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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA OMISIÓN DEL JUEZ DE LA CAUSA DE REMITIR AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD LAS CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN JUNTO CON EL PROCESO, EN LAS QUE SE SOLICITÓ LA ABSOLUCIÓN DEL ACUSADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y NO SU CONDENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 197/2010. · Registro digital (IUS): 22910
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 1450.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 197/2010. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Resultan inatendibles, infundados e inoperantes los agravios que los recurrentes hacen valer, en atención a las razones que a continuación se exponen.

Cabe señalar que los quejosos promovieron el juicio de garantías venido a revisión con la pretensión de reclamar actos derivados de un procedimiento penal en el que ostentan el carácter de víctimas u ofendidos; de tal manera que, aun cuando la determinación materia del reclamo tiene origen en una causa penal, al ostentarse los quejosos con aquella calidad en dicho procedimiento penal, es que el análisis de sus agravios es de estricto derecho, habida cuenta que, en la especie, no se actualiza la hipótesis de hecho que, para suplir la deficiencia de la queja en materia penal, prevé el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, pues si bien dicha disposición legal establece la obligación de suplir la deficiencia de la queja en materia penal, aun ante la ausencia de agravios formulados en los recursos, ello se refiere exclusivamente a la interposición de recursos por parte del reo, mas no a los interpuestos por quienes lo hacen con el carácter de víctimas u ofendidos, pues en estos supuestos el recurso intentado debe resolverse conforme al estricto análisis de los agravios planteados.

Luego, debe apuntarse que si el análisis de la improcedencia del juicio de amparo, por tratarse de una cuestión de orden público, debe realizarse de oficio y de manera preferente, la aleguen o no las partes, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 73, último párrafo y 91, fracción III, de la Ley de Amparo; entonces, es factible analizar la procedencia del juicio de garantías en esta segunda instancia, preferentemente a los motivos de agravio expresados por los recurrentes, sin que sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no procede la suplencia de la deficiencia de la queja, dado que se trata de dos figuras distintas, a saber: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja deficiente.

Corrobora lo dicho, por las razones que se informan, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 110/2008 sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 321, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE CONFIRMAR EL AUTO QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, POR UNA CAUSA DIVERSA A LA INVOCADA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO, SIEMPRE QUE SEA INDUDABLE Y MANIFIESTA. Conforme al artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo y al criterio sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/99, de rubro: ‘IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’, el tribunal que resuelve el recurso de revisión interpuesto contra el sobreseimiento dictado por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional, incluso sin analizar la causal de improcedencia de que se trate, puede confirmar el sobreseimiento si advierte probado otro motivo legal para ello. En congruencia con lo anterior, se concluye que dicha facultad es aplicable por igualdad de razón cuando la materia de la revisión es el auto que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, siempre que la causal de improcedencia advertida sea indudable y manifiesta, ya que en este caso también rige el principio de que la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público cuyo análisis puede efectuarse en cualquier instancia sin importar que las partes la aleguen o no. Lo anterior, porque interpretar de manera rigorista el indicado artículo 91 en el sentido de que la facultad mencionada sólo puede ejercerse cuando el sobreseimiento en el juicio se decreta en la audiencia constitucional, no sólo implicaría desconocer el aludido principio, sino que contravendría la garantía de prontitud en la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, pues a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para la celebración de la audiencia de ley, en tanto que al existir diversa causa de improcedencia, el órgano revisor podrá invocarla de oficio y arribar a la misma conclusión, es decir, confirmar el auto recurrido y sobreseer en el juicio."

Asimismo, es de precisar que los quejosos, ahora recurrentes, promovieron el juicio de amparo venido a revisión con la pretensión de reclamar: en primer lugar, la omisión del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, de solicitar en el pliego de conclusiones presentado ante el juzgado aludido en la causa penal **********, la pena de la reparación del daño; y en segundo término, la omisión del Juez penal mencionado de remitir las conclusiones del Ministerio Público, junto con el proceso penal, al procurador general de Justicia del Estado de México, haciéndole ver que aquél no había pedido la condena a la reparación del daño, sino solicitado que se absolviera a la procesada de ello.

Y que el Juez de amparo, al pronunciar el auto recurrido, determinó desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, porque en relación con los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede, en su concepto, se actualizaba la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción IV y 161 de la Ley de Amparo.

Sentado lo anterior, por cuestión de método, debe puntualizarse que en relación con la reclamada "omisión del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, de solicitar en el pliego de conclusiones, presentado ante el juzgado aludido, la pena de la reparación del daño", adverso a lo que sostiene el juzgador de amparo, este tribunal considera que, en orden de prelación, no opera la causa de improcedencia invocada, sino la diversa contenida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 11 (aplicado a contrario sensu) de la Ley de Amparo.

Esto resulta así, porque si la procedencia del juicio de amparo está regida por principios constitucionales y legales que se consideran fundamentales, entre los que destaca el de procedencia contra "actos de autoridad", como lo previenen los artículos 103, fracción I, de la Ley Fundamental(2) y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo(3); siendo que, para efecto de la procedencia del juicio de garantías, conforme a lo establecido por el artículo 11 (aplicado a contrario sensu) de la ley de la materia,(4) debe entenderse que actúan como "autoridades" las personas que desarrollan actos en cumplimiento de funciones de gobierno frente a los gobernados, conformando los organismos que la ley faculta para emitir actos unilateralmente y que deben ser obedecidos por los ciudadanos, al estar respaldados por el imperio estatal.

Y que en el caso, como lo ha establecido la Primera Sala del Máximo Tribunal del País,(5) el Ministerio Público, en ejercicio de su atribución esencial descrita en el artículo 21 constitucional, al ejercer acción penal ante un Juez mediante consignación de la indagatoria que previamente integró en el desarrollo de sus facultades de investigación, deja de tener la calidad de autoridad para los efectos de la etapa de preinstrucción y posteriores en el proceso penal, una vez dictado el auto de radicación, asumiendo la calidad de parte en la contienda jurisdiccional.

Entonces, como ya se anticipó, es manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, puesto que, encontrándose adscrito a un órgano jurisdiccional, al asumir la calidad de parte en el proceso penal, no tiene el carácter de "autoridad" para efectos de la promoción del juicio de amparo.

Lo que conlleva, en orden de prelación, a estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 11 (aplicado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, y no la diversa invocada al respecto por el juzgador de amparo; por ende, como ya se dijo, devienen inatendibles los diversos y reiterados argumentos que esgrimen los recurrentes para combatir el motivo de improcedencia sustentado por el Juez de amparo en la resolución impugnada, en relación con el acto reclamado al Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, porque, ante la actualización de la diversa causal de improcedencia mencionada, es innecesario el estudio de aquellos agravios que los recurrentes hacen valer, tanto para evidenciar la procedencia del amparo enderezado en contra del pliego de acusación formulado por la representación social en el procedimiento penal de que se trata, como para justificar que dicha actuación constituye un acto de imposible reparación.

Por otra parte, en cuanto a la reclamada "omisión del Juez Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, de remitir las conclusiones del Ministerio Público, junto con el proceso penal, al procurador general de Justicia del Estado de México, haciéndole ver que el Ministerio Público de la adscripción no había pedido la condena a la reparación del daño, sino solicitado que se absolviera a la procesada de ello"; debe decirse que, en oposición a lo que los recurrentes argumentan, acertadamente el Juez de Distrito del conocimiento, determinó que se actualizaba, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en tanto que el acto aludido no tenía una ejecución que fuese de imposible reparación.

En efecto, los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción IV, de la invocada ley reglamentaria, en lo que interesa, dicen:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; ..."

Contextos normativos que, sin mayor interpretación que la literal, establecen que cuando se reclama en amparo indirecto actos pronunciados dentro del juicio, es decir, cuando no ha concluido, es menester que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado.

Sobre tal premisa resulta que, en la especie, como bien lo consideró el Juez de Distrito del conocimiento y, en contra de lo que infundadamente alegan los recurrentes, la actualización notoria e indudable del motivo de improcedencia a que se contraen las fracciones de los artículos insertos, en relación con el acto reclamado al Juez penal de que se trata; en tanto es patente que la "omisión del Juez Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, de remitir las conclusiones del Ministerio Público, junto con el proceso penal, al procurador general de Justicia del Estado de México, haciéndole ver que el Ministerio Público de la adscripción no había pedido la condena a la reparación del daño, sino solicitado que se absolviera a la procesada de ello", constituye un acto dentro del juicio y, además, sus consecuencias no resultan irreparables, como infundadamente lo aseveran los recurrentes.

Esto es así, porque, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así lo estimó el Juez de amparo, para establecer cuándo se está en presencia de actos dentro del juicio que sean de imposible reparación y, por ende, para establecer la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, debe partirse de dos criterios:

- El primero determinado, como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén las garantías individuales establecidas en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; y

- El segundo, que resulta complementario al anterior, establece que los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior.

Lo que así se advierte de la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo."

De aquí que, para determinar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo de naturaleza indirecta, debe discernirse sobre si el acto afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Norma Fundamental, pues de resultar negativo, entonces, debe valorarse si con sus consecuencias se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, y de arribarse a la convicción de que tampoco se satisface esta afectación extrema, sería improcedente el amparo indirecto, como acontece en el caso que se revisa, de tal modo que los gobernados deben esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según las prevenciones de los artículos 158, 160 y 161 de la Ley de Amparo, como en esencia lo sostuvo el juzgador de amparo en la resolución impugnada.

Y es que, en contra de lo afirmado por los recurrentes, el hecho de que el Juez de Distrito, en la resolución impugnada, hubiese citado como fundamento el artículo 159 de la Ley de Amparo, en modo alguno entraña algún perjuicio a los recurrentes sino, más bien, conforme a las razones que sustenta aquél para resolver en la forma que lo hace, se trata de un error en la cita de dicho precepto legal, pero se entiende sin duda como el precepto que, en realidad, quiso invocar fue el diverso 158 de la citada ley, precisamente, al tratarse de un asunto en materia penal.

Por lo cual, como ya se dijo, si los promoventes de amparo reclamaron la "omisión del Juez Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, de remitir las conclusiones del Ministerio Público, junto con el proceso penal, al procurador general de Justicia del Estado de México, haciéndole ver que el Ministerio Público de la adscripción no había pedido la condena a la reparación del daño, sino solicitado que se absolviera a la procesada de ello", entonces, resulta evidente lo improcedente del amparo indirecto enderezado contra aquel acto omisivo reclamado, porque, en contra de lo que reiteradamente aducen los recurrentes en sus motivos de agravio, y como bien lo sostuvo el Juez de Distrito del conocimiento, se trata de un acto omisivo procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén las garantías individuales establecidas en la Constitución Federal, y menos afectan a los quejosos hoy inconformes en el juicio en grado predominante o superior, como desacertadamente se pretende hacer parecer en los agravios planteados en el escrito correspondiente.

Además, en contraposición con lo argumentado por los recurrentes, no es la posible afectación de garantías constitucionales lo que determina la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados en juicio, sino que se requiere que los actos de esa naturaleza afecten de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos preestablecidos constitucionalmente, de donde debe distinguirse entre derechos constitucionales de carácter adjetivo y los de naturaleza sustantiva pero, en el caso específico, la "omisión del Juez Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, de remitir las conclusiones del Ministerio Público, junto con el proceso penal, al procurador general de Justicia del Estado de México, haciéndole ver que el Ministerio Público de la adscripción no había pedido la condena a la reparación del daño, sino solicitado que se absolviera a la procesada de ello", evidentemente no infringe derechos sustantivos, tal como lo puntualizó el Juez de amparo referido ni se afectan prerrogativas en grado predominante o superior, en la medida en que, en la hipótesis sin conceder, podrían existir infracciones a los derechos adjetivos de la víctima o del ofendido elevados a garantía constitucional, como resultan los contenidos en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) pero en modo alguno la afectación inmediata y directa de derechos sustantivos consagrados en dicho precepto constitucional o en los diversos 14, 16 o 17 de la Norma Fundamental.

Razones por las cuales, resulta infundado lo aducido por los inconformes, en síntesis, respecto a que "la omisión reclamada al Juez penal señalado como responsable" tiene una ejecución de imposible reparación, porque éste no podría pronunciarse sobre la reparación del daño en la sentencia definitiva, al no haber sido solicitada por el órgano ministerial de acusación, y tampoco se podría apelar la sentencia ni expresar agravios al respecto, pues, adverso a lo que se sostiene de acuerdo con la propia naturaleza del acto de omisión reclamado al Juez penal mencionado, se pone de manifiesto, como quedó detallado en párrafos precedentes, la posible afectación de derechos adjetivos o procesales que, en contra de lo que alegan los recurrentes, no sólo puede ser reparada en el supuesto de que resulte una sentencia en su favor, en términos de los artículos 20, apartado B, fracción IV, de la Ley Fundamental y 27 del Código Penal del Estado de México, es decir, por tratarse la reparación del daño de una pena que debe imponerse de oficio por el juzgador, siempre y cuando ésta sea procedente al dictarse sentencia condenatoria, en cuyo caso la violación no trascendería al resultado del fallo, sino también en el supuesto contrario, como lo es el caso de que si en aquella sentencia no se hiciere pronunciamiento sobre la reparación del daño derivado de la comisión del delito examinado, el ofendido o su representante, en los términos del artículo 280, fracción III, del código procesal, tienen el derecho de apelar la resolución respectiva, precisamente al verse afectado con ello su derecho para reclamar la reparación del daño.

Inclusive, en contraposición con lo argumentado por los recurrentes, aquel acto de omisión reclamado al Juez penal señalado como responsable, en su caso, podría reclamarse a través del amparo directo como violación de carácter procesal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 160, fracción XVIII, en relación con la fracción IV de dicho numeral de la Ley de Amparo, es decir, como una violación a las formalidades prevenidas por la ley adjetiva para la práctica de las actuaciones o diligencias en el procedimiento penal, desde luego, atendiendo para ello al principio de "a petición de parte" (conforme a la expresión de los agravios en que se apoya tal petición).

Ilustra lo antedicho, por las consideraciones que se sostienen en las ejecutorias que le dieron origen a la tesis de jurisprudencia II.3o.P. J/4, sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 996, Tomo XXIII, junio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CONCLUSIONES ACUSATORIAS. SI SON DEFICIENTES EL JUEZ DEBE ENVIARLAS JUNTO CON EL PROCESO AL PROCURADOR GENERAL O SUBPROCURADOR DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE PARA QUE LAS CONFIRMEN, REVOQUEN O MODIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-El artículo 258 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México establece, de manera imperativa, entre otras cuestiones, que al formular conclusiones acusatorias el Ministerio Público debe satisfacer ciertos requisitos, a saber: a) Fundar y motivar la comprobación del cuerpo del delito, las modificativas y la responsabilidad penal del acusado; b) También de manera fundada y motivada, solicitar las sanciones correspondientes, incluyendo el concurso de delitos y la reparación del daño. Por tanto, de no observarse estos requisitos, la autoridad jurisdiccional no puede subsanar esas deficiencias y debe enviar las conclusiones deficientes, junto con el proceso, al procurador general de Justicia o al subprocurador correspondiente, para que confirmen, revoquen o modifiquen dichas conclusiones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del ordenamiento procesal citado."

Por último, en cuanto a los restantes agravios que hacen valer los inconformes, en el sentido de que si se promoviese el amparo directo, el Tribunal Colegiado respectivo no podría pronunciarse sobre la reparación del daño, al serle novedosa dicha cuestión, y los conceptos de violación que al respecto se planteasen serían declarados inoperantes por novedosos; debe decirse que tales alegaciones son inoperantes, por tratarse de simples apreciaciones subjetivas, ambiguas y futuras que, por si mismas, no cuentan con el alcance necesario para desvirtuar los motivos y fundamentos que tuvo el Juez de Distrito para estimar actualizada la causal de improcedencia en examen. Lo que igualmente acontece en relación con lo afirmado por los recurrentes, respecto a que el representante social no podría promover amparo, porque no se afectaban sus intereses; pues tal aseveración, sin mayor explicación, es insuficiente para combatir el auto impugnado, reduciéndose así a una simple afirmación ineficaz para demostrar la ilegalidad del acuerdo recurrido, como equivocadamente lo pretenden hacer parecer los recurrentes.

En las relatadas condiciones, como en el caso opera el principio de estricto derecho, por no actualizarse alguna de las hipótesis legales para la suplencia de la queja de las previstas por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ante lo inatendible, infundado e inoperante de los agravios propuestos por los recurrentes, procede confirmarse el proveído recurrido, aunque respecto del acto reclamado al Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por la diversa causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 11 (aplicado a contrario sensu) de la Ley de Amparo y, en consecuencia, desechar de plano la demanda de amparo promovida por los quejosos, ahora inconformes, contra los actos y las autoridades señaladas en el resultando primero de este fallo, dada la actualización manifiesta e indudable de las causales de improcedencia detalladas en el contexto del presente considerando.

Por lo expuesto y, con apoyo en lo que establecen los artículos 107, fracciones II y III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 76, 77, 78, 184 y 190 de la Ley de Amparo, así como el 1o., fracción III, 34, 35 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el auto materia de la revisión, aunque con las precisiones expuestas en el cuerpo de la presente resolución.

SEGUNDO.-Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por **********, ********** y **********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo sentenció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Jorge Luis Silva Banda, María de Lourdes Lozano Mendoza y Víctor Manuel Méndez Cortés, siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, V y VI, 5, 8, 13, 14, 18, 61 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

_________________

2. "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales. ..."

3. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"I. Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales; ..."

4. "Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."

5. En la jurisprudencia 1a./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de 2001, página 9, con el rubro que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO."

6. En su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22910-f077c811/improcedencia-del-amparo-indirecto-se-actualiza-la-causal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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