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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. AUDIENCIA. CUANDO SE OTORGA EL AMPARO CONTRA UNA LEY QUE NO ESTABLECE ESA GARANTÍA, LAS AUTORIDADES APLICADORAS DEBEN RESPETAR ESE DERECHO FUNDAMENTAL DESARROLLANDO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES LEGALES DIRECTAMENTE APLICABLES. LIBERTAD PREPARATORIA. EL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA POR CONTENER ÉSTA UN VICIO FORMAL, NO TIENE COMO EFECTO QUE EL REO RECUPERE SU LIBERTAD PERSONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1102/2000. · Registro digital (IUS): 20912
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 903.

AMPARO EN REVISIÓN 1102/2000.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: RAFAEL COELLO CETINA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de los recursos que dan lugar a esta instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución General de la República Mexicana, 84, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo previsto en el punto tercero, fracción I, del Acuerdo General Plenario 1/1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y siete; toda vez que la materia de la presente revisión, en cuanto al recurso interpuesto por el quejoso, se limita a precisar por qué atendiendo a lo planteado en la demanda de garantías, fue correcto el orden lógico seguido por el Juez de Distrito al abordar el análisis de los conceptos de violación que lo llevaron a declarar la inconstitucionalidad de la ley reclamada, así como los efectos que se dieron a tal determinación, lo que en el caso, inclusive, conlleva la interpretación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución General de la República.

Por otra parte, respecto del recurso interpuesto por la autoridad aplicadora de la norma cuya inconstitucionalidad se determinó, en cuyos agravios, entre otras cuestiones, se controvierten las obligaciones que en el fallo recurrido se le impusieron al precisarse los efectos de la concesión otorgada, aun cuando tales cuestiones no constituyen una materia propia de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia, para conocer de las mismas y resolver en definitiva el presente juicio de garantías, esta Segunda Sala decide ejercer al respecto la potestad que le conceden los artículos 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 84, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que las mismas se encuentran estrechamente relacionadas con lo aducido en el recurso interpuesto por la quejosa, lo que permite además tutelar el derecho a la administración de justicia pronta y expedita.

SEGUNDO. En su escrito de revisión, la quejosa hizo valer como agravios, los siguientes:

"En mi demanda inicial de garantías, al referirse a los preceptos constitucionales violados, me referí concretamente a las disposiciones previstas en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Política de México, señalando y precisando cuál (sic) eran el punto que de cada precepto legal se había violado por las autoridades responsables en el artículo 13 me refería, ‘que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales’ y en el artículo 14 señalé ‘que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades o derechos, sino mediante juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho’, por último el artículo 16 manifiesta lo siguiente: ‘que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento’. El acto reclamado consistía, en la detención y retención ilegal, fuera de todo procedimiento (ya que no existe) del suscrito, al revocarse con fecha 05 de octubre de 1999, el beneficio de la libertad condicional que me fue otorgado por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, señalando que el artículo 69 del Código Penal vigente, era el precepto inconstitucional, incluso, abundé mi criterio con lo previsto por el artículo 133 constitucional, haciendo ver que los actos de las autoridades estatales en sus leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario, que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados, deberá prevalecer los preceptos emanados de la Constitución. El Juez de Distrito, al resolver el juicio de garantías, únicamente se concreta a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos, de que se otorgue la garantía de audiencia y recalca que la ‘autoridad emisora de dicha resolución deje ésta insubsistente y, previamente a su emisión, proceda a dar intervención al quejoso para que manifieste lo que a su derecho corresponda y de oportunidad de que éste aporte las pruebas que considere pertinentes y, por último resuelva lo conducente con plenitud de jurisdicción’. Resolviendo a medias la petición de amparo, ya que no únicamente se señala que no solamente no se concedió la garantía de audiencia, sino que no existe un procedimiento que avale la conducta de las autoridades ejecutoras y refuerza este razonamiento la misma tesis de jurisprudencia invocada, que señala que no obstante que la ley en que se funda la resolución no prevea el procedimiento para tal efecto resalta de la inexistencia del procedimiento a seguir, para previo a la garantía de audiencia, se formalice la sujeción a dicho procedimiento, incluso que se conozcan los términos, los medios de impugnación y quien (sic) quiénes serán las autoridades que resolverán lo conducente. Entonces bien, el Juez de Distrito falló en su resolución sin tocar el fondo del acto reclamado, ya que tiene todas las facultades para analizar la constitucionalidad de la ley, declararla procedente o improcedente, legal o ilegal, al tenor de lo dispuesto por el mismo artículo 14 constitucional, que obliga a todo acto de autoridad que conlleve en este caso a la pérdida o restricción de la libertad, a que ‘Que cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho’, en el presente caso no existe procedimiento, al cual se deba de formalizar, y una vez agotado dicho procedimiento se pueda dictar una resolución, tan trascendental como lo es la privación de la libertad. Retocando los puntos de mi demanda, establecí que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, no tiene elementos jurídicos y legales para ordenar citaciones y retenciones, esta facultad se encuentra constitucionalmente permitida para las autoridades judiciales y Ministerios Públicos, quienes deben de actuar a petición fundada y motivada de las autoridades administrativas competentes y no ser éstas por autodeterminación ordenar la retención de una persona, a la cual, repita, no se le ha agotado un procedimiento legal, no se justifica por parte de la autoridad el hecho de que manifieste la peligrosidad de la conducta del suscrito antes del otorgamiento del beneficio revocado, ya que creer en la buena fe de una institución pública, sería reconocer que se me otorgó el beneficio porque previo estudio se me consideró que estaba rehabilitado para la sociedad. Analizando la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de Jalisco y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, no se aprecia que dichas normas prevean un procedimiento que ajustado a los términos del artículo 14 constitucional se tenga que agotar y después actuar por parte de las autoridades, por lo tanto es importante señalar que dichos preceptos o leyes a condición de lo que dispone el artículo 133 de la Constitución, no pueden ser aplicados en desconocimiento de los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución, primero es menester y obligación incoar un procedimiento (no existe) y luego sancionar a persona alguna. La primera de las leyes señaladas en el párrafo anterior, habla de un beneficio distinto al otorgado, ya que en esa ley se habla de la libertad preparatoria y la concedida fue la libertad condicional, concretamente en el artículo 72, y la segunda ley en su artículo 12 fracción XIV, sólo habla de que se puede (sic) revocar las mismas libertades, sin hablar de la libertad condicionada y sin sujetar a procedimiento alguno al posible afectado por dicha revocación, al no considerar esta situación el Juez de Distrito me está agraviando al no concederme el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables, declarando inconstitucional el artículo 69 del Código Penal en el Estado. Es función esencial y propia del Poder Judicial y consiste en tutelar los derechos de los gobernados y vigilar que el Poder Ejecutivo se ajuste a la Constitución y a las leyes, al cumplir su misión de hacerlos cumplir y respetar. Por lo tanto, deben de examinar las cuestiones de fondo que se plantean, los Tribunales deben procurar la mayor amplitud para resolver sobre los derechos y obligaciones de los gobernados y autoridades en cuanto al fondo de sus pretensiones, sin hacer de la técnica procesal un monstruo que venga a estorbar y hacer menos eficaces los recursos y medios de defensa de que disponen los gobernados. El Juez de Distrito, al resolver sobre la petición de amparo del suscrito, olvidó interpretar que el artículo 14 y 16 constitucionales, realmente constituyen una institución de constitucionalidad y de la legalidad de los actos de cualquiera autoridad estatal, federal o local. En efecto, el artículo 14 constitucional requiere que los actos de privación se realicen ‘conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho’, lo que determina en consecuencia que este precepto garantiza el apego a las leyes (legalidad), de los actos de privación. El mismo precepto, en el tercer párrafo, tratándose de la materia penal establece la garantía de exacta aplicación de la ley, es decir, que se aplique en contra del suscrito lo ya previsto por la ley. En un régimen de derecho, toda autoridad al actuar debe sujetarse a una disposición legal que le sirva de apoyo; en esto consiste el principio de legalidad. Lo anterior significa que todos los actos de las autoridades en todo el ámbito del territorio nacional deben apoyarse en las disposiciones legales, en nuestro estado de derecho la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite y si los órganos estatales se extralimitan en su ejercicio de poder, realizando actos ilegales estará violando indirectamente el artículo 16 de la Constitución. Desde el punto de vista de los intereses jurídicos del gobernado, el amparo los protege contra cualquier acto de autoridad que los lesione, sin que deba analizarse en el procedimiento respectivo la legalidad, certeza o validez de dichos intereses, pues para la impartición de la protección federal es suficiente que se acredite su existencia si los actos reclamados son violatorios de las garantías constitucionales de audiencia y de legalidad, como así se contempla al ver que las autoridades responsables violentaron en mi perjuicio la garantía de audiencia y legalidad."

Por su parte, el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, expuso como agravios los siguientes:

"I. Esta autoridad se duele de que se consideren violados los derechos del quejoso ... derechos consagrados en la Carta Magna artículo 14, ello sin que hayan sido violentados. El Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, al dictar su resolución quiere que se otorgue un procedimiento inexistente en donde se otorgue un derecho de audiencia en donde pueda presentar las pruebas que consideren pertinentes la quejosa ... para por último resolver lo conducente, con plenitud de jurisdicción, la autoridad señalada como responsable. Bien, para aplicar esa plenitud de jurisdicción será necesario entonces que el Juez de cuenta le señale en todo caso a esta autoridad cuál es el procedimiento legal y leyes aplicables al asunto de mérito, además la tesis planteada en el silogismo hecho por este Juez no nos obliga a su aplicación obligatoria tal y como se desprende de la propia Ley de Amparo en su título cuarto de la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito artículo 192 que a la letra se transcribe: ‘Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligación (sic) para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ella se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce Ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.’. Entonces esta autoridad, sólo hace lo que la ley le faculta, es decir existen leyes que como autoridad ejecutora de sanciones debemos cumplir para no incurrir en responsabilidades, como puede ser el aplicar una jurisprudencia no siendo autoridad judicial. II. Cabe señalar además que la quejosa, si bien es cierto que se encontraba con el beneficio de libertad condicional, también es cierto que tenía condicionantes con las que no cumplió, las que se encontraban como aleatorias del beneficio de libertad condicional que disfrutó, incurriendo en conductas que revelan la peligrosidad y la notoria falta de readaptación y la mala conducta que sostuvo cuando se encontró en externación, quebrantando entonces ... con el apercibimiento implícito que conlleva el beneficio aludido, según lo establecido en las leyes estatales aplicables a la materia. Así pues, según lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, en el capítulo VII de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en su arábigo 12 fracción XIV que dice: ‘Artículo 12. Al frente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social habrá un titular, quien tendrá las siguientes funciones: XVI. Otorgar y revocar, de acuerdo con la legislación, la libertad preparatoria, la remisión parcial de la pena, el tratamiento preliberacional y aplicar la retención, todo lo anterior fundamentado en estudios que revelen el grado de readaptación social, para así custodiar la seguridad de la sociedad.’. Es necesario señalar que como consecuencia de lo anterior, solamente esta autoridad actuó conforme a derecho en la revocación del beneficio materia del procedimiento de cuenta, sin que se esté violentando la legalidad al querer ir más allá de las atribuciones que la misma tiene, hecho que el a quo de cuenta debe analizar, pues llevar a cabo un procedimiento que no existe sería entonces sí una transgresión a los intereses no sólo de la quejosa sino también de la sociedad en general pero suponiendo que exista esa ley o procedimiento no me señala cuál es ni como debiera instaurarse el dicho trámite. III. Como complemento a mi recurso, acompaño documentos con los que acredito fehacientemente que nunca se violenta el artículo 14 constitucional, ya que sí se le otorga la garantía otorgada en nuestra Ley Fundamental sin que le interesara a la quejosa ... presentarse ante esta autoridad, ya que en ningún momento lo hizo, garantía otorgada por esta autoridad sin que exista regulado para el caso en ordenamiento alguno el procedimiento para otorgarla; por lo tanto, la autoridad se condujo conforme a derecho corresponde, y además realizó su trabajo que es la revocación materia de este procedimiento, revocación que se llevó a cabo debida y legalmente fundamentada. Otorgando además derecho de audiencia y defensa a la quejosa ... lo que se acredita en este momento con los documentos que para ese fin se presentan, consistentes en la notificación y citatorio de fecha 21 de enero del año 1999, realizadas por esta autoridad pero para no perjudicarle, con una resolución unilateral, esta autoridad otorgó de motu proprio la oportunidad a la quejosa ... para que manifestara lo que a su derecho conviniera por conducto del notificador de la institución, trámite que no está contemplado, además que también se llevó a cabo una visita domiciliaria por parte de trabajo social de esta dependencia a la quejosa ... sin que hiciera manifestación alguna, corroboración además con esta visita, que rompió con las reglas impuestas para su libertad, demostrando con ello entonces la falta de interés tanto en cumplir con todas y cada una de las condicionantes impuestas en el oficio de externación, como en atender cualquier oportunidad de presentarse ante esta autoridad ejecutora de sanciones para alegar lo que a su derecho conviniere y señalar su plena disposición de continuar gozando del beneficio de libertad anticipada concedido y por consecuencia análoga la falta de seguridad aleatoria a la sociedad; en resumen esta autoridad en ningún momento ha violado derecho constitucional alguno y por ello se esgrima como se ha hecho la resolución recurrida."

TERCERO. Por principio debe precisarse que ambos recurrentes se encuentran legitimados para interponer los respectivos recursos de revisión.

En cuanto a la parte quejosa, si bien le fue conferida la protección constitucional en contra del acto administrativo reclamado, al estimarse que la norma que le sirvió de fundamento resultó inconstitucional, sin embargo, en sus agravios se duele de que el juzgador de garantías omitió analizar correctamente sus planteamientos, lo que le hubiera generado un mayor beneficio, aunado a que considera que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad adoptada se fijaron erróneamente. Por otra parte, en relación con la autoridad administrativa recurrente, si bien la misma carece de legitimación para impugnar la declaración de inconstitucionalidad adoptada en el fallo protector, a pesar de ello, debe estimarse que en el presente caso la sentencia concesoria sí afecta su esfera competencial, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, en tanto que en la misma no sólo se adoptó tal declaración, sino que se precisaron los efectos de la misma y la medida en que dicha autoridad debe conducirse, cuestión que esencialmente controvierte.

CUARTO. En virtud de que los recursos de revisión que dieron lugar a esta instancia se encaminan en algunos de los agravios que contienen a controvertir las mismas consideraciones del fallo impugnado, como lo autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, siguiendo su orden lógico, su estudio se aborda en forma conjunta. Para tal fin, por principio resulta conveniente sintetizar los argumentos planteados por los recurrentes; en el caso de la autoridad administrativa responsable ésta sostiene, en esencia:

a) Como deriva de las pruebas que se acompañan al escrito de revisión, notificación y citatorio del veintiuno de enero de mil novecientos noventa y nueve, al quejoso no se violó su derecho de audiencia, pues al mismo se le citó para que manifestara lo que a su derecho conviniera y además se llevó a cabo una visita domiciliaria por parte de la sección de trabajo social de la propia dependencia penitenciaria, corroborándose, inclusive, con tal visita que rompió con las reglas impuestas para su libertad.

b) Esta autoridad administrativa debe actuar conforme a lo dispuesto en la ley, y si en ésta no existe algún procedimiento aplicable antes de revocar el beneficio concedido es necesario que a la misma se le señale qué procedimiento y cuáles son las leyes aplicables al caso, pues llevar a cabo un procedimiento que no existe sería entonces sí una transgresión a los intereses de la sociedad; además, la tesis planteada en el silogismo hecho por el Juez de Distrito no es obligatoria para las autoridades administrativas.

Por su lado, la parte quejosa aduce, medularmente:

d) El Juez de Distrito resolvió parcialmente lo planteado, pues no existe procedimiento que sea aplicable al quejoso para revocar su libertad condicional y, por ende, en términos del artículo 14 constitucional no se puede llevar a cabo el acto privativo conforme a las formalidades esenciales del procedimiento y al tenor de las leyes expedidas con anterioridad al hecho, además, en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de Jalisco y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social tampoco se prevé la existencia de un procedimiento que ajustado al referido precepto constitucional se tenga que agotar.

e) En la demanda de garantías se precisó que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social no tiene elementos jurídicos y legales para ordenar citaciones y retenciones, ya que tal facultad está constitucionalmente reservada a las autoridades judiciales y para el Ministerio Público, por lo que aquélla no puede por autodeterminación ordenar la retención de persona alguna, máxime que no existe procedimiento legal alguno aplicable para tales efectos.

f) En la sentencia recurrida se omitió interpretar correctamente los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que los actos de privación como el reclamado requieren realizarse conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y, tratándose de la materia penal se prevé la garantía de exacta aplicación de la ley. En tal virtud, toda autoridad al actuar debe sujetarse a una disposición legal que le sirva de apoyo.

Antes de abordar los agravios que sintetizados quedaron conviene precisar cuáles son los antecedentes que informan a esta instancia, a saber:

1. Como lo confiesa en los antecedentes de su libelo de garantías, el quejoso ... fue sentenciado a pena privativa de libertad por veintitrés años, al habérsele encontrado responsable en la comisión de los delitos de homicidio, robo, robo en grado de tentativa y encubrimiento.

2. El diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho, mediante oficio DG/736/98, el director general de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de Jalisco, concedió al interno ... el beneficio de la "libertad condicional" sujetándolo a diversas condiciones (foja 39 del expediente principal).

3. Posteriormente, mediante resolución del cinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve el propio director general de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de Jalisco determinó revocar a ... el beneficio de la "libertad anticipada" que se le había otorgado el diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho en el oficio DG/736/98, en virtud de que el mismo incumplió con requisitos que la ley establece para continuar gozando de ese beneficio.

4. En contra de la anterior determinación, así como respecto de la detención derivada de la misma, el quejoso ... promovió demanda de amparo, en cuyos conceptos de violación se dolió, por una parte, de la violación que de su garantía de audiencia existió al emitirse el acto reclamado, generada, incluso, por lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal del Estado y, por otra parte, que la autoridad ordenadora responsable, el director general de Prevención y Readaptación del Gobierno del Estado de Jalisco, ni tiene competencia para revocar la libertad anticipada concedida, ni cumplió con el requisito que para tal revocación establece el artículo 72 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de Jalisco.

5. Ante tal planteamiento, el Juez de Distrito del conocimiento, en el quinto considerando de la respectiva sentencia de amparo, abordó el estudio de constitucionalidad del artículo 69 del Código Penal para el Estado de Jalisco, concluyendo que el mismo transgrede la garantía de audiencia y, precisando como efectos de tal declaración el que la autoridad administrativa emisora de la revocación impugnada deje ésta insubsistente y, previamente a su emisión, proceda a dar intervención al quejoso para que manifieste lo que a su derecho corresponde y dé oportunidad de que éste aporte las pruebas que considere pertinentes y, por último, resuelva lo conducente con plenitud de jurisdicción.

En ese contexto, con el fin de abordar los referidos agravios, cabe señalar que de su contenido se advierte que, en principio, el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco pretende acreditar, mediante el ofrecimiento de diversas pruebas, la circunstancia consistente en que al quejoso sí le respetó su derecho de audiencia tutelado en el artículo 14 constitucional; en relación con tal planteamiento debe precisarse que el mismo resulta inoperante ya que, por una parte, la declaración de inconstitucionalidad contenida en el fallo protector no deriva de la conducta seguida por el referido director, sino de la violación que a la garantía de audiencia, según la mencionada sentencia, produce el precepto legal que sirvió de fundamento a la determinación adoptada por éste, por lo que solamente el órgano legislativo que emitió el artículo 69 del Código Penal para el Estado de Jalisco se encuentra legitimado para controvertir las consideraciones respectivas y, por otra parte, la argumentación de la autoridad recurrente se sustenta en elementos probatorios que presenta en esta instancia, los que en términos del artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, al no haberse ofrecido ante el Juez de Distrito, no pueden admitirse en esta instancia, aunado a que las mismas guardan relación con el fondo del asunto y no se refieren a hechos supervenientes. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, en lo conducente, la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:

"PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LAS SUPERVENIENTES, SI SE RELACIONAN CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Las pruebas supervenientes deben admitirse y valorarse en el recurso de revisión, si se relacionan con la improcedencia del juicio de amparo, toda vez que siendo ésta una cuestión de orden público, el juzgador debe examinarla, aun de oficio, en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de dictar sentencia firme. Este criterio no contraría lo establecido por el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo tocante a que en la revisión sólo se tomarán en cuenta las probanzas rendidas ante el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio, toda vez que esta disposición, interpretada en armonía con lo previsto por el artículo 78, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, debe entenderse referida a la prohibición de considerar en el mencionado recurso, pruebas tendientes a la justificación del acto reclamado, a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Corrobora lo anterior, que el artículo 91, fracción III, de la ley invocada, establece que en la revisión se podrá confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo diferente al apreciado por el Juez de amparo, por lo que resulta lógico que en el citado medio de impugnación se admitan pruebas supervenientes que acrediten la actualización de un motivo legal diverso al que ese juzgador tomó en cuenta para decretar el sobreseimiento en el juicio." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, tesis 2a./J. 64/98, página 400).

Por otra parte, el quejoso se duele de la circunstancia de que en la sentencia recurrida no se abordaron sus conceptos de violación relacionados con la falta de competencia de las autoridades responsables para emitir los actos reclamados; ante ello, resulta relevante tomar en cuenta que en la demanda de garantías y en la aclaración que de la misma se realizó, se controvirtió la constitucionalidad del artículo 69 del Código Penal del Estado de Jalisco; por ende, conforme a la técnica que rige al juicio de garantías, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al abordar inicialmente el estudio de ese preciso planteamiento y al concluir que al resultar fundado el mismo, ya no era jurídicamente posible abordar los vicios propios que se atribuyeron a los actos administrativos reclamados. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:

"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, tesis 2a./J. 71/2000, página 235).

Por tanto, debe estimars

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20912-f21c7e0d/audiencia-si-se-otorga-la-proteccion-constitucional-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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