DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 49, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 119/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el quince de junio de dos mil cinco el amparo en revisión número 223/2005, promovido por Grupo Inmobiliario y Comercial, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo conducente, sostuvo:
"CUARTO. Los agravios son infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra.
"El impetrante de garantías manifiesta en primer término, que el Juez de Distrito omitió estudiar el primer concepto de violación, en el cual señaló que el artículo 49, párrafo último, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, establece una sanción ante la presentación del dictamen de los estados financieros fuera de término, consistente en la privación de efectos legales del mismo, es decir, una anulación de los dictámenes presentados fuera del plazo señalado en el reglamento; lo anterior, agregó el quejoso en el referido concepto de violación, prevé una sanción en la que no se respetan las formalidades esenciales del procedimiento, o lo que es lo mismo, sin otorgarle la garantía de audiencia previa.
"El argumento antes expuesto es infundado, toda vez que el Juez Federal expresó en el considerando sexto de la sentencia en revisión (fojas 61 a 65 de la sentencia recurrida, 328 a 330 de autos), que tratándose de la obligación de presentar los estados financieros por parte de los sujetos obligados a ello, no rige la garantía de audiencia, toda vez que ‘... no se trata de un derecho del particular, sino de una obligación jurídica correlativa a la facultad de comprobación fiscal del Estado.’
"Por lo tanto, si en la resolución materia de la litis en el presente recurso existió pronunciamiento expreso por parte del juzgador federal respecto del concepto de violación hecho valer por el impetrante de amparo, es inconcuso que no existió la omisión alegada por el agraviado.
"La circunstancia de que el a quo no haya emitido un fallo estimatorio a favor del recurrente, no implica de ninguna manera que no exista pronunciamiento al respecto. Al efecto, conviene destacar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las sentencias en los sumarios de garantías, única y exclusivamente obliga a pronunciarse sobre todos los puntos en el litigio constitucional, cuando ello sea necesario, pero de ninguna manera implica un derecho a favor de los gobernados para que les sea concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior, tomando en consideración que la fracción II del precepto legal en estudio señala que los fallos en juicios de amparo deben contener la fundamentación y motivación que sirvan de apoyo para sobreseer, negar o conceder la protección federal impetrados.
"En otro orden de ideas, el quejoso manifiesta, también en su primer concepto de violación, que tratándose de la obligación de presentar los dictámenes de estados financieros, sí opera la garantía de audiencia previa, pues contrario a lo aseverado por el Juez de Distrito, tal potestad contiene un derecho subjetivo de carácter público de los contribuyentes a cumplir con la citada obligación, y que una vez cumplida dicha obligación, le sean dados los efectos legales a que haya lugar.
"Como apoyo a lo anterior, señala la parte quejosa, debe tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que los dictámenes de estados financieros deben tomarse por ciertos, salvo prueba en contrario, lo cual demuestra el carácter de derecho subjetivo alegado. Tal presunción de certeza, continúa razonando la quejosa, conlleva los siguientes beneficios: 1. Seguridad razonable de que la contabilidad y situación fiscal están apegados a las disposiciones fiscales; 2. Economía, al permitir a los contribuyentes corregir sus declaraciones y/o pagar espontáneamente los impuestos omitidos y detectados por el auditor; y 3. Tranquilidad en cuanto a la veracidad de los hechos afirmados por el contador sobre los estados financieros.
"Es igualmente infundada la aseveración anterior, ya que, contrario a lo alegado por el recurrente, el presentar estados financieros no es un derecho público de los gobernados, sino una obligación.
"En efecto, el derecho subjetivo es la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Dicho de otra manera, el derecho subjetivo supone la conjunción en esencia de dos elementos inseparables: a) Una facultad de exigir y, b) Una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia.
"Lo anterior permite clasificar a los derechos públicos de los privados, ya que en los primeros el sujeto obligado es cualquier órgano del Estado, y en los segundos o privados, la obligación recae en un particular.
"A diferencia de lo anterior, la obligación únicamente implica el constreñimiento del particular de actuar en un determinado sentido, sin que ello implique una prerrogativa o facultad de hacer exigible el actuar que le ha sido impuesto.
"En el caso específico de obligaciones fiscales, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Porrúa, 2001, páginas 2247 y 2248), las clasifica en principales -consistente en el pago de la contribución- y secundarias.
"Estas últimas, se dividen a su vez en:
"a) De hacer, como es la presentación de declaraciones fiscales, como acontece en el caso que nos ocupa.
"b) De no hacer, consistentes en la prohibición de conductas que la ley regula como infracciones fiscales.
"c) De tolerar, citando a manera de ejemplo, el permitir a las autoridades fiscalizadoras la revisión de documentos contables, como sería una revisión de gabinete, o visitas domiciliarias para la comprobación por parte de la autoridad hacendaria.
"Esto es, las concepciones de derecho subjetivo y obligación, si bien se encuentran íntimamente ligadas, no pueden considerarse como sinónimos, como pretende el agraviado, ya que la primera implica una facultad de exigir, así como una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; mientras que la segunda (obligación), solamente importa el constreñimiento del actuar en determinado sentido.
"De esta manera, la presentación de dictámenes de estados financieros no puede comprenderse como un derecho público subjetivo, ya que no se puede exigir al Estado que tenga al particular por presentado aquellos documentos, sin importar que no se hayan exigidos (sic) los requisitos legales para ello, tales como la temporalidad o que se hayan hecho en los formatos preestablecidos para ello.
"En conclusión, y como acertadamente concluyó el Juez Federal, la presentación de los dictámenes financieros constituye una obligación jurídica (y no un derecho subjetivo público), respecto de la cual no rige la garantía de audiencia.
"Sostener un criterio en contrario implicaría que los gobernados, antes de cumplir con las obligaciones fiscales tales como enterar o retener los impuestos respectivos, tuvieran que ser oídos previamente por la autoridad recaudadora, lo cual es jurídicamente inadmisible, y haría nugatorio lo ordenado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que dispone como obligación de todos los mexicanos contribuir con los gastos públicos.
"Resulta aplicable la tesis 2a. XXIX/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, a foja 247, que es del tenor literal siguiente:
"‘DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVIENE QUE NO SURTEN EFECTOS CUANDO NO CUMPLEN DIVERSOS REQUISITOS, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’ (se transcribe).
"La circunstancia de que el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación señale que se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los contribuyentes, es insuficiente para concluir que la presentación de dictámenes financieros se trate de un derecho público subjetivo, ya que la presunción de certeza aludido (sic), que sí reviste el carácter de derecho, está condicionada a la presentación oportuna del dictamen correspondiente; es decir, el derecho del contribuyente nacerá hasta que presente su dictamen financiero, siempre y cuando éste se haya tenido por rendido, y no antes.
"Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo manifestado por la impetrante de amparo en su escrito de alegatos presentado el nueve de junio de dos mil cinco, en el sentido que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 61/2005, en sesión de diez de marzo del presente año (del cual anexa copia simple), estimó que el precepto combatido era violatorio de la garantía de audiencia, toda vez que dicho criterio no es vinculatorio para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.
"En otro orden de ideas, el impetrante de amparo manifiesta que la tesis transcrita en párrafos precedentes (2a. XXIX/96), y que también fuera invocada por el Juez Federal, no es aplicable al caso concreto, tomando en consideración que se refiere a un precepto legal distinto, y ningún método interpretativo permite utilizarla como sustento a una determinación. Además, concluye el agraviado, el artículo 47 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación a que alude el citado criterio de la Segunda Sala, hacía referencia, en aquel entonces, a los contribuyentes que optaran por dictaminar sus estados financieros; siendo que el precepto reglamentario tildado de inconstitucional, hace referencia a los sujetos obligados a presentar los citados dictámenes.
"El argumento antes expuesto es infundado.
"El artículo 14, párrafo último, de la Carta Magna, dispone que en los juicios del orden civil (dentro de los que se encuentran los administrativos o fiscales por exclusión a la rama penal) la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley.
"De esta manera, la propia Constitución faculta a todos los órganos jurisdiccionales, dentro de los que se encuentran los Jueces de Distrito, a realizar interpretaciones de la ley. Siguiendo el principio general de derecho, que señala que quien puede lo más, también puede lo menos, es factible concluir que los criterios aislados o jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, pueden ser invocados por los operadores jurídicos atendiendo a los principios interpretativos comúnmente utilizados, tales como la analogía, la mayoría de razón, el sentido contrario o a contrario sensu, a efecto de robustecer una determinación propia.
"De esta manera, si la tesis 2a. XXIX/96, aborda el tema de la naturaleza jurídica de la presentación de los dictámenes de los estados financieros, precisando si son derechos subjetivos u obligaciones fiscales, fue correcta la aplicación analógica por parte del a quo.
"A mayor abundamiento, si el criterio referido en el párrafo que antecede, hacía alusión a los contribuyentes que optaran por dictaminar sus estados financieros, debe concluirse que por mayoría de razón, la conclusión tomada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es aplicable respecto de aquellos que tienen como obligación presentar sus declaraciones mediante dictámenes. Esto es, si un contribuyente que optó voluntariamente por presentar sus estados financieros, y no lo hace dentro del plazo legal para ello, su dictamen no surtirá efectos jurídicos, debe concluirse que tal sanción también debe operar respecto de aquellos sujetos obligados por ley a rendir sus estados financieros por medio de contador público certificado, ya que la obligatoriedad de una conducta establecida por mandato legal tiene más peso o trascendencia respecto de aquella derivada de un acto volitivo.
"En otro orden de ideas, la parte quejosa manifiesta que la sentencia en revisión es incongruente, pues al estudiar la procedencia del sumario de garantías, el Juez de Distrito concluyó que la agraviada sí tenía interés jurídico para ocurrir a dicha instancia de control constitucional, lo que implícitamente conlleva el reconocimiento de un derecho público subjetivo; no obstante lo anterior, al resolver sobre el fondo del asunto, dijo lo contrario, en el sentido que la presentación de dictámenes financieros es solamente una obligación jurídica.
"El argumento recién señalado es infundado.
"El interés jurídico, que se encuentra íntimamente vinculado con el principio de parte agraviada que rige a tal institución, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 5o. de la Ley de Amparo, se traduce en un requisito de procedencia para que un órgano de control constitucional esté en posibilidad de resolver si determinado acto de autoridad vulnera las garantías individuales del quejoso.
"En el considerando quinto de la sentencia recurrida (fojas 10 a 15 de la resolución, 302 a 305 de autos), el Juez de Distrito determinó que la quejosa sí tenía interés jurídico para ocurrir al sumario de garantías, ya que el artículo 49, párrafo último, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, se aplicó en su perjuicio en el oficio 324-SAT-09-I-A-4-D2-1593, emitido el cinco de enero de dos mil cinco por el administrador local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal.
"Consecuentemente, el hecho de que el juzgador federal haya concluido que el peticionario de garantías sí tenía interés jurídico para solicitar el amparo en contra del precepto legal tachado de inconstitucional, al haber existido un acto de aplicación en su perjuicio, de ninguna manera implica que tácita o expresamente haya reconocido que la presentación de dictámenes financieros es un derecho público subjetivo, tomando en consideración de que el planteamiento sometido a la litis del juzgador únicamente consistía en determinar si se había aplicado o no el precepto legal tildado de inconstitucional, y no así, la naturaleza de la obligación o derecho de la presentación de dictámenes a que hace referencia el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. De ahí que no exista la incongruencia alegada por la recurrente.
"Por otra parte, la quejosa aduce que el artículo 49, párrafo último, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vulnera el principio de seguridad jurídica, en atención a que lleva al absurdo de considerar que ante la falta de una formalidad para la obligación fiscal, consistente en la presentación del dictamen financiero en tiempo, esté sancionada con una prohibición para cumplir con la obligación, ya que ésta no se podrá presentar jamás; es decir, la extemporaneidad en la presentación del dictamen financiero acarrea tener por incumplida dicha obligación.
"El argumento recién señalado es infundado.
"El artículo 49, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación, es del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 49. ... La presentación del dictamen y los documentos citados fuera de los plazos que prevé este reglamento, no surtirá efecto legal alguno.’
"Ahora bien, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene la garantía de seguridad jurídica que consiste en que el gobernado conozca con certeza cuáles son sus derechos y, cuáles sus obligaciones en caso de infringir un ordenamiento jurídico, a efecto de que la autoridad no incurra en arbitrariedades, al imponer las sanciones correspondientes.
"Bajo este contexto, y al realizar una simple lectura del precepto reglamentario tildado de inconstitucional por la parte quejosa, se advierte que éste no contiene prohibición alguna, en el sentido que se impida a los contribuyentes a presentar sus dictámenes de estados financieros una vez fenecido el término para ello. Lo único que contempla, es la consecuencia jurídica para aquellos dictámenes rendidos de manera extemporánea, que se traduce en que éstos no surtirán efectos legales.
"De esta manera, los contribuyentes estarán en aptitud de cumplir con la obligación formal fiscal, consistente en presentar sus dictámenes de estados financieros, siempre y cuando lo hagan dentro de los plazos legales establecidos. ..."
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el diez de marzo de dos mil cinco el amparo en revisión 61/2005, expresó, en lo conducente, lo siguiente:
"SÉPTIMO. Del examen del escrito en el que se interpuso el recurso de revisión, se evidencia que como primer y segundo agravios, la parte recurrente expresa, esencialmente, lo siguiente:
"...
"2. Que la sentencia es ilegal porque no es cierto que la obligación de presentar dictámenes de estados financieros sea una carga tributaria de naturaleza formal inherente a la potestad fiscalizadora del Estado y que por ello no constituye un derecho o potestad que exija el respeto a la garantía de audiencia, ya que implica también, según su dicho, un derecho subjetivo de carácter público consistente en la prerrogativa de formular y presentar el dictamen, la cual es correlativa al deber de la autoridad fiscal de admitirlo y darle los efectos jurídicos que correspondan aun cuando su presentación sea extemporánea, porque incluso, su anulación puede conducir al inicio de un procedimiento administrativo en su contra; de ahí que el artículo 49 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, efectivamente prevé la privación de efectos legales de los dictámenes de estados financieros presentados extemporáneamente, sin un procedimiento previo en el que se respete la garantía de audiencia; por tanto, el alcance y consecuencia legal de la sanción prevista en tal artículo, conlleva al absurdo de que la falta de formalidad para el cumplimiento de una obligación, tenga como consecuencia el considerar como inevitable su incumplimiento total, es decir, que el efecto de la sanción, es impedir que se cumpla con ella, y su consecuencia (que juzga absurda), es el no tenerla por cumplida.
"3. Que no es aplicable al caso la tesis que el Juez de Distrito citó en su sentencia que lleva por rubro: ‘DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVIENE QUE NO SURTEN EFECTOS CUANDO NO CUMPLEN DIVERSOS REQUISITOS, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’, porque se refiere a un precepto derogado y porque incluso, trata sobre el aviso de dictaminación presentado por contribuyentes no obligados a ello, circunstancia que en la especie no ocurrió.
"4. Que el juzgador de amparo se contradice en su sentencia, en tanto que al analizar el interés jurídico de la quejosa afirmó que la sanción que le fue impuesta ‘tiene tal trascendencia que para la autoridad es como si el contribuyente no hubiera presentado dictamen alguno, lo que pudiera traer aparejado el inicio de un procedimiento administrativo en su contra’, y posteriormente sostuvo que la obligación de dictaminar los estados financieros de los contribuyentes es una mera obligación formal, que no puede ser equiparable a un derecho subjetivo de los gobernados.
"...
"8. Que el precepto impugnado no cumple con el objeto de un reglamento, el cual consiste en asegurar el exacto cumplimiento de las leyes, en tanto que si en el Código Fiscal de la Federación se establece qué contribuyentes están obligados a dictaminar sus estados financieros, el propósito de tal disposición es que esa carga fiscal sea cumplida, sin embargo, la norma cuestionada hace imposible el cumplimiento de tal deber, al privar de sus efectos a los dictámenes no presentados en tiempo.
"9. Que el Juez de Distrito omitió tomar en consideración los argumentos de que en el caso no es aplicable la tesis que lleva por rubro: ‘DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, NO EXCEDE LOS LÍMITES DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA.’, porque trata un tema distinto al que se ventila en la especie.
"...
"En otro orden de ideas, debe decirse que los motivos de agravio precisados anteriormente con los números dos a nueve, serán analizados empleando la técnica de estudio conjunto que autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, debido a la estrecha relación que guardan entre sí.
"...
"Diverso tratamiento y calificación ameritan los argumentos relativos a que el artículo 49, último párrafo, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación es violatorio del artículo 14 del Pacto Federal porque prevé un acto privativo y no respeta el derecho a la garantía de previa audiencia.
"Al respecto, el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía de audiencia, establece lo siguiente:
"‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
‘Artículo 14.’ (se transcribe).
"De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional destaca, por su capital importancia, la de audiencia previa.
"Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de menoscabo a un derecho, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados.
"En esos términos, para los efectos del artículo en estudio, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado.
"En efecto, existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de ese derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva; de modo que no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute ‘acto de privación’ en términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos.
"En conclusión, si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a ese objetivo sino que la restricción provisional es sólo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia; en tal virtud, el artículo 14 constitucional, en su párrafo segundo exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución.
"Las formalidades apuntadas y su observancia, a las que se unen además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del párrafo primero del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige.
"Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente y previamente a la emisión de cualquier acto de menoscabo, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento del inicio de un procedimiento en el que se pueda ver afectado un derecho, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus afirmaciones; que cuando se agote la etapa probatoria correspondiente se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.
"De modo que las formalidades esenciales del procedimiento que todo juicio debe llevar a cabo para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, en general, se pueden resumir en las siguientes:
"1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
"2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
"3) La oportunidad de alegar; y
"4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
"A todo lo anterior, tiene aplicación la jurisprudencia 47/95, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo I, Constitucional, Sección Jurisprudencia SCJN del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice:
"‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (se transcribe).
"En suma, si bien una adecuada y oportuna defensa requiere del cumplimiento de las etapas procesales que han de seguirse en todo procedimiento previo al acto privativo, independientemente de la materia de la que se trate y de la autoridad ante la que se ventile, los que tendrán el carácter de esenciales cuando resultan necesarios para la adecuada defensa; por el contrario, resultarán secundarios aquellos cuya emisión o violación no produzcan indefensión y, por ende, su contravención no importe infracción a la garantía de audiencia. Estas formas o requisitos pueden variar en los diferentes juicios o procedimientos según el acto de privación de que se trate, siempre que resulten apropiados y suficientes para satisfacer plenamente la oportunidad de defensa del afectado.
"Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 40/96, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 100, Tomo I, Constitucional, Sección Jurisprudencia SCJN del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece lo siguiente:
"‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’ (se transcribe).
"Sentadas las anteriores premisas, sobre las que se erige la garantía de audiencia, procede ahora verificar si el artículo 49, último párrafo, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación transgrede tales postulados, para lo cual ha de acudirse nuevamente a su texto, el que a la letra y en la parte que interesa dice:
"‘Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
"Artículo 49. ... La presentación del dictamen y los documentos citados fuera de los plazos que prevé este reglamento, no surtirá efecto legal alguno.’
"El precepto transcrito en la parte que es motivo de inconformidad, establece de manera imperativa una sanción al cumplimiento extemporáneo (no oportuno) de la obligación estipulada en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.
"Los efectos privativos que la parte quejosa y ahora recurrente atribuye a la referida sanción, estriban en la circunstancia de que impide que surta efectos de manera definitiva el dictamen de estados financieros emitido por contador público autorizado, presentado de manera extemporánea.
"Conforme a los postulados que se establecen en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es fácil advertir que la sanción establecida en el precepto impugnado constituye un acto privativo, pues no se impone como una medida cautelar o provisional, sino que tiene por objeto impedir de manera definitiva que surta sus efectos la presentación extemporánea de un dictamen fiscal en perjuicio del contribuyente impuntual, sin que al efecto se permita al gobernado ofrecer prueba alguna que justifique la existencia de algún caso fortuito o de fuerza mayor que le haya impedido el cumplimiento puntual de su deber, en respeto a su garantía de audiencia, de modo que la previsión e imposición de una sanción de tal magnitud, dada su naturaleza privativa, debe estar sujeta al cumplimiento de la citada garantía.
"Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que la sola previsión de la sanción en estudio, por sí misma no priva al particular de derechos adquiridos previamente, es claro que deja sin efectos el cumplimiento aun extemporáneo de una obligación realizado por el contribuyente y lo remite a la nada jurídica, es decir, como si no se hubiere cumplido el deber, lo que sujeta a éste a las sanciones correspondientes y lo excluye de gozar de los beneficios que la figura jurídica establece legalmente.
"Además, es patente que los efectos derivados de la sanción prevista en la norma jurídica en estudio, si bien tienen propiamente su origen en la conducta omisa o impuntual del contribuyente, dicha sanc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19128-5aee3795/dictamen-de-estados-financieros-el-articulo-49-ultimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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