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Modo: Corpus Pro

APELACIÓN ADMITIDA EN EL EFECTO DEVOLUTIVO CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, DEBE SER CATALOGADA COMO UN ACTO DICTADO DENTRO DE JUICIO, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 226/2011. · Registro digital (IUS): 23067
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 2064.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 226/2011. **********.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los agravios hechos valer son infundados, en parte, y fundado pero inoperante el restante.

Es conveniente precisar que de la lectura íntegra de la demanda de garantías, así como de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, relató la quejosa, se advierte que los actos reclamados consisten en:

1. La resolución de cuatro de abril de dos mil once, que declaró infundado el recurso de revocación que hizo valer contra el auto de diez de marzo del mismo año, dictado en el juicio sumario civil ********** por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de esta ciudad, en el que se otorgó a la aquí quejosa (demandada principal), un término para que manifestara si era su deseo exhibir contrafianza para que no se ejecutara la sentencia de primera instancia (en lo que se resolvería la apelación admitida sólo en el efecto devolutivo), apercibiéndola que, de no hacerlo, perdería su derecho para ello.

2. La aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 442 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por resultar inconstitucional, reclamados al Congreso, al gobernador, al secretario general de Gobierno y al director del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", todos de esta entidad, respectivamente.

Asimismo, es conveniente transcribir parte de la narración de antecedentes que la impetrante realizó, bajo protesta de decir verdad, en el libelo constitucional:

"... 14. Por así corresponder el estado procesal del juicio natural, con fecha 2 de diciembre de 2010, la autoridad responsable dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción de la parte actora y por no acreditadas las excepciones y defensas planteadas por mi mandante. 15. Así las cosas, mediante escrito de fecha 3 de enero del año 2011, mi representada interpuso recurso de apelación en ambos efectos en contra de dicha sentencia. 16. Ahora bien, mediante auto de fecha 11 de enero del año en curso, se tuvo, en tiempo y forma, a mi representada interponiendo el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha 2 de diciembre del año 2010, mismo que fue admitido solamente en efecto devolutivo, ordenándose remitir el original del presente juicio a la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, turnando dicho recurso a la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien se avocó al conocimiento de dicho medio de defensa el día 23 de febrero del año 2011, correspondiéndole como número de toca el **********. 17. Dicha Sala aún no ha dictado sentencia definitiva, mediante la cual se confirme o, en su caso, se modifique la sentencia de primera instancia. 18. Por otra parte, la actora mediante escrito de fecha 31 de enero del año 2011, solicitó a su Señoría le fuera fijada fianza a efecto de ejecutar la sentencia definitiva. 19. Mediante auto de fecha 10 de marzo de 2011, en forma completamente ilegal la autoridad responsable dio a mi mandante (sic), a efecto de que manifestara si era su deseo exhibir contrafianza para que no se ejecutara la sentencia definitiva, apercibiéndola que de no hacerlo, en el término concedido para tal efecto, se tendría por perdido el derecho de exhibir dicha contrafianza. 20. Inconforme con lo anterior, con fecha 16 de marzo de 2011, mi poderdante interpuso recurso de revocación en contra del auto antes mencionado, toda vez que el mismo era completamente ilegal, ya que la sentencia se encuentra sub júdice, aunado a que el procedimiento para la ejecución no era el correcto, pues la forma en que se siguió no fue la adecuada. Por otra parte, se dio ad cautelam (debido al recurso antes descrito) contestación a la vista que se dio con fecha 10 de marzo de 2011, mediante el cual se manifestó el deseo de mi mandante de exhibir contrafianza. 21. Con fecha 4 de abril de 2011 se resolvió el recurso de revocación antes mencionado, declarándose los agravios esgrimidos como infundados e inoperantes. ..." (fojas 8 y 9 del juicio de amparo).

Deviene fundada, pero a la postre inoperante, la manifestación de la recurrente referente a que, en el particular, los actos reclamados caen dentro de la hipótesis contenida en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, no en la prescrita en la fracción III del mismo precepto, como lo estimó el Juez de Distrito; empero, no por ello resulta procedente el juicio de garantías biinstancial, ya que dichos actos se encuentran dictados dentro de juicio y no tienen una ejecución de imposible reparación como se verá a continuación; razón por la cual no es factible revocar el acuerdo recurrido con base en dicho motivo, siendo aplicable al caso la jurisprudencia 461 que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 398, que señala:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el recurso de revisión se hace de un agravio se llega a la conclusión de que es fundado, pero de su análisis se advierte claramente que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, es insuficiente en sí mismo para resolver el asunto favorablemente a los intereses del recurrente, dicho agravio, aunque fundado, debe declararse inoperante."

El artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, disponen:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."

De la simple lectura de la fracción III se advierte que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en los casos que se especifican en el segundo, tercero y cuarto párrafos de esa fracción.

Por su parte, conforme a la fracción IV de dicho numeral, el amparo biinstancial procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.

En conclusión, la fracción III tiene aplicación respecto de actos emitidos fuera de juicio y después de concluido, mientras que la fracción IV se aplica a los realizados dentro de juicio, como sucede con lo que en el caso se reclama.

En efecto, los actos reclamados tienen la naturaleza de actos dictados dentro de juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Amparo que luego se copiará, porque el procedimiento de origen no ha culminado, según se advierte de la narración de antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, hizo la impetrante, al indicar que la sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación, misma que aún se encuentra pendiente de resolución; esto es, no existe sentencia irrecurrible que haya decidido el juicio en lo principal y, por ende, tampoco se está ante la presencia de un asunto concluido, en el que se trate de ejecutar una sentencia revestida por la figura jurídica de la cosa juzgada, sino que dichos actos están relacionados con la ejecución de una sentencia de condena que no ha causado estado, pero que permite su ejecución a la parte que obtuvo, en términos del artículo 442 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, siendo que ello sería únicamente con el carácter de provisional pues se encuentra subordinado al resultado del recurso de apelación, tal como se establece en el último párrafo de dicho numeral.

El mencionado artículo dispone:

"Artículo 442. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende el procedimiento, ni la ejecución de las resoluciones; pero si en el juicio en que se interpuso el recurso, se cita para sentencia sin que aquél se hubiere resuelto, no se dictará ésta sino hasta que se reciba el testimonio de la resolución respectiva. Si se tratare de auto o de interlocutoria, se remitirá al tribunal copia de las constancias que el apelante señale como conducentes en su escrito de agravios, pudiéndose agregar las que el Juez estime pertinente y la parte contraria considere necesarias. No se ejecutará la sentencia si no se otorga previamente fianza conforme a las reglas siguientes: I. La calificación de la idoneidad de la fianza será hecha por el Juez, quien se sujetará, bajo su responsabilidad, a las disposiciones del Código Civil y oyendo previamente al colitigante; II. La fianza otorgada por el actor comprenderá la devolución de la cosa o cosas que deba percibir, sus frutos e intereses y la indemnización de daños y perjuicios si el superior revoca el fallo; III. La otorgada por el demandado comprenderá el pago de lo juzgado y sentenciado y su cumplimiento, en el caso de que la sentencia condene a hacer o a no hacer; IV. La liquidación de los daños y perjuicios se hará en la ejecución de la sentencia. El condenado podrá otorgar contrafianza para que no se ejecute la sentencia, que comprenderá lo señalado en la fracción III de este artículo. Todo procedimiento continuado después de interpuesta y admitida una apelación en efecto devolutivo, queda subordinado al resultado de ésta."

Por su parte, el citado precepto 46 dispone:

"Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas."

Por tanto, resulta incontrovertible que, en el particular, los actos reclamados se encuentran dictados dentro de juicio y, por ello, les es aplicable la citada fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia, pues la sentencia de primer grado que se pretende ejecutar se encuentra sub júdice, en virtud de la apelación que se promovió en su contra, por lo que el procedimiento natural no ha culminado al no existir un fallo definitivo que hubiera causado estado, tal como lo dispone a manera ejemplificativa el precepto 477 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que establece:

"Artículo 477. La ejecución de sentencia que hubiere causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar otorgada la fianza correspondiente, se hará por el Juez que conoció del negocio en la primera instancia. La ejecución de los autos firmes que resuelvan un incidente queda a cargo del Juez que conozca del principal. La ejecución de las transacciones o convenios celebrados en juicios, se hará por el Juez que conozca del negocio en la primera instancia, pero no procederá en la vía de apremio si no consta en escritura pública o judicialmente en autos."

Cobra aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia 56 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 45, que prescribe:

"APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE EL RECURSO, NO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO. La resolución que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina; por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV, 158, último párrafo, y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo."

Asimismo, tiene aplicación la tesis I.4o.C.13 K, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 1674, que establece:

"DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA, Y RESULTA INAPLICABLE LA TESIS DE RUBRO: ‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’. Del análisis de la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2001 del rubro citado, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 31, se advierte que su finalidad es evitar el abuso del juicio de amparo y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia y de las legítimas pretensiones del vencedor, por lo que sólo procede el amparo biinstancial contra la ‘última resolución’ dictada en esa etapa, la cual será aquella en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sin embargo, esto implica que debe existir sentencia que haya causado estado, para llevar a cabo la ejecución de lo condenado, esto es, que tenga el carácter de cosa juzgada, lo que significa que ya no admita ningún recurso a través del cual pueda ser revocada, modificada o nulificada y, en tanto verdad legal, obligue al demandado a cumplir con aquello a lo que se le condenó. Esto no ocurre en el caso en que, estando sub júdice el juicio, se permite la ejecución por haberse admitido la apelación sólo en el efecto devolutivo. Por lo que, aun cuando se lleven a cabo actos tendientes a ejecutar la sentencia, la sola circunstancia de que en el procedimiento de ejecución no se trate de la última resolución, no hace notoria y manifiesta la causa de improcedencia, suficiente para desechar la demanda de garantías, pues si todavía se encuentra pendiente de resolver algún recurso contra la sentencia definitiva en la que fue condenado el demandado, no es aplicable el criterio de la tesis de jurisprudencia analizada, al no darse el caso de una sentencia firme."

Sin embargo, tales actos impugnados no tienen una ejecución de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues no afectan de forma directa derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, en virtud de que lo que reclama la disconforme, a través del juicio de garantías, es el auto en que se le otorgó un término para que manifestara si era su deseo exhibir contrafianza, a fin de evitar la ejecución de la sentencia de primera instancia (en lo que se resuelve la apelación admitida únicamente en el efecto devolutivo), apercibiéndola que, de no hacerlo, perdería su derecho para ello; situación que evidentemente por ahora no afecta de manera directa ninguno de sus derechos fundamentales, como son: la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión; ni son actos de esa índole, tales como: la orden de intercepción de correspondencia, el embargo, imposición de multa, disposiciones sobre alimentos, el arresto y el arraigo.

Tal como se ha venido asegurando, el hecho de que se pida a la quejosa expresar si desea exhibir la referida contragarantía para evitar la ejecución del fallo primigenio, no es un acto de imposible reparación, porque la tercera perjudicada (actora), para ejecutar dicha sentencia, tendrá necesariamente que garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar a la aquí recurrente en caso de que la resolución de segunda instancia fuera adversa a los intereses de la accionante, de conformidad con el transcrito artículo 442 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; pero también porque, precisamente, el perjuicio desaparecería si ese fallo de apelación favorece al quejoso.

Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 774, que se encuentra publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 523, que prescribe:

"EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva."

También tiene aplicación la jurisprudencia 189 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 154, que prescribe:

"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."

Asimismo, cobra relevancia la tesis P. LVII/2004 del mencionado Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, que prescribe:

"ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.-Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo."

En otra tesitura, deviene infundado el argumento consistente en que es incongruente el proveído controvertido, en virtud de que el mismo juzgador federal, al conocer del diverso amparo indirecto **********, en auto de cuatro de mayo de dos mil nueve, admitió el libelo constitucional que se promovió contra actos prácticamente iguales que los que se reclaman en el presente medio de control constitucional, por lo que, en este caso, no debió desechar la demanda; puesto que, contrario a lo alegado, la similitud en ambos juicios de ninguna forma obligaba al Juez a admitir la demanda, porque pudo considerar que no se daban las mismas razones para ello o bien debido a que su criterio sobre el punto en particular hubiera cambiado, lo cual en ninguna forma tornaría en ilegal el actuar del juzgador, máxime que no se le atribuye desacato a alguna jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.

Por otro lado, la revisionista argumenta que incorrectamente se desechó la demanda de garantías, puesto que la causa de improcedencia no resulta manifiesta e indudable, ya que aún no se conoce el contenido del informe justificado, ni se le deja probar la ilegalidad de los actos reclamados.

El artículo 145 de la ley de la materia, dispone:

"Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado."

Es inexacta la referida alegación, por la razón de que si, como se vio, el desechamiento de la demanda de garantías se fundamentó en una causa de improcedencia manifiesta e indudable, como lo prescribe el ordinal 145 de la ley de la materia, es más que evidente que no resultaba necesario aguardar por la rendición de los informes justificados, ni que se pudiera demostrar, por parte de la impetrante, la ilegalidad de los actos reclamados, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con la tramitación del juicio de amparo si se conoce desde un principio su resultado.

Cobra aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre 2004, página 1631, que prescribe:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO ‘MANIFIESTO’ DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos ‘manifiesto’ e ‘indudable’ a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e ‘indudable’ significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." (Lo resaltado en negritas es por parte de este Tribunal Colegiado).

En consecuencia, al desestimarse los agravios esgrimidos, debe ratificarse la resolución que se revisa.

Resulta innecesario ocuparse de los alegatos formulados por la recurrente, a través de su autorizado **********, ya que no forman parte de la litis en el juicio de garantías, conforme lo previene la jurisprudencia 39, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 31, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO."

Por lo expuesto y de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el auto recurrido.

SEGUNDO.-Se desecha la demanda de amparo promovida por la *

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23067-49fb3e27/apelacion-admitida-en-el-efecto-devolutivo-contra-sentencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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