su vez se encuentra desarrollada en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, en los siguientes términos:
"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."
Por tanto, si para la promoción del juicio de amparo se exige que la demanda se suscriba por quien afirma sufrir un agravio personal y directo -salvo las marcadas excepciones previstas en los artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II,(43) de la Ley de Amparo- es necesario concluir que la ampliación de la misma, por identidad de razones, también debe contar con la firma autógrafa del quejoso o por su representante legal, y no puede sustituirse por la de sus autorizados designados sólo para atender procesalmente el juicio de garantías, pues ellos no son los titulares del derecho legítimamente tutelado cuya salvaguarda se solicita a través de este medio de control constitucional, sino que son únicamente las personas a quienes se les encomienda la realización de cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, sea por razones de confianza, de índole profesional, o ambas, en términos del párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Amparo, que señala:
"Artículo 27. ...
(Reformado, D.O.F. 5 de enero de 1988) (Republicado, D.O.F. 11 de enero de 1988 y D.O.F. 1 de febrero de 1988) (F. de E., D.O.F. 22 de febrero de 1988)
"El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo. ..."
Esta disposición enumera determinadas actuaciones procesales cuya gestión está conferida expresamente a las personas designadas para oír notificaciones, siempre y cuando el quejoso o el tercero perjudicado les hayan otorgado su autorización en los términos más amplios que permite dicho artículo.
Adicionalmente, el mismo precepto ofrece una cláusula abierta que faculta a los mismos autorizados para que realicen cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, lo cual implica que dicho catálogo es meramente enunciativo y no limitativo, en tanto que proporciona meros ejemplos de la forma como opera dicha autorización.
Con lo anterior, se deja abierta la posibilidad para que quienes cuentan con esa designación intervengan en todas las instancias del juicio desplegando otro tipo de actos, además de los literalmente enunciados, cuando con ello tiendan a asegurar una adecuada defensa de los intereses del quejoso, conforme lo requiera la naturaleza del litigio y el estado procesal en que éste se encuentre.
Pero esta amplitud de la norma tampoco significa que el autorizado puede realizar absolutamente cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su participación debe armonizarse con las demás reglas que rigen el juicio de garantías y, especialmente, con el principio de instancia de parte agraviada, el cual reserva en favor de aquéllos la realización de determinados actos en exclusiva.
Así se encuentra, por ejemplo, que existe una prohibición para que los autorizados sustituyan o deleguen la propia autorización que les hubiera sido conferida, obstáculo legal que deriva precisamente del principio de instancia de parte agraviada, ya que si solamente el quejoso o su representante legal pueden ejercer la acción de amparo, por mayoría de razón, también tienen en exclusiva el derecho para señalar quién se hará cargo de su defensa en el juicio, plasmándolo así en su demanda o durante el curso del juicio.
En términos generales, el derecho de acción es el derecho subjetivo procesal que confiere el poder para promover y mantener un juicio ante el órgano jurisdiccional, con miras a obtener una pretensión litigiosa y lograr, en su caso, su ejecución forzosa.
La acción, entonces, es un derecho que no se agota con la presentación de la demanda ante un tribunal, sino que pervive en tanto se desenvuelve el proceso y se manifiesta en formas diversas, según sea uno u otro momento procesal; el ejercicio de este derecho corresponde iniciarlo a quien formula la pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, y ese inicio está marcado por el acto de presentar la demanda ante el órgano jurisdiccional.
Conviene distinguir entre acción, como facultad o poder que tienen las personas para provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales a fin de que resuelvan sobre una pretensión litigiosa; pretensión, o reclamación específica que el demandante formula contra el demandado; y demanda, que es el acto concreto con que el actor inicia el ejercicio de la acción y expresa su pretensión o reclamación contra el demandado.
Por ello, los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial son exigibles al actor, esto es, al titular del derecho de acción o a su representante legal. Estos actos son el de presentación de la demanda y sus correspondientes ampliaciones si las hubiere.
Las anteriores precisiones generales fueron sustentadas por este Tribunal Pleno en forma similar, al resolver la contradicción de tesis 244/2009-PL, suscitada entra las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión pública correspondiente al dieciocho de marzo de dos mil diez.
Ahora bien, de lo expuesto se deduce que, tratándose del juicio de garantías, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción se transfiera a una persona distinta del quejoso o de su representante legal, aunque la misma hubiera sido designada para llevar a cabo su defensa, ya que ello equivaldría a que la persona autorizada para esos fines promoviera un nuevo juicio adoptando el papel del directamente agraviado.
No debe perderse de vista que la figura jurídica de la ampliación de la demanda encuentra su origen en un principio de economía procesal, y tiene como propósito evitar la promoción indiscriminada de juicios de amparo que, pese a su conexidad, se tramiten por cuerda separada, con el consecuente riesgo de que se dicten sentencias contradictorias.
Por tanto, si la ampliación de la demanda constituye el ejercicio de una nueva acción, la cual da lugar a la rendición de informes justificados y previos, en su caso, sólo puede concluirse que es indispensable que toda ampliación respete los mismos principios y formalidades que rigen la promoción de la demanda principal, tal como se explica en la jurisprudencia 15/2003(44) del Tribunal Pleno que señala lo siguiente:
"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional."
Conforme a lo anterior, si la ampliación de la demanda equivale a un nuevo juicio que se acumula al ya iniciado, es incuestionable que su promoción también constituye un nuevo ejercicio de la acción de amparo que debe observar los mismos requisitos a los que está sujeta la demanda principal, la cual si solamente puede ser instaurada directamente por el quejoso o por su representante legal, eso significa que la titularidad de la facultad para ampliarla también está reservada al directamente agraviado o a quien tenga su representación legal.
Lo anterior, aunque en el juicio ya iniciado el quejoso cuente con autorizados para realizar cualquier acto en defensa de sus derechos, toda vez que la función de éstos queda subordinada al principio de instancia de parte agraviada, y su encomienda no llega al extremo de actuar como si fueran ellos quienes hubieran resentido el agravio personal y directo que se impugna, e incluso, como si pudieran responder del contenido de los hechos que se afirmen o se omitan en el escrito de la demanda ampliada, toda vez que corresponde a la directamente agraviada ser la persona que determine, bajo su libre voluntad, qué actos quiere reclamar.
En consecuencia, como la titularidad de la acción de amparo es un derecho personalísimo y, por tanto, en principio no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen, debe considerarse que la ampliación de la demanda también está sujeta a la constatación de que la voluntad de adicionar a la litis nuevos actos proviene del directamente agraviado, o de su representante legal, más aún si se toma en cuenta que en el juicio de amparo indirecto la descripción de los antecedentes que se narren en el escrito inicial -y por lógica en sus adiciones posteriores- deben expresarse bajo protesta de decir verdad, en términos de la fracción IV del artículo 116(45) de la Ley de Amparo, y ello entraña la necesidad de que en estos casos sean los propios quejosos o sus representantes quienes asuman las consecuencias de dichas manifestaciones que afirman les constan, en términos de la fracción I del artículo 211(46) del mismo ordenamiento, tal como explica la jurisprudencia número 127/99(47) de este Tribunal Pleno, y en la número 88/2006(48) de la Segunda Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos textos son los siguientes:
"PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL ‘PROTESTO LO NECESARIO’ Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste ‘bajo protesta de decir verdad’ los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase ‘Protesto lo necesario’, que aparece comunmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas."
"DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN ‘BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD’ REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes."
Con base en los anteriores criterios se concluye que si bien el autorizado para oír notificaciones, en los términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, puede realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, la interpretación funcional de esta norma en relación con el sistema de sanciones penales instituido en la Ley de Amparo, le impiden al autorizado asumir las graves consecuencias punibles (seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario)(49) que derivarían de la hipotética formulación de la ampliación de una demanda de amparo en la que se afirmaren hechos falsos o en la que omitieran los que le consten al quejoso, ya que el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal haría imposible sancionar la mendacidad del autorizado, y, por consecuencia, se haría nugatoria la norma que castiga esa conducta del quejoso, pues éste es el único que puede narrar los hechos que vivió y, en consecuencia, los que le constan.
Sirve de apoyo a la anterior conclusión la tesis aislada XXXIII/2009(50)de la Primera Sala de este Alto Tribunal, cuyo texto es el siguiente:
"OMISIÓN DE DATOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL INTEGRAR EL ELEMENTO ‘HECHOS QUE LE CONSTEN’ EN EL TIPO PENAL RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La conducta típica del delito previsto en el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo es de omisión, en tanto que el hecho punible consiste en un ‘no hacer’, en el caso, que un quejoso no exprese en su demanda de garantías los ‘hechos que le consten’ pertinentes al juicio que promueve. Ahora bien, para fines procesales, el hecho es un antecedente del propio juicio, es decir, algo que sucedió y que se relaciona con lo solicitado en éste. Así, el citado precepto legal se autodelimita al señalar que los hechos que debe narrar el quejoso son los que vivió, por ser los que le constan. En ese sentido, se concluye que el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo, al integrar el elemento ‘hechos que le consten’ en el tipo penal relativo, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la aludida conducta típica no es ambigua o imprecisa, en tanto que la norma no genera confusión, pues resulta evidente que los hechos a que se refiere no pueden ser frívolos o generales, sino necesariamente pertinentes en su vinculación con el juicio de garantías, esto es, que puedan incidir en la decisión del órgano jurisdiccional del conocimiento."
En el caso concreto, en los proemios respectivos, mediante los cuales se promovieron la primera y segunda ampliaciones de la demanda, y que sirvieron para reclamar y desarrollar nuevos conceptos de violación, en contra de la primera y segunda fe de erratas del Decreto 824, se expuso lo siguiente:
Primera ampliación de la demanda
"Licenciados ********** y **********, promoviendo con el carácter de autorizados en los términos amplios del artículo 27, de la Ley de Amparo, personalidad que tenemos debidamente reconocida en autos del juicio de amparo indirecto al rubro citado, ante usted Juez con el debido respeto comparecemos para exponer:
"Encontrándonos dentro de los plazos a que se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, por medio del presente escrito, venimos a ampliar la demanda de amparo respecto de la fe de erratas publicada en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, de fecha diez de septiembre de dos mil ocho, 6a. Época, Número 4640, con relación a la promulgación y publicación del decreto ochocientos veinticuatro, publicado en el aludido órgano de difusión del Gobierno del Estado, de fecha dieciséis de julio del mencionado año, 6a. Época, número 4627.
"Para cumplimentar los requisitos exigidos por el artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo protesta de decir verdad, manifestamos lo siguiente: ..."
Segunda ampliación de la demanda
"Licenciados ********** y **********, promoviendo con el carácter de autorizados en los términos amplios del artículo 27, de la Ley de Amparo, personalidad que tenemos debidamente reconocida en autos del juicio de amparo indirecto al rubro citado, ante usted Juez con el debido respeto, comparecemos para exponer:
"Encontrándonos dentro de los plazos a que se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, computada dicha dilación a partir del veintitrés de julio del año en curso en que se publicó la fe de erratas del Decreto Número Ochocientos Veinticuatro, o bien, el siete de agosto de dos mil ocho, fecha esta última en que se tuvo conocimiento que el secretario del Congreso del Estado de Morelos, remitió al gobernador constitucional de esta entidad federativa y al secretario de gobierno, los oficios sin número a través de los cuales envió el Decreto Número Ochocientos Veinticuatro emitido por la Quincuagésima Legislatura del Estado de Morelos, mediante el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como la declaratoria de validez de las reformas constitucionales, para su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, de fecha veintitrés de julio de dos mil ocho, 6a. Época, Número 4629, con relación a la promulgación y publicación del señalado decreto ochocientos veinticuatro, publicado en el aludido Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, de fecha dieciséis de los mencionados (sic) mes y año, 6a. Época, Número 4627.
"Para cumplimentar los requisitos exigidos por el artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo protesta de decir verdad, manifestamos lo siguiente:"
De las anteriores transcripciones se aprecia que no obstante que la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, vincula al quejoso a que en amparo indirecto manifieste bajo protesta de decir verdad los antecedentes del caso, y más aún, a que personalmente señale qué actos reclama y los motivos por los cuales los considera violatorios de sus garantías, el Juez de Distrito del conocimiento, en contravención al principio estructural y fundamental de instancia de parte agraviada, indebidamente admitió a trámite tales ampliaciones, lo cual, advertido por este Tribunal Pleno, obliga a reparar la violación al principio constitucional de instancia de parte agraviada, a fin de sobreseer en lo conducente, con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 4o., y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del artículo 73 de este último ordenamiento.
Finalmente, no escapa a la atención de este Tribunal Pleno que la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la jurisprudencia 31/2002(51) cuyo contenido, en un aspecto, es contrario a lo anteriormente resuelto, ya que tal criterio no le obliga en términos del párrafo primero del artículo 192(52) de la Ley de Amparo.
SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos de los artículos 89, párrafo décimo, en la porción normativa que indica "libre y soberanamente" y 92, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de Morelos. A continuación este Tribunal Pleno de oficio procede a examinar una causa de improcedencia que ha sobrevenido, cuyo estudio es de orden público, en términos de la te
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22643-3521210c/cesacion-de-efectos-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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