CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. EL JEFE DE GOBIERNO DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS LEGALES A SU ALCANCE PARA LOGRAR EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE ESE TRIBUNAL, CUANDO EL TITULAR Y EL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESA ENTIDAD SE RESISTAN A ACATARLAS (ALCANCE DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY QUE LO RIGE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 179/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el apoderado de la parte quejosa en uno de los juicios en que se sostuvo uno de los criterios denunciados como contradictorios.
TERCERO. Con el propósito de determinar el sentido en que habrá de resolverse el presente asunto conviene transcribir, en lo conducente, las ejecutorias que contienen los criterios denunciados como contradictorios:
Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
• Amparo en revisión **********
"SEXTO. Para dar respuesta a los planteamientos relativos, se estima pertinente realizar una breve reseña de los antecedentes que informan los actos reclamados, los cuales se desprenden de las constancias del juicio de garantías número **********, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite el artículo 2o. de esta última legislación, y realizar algunas precisiones al respecto:
"Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil seis en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ********** por su propio derecho, demandó la nulidad de la resolución administrativa del uno de agosto de dos mil seis dictada por el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en el expediente número **********, por la cual se confirmó la destitución de su cargo como policía en ese órgano local decretada en la diversa determinación emitida en el procedimiento de origen **********, del diecinueve de septiembre de dos mil dos (fojas treinta y tres a la cuarenta y dos del juicio de garantías).
"Por razón de turno correspondió conocer de la demanda relativa a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la que radicó con el número de expediente **********, y seguidos los trámites legales pertinentes, el nueve de mayo de dos mil siete pronunció la sentencia respectiva, en la que decretó la nulidad de la resolución impugnada al configurarse la prescripción de las facultades de la autoridad policial para imponer sanciones, por lo que ordenó se dejara insubsistente la determinación que confirmó la destitución del cargo o comisión que el quejoso venía desempeñando en la Secretaría de Seguridad Pública de la citada entidad, así como el acto recurrido en sede administrativa (fojas ciento veinticuatro a la ciento treinta y dos vuelta del expediente principal).
"En contra del fallo precisado en el párrafo que antecede, el actor y el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal interpusieron sendos recursos de apelación, respectivamente, ante la Sala Superior del referido Tribunal de lo Contencioso Local, la que los radicó y acumuló bajo los números de expediente ********** y **********, y en sesión del catorce de noviembre de dos mil siete, resolvió modificar la sentencia recurrida sobre la base de especificar los alcances de la declaración de nulidad de la resolución impugnada, ordenando a la autoridad demandada a restituir al promovente en el goce de los derechos que le fueron indebidamente afectados, esto es, reinstalándolo en el puesto, cargo o comisión que desempeñaba y, en su caso, retribuirle los salarios caídos y demás prestaciones que le fueron suspendidas por la determinación de destitución cuestionada, otorgándose para tal efecto un plazo de veinticinco días hábiles, contado a partir del siguiente al que quedara firme dicho fallo (fojas ciento cuarenta y ocho a la ciento cincuenta y siete vuelta del procedimiento constitucional).
"Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil ocho en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, **********, por conducto de su autorizado interpuso recurso de queja por incumplimiento a la sentencia de apelación indicada en el párrafo anterior; el que se admitió en proveído del catorce de agosto de dos mil ocho por la Primera Sala Ordinaria del señalado tribunal local (fojas ciento sesenta y tres y ciento sesenta y cuatro del juicio de amparo).
"El diecinueve de septiembre de dos mil ocho, la Sala Ordinaria del conocimiento resolvió el recurso de queja relativo declarándolo fundado, en virtud de que la autoridad demandada omitió cumplir con la sentencia dictada por ese órgano jurisdiccional, modificada mediante el fallo recaído a los recursos de apelación números ********** y ********** acumulados, por lo que requirió al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal para que acatara en sus términos la determinación anulatoria de mérito (fojas ciento sesenta y seis y ciento sesenta y siete vuelta del procedimiento de garantías).
"Ante la omisión de la autoridad demandada requerida de cumplimiento, los Magistrados integrantes de la mencionada Primera Sala Ordinaria, por auto dictado el veintiocho de noviembre de dos mil ocho hicieron efectivo el apercibimiento de imposición de multa por falta de atención a la sentencia de nulidad de que se trata y, en consecuencia, ordenaron remitir las constancias del juicio contencioso ********** a la Sala Superior del tribunal de referencia para que resolviera lo que en derecho procediera respecto del desacato en cuestión (fojas ciento noventa y cuatro a ciento noventa y cinco del juicio constitucional).
"La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal admitió a trámite la instancia de queja formulada por la Sala Ordinaria señalada en el párrafo precedente, radicándola con el número **********, y el veintidós de abril de dos mil nueve resolvió declararla fundada, por lo que solicitó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, conminara al secretario de Seguridad Pública de esa entidad a cumplir con la sentencia de nulidad recaída al juicio anulatorio **********, que fue confirmada y modificada mediante la resolución que se emitió en los recursos de apelación números ********** y ********** acumulados, por esa superioridad (fojas ciento noventa y cinco, y doscientos a la doscientos cuatro vuelta del expediente principal).
"Inconforme con la omisión de cumplimiento a las resoluciones antes mencionadas, **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, del que tocó conocer al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, cuya titular radicó con el número de expediente **********, y en sesión celebrada por el secretario encargado del despacho de ese órgano jurisdiccional el cinco de agosto de dos mil nueve, pronunció la sentencia respectiva en la que determinó conceder la protección constitucional al quejoso con base en las siguientes consideraciones torales: (se transcriben).
"...
"En relación con los planteamientos compendiados con los incisos d) al f) del presente considerando, es importante precisar que la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad relativa subsiste y, por ende, el acto atribuido a la autoridad recurrente no es inexistente, pues a pesar de que estime que con el oficio número**********, del veintiocho de mayo de dos mil nueve (fojas ciento ochenta y ocho a la ciento ochenta y nueve vuelta del juicio de amparo), ha dado cumplimiento a la resolución de la instancia de queja número ********** dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, lo cierto es que esa circunstancia no desvirtúa la existencia de la omisión por virtud de la cual surgió la referida queja, consistente en el incumplimiento al fallo anulatorio de mérito, de ahí que persista también el acto que se reclamó al jefe de Gobierno de la misma entidad, esto es, la omisión de conminar al secretario de Seguridad Pública para que cumpla con la mencionada sentencia de nulidad, habida cuenta que tal obligación persiste hasta en tanto no desaparezca la condición que le dio origen (omisión en el cumplimiento del fallo de nulidad).
"Desde esa óptica, es inexacta la afirmación de la recurrente en cuanto a que la obligación del jefe de Gobierno del Distrito Federal se agotó al conminar a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, para que dieran cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad número **********, pues el acto que se reclama a aquella autoridad no es una actuación independiente y subsiste hasta en tanto se dé acatamiento al fallo anulatorio relativo.
"En otras palabras, el jefe de Gobierno del Distrito Federal sí se encuentra obligado a cumplir la resolución de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictada en la instancia de queja **********, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83, párrafo tercero, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que establece textualmente lo siguiente: (se transcribe).
"En efecto, como se advierte del transcrito precepto legal, en los casos en que la autoridad demandada en el juicio de nulidad persista en su actitud omisa de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la Sala Superior podrá solicitar del jefe de Gobierno que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad omisa, la obligue para que dé cumplimiento a las determinaciones de dicho órgano jurisdiccional, lo que deberá hacer en un plazo no mayor de cinco días; sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario, la multa impuesta.
"Cabe agregar que los requerimientos al superior jerárquico de las autoridades responsables tienen como fin, conminarlo, al igual que a estas últimas, a dar cumplimiento a la sentencia de que se trata, por lo que deben llevar a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, ya que en caso contrario, habrán incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento.
"En ese orden de ideas, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin, únicamente enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia y se concrete sólo a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo relativo, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple se procede a reiterar cuantas veces sea necesario las multas impuestas.
"Por tales motivos, un requerimiento de esa naturaleza tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer para conseguir el cumplimiento, lo que además, deberá hacer del conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
"Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, por analogía e identidad de razón, la jurisprudencia número 1a./J. 58/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284, Tomo XXVIII, julio de 2008, al (sic) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. (se transcribe).’
"En abono a lo expuesto, debe decirse que resulta inexacta la afirmación de la recurrente en cuanto a que al jefe de Gobierno del Distrito Federal sólo le compete, como superior jerárquico del secretario de seguridad pública de la misma entidad, conminarlo a que cumpla con la sentencia de nulidad, sin ser propiamente autoridad demandada, por no estar relacionada en el juicio de nulidad, razón por la que ya dio cumplimiento a la resolución de la instancia de queja **********, al haber conminado a la citada autoridad responsable al cumplimiento de la sentencia del nueve de mayo de dos mil siete.
"Se asevera lo anterior, dado que los actos reclamados consistieron, sustancialmente, en la omisión o falta de cumplimiento de la sentencia del nueve de mayo de dos mil siete, emitida por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal dentro del expediente **********; en consecuencia, el acto que se reclamó al jefe de Gobierno, que se traduce en la omisión de requerir a la autoridad demandada en el juicio de nulidad a efecto de que diera cumplimiento al referido fallo, no es una actuación independiente, ni puede desligarse del acto que le dio origen, pues es inconcuso que la obligación por parte de dicha responsable nació en virtud de la falta de cumplimiento a la sentencia de nulidad en comento y a que en la instancia de queja número **********, resuelta por la Sala Superior del mismo tribunal administrativo, se determinó, como consecuencia de la falta de cumplimiento a que se hizo referencia, procedía que el presidente de ese órgano jurisdiccional ‘... solicite al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que conmine al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, a cumplir con la sentencia dictada por la Primera Sala Ordinaria de este tribunal en el juicio de nulidad **********...’. (fojas doscientos a la doscientos cuatro vuelta del juicio de garantías).
"En tal sentido, el hecho de que la recurrente considere que dio cumplimiento a la resolución dictada en la queja antes mencionada al haber conminado a la autoridad ahí señalada, no hace que cesen los efectos de la omisión reclamada, pues ésta no consiste, en sí, en la falta de acatamiento a lo resuelto en la queja **********, sino a la contumacia en el cumplimiento de la sentencia del nueve de mayo de dos mil siete emitida por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el expediente **********.
"Tal determinación obedece a que la instancia de queja tuvo lugar por virtud del incumplimiento a la sentencia de nulidad en comento, de ahí que la obligación atribuida al jefe de Gobierno del Distrito Federal de conminar a las autoridades que se mencionaron en la citada queja no cesa, sino hasta que se haya dado cumplimiento al fallo anulatorio relativo.
"Sobre esas premisas, es fácil advertir que carece de razón la recurrente al afirmar que el jefe de Gobierno del Distrito Federal no ha incumplido la resolución de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en la instancia de queja **********, dado que en su concepto, con toda oportunidad realizó el exhorto al secretario de Seguridad Pública de la misma entidad, solicitándole que diera cumplimiento a la sentencia de nulidad y, que por tanto, su actuación se encuentra acorde con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional; pues como se expuso en los párrafos anteriores, no han cesado los efectos perniciosos de la omisión reclamada, lo cual no excede de sus facultades y se encuentra apegado a lo previsto en el artículo 83, párrafo tercero, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
"Además, si al negar el acto reclamado la autoridad responsable implícitamente afirmó que no incurrió en la abstención que la parte quejosa le reclamó, estaba obligada a probar tal aseveración como consecuencia necesaria de haber negado la existencia de hechos omisivos.
"Esto es, cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las propias responsables a quienes se les imputan.
"Sirve de apoyo a la consideración anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, tomo 60 Tercera Parte, al (sic) Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN.’ (se transcribe).
"No representa obstáculo a las determinaciones anteriores la afirmación dogmática de la inconforme en cuanto a que la sentencia recurrida carece de fundamentación y motivación, toda vez que tratándose de resoluciones jurisdiccionales, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de fundamentación puede dispensarse si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, es decir, que de la decisión judicial se advierta con claridad el artículo en que se basa, tomando en cuenta que en las resoluciones jurisdiccionales constituyen la fundamentación el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, acciones y excepciones del debate.
"El criterio del que se ha dado noticia se encuentra plasmado en la tesis número P. CXVI/2000, visible en la página 143, Tomo XII, agosto de 2000, al (sic) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del contenido siguiente:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.’ (se transcribe).
"Del criterio transcrito se desprende que la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares; sin embargo, su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, en virtud de que mientras en el acto administrativo se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa sus fundamentos, a efecto de que el gobernado esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, en la resolución jurisdiccional se presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos.
"En tales términos, es patente que la Juez de Distrito cumplió con esa garantía al examinar los conceptos de violación y los informes justificados, por tanto, al haber hecho un análisis sobre los puntos que integraron la litis constitucional, esto es, de las acciones y excepciones del debate, cumplió con la garantía de fundamentación y motivación; de ahí también la desestimación de los planteamientos en estudio.
"Finalmente, debe señalarse que resulta ineficaz la afirmación de la inconforme en el sentido de que el juicio de garantías no es medio idóneo para hacer cumplir las determinaciones dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; toda vez que las sentencias del mencionado órgano jurisdiccional una vez que adquieren firmeza por no haberse interpuesto en su contra el recurso correspondiente o el juicio de amparo, son definitivas y poseen fuerza de cosa juzgada, por lo que crean una obligación a cargo de un órgano administrativo, la cual es correlativa del derecho de un particular, de ahí que cuando dicho fallo se desobedece o se deja de cumplir, se incurre en una violación de garantías, puesto que se priva a un individuo del derecho que surge de una sentencia firme pronunciada por autoridad competente, y esta privación se realiza sin que el órgano de Estado actúe con arreglo a la ley; por lo que es patente que su incumplimiento da lugar a la promoción del juicio de garantías.
"Cobra aplicación a la determinación anterior, por analogía e identidad de razón, la jurisprudencia número 568 sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 410, Tomo III, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Sexta Época, de rubro y texto siguientes:
"‘TRIBUNAL FISCAL. EL AMPARO ES PROCEDENTE PARA EL EFECTO DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS SENTENCIAS.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, dada la ineficacia de los agravios esgrimidos por la autoridad recurrente, procede confirmar la sentencia impugnada.".
• Amparo en revisión **********
"SEXTO. En principio, se estima pertinente destacar que en la demanda de amparo se señalaron como responsables al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a quienes se atribuyó la omisión al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad **********, en la cual la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal declaró la nulidad de la resolución del diez de junio de dos mil cuatro dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, dentro del expediente administrativo **********, para el efecto de que se restituya al actor en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados y sea reinstalado en el empleo, cargo o comisión que venía desempeñando dentro de la Policía del Distrito Federal.
"En tal sentido, importa destacar que dado el incumplimiento de la autoridad demandada a acatar la sentencia dictada en el juicio de nulidad, la parte actora interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal el treinta de abril de dos mil siete, declarándolo fundado, por lo que se requirió al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para que dentro del término de cinco días diera cumplimiento a la sentencia del cuatro de agosto de dos mil seis, con el apercibimiento que de no hacerlo se le aplicaría una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
"Ante la contumacia a cumplir por parte de la autoridad demandada, el actor interpuso diverso recurso de queja, el cual se declaró fundado por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en resolución del seis de agosto de dos mil ocho, dictada en el expediente **********, en la cual, en lo que interesa, estableció lo siguiente: (se transcribe).
"Inconforme con la omisión de cumplimiento a las resoluciones antes mencionadas, **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, del que tocó conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, cuyo titular radicó con el número de expediente **********, y en sentencia del veintiuno de enero de dos mil diez, firmada el ocho de febrero de ese año, determinó conceder la protección constitucional al quejoso, con base en las siguientes consideraciones torales: (se transcriben).
"En esas condiciones, concedió la protección constitucional al quejoso para el efecto de que el jefe de Gobierno, así como el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, den cumplimiento a las determinaciones dictadas en el juicio de nulidad ********** y en el recurso de queja, notificando al peticionario de garantías y a la Sala del conocimiento el debido cumplimiento.
"Asimismo, el Juez Federal señaló que los efectos que deben materializarse radican en dejar sin efectos la resolución del once de noviembre de dos mil cuatro, dictada en el expediente **********; reinstalar al quejoso en el empleo, cargo o comisión que venía desempeñando como elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cubrir los salarios caídos y demás prestaciones que dejó de percibir por la ejecución de la sanción administrativa impuesta en la resolución declarada nula, hasta la fecha en que sea reinstalado.
"Establecido lo anterior, el examen del escrito de revisión pone de manifiesto que la recurrente formula, en esencia, los siguientes planteamientos: (se precisan).
"...
"Establecido lo anterior, se procede al estudio del agravio identificado con el número dos, a través del cual la autoridad recurrente controvierte el considerando tercero de la sentencia recurrida, pretendiendo evidenciar que debió sobreseerse en el juicio de amparo en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto que le fue atribuido.
"Ahora bien, en el considerando tercero de la sentencia recurrida el Juez de Distrito estableció la certeza del acto reclamado del jefe de Gobierno del Distrito Federal, destacando que aun cuando en el informe justificado dicha autoridad lo negó sobre la base de que ya realizó las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad, de las actuaciones que refiere no se advierte el exacto cumplimiento a las ejecutorias dictadas en el juicio contencioso, ya que no se desprende que se hubiera dejado sin efectos la resolución impugnada ni reinstalado al quejoso en el cargo, comisión o empleo que venía desempeñando.
"En tales condiciones, se advierte que contrario a lo que refiere la recurrente, el Juez de Distrito sí ponderó los elementos de convicción aportados al juicio, pues señaló que de las actuaciones referidas por el jefe de Gobierno del Distrito Federal no se desprendía el debido acatamiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad, al no advertirse que se hubiera dejado sin efectos la resolución impugnada en el juicio contencioso ni reinstalado al actor en el cargo, comisión o empleo que venía desempeñando; de modo que es inexacto lo que refiere la autoridad recurrente en cuanto a que no se ponderaron las pruebas aportadas, en específico el oficio del diecinueve de agosto de dos mil ocho, pues el Juez de amparo sí las valoró y estableció que no son eficientes para estimar cumplida la sentencia de nulidad.
"La autoridad recurrente argumenta que el acto que se le atribuye no existe, porque a través del oficio del diecinueve de agosto de dos mil ocho, requirió al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a efecto de que constriñera al Consejo de Honor y Justicia a acatar la sentencia dictada en el juicio de nulidad, cumpliendo con ello la obligación que se le impuso en la resolución de queja dictada en el expediente **********.
"Al respecto, es menester destacar que la actividad jurisdiccional debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, de modo que la sentencia que dicte cualquier órgano jurisdiccional, en caso de ser favorable a los intereses del particular, debe restituirlo en el goce de los derechos que se vieron afectados por el acto de autoridad.
"Ahora bien, la violación planteada por el quejoso en el juicio de amparo radica en una omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento a una ejecutoria dictada en un juicio de nulidad, lo que constituye una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho.
"De esta manera, la omisión de la autoridad de realizar ciertas conductas para acatar una determinación judicial tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento, que sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva.
"En ese tenor, la omisión de dar cumplimiento a una ejecutoria dictada en un juicio de nulidad cesa de manera absoluta, completa e incondicional, sólo si la autoridad responsable acata en sus términos los lineamientos a los que fue constreñida en el juicio de origen, ya que ésta sería la única forma de resarcir al particular en los derechos que le fueron indebidamente afectados.
"En esa medida, no puede estimarse que el acto que se reclama en el juicio de amparo no exista, pues no basta que el jefe de Gobierno del Distrito Federal señale que requirió al secretario de Seguridad Publica del Distrito Federal, para que desaparezca la obligación que se le impuso, pues ésta radica en velar por que se dé debido acatamiento al fallo dictado en el juicio de nulidad, realizando las acciones necesarias para que su inferior dé debido cumplimiento a una determinación jurisdiccional, pues como superior de la autoridad directamente obligada, se encuentra vinculado al cumplimiento y a realizar todas las gestiones necesarias hasta que se acate en sus términos, de modo que no puede alegar la inexistencia del acto que se le atribuye, hasta en tanto quede debidamente acatada la sentencia emitida en el juicio de nulidad.
"De lo antes expuesto, deriva también la ineficacia del agravio que se precisa con el número tres, en el cual la autoridad recurrente señala que entre sus facultades no se encuentra la de cumplir sentencias dictadas por un órgano jurisdiccional y que no violó el artículo 17 constitucional, en virtud de que cumplió con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23074-18c08360/contencioso-administrativo-del-distrito-federal-el-jefe-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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