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Modo: Corpus Pro

JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, TODA VEZ QUE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO ÓRGANO EXIGE MENORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 113/2010. · Registro digital (IUS): 22528
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, , Pág. 1701.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 113/2010. **********.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El agravio es infundado.

El recurrente sostiene, medularmente, que la resolución que se combate le causa agravio, toda vez que el Juez Federal le dejó en completo estado de indefensión al desechar su demanda de garantías argumentando que debió acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, previamente al juicio de amparo, lo cual no es acertado, ya que aquél adujo violaciones directas a la constitución, situación que constituye una excepción al principio de definitividad.

Asimismo, el inconforme agrega que no está obligado a acudir ante el citado tribunal antes de acudir al juicio de amparo, toda vez que el juicio de nulidad exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión.

La resolución impugnada en el presente medio de impugnación, es la emitida el ocho de febrero de dos mil diez en el expediente 135/2010, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por virtud de la cual se determinó desechar de plano la demanda de garantías.

Esta determinación la asumió el juzgador por considerar que se actualizaba de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso debió haber agotado el juicio de nulidad en forma previa al ejercicio de la acción de amparo, a fin de agotar el principio de definitividad.

En ese contexto, el a quo analizó el contenido del precepto legal en cita y determinó que de la lectura de esa causa de improcedencia se advertía que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados reúnan las siguientes características:

1) Que sean reclamados de autoridades administrativas (sin ejercer funciones jurisdiccionales);

2) Que en términos de la legislación aplicable sean susceptibles de revisarse de manera oficiosa o contra los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa;

3) Que a través de dicho recurso, juicio o medio de defensa, los actos reclamados puedan ser revocados, nulificados o modificados;

4) Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa, permita suspender los efectos del acto combatido;

5) Que para suspender los actos combatidos, la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa correspondiente, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo contempla para la concesión de la suspensión definitiva; y,

6) Que el acto no carezca de fundamentación.

En atención a lo anterior, el juzgador consideró que se actualizaba la causal de improcedencia señalada en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que de la demanda de garantías se desprendía que el quejoso acudió al juicio de amparo a reclamar, en esencia, la resolución de siete de diciembre de dos mil nueve, relativa al recurso de revisión **********, dictada por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; acto reclamado que cumple con los requisitos anteriores, pues:

a) Fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; a saber, una autoridad administrativa dependiente del Gobierno del Distrito Federal, con lo cual se colma el primer requisito;

b) En términos de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de septiembre de dos mil nueve, dicho acto es de aquellos que admiten en su contra el juicio de nulidad;

c) Con dicho medio de defensa se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado que se señala en la demanda de amparo que se intenta;

d) Al momento de interponer el juicio indicado, el promovente puede solicitar la suspensión de los actos que reclama, pues la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la prevé en su capítulo VII denominado: "De la suspensión";

e) La Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de septiembre de dos mil nueve, ya no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; y,

f) El acto reclamado no se reclama por ausencia de fundamentación y motivación.

El Juez de Distrito agregó que, en el caso concreto, el acto reclamado destacado recaía en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por haber sido emitido por una autoridad dependiente de la administración pública del Distrito Federal, como es la autoridad señalada como responsable; aunado a que se trata de una resolución que, a consideración de la parte quejosa, le causa agravio; motivos por los cuales procede en su contra el juicio contencioso administrativo, antes de acudir al medio extraordinario de defensa que lo constituye el juicio de amparo.

Asimismo, sostuvo que los numerales 99 a 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de septiembre de dos mil nueve, ya no exigen mayores requisitos que Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, de lo que se concluye que la parte quejosa se encuentra en condiciones de interponer el juicio de nulidad contra la resolución que reclama, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías.

Es infundado el planteamiento del recurrente en donde sostiene que no se encontraba obligado a cumplir con el principio de definitividad, por estimar que se configuró una excepción a éste al haber invocado en su demanda violaciones directas a la Constitución Federal.

En efecto, si bien el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, lo cierto es que tal excepción presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, ya que, en ese supuesto, la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional, tal y como acaeció en el presente asunto, pues de la lectura del escrito inicial de demanda se desprende que el impetrante de garantías hace valer cuestiones de legalidad como la "indebida valoración de pruebas" por parte de la responsable.

En ese sentido, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias y violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes.

Por ende, no es obstáculo a lo anterior la circunstancia de que el quejoso alegue en su demanda de garantías que se vulneraron en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Sustenta lo anterior la tesis jurisprudencial de la Séptima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, cuyo rubro y texto son:

"RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca."

Sustenta lo anterior la tesis aislada 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 156, cuyos rubro y texto son:

"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."

Por otro lado, es infundado el argumento del recurrente donde manifiesta que no debió agotar el juicio contencioso administrativo antes de acudir al amparo, toda vez que el primero exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión.

A efecto de poner en evidencia lo infundado de su planteamiento, es pertinente transcribir los artículos 124 de la Ley de Amparo y los diversos 99 a 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de septiembre de dos mil nueve y vigente a partir del día siguiente (conforme a su artículo primero transitorio), que son del tenor siguiente:

Ley de Amparo:

"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el agraviado.

"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"...

"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"..."

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal:

"Capítulo VII

"De la suspensión

"Artículo 99. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser acordada por el Magistrado Instructor que conozca del asunto, haciéndolo del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento."

"Artículo 100. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo.

"Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución.

"No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés público o si se contravinieren disposiciones de orden público."

"Artículo 101. El Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes.

"Cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades reguladas, que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso y el actor no exhiba dicha documental no se otorgará la misma."

"Artículo 102. En contra del incumplimiento de las autoridades a la suspensión concedida, procederá la queja ante la Sala respectiva. La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó."

"Artículo 103. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión, condicionada a que se garantice su importe ante la Tesorería del Distrito Federal en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código Financiero del Distrito Federal.

"Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido."

"Artículo 104. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio.

"Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía mediante billete de depósito o fianza."

"Artículo 105. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da a su vez garantía con billete de depósito o fianza. En este caso se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión y procederá el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable.

"Para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor.

"Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra el señalamiento de fianzas y contra fianza, procede el recurso de reclamación ante la Sala del conocimiento."

"Artículo 106. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión a que se refieren los artículos 104 y 105, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala correspondiente dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia, la cual dará vista a las demás partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda. Contra la resolución procede el recurso de reclamación ante la Sala Superior."

De los preceptos transcritos de la Ley de Amparo se desprende que para conceder la suspensión en el juicio de garantías se requiere: 1) Que la solicite el agraviado; 2) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y 3) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

Por su parte, de la lectura del capítulo VII, relativo a "De la suspensión", de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en específico, de su numeral 100, se desprende que dicho ordenamiento únicamente exige como requisitos para otorgar la suspensión: 1) Que la solicite el actor en cualquier etapa del juicio la cual tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo; y 2) No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés público o si se contravienen disposiciones de orden público; es decir, la ley en cuestión exige incluso menores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, al no prever que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se pudieran causar al agraviado con la ejecución del acto.

Los restantes artículos del capítulo correspondiente no hacen referencia a requisitos diversos a los mencionados para la concesión de la medida cautelar, sino que los mismos manifiestan cuestiones accesorias a la concesión de la suspensión, ya que se refieren al acreditamiento del interés suspensional, al otorgamiento de garantía en determinados casos, a la ejecución de la garantía y a la contragarantía.

Por tanto, es correcto lo determinado por el Juez de Distrito en el sentido de que no es aplicable al caso el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 71/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 153, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.", toda vez que dicho criterio fue emitido tomando en consideración la legislación vigente desde el diecisiete de agosto de dos mil y hasta el veintiocho de enero de dos mil cuatro, en la que se establecía que sólo el presidente de la Sala respectiva podía conceder la suspensión de la ejecución de los actos que se impugnaran mediante el juicio de nulidad, previa petición del Magistrado instructor, a quien, a su vez, le fuera solicitada por el actor, por lo que exigía mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, cuestión que en la nueva ley no se contempla.

Asimismo, el Juez Federal correctamente determinó que tampoco resultaba aplicable la jurisprudencia 2a./J. 174/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintiocho de octubre del dos mil nueve al resolver la contradicción de tesis 312/2009, del tenor siguiente: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. ES INNECESARIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, PORQUE LA CONSULTA CIUDADANA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO TRIBUNAL CONSTITUYE UN REQUISITO ADICIONAL A LOS QUE LA LEY DE AMPARO ESTABLECE PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.".

Lo anterior es así, ya que dicha jurisprudencia también tomó en consideración la anterior Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, vigente hasta el diez de septiembre de dos mil nueve, ya que la misma condicionaba la concesión de la medida cautelar a que se realizara una consulta ciudadana, lo que también resultaba ser un requisito mayor a lo establecido por la Ley de Amparo.

En ese orden de ideas, la nueva Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de septiembre de dos mil nueve y vigente a partir del día siguiente (conforme a su artículo primero transitorio), eliminó las exigencias adicionales a que se alude en dichas jurisprudencias, por lo que los razonamientos expuestos en éstas no resultan aplicables al presente caso, ya que actualmente no se contemplan dichos requisitos ni alguno otro adicional a los establecidos por la Ley de la Amparo para conceder la suspensión.

Lo anterior se corrobora con la circunstancia de que el quejoso promovió su demanda de garantías el cuatro de febrero de dos mil diez, es decir, con fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de septiembre de dos mil nueve.

En conclusión, en el juicio se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en atención a que el quejoso debió haber agotado el juicio de nulidad en forma previa al ejercicio de la acción de amparo y agotar así el principio de definitividad.

No impide arribar a la anterior determinación la manifestación del recurrente donde sostiene que el acto reclamado, fue dictado por la autoridad señalada como responsable, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto **********, emitida por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, pues lo cierto es que aquél constituye un juicio de garantías diverso y en el presente se actualiza la causal de improcedencia aludida.

En las relatadas consideraciones, al resultar infundado el agravio de la recurrente, debe confirmarse la sentencia que se revisa.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 85, fracción II, 91 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la resolución recurrida de ocho de febrero de dos mil diez, dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 135/2010.

SEGUNDO.-Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por **********.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca; regístrese la presente ejecutoria en términos del acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados Alberto Pérez Dayán, Adela Domínguez Salazar y F. Javier Mijangos Navarro. Fue ponente el tercero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 4, 8, 13, 14, 18 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22528-8ea65363/juicio-ante-el-tribunal-de-lo-contencioso-administrativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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