JURISPRUDENCIA. LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE LA ESTABLECIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL QUE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS SUJETOS A INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA O AVERIGUACIÓN PREVIA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.
AMPARO EN REVISIÓN 1021/2000. FRANCISCO ARENAS CALVILLO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario 1/1997 publicado en el Periódico Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y siete, y puntos primero, inciso a), y tercero del Acuerdo 4/2000, publicado en el órgano de información indicado el veinte de marzo de dos mil, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclama la expedición del decreto de doce de julio de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve de los mismos mes y año, que contiene la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal únicamente en cuanto a su artículo 50.
SEGUNDO. La parte quejosa hizo valer los siguientes agravios:
"Primero. El primer considerando de la resolución recurrida viola en mi perjuicio el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexacta aplicación ya que a la luz del penúltimo párrafo de la foja 21, de la sentencia recurrida, se desprende que los actos de las autoridades respecto a los que se sobreseyó, por supuesta inexistencia, no son inexistentes, sino actos inminentes, atento a que se traducen en actos de ejecución de los actos reclamados a las autoridades ordenadoras, mismos que de haber resultados ciertos es obvio que los actos de ejecución, por los que indebidamente resolvió la Juez de Distrito son actos inminentes y no inexistentes. Segundo. El considerando sexto de la sentencia recurrida, viola en mi perjuicio los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo al realizar una indebida interpretación del artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciertamente, para arribar a la desestimación del primer concepto de violación en el que aduje violación al citado artículo 92 de la Constitución por carecer la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal de la firma del jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Juez a quo sólo se concretó a citar y transcribir una prolija jurisprudencia que de ninguna manera ofrece claridad y certeza de la ineficacia de mi argumento hecho valer, ya que la misma de ninguna manera hace una interpretación fiel y exacta del auténtico contenido del artículo 92 de la Constitución. Esto es así, porque la ley reclamada (Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal) se emitió a través de un decreto, y requiriendo los decretos a la luz del artículo 92 de la Constitución la firma del secretario de Estado o jefe de departamento del que corresponde el asunto; correspondiendo el asunto al Departamento del Distrito Federal (hoy Secretaría de Gobierno) y careciendo de la firma del jefe de gobierno, es indudable que a la luz de la exacta interpretación del artículo 92, el decreto que carece de la firma del jefe de departamento del Distrito Federal de ninguna manera es obligatoria, pues la propia Constitución señala que sin tales requisitos las leyes no serán obedecidas. La jurisprudencia citada por la Juez a quo indudablemente que contraviene la sana y exacta interpretación del artículo 92 de la Constitución y por lo tanto considero que lo idóneo sería que se suspendiera dicha jurisprudencia, pues dispone que los refrendos otorgados a los decretos promulgatorios corresponde únicamente al secretario de Gobernación, cuando esto no es lo que señala el artículo 92, sino que refiere al secretario del ramo o jefe del departamento del ramo que en la especie indudablemente lo es el otrora jefe del departamento del Distrito Federal, hoy jefe de gobierno del Distrito Federal. Tercero. La sentencia recurrida viola igualmente los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo al contestar mi segundo concepto de violación aducido en la demanda de amparo, en el sentido de que es inconstitucional el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal al no otorgar derecho de previa audiencia antes de suspender temporalmente a los elementos de la Policía Judicial. En efecto, la Juez del conocimiento sostiene sustancialmente que el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal no viola el artículo 14 de la Constitución, en virtud de la suspensión temporal a que se refiere dicho dispositivo no es definitiva y que por lo tanto no puede equipararse a una privación de derechos, para lo cual se permitió transcribir una tesis que consideró aplicable por analogía. Ahora bien, es inexacto lo sostenido por la Juez en el sentido de que una privación temporal de derechos no puede violar el derecho de previa audiencia al no equipararse a una privación de derechos definitiva, pues de admitir esto, estaríamos en presencia de una antinomia, ya que entonces tendríamos que decir que la privación de derechos debe ser definitiva para poder transgredir la garantía de audiencia, olvidándose la Juez de primer grado que tanto la privación temporal como definitiva son privaciones de derechos, máxime que aunque sea temporal una privación, como en la especie es de suspenderme de mi cargo de agente de la Policía Judicial, con ello se me está privando de mi única fuente de sustento familiar. Yo le preguntaría a la Juez, a los señores Magistrados y a los Ministros de la Corte, si no podría ser atentatorio en contra de su derecho de audiencia el que, sin razón, motivo ni audiencia previa, lo suspendan de sus labores, aunque sea temporalmente. Llegar al extremo de exigir que para que se considere que un acto es privatorio del derecho de audiencia tal privación tiene que ser definitiva, lo cual si lo trasladamos a la pena capital entonces hay que esperar a que se prive de la vida a una persona para sostener que se le está privando del derecho de audiencia, lo que indudablemente resulta una aberración, una incongruencia e injusticia. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la Juez cite una tesis aislada que consideró aplicable por analogía ya que por un lado dicha tesis no es obligatoria, por el otro el caso que refiere no es exacto al de la especie y, lo que es más, dicha tesis considero que es errada. Cuarto. La Juez de Distrito viola los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo al contestar mi tercer concepto de violación en el que aduje que el acuerdo A/002/97, del procurador general de Justicia del Distrito Federal es inconstitucional porque el referido procurador carece de facultades para emitir tal acuerdo. Efectivamente para desestimar tal concepto de violación, la Juez de primer grado sostiene que el procurador general de Justicia del Distrito Federal se apoyó en los artículos 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, fracción VII, y 41 al 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 1o., 2o., fracción V, 16, 20, 23, fracción I, 24, 33, 45 y 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y 1o., 6o., 7o. y fracción XIX, de su reglamento, considerando pertinente transcribir los artículos 53 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito federal así como el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 7o., fracción XIX, de su reglamento, para concluir que el procurador general de justicia sí tiene facultades para emitir el acuerdo de referencia mediante el cual se establecen las reglas de organización y funcionamiento del Consejo de Honor de la Policía Judicial del Distrito Federal. Es inexacto lo afirmado por la Juez del conocimiento toda vez que los preceptos citados y transcritos en que pretendió establecer la competencia, de ninguna manera otorgan facultades al procurador general de justicia del Distrito Federal, para emitir reglas de organización y funcionamiento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Judicial del Distrito Federal, sino reglas del buen despacho de las funciones de la procuraduría a fin de lograr la acción definitiva del Ministerio Público, cuestión ésta totalmente distinta a las reglas para el funcionamiento para el Consejo de Honor y Justicia ya que una cosa es la función de la procuraduría en su papel de representante social, esto es la investigadora de los delitos y otra cuestión muy distinta la de cuestiones que se refieran a disposiciones administrativas referentes a sus órganos y personal. Quinto. La Juez de Distrito de primer grado viola igualmente en mi perjuicio los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo al contestar el cuarto concepto de violación de mi demanda en el que esgrimí que la resolución impugnada fue emitida por una autoridad legalmente inexistente en atención a que el Consejo de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no está prevista en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ni en su reglamento. Ciertamente, para contestar mi referido concepto de violación la Juez de amparo se remitió a los argumentos expresados con antelación, concretamente al artículo 53 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en el que se establece que en cada uno de los cuerpos de seguridad pública habrá un Consejo de Honor y Justicia; sin embargo, la Policía Judicial del Distrito Federal no es un órgano de seguridad pública, sino una institución investigadora que se encuentra supeditada al Ministerio Público, pues el cuerpo de seguridad pública del Distrito Federal refiere a la secretaría que lleva dicha denominación. Por otro lado, ninguno de los conceptos invocados por el Juez de Distrito señala categóricamente la existencia del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Judicial del Distrito Federal, ni menos aún como erróneamente lo sostiene la Juez de referencia ‘Consejo de Honor y Justicia de la Policía del Distrito Federal’. Sexto. La sentencia recurrida viola también en mi perjuicio los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo al hacer una indebida interpretación y análisis del quinto y séptimo conceptos de violación de mi demanda de amparo, para arribar a la conclusión de que los mismos son infundados. En tales conceptos de violación hice valer que la resolución reclamada que me suspendió temporalmente como Policía Judicial del Distrito Federal, no se encontraba firmada por el total de los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en virtud de que ciertamente al notificárseme y entregárseme dicha resolución que me causó molestias y privación de mis derechos que hasta la fecha me sigue causando, carece de la firma de todos los integrantes del referido Consejo de Honor y Justicia. La Juez soslayó mis argumentos y la prueba que al afectado le exhibí (la resolución reclamada), apoyándose en una copia certificada de la sesión de 23 de julio de 1998, en la que según la Juez se advierte que en esa fecha se reunió la totalidad de los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Judicial del Distrito Federal, los cuales firmaron al calce. Ahora bien, resulta evidente la inocencia con que se conduce la Juez de Distrito, ya que ciertamente la resolución reclamada no fue firmada por todos los integrantes del Consejo de Honor y Justicia ya que por un lado la Juez se refiere a que los integrantes de dicho consejo se reunieron en su integridad y que firmaron al calce la resolución, sin embargo no consideró que la hoja que contiene la totalidad de las firmas del Consejo de Honor y Justicia fue fabricada posteriormente a que se emite la resolución reclamada, sorprendiendo con la autoridad responsable a la administradora de Justicia Federal. Cabe destacar que cualquier resolución que se notifica a los gobernados debe contener la firma de las autoridades que la emiten, sin que sea admisible que por ser la simple notificación de la resolución se considere legal la omisión de la firma, de ahí que careciendo ciertamente la resolución reclamada con que se me notificó de las firmas de los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Judicial del Distrito Federal, es indudable que dicha falta de firma provoca la inconstitucionalidad de la resolución, sin que sea óbice a ello la circunstancia de que la autoridad de referencia, sorprendiendo y burlando a la Juez de amparo de conocimiento, haya elaborado posteriormente una foja que contiene las firmas faltantes de los integrantes del repetido Consejo de Honor y Justicia. A mayor abundamiento, las notificaciones de todos los policías judiciales suspendidos junto con el suscrito quejoso, ninguna contenía todas las firmas de los integrantes del Consejo de Honor y Justicia, con lo que se fortifica mi dicho. Séptimo. La resolución que recurro viola igualmente los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que al contestar mi sexto concepto de violación se hizo una indebida interpretación de mis argumentos y apreciación de las pruebas aportadas. En efecto, en mi referido sexto concepto de violación señalé que con la resolución reclamada se me privaba del derecho al trabajo sin que previamente se me haya dado derecho de audiencia. La Juez de Distrito para desvirtuar mi argumento afirma que al suspenderme temporalmente de mi cargo como policía judicial, no se me impide en forma alguna que me dedique a la profesión y oficio que más me acomode, además de que según la Juez me dieron garantía de audiencia al otorgarme un término de tres días para ofrecer pruebas y alegatos. Ahora bien, todo acto de autoridad de privación o molestia, antes de ser emitido debe otorgar al gobernado el derecho de alegar y probar, por lo que si se me privó de mi derecho a seguir siendo policía judicial, aunque sea temporalmente como dice la Juez, temporalidad que a la fecha subsiste y que seguramente seguirá por años, es indudable que antes de privárseme aunque sea temporalmente de mi derecho de ser policía judicial que es la actividad que conozco y que me acomoda, debió dárseme derecho de audiencia, esto es las oportunidades de alegar todo en cuanto a mis intereses conviniera y de aportar las probanzas pertinentes que igualmente considerara convenientes. Por lo anterior, es indudable que el acto de privarme de mi derecho de dedicarme a la actividad que más me acomoda, y que es la de policía judicial, sin que se me haya otorgado derecho de audiencia, viola directamente en mi perjuicio el artículo 14 de la Constitución por lo que al no haber sido considerado así por el Juez de Distrito, es obvio que se hizo una indebida interpretación de la litis constitucional y apreciación de las pruebas por lo que se violaron los preceptos de la Ley de Amparo invocados al principio de este agravio. Octavo. La Juez de Distrito violó en mi perjuicio los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo al contestar el octavo concepto de violación de mi demanda de amparo considerándolo inoperante. En efecto, en tal concepto de agravio argumenté que todo el procedimiento y la resolución emitida en el mismo que decretó mi suspensión temporal como policía judicial, son inconstitucionales por haber decretado su iniciación una autoridad incompetente y sin facultades para ello; sin embargo la Juez de Distrito interpretó indebidamente mi agravio al enderezarlo únicamente respecto a la resolución reclamada argumento que ésta se apega a derecho, pero dejó de estudiar mi verdadero argumento al no analizar que quien ordenó la iniciación del procediendo incoado en mi contra que concluyó con la suspensión temporal, carece de facultades para ordenar dicha iniciación de procedimiento y que por lo mismo tanto el repetido procedimiento como la resolución en el dictado son inconstitucionales. Noveno. La Juez de Distrito violó en mi perjuicio los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al desestimar mi noveno concepto de violación porque supuestamente en el mismo no combatí los términos de la resolución impugnada y porque también supuestamente no ofrecí prueba que determinara la veracidad de la afirmación contenida en tal agravio. Ciertamente, es indudable que contrariamente a lo afirmado por la Juez, con el concepto de violación esgrimido combatí los términos de la resolución impugnada al argumentar que la motivación en que pretendió apoyarse fue viciada porque la autoridad responsable omitió realizar un estudio serio, minucioso y veraz, lo cual indudablemente que constituye un acto de omisión cuya carga de la prueba corre a cargo de las autoridades y no del suscrito quejoso hoy recurrente, por lo que, no es admisible que para determinar mi concepto de violación la Juez afirme que no ofrecí prueba que determinara la veracidad de mi afirmación, en el sentido de que las responsables omitieron realizar un examen minucioso, serio y veraz, que sustentara la eficacia de la resolución a la que le dio origen. Décimo. Finalmente, la Juez de Distrito violó en mi perjuicio los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al contestar mi décimo concepto de violación, en el que alegué que el procedimiento que concluyó en la resolución reclamada que me suspendió temporalmente tuvo su origen en una orden inconstitucional, pues la determinación para que se me realizara un examen antidoping que fue precisamente la que dio origen al procedimiento, carece de fundamentación y motivación. En efecto, tomando en cuenta que la orden para que se practicara el examen antidoping signada por el oficial mayor y el director general de la Policía Judicial dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no fue fundada en precepto legal alguno ni tampoco fue motivada, es indudable que la misma es inconstitucional, pues todo acto autoritario de molestia o privación como el señalado, debe ser fundado y motivado en derecho, de ahí que no habiéndose cumplido con estos requisitos en la orden de examen antidoping, es obvio que todo el procedimiento subsecuente y la resolución que en el mismo se dictó son inconstitucionales, por lo que al no haberse considerado así por la Juez de Distrito, es indudable que se hizo una indebida interpretación de la ley e igualmente indebida apreciación de las probanzas aportadas a juicio."
TERCERO. Es fundado el agravio primero, a través del cual se aduce que la Juez de Distrito aplicó incorrectamente el artículo 74, fracción IV, de Ley de Amparo al decretar el sobreseimiento en el juicio respecto a los actos reclamados al jefe de gobierno del Distrito Federal y las siguientes dependencias de la Procuraduría General de Justicia de esta capital: oficial mayor, contralor interno, director general de la Policía Judicial de esta ciudad y director de recursos humanos, pues no advirtió que tales actos son inminentes, debido a que se traducen en actos de ejecución de los actos reclamados a las autoridades ordenadoras, los cuales resultaron ser ciertos.
En efecto, de la lectura de la demanda de garantías se advierte que el quejoso, al jefe del Departamento del Distrito Federal (actualmente jefe de Gobierno de esta capital), únicamente reclamó la omisión a otorgar el refrendo al decreto de doce de julio de mil novecientos noventa y tres, el cual contiene la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
La autoridad mencionada al rendir su informe justificado convino expresamente con la existencia del acto reclamado. Además, del análisis del decreto mencionado se observa que el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, no lo refrendó.
En esta tesitura, se colige que el actual jefe de gobierno del Distrito Federal no negó el acto reclamado de referencia, por el contrario expresamente lo aceptó; luego, debe tenerse por cierto, motivo por el cual no procede sobreseer en el juicio de garantías respecto al acto en comento.
Por otra parte, de la lectura de la resolución de veintitrés de julio de mil novecientos noventa y ocho, se advierte que, entre otras consideraciones, se sustentó la siguiente:
"... En tal virtud, y tomando en consideración que los artículos 49 y 53 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, impone entre otras, la obligación para este Consejo de Honor y Justicia de la Policía Judicial del Distrito Federal, de velar por la honorabilidad y reputación de la misma, combatir con energía las conductas lesivas para la comunidad o la corporación, es por ello que este órgano colegiado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública, estima correcto deducir en el sentido de suspender en forma temporal y con carácter preventivo al servidor público Arenas Calvillo Francisco, de su cargo que actualmente ocupan dentro de esta corporación, como de su sueldo y demás percepciones que recibe por concepto de su encargo, lo anterior en virtud de encontrarse sujeto a esta investigación administrativa, dicha suspensión, surtirá efectos a partir de su notificación y subsistirá hasta que el presente asunto en el que se encuentra relacionado y que se ha hecho referencia anteriormente, quede total y definitivamente resuelto, la mencionada suspensión temporal, no conlleva una privación definitiva de derechos, pero su una medida cautelar o precautoria, para tener una mejor investigación, mientras dure el procedimiento administrativo y se dicte sentencia, en caso de resultar absuelto se reintegrarán los salarios y prestaciones que hubiere dejado de percibir con motivo de la suspensión temporal y será reinstalado en sus funciones ..."
En el caso a estudio es conveniente insertar los artículos 10, fracciones IV, VI y XII, 11, fracciones I, II, III y IV, 28, fracciones XIV y XV, y 32, fracciones VIII, XIV y XV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, derogados, cuyos textos son:
"Artículo 10. El oficial mayor tendrá las siguientes atribuciones: ... IV. Expedir las constancias de nombramientos de los servidores públicos, autorizar los movimientos del personal y resolver los casos de terminación de los efectos del nombramiento previo dictamen de la Dirección General Jurídico Consultiva; V. Desarrollar los sistemas de premios, estímulos y recompensas, así como los reconocimientos que determinen las Condiciones Generales de Trabajo y las disposiciones jurídicas aplicables; XII. Acordar la liquidación y pago de cualquier remuneración al personal de la Procuraduría."
"Artículo 11. Al frente de la Contraloría Interna habrá un contralor interno, quien será designado en los términos que las leyes establezcan y que tendrá las siguientes atribuciones: I. Establecer, controlar, evaluar y dar trámite a los procedimientos de recepción, atención y seguimiento de las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos de la procuraduría e iniciar la investigación correspondiente, de conformidad con los lineamientos que señale el procurador; II. Sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos e imponer, por acuerdo del procurador, las sanciones administrativas que correspondan; III. Formular los pliegos de responsabilidad de los servidores públicos de la procuraduría que sean procedentes, por irregularidades descubiertas en el ejercicio de sus funciones y, en su caso, remitirlos a la autoridad competente."
"Artículo 28. Al frente de la Dirección General de la Policía Judicial habrá un director general, quien tendrá las siguientes atribuciones: ... XIV. Informar a la unidad administrativa competente, las irregularidades en que incurran los agentes de la Policía Judicial en el desempeño de sus funciones, así como sobre los hechos delictivos en que puedan estar involucrados y que fueren de su conocimiento; XV. Mantener comunicación permanente con el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Judicial para el desarrollo de las funciones encomendadas a este órgano por la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y otras disposiciones aplicables y apoyarlo para el eficaz cumplimiento de las mismas."
"Artículo 32. Al frente de la Dirección General de Recursos Humanos habrá un director general, quien tendrá las siguientes atribuciones: ... VIII. Realizar la liquidación y pago de las remuneraciones al personal de la procuraduría, de conformidad con la normatividad vigente, así como la aplicación de los descuentos procedentes y realizar la emisión y distribución de cheques y, en su caso, efectuar la tramitación de pago de salarios caídos y otras prestaciones que ordene la autoridad judicial competente, previa consulta con la Dirección General Jurídico Consultiva; ... XIV. Tramitar las bajas del personal de la procuraduría, previo dictamen de la Dirección General Jurídico Consultiva; XV. Aplicar y registrar las sanciones a que se haga acreedor el personal de la procuraduría en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, de las condiciones generales de trabajo de la procuraduría y demás disposiciones aplicables."
Conforme al artículo 10 preinserto el oficial mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre otras atribuciones, tenía la de autorizar los nombramientos del personal de dicha institución, resolver los casos de terminación de los efectos del nombramiento respectivo, previo dictamen de la Dirección General Jurídica Consultiva, conducir las relaciones laborales de la procuraduría citada, acordar la liquidación y pago de cualquier remuneración al personal de la institución indicada.
Acorde al artículo 11 transcrito con antelación el contralor interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tenía facultades para iniciar la investigación que se planteara en contra de los servidores públicos de esa institución, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa sustanciados en contra de dichos servidores, formular el pliego de responsabilidad en contra de éstos e imponer por acuerdo del procurador las sanciones administrativas correspondientes, desarrollar y mantener actualizado el sistema de registro sobre tales sanciones impuestas a los servidores públicos dependientes de la procuraduría mencionada.
El director de la Policía Judicial del Distrito Federal tiene atribuciones para apoyar al Consejo de Honor y Justicia de la propia policía en el eficaz cumplimiento de sus resoluciones.
De acuerdo al artículo 32 preinserto el director general de Recursos Humanos, entre otras facultades, tenía la de realizar la liquidación y pago de las remuneraciones al personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como la aplicación de los descuentos precedentes, tramitar las bajas del personal respectivo, aplicar y registrar las sanciones a que se haga acreedor el personal de referencia en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de las Condiciones Generales de Trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.
Ahora bien, del estudio de las consideraciones insertas en el sexto párrafo de este considerando, se advierte que para cumplir la resolución de veintitrés de julio de mil novecientos noventa y ocho necesariamente se debe suspender al quejoso de sus funciones, así como privarlo de su sueldo y demás prestaciones que recibe por concepto de su encargo, estos actos son una consecuencia natural y lógica de la resolución de mérito a través de la que se ordenó la suspensión provisional del quejoso en sus funciones.
Así las cosas, al ser los actos de mérito una consecuencia rigurosa de la resolución cuestionada; luego, amenazan de modo tan efectivo como ésta a las garantías individuales señaladas por el quejoso, esto es, por su naturaleza son de ejecución inminente y encuadran dentro de las atribuciones previstas en los artículos preinsertos, razón por la cual el oficial mayor, contralor interno, director general de la Policía Judicial de esta capital y director general de Recursos Humanos, todas estas autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, son evidentemente ejecutoras, porque dentro del ámbito de su competencia están obligadas legalmente a velar por el cumplimiento de la resolución de veintitrés de julio de mil novecientos noventa y ocho mencionada y, por ende, a realizar los actos de ejecución necesarios para tal fin.
En esta tesitura, al haberse acreditado la existencia de la resolución de veintitrés de julio de mil novecientos noventa y ocho, se considera que los actos de ejecución de la misma son de inminente realización; por ello, se deben tener por ciertos y desvirtuada la negativa relativa contenida en los informes justificados rendidos por las autoridades ejecutoras mencionados.
Este criterio tiene apoyo en la jurisprudencia, cuyos rubros, datos de localización y texto son los siguientes:
"Quinta Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: LXXXVII
"Página: 1912
"ACTOS INMINENTES, NO DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE TRATA DE. Si la autoridad ordenadora certifica la existencia del acto reclamado, aun en el supuesto de que la ejecutora niegue haber recibido la orden correspondiente y que en realidad no la haya recibido, sin duda alguna la ejecución de la misma es inminente, y por lo mismo, no debe sobreseerse contra el acto de ejecución que de ella se reclama."
"Quinta Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: CXVII
"Página: 839
"AUTORIDADES EJECUTORAS, EXISTENCIA DE SUS ACTOS. Aun cuando una autoridad haya negado el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20914-086ace20/jurisprudencia-las-partes-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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