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DERECHO SOBRE AGUA. PARA LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE SU COBRO, CONFORME AL ARTÍCULO 229 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LA AUTORIDAD PUEDE OPTAR POR CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE PREVÉ ESE NUMERAL PARA CALCULAR EL VOLUMEN USADO, EXPLOTADO O APROVECHADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 193/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19873
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 554.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 193/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 29, fracción II y 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII y 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en la materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. De manera previa al análisis del presente expediente, debe decirse que si bien pudiera pensarse que la denuncia de contradicción de tesis no proviene de parte legítima, ya que el oficio con el cual se inicia proviene de la directora general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, debe aclararse que en el escrito que remite a la presidenta de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, solicita que si se considera pertinente, se denuncie la posible contradicción de tesis; la presidenta de esta Segunda Sala hizo suya la denuncia, estando legitimada para ello.

En efecto, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;..."

Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción la hace suya la Ministra presidenta de esta Segunda Sala; por tanto, cabe concluir que proviene de parte legítima.

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones, en la parte que interesa:

Amparo directo DA. 70/2006, promovido por Hielomático San Juan Teotihuacán Sociedad Anónima, resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el quince de marzo de dos mil seis:

"SEXTO. Los conceptos de violación esgrimidos son en una parte infundados y en otra parte inoperantes.

"Por cuestión de método, se analiza en primer lugar, parte del segundo concepto de violación, en el que, entre otras cosas, aduce la quejosa que la Sala responsable no analizó el estudio del criterio contenido en la tesis que invocó en su demanda de nulidad, en la que se establece que para determinar la cuota del derecho para uso o aprovechamiento de aguas, previsto por el artículo 229 de la Ley Federal de Derechos, debe atenderse en primer lugar a la lectura de los aparatos de medición, de lo que se desprendió que no realizó un estudio adecuado del diverso numeral 228, fracción I, de la propia ley, en relación con el mencionado en primer lugar.

"El anterior argumento, aunque fundado, resulta inoperante para conceder la protección federal pedida.

"En efecto, tal y como lo refiere la parte quejosa, en la demanda de nulidad, argumentó que la autoridad demandada, al determinar la cantidad de líquido aprovechado, lejos de establecer un consumo estimado, debió acudir al medidor con que cuenta su negociación, la cual, agrega en la demanda de amparo, se demostró que estaba en perfecto estado de funcionamiento.

"Al emitir la sentencia reclamada, la responsable determinó que el procedimiento adoptado por la autoridad para determinar dicha cantidad de consumo, estaba establecido en la ley; que al no haber desahogado los requerimientos que le formuló, para desvirtuar la falta de pago de los derechos por consumo de agua, en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, la autoridad demandada no podía sino haber adoptado la determinación presuntiva de monto de agua utilizada, pues, de acudir al medidor se obtendría la lectura del año en que se emitió la resolución, esto es, en el año de dos mil tres, lo que no permitiría determinar qué cantidad se utilizó en el ejercicio mencionado en primer lugar.

"Además, indicó que la tesis de jurisprudencia invocada, de rubro: ‘AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 222 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, EN CUANTO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE SU PAGO SOBRE EL VOLUMEN DE AGUA CONCESIONADA QUE NO ES EXPLOTADA, USADA O APROVECHADA, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’, no era aplicable en razón de que se refería a la Ley Federal de Derechos vigente en mil novecientos noventa y ocho, no así para el año de mil novecientos noventa y seis, que fue precisamente el ejercicio fiscal liquidado por parte de las autoridades demandadas.

"Sin embargo, como lo refiere la impetrante de amparo, no analizó lo relativo a la distinta tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número LXVII/89, en la página 5, Tomo XII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"‘AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 229 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El artículo 229 de la Ley Federal de Derechos señala que para determinar la cuota del derecho por uso o aprovechamiento de aguas nacionales debe atenderse primero, a la lectura de los aparatos que miden la cantidad de agua que el particular use o aproveche; si no hay aparatos atendiendo al volumen de agua consignado en el título autorizado, y sólo a falta de estos elementos, la autoridad debe de determinar la cuota, no a su mero arbitrio, sino tomando en cuenta las características de las instalaciones y el gasto estimado. De esto último resulta, que el precepto mencionado cumple con el principio de legalidad tributaria establecido por el artículo 31, fracción IV, constitucional, puesto que existen reglas que impiden la apreciación arbitraria de la autoridad aplicadora, prescribiéndole un criterio para determinación del monto de derecho.’

"Pese a ello, debe señalarse que a nada práctico conduciría conceder el amparo pedido por esa razón, en virtud de que al analizar su aplicación, la Sala responsable tendría que determinar, nuevamente, que el criterio en cuestión, al margen de ser una tesis aislada la cual no resulta de aplicación obligatoria, lo cierto es que no se adecua al caso concreto, en virtud de que el análisis que realizó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dicho numeral, se refiere a un texto diverso al que se aplicó a la quejosa.

"En efecto, para arribar a tal conclusión, debe señalarse que la tesis en cuestión, fue publicada bajo el número LXVII/89, en la página 11, del Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y derivó del amparo en revisión 8215/84, promovido por Perfeccionadora Industrial Textil, Sociedad Anónima, resuelto en sesión de trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y el texto de la tesis fue aprobado el veintitrés de noviembre de ese mismo año.

"Ahora bien, del número de expediente del que deriva, se advierte que se formó en el año de mil novecientos ochenta y cuatro.

"En esa fecha, el texto vigente del artículo 229 de la Ley Federal de Derechos establecía:

"‘Artículo 229. Los contribuyentes del derecho a que se refiere esta sección deberán contar con aparatos de medición de las aguas que usen o aprovechen, a excepción de los contribuyentes a que se refiere la fracción II del artículo 227 de esta ley que extraigan aguas del subsuelo fuera de la cuenca del Valle de México. Cuando el usuario no cuente con instrumentos de medición, se tomará como base para el pago del derecho el volumen que consigne el título de asignación o concesión, la autorización o el permiso. Si no se consignara el volumen, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos lo determinará considerando las características de las instalaciones y estimando el gasto del usuario.’

"Como puede verse, el texto de la tesis señalada era acorde al del precepto del numeral transcrito, puesto que en el se establece la obligación de los usuarios de contar con aparatos de medición de las aguas que usen o aprovechen, y si no cuenta con instrumentos de medición, se tomará como base para el pago del derecho, el volumen que consigne el título de asignación o concesión, la autorización o el permiso y si éste no lo consignara, la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos lo determinaría considerando las características de las instalaciones y estimando el gasto del usuario.

"Pero dicho numeral fue reformado en mil novecientos ochenta y cinco y en mil novecientos ochenta y ocho, para quedar en el texto vigente, el cual se aplicó a la quejosa en la resolución cuya nulidad pretendió, el cual establece:

"‘Artículo 229. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, se calculará el derecho de agua, considerando indistintamente:

"‘I. El volumen que señale el título de asignación, concesión, autorización o permiso.

"‘II. Los volúmenes que señalen los registros de las lecturas de sus medidores, su aparato de medición o que se desprendan de alguna de las declaraciones trimestrales o anuales presentadas del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que en su caso, hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación.

"‘III. Calculando la cantidad de agua que el contribuyente pudo obtener durante el periodo para el cual se efectúe la determinación, de acuerdo a las características de sus instalaciones, debiéndose tomar en cuenta entre otros los siguientes elementos:

"‘a) Energía eléctrica consumida por cada pozo o aprovechamiento.

"‘b) Potencia del motor, gasto producido y el diámetro de la descarga del equipo de bombeo.

"‘c) Altura o desnivel entre el nivel dinámico del agua y el punto de descarga.

"‘d) Pérdida por fricción.

"‘e) Coeficiente de eficiencia del equipo de bombeo.

"‘IV Otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

"‘V Los medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase.

"‘VI Cualquier otra información que obtenga la autoridad fiscal distinta a las anteriores.’

"Como puede apreciarse, el texto vigente del numeral en cuestión, en su primer párrafo establece que la determinación presuntiva a que se refiere el artículo 228 de la propia ley, se calculará el derecho de agua, considerando ‘indistintamente’ cualquiera de las hipótesis previstas, incluida, desde luego, el volumen señalado en la concesión otorgada.

"De esta manera, al señalar el término ‘indistinto’, el legislador pretendió que para calcular el derecho de agua, de manera presuntiva podía acudir a cualesquiera de las hipótesis que establece el numeral en cuestión, sin que se haya establecido un orden determinado para ello, como lo sostiene la peticionaria de amparo.

"Por la anotada razón, es claro que la aplicación del criterio mencionado, en nada podía favorecer a la parte quejosa, puesto que en última instancia se tendría que determinar, precisamente, que aquél dejó de tener vigencia, ante las reformas del precepto legal en cuestión y, por tanto, es dable concluir que no es aplicable tal criterio al caso sometido a estudio, de ahí que resulte innecesario otorgar la protección federal solicitada si, finalmente, se tendría que arribar a tal conclusión y negar el amparo, por consecuencia.

"Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 107, en las páginas 167 y 168, del Tomo Común al Pleno y a las Salas del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que establece:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES.’ (se transcribe).

"Cabe destacar que lo sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sentencia de veintinueve de junio de dos mil cinco, en el juicio de amparo directo número DA 215/2005, no obliga a este Tribunal Colegiado, en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, por lo que no es factible atender a las consideraciones que al respecto formula la parte quejosa, además de que en este caso, se estimó que la omisión consistente en la falta de análisis de la tesis invocada no es apta para resolver el asunto de forma favorable a la pretensión de la quejosa y en aquél, se advierte que el amparo fue concedido por la omisión apuntada para el efecto de que la Sala se ocupara de la misma, por lo que se trata de análisis distintos.

"Por otro lado, resultan infundados el primero y tercer conceptos de violación, en los que afirma la quejosa que para determinar presuntivamente la cantidad de líquido aprovechado, debía de atender la autoridad demandada en el juicio de nulidad, en el orden señalado en el artículo 228, por lo cual debió de verificar primero el medidor que tienen instalado y, de ahí, obtener el promedio del consumo anual.

"Lo anterior resulta de esta manera, puesto que partiendo de lo señalado con antelación, puede concluirse que la interpretación que realizó la Sala responsable de los artículos 228 y 229 de la Ley Federal de Derechos, en el sentido de que se autorizaba a la autoridad demandada en el juicio de nulidad a optar por determinar presuntivamente el consumo de agua fue correcto, pues, tal como lo señaló, al no haber proporcionado la propia quejosa los documentos relativos al periodo fiscalizado de mil novecientos noventa y seis, en el que se le indicó que no había cubierto los derechos por consumo de agua por los trimestres correspondientes a dicho ejercicio fiscal, permitió, con su conducta omisiva, la actualización de la hipótesis normativa prevista en el primero de los preceptos legales mencionados inmediatamente, en sus fracciones IV y V, las cuales establecen lo siguiente:

"‘Artículo 228. La autoridad fiscal podrá proceder a determinar presuntivamente el volumen del agua, en los siguientes casos:

"‘...

"‘IV El contribuyente no efectúe el pago del derecho en los términos del artículo 226 de esta ley.

"‘V. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación, verificación y medición o no presenten la información o documentación que le solicite la Comisión Nacional del Agua. ...’

"Así, al haberse actualizado esta posibilidad, la autoridad del agua demandada en el juicio de origen, no podía sino aplicar el contenido del artículo 229 ya citado, el cual, como se acotó, permite a la autoridad determinar el consumo de agua de manera presuntiva, atendiendo indistintamente, a las hipótesis que establece, entre ellas, a la cantidad consignada en la concesión con que cuente el usuario.

"Por tanto, aun cuando el numeral prevé otros métodos de obtención del volumen de consumo de agua, al margen de que la propia ley, como se dijo, establece la facultad de la autoridad en cuestión, de determinar cuál método debe seguir para obtener tal monto, lo cierto es que la quejosa no demostró cuál fue el que tuvo en el período correspondiente al año de mil novecientos noventa y seis, de ahí que la determinación de la Sala, en ese sentido se encuentre ajustada a derecho.

"Lo anterior, si bien es cierto que demostró contar con un medidor instalado y que éste presenta determinada medida, lo cierto es que en primer término corresponde a la autoridad decidir cuál es la cantidad que debe de ser considerada para determinar el consumo del líquido señalado y, en segundo lugar, como lo refirió la Sala, la lectura denotaría cuál es la cantidad de agua consumida hasta el año de dos mil tres, pero no permitiría conocer cuál es la que se tenía en el año de mil novecientos noventa y seis.

"En mérito de lo anterior, es inconcuso que la Sala responsable analizó correctamente los dispositivos en cita y, por ende, que los conceptos de violación esgrimidos resulten infundados.

"Asimismo, resulta infundado el razonamiento que vierte en el segundo concepto de violación, en la parte que afirma que la Sala responsable transgredió los artículos 94 constitucionales y 192 de la Ley de Amparo, al señalar que dicha autoridad consideró el encabezado de la tesis de jurisprudencia que citó, cuando, dice, que la intención fue que del texto de tal criterio se desprendiera la necesidad de que se estimara el consumo real del agua y no la que refiere la concesión y que, incluso, al establecer la Sala que no desvirtuó las irregularidades que se le imputaron, viola garantías, pues, de lo que se duele, afirma tajantemente en la parte final del tercer concepto de violación fue del método por el cual se obtuvo el monto de consumo de agua.

"Lo anterior es así, debido a que la Sala responsable acertadamente precisó que el criterio en cuestión no es aplicable, pues, si bien, en él se establece:

"‘AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 222 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, EN CUANTO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE SU PAGO SOBRE EL VOLUMEN DE AGUA CONCESIONADA QUE NO ES EXPLOTADA, USADA O APROVECHADA, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. Los derechos por uso de bienes del dominio público de la nación constituyen una especie del género contribuciones que tienen su causa en un acto de permisión del Estado por el cual los particulares utilizan o aprovechan los referidos bienes, obteniendo así un beneficio específico, concreto e individualizado que justifica el pago del tributo. El cumplimiento del principio tributario de proporcionalidad tratándose de este tipo de derechos requiere, por tanto, del establecimiento de cuotas vinculadas con el aprovechamiento por los usuarios de esos bienes, medido según unidades de consumo o utilización conforme a la naturaleza de tales bienes y al beneficio obtenido. El artículo 222 de la Ley Federal de Derechos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en vigor durante mil novecientos noventa y ocho, establece la obligación de pago del derecho sobre agua por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sobre el volumen total consignado en el título de asignación, concesión, autorización o permiso otorgado por el Gobierno Federal, conforme a la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe la extracción, autorizando a aplicar por el volumen de agua no explotada, utilizada o aprovechada, las cuotas previstas en el artículo 223 de la ley citada, que correspondan a las zonas de disponibilidad donde se ubique el aprovechamiento, reducidas en un 90%, siempre y cuando cuenten con medidor que contabilice el volumen de agua realmente explotada, usada o aprovechada. Así, el artículo 222 mencionado resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria al obligar a pagar el derecho sobre el volumen de agua no explotada, utilizada o aprovechada, pues ello se traduce en el pago del derecho sobre el uso de aguas nacionales, sin que se produzca el hecho que debe generar el derecho y que justifica su pago, como lo es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas referidas que reporte un beneficio concreto e individualizado al gobernado, es decir, se establece una carga tributaria que no se justifica al no producirse el hecho que debe generarla, a saber, la explotación, uso o aprovechamiento de un bien del dominio público y, asimismo, al no existir este hecho no es posible fijar cuotas para el pago del derecho, pues éstas deben relacionarse con el aprovechamiento real que del bien hace el particular, con el beneficio que debe obtener y con la naturaleza del bien utilizado, lo que en el caso no acontece en la medida que no hay explotación, uso o aprovechamiento de ningún bien del dominio público de la nación.’

"Lo cierto es que la tesis jurisprudencial en cita es ineficaz para obtener una resolución favorable a sus intereses, puesto que la hipótesis normativa que comprende es diferente a la que acontece en la especie.

"En el caso concreto no se determinó un crédito fiscal respecto de un volumen de líquido no aprovechado que es la hipótesis que contempla el criterio jurisprudencial en cita, sino que, por lo contrario, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley Federal de Derechos ya señalado, al no haber desvirtuado la quejosa las irregularidades advertidas por la autoridad demandada, consistentes en la omisión de pago de derechos de los cuatro trimestres correspondientes al referido año y mucho menos haber demostrado cuál fue el consumo en ese año, se estimó, aunque de manera presuntiva, que sí se había consumido tal volumen de agua, de lo que se sigue la inaplicación de la tesis en cita y, por ende, que el argumento en cuestión sea infundado.

"En esa tesitura, al ser en parte inoperantes y en parte infundados los conceptos de violación esgrimidos, se impone negar el amparo solicitado."

Este precedente, originó la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIV, julio de 2006

"Tesis: I.7o.A.461 A

"Página: 1199

"DERECHO DE AGUA. PARA LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE SU COBRO, CONFORME AL ARTÍCULO 229 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LA AUTORIDAD PUEDE OPTAR POR CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE PREVÉ ESE NUMERAL, A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRÍA ANTES DE LA REFORMA AL CITADO ORDENAMIENTO EN 1985 (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS P. LXVII/89). A partir de la reforma al artículo 229 de la Ley Federal de Derechos en 1985, el legislador utilizó el término ‘indistintamente’ en su texto, con lo cual estableció que para la determinación presuntiva relativa al cobro de derechos de agua a que se refiere el artículo 228 de la propia ley, la autoridad correspondiente puede optar por cualquiera de los métodos ahí previstos, sin que exista un orden de preferencia entre ellos; de manera que en tales casos no es aplicable el criterio contenido en la tesis LXVII/89, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 11, con el rubro: ‘AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 229 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.’, en tanto que ésta precisa un orden específico en los métodos que debe seguir la autoridad en cuestión, para calcular el referido derecho atendiendo al texto del precepto legal citado en primer término, en una redacción anterior a las reformas indicadas."

Amparo directo DA. 173/2006. (Relacionado con el recurso de revisión fiscal RF. 152/2006.) Quejosa: Rincón del Montero, Sociedad Anónima de Capital Variable. Resuelto por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión del día dieciséis de agosto de dos mil seis.

"SÉPTIMO. Dadas las cuestiones que trata, por razón de método habrá de examinarse en principio el segundo concepto de violación de la demanda de garantías, en el que la peticionaria de amparo argumenta, sustancialmente, que la Sala responsable soslayó el ilegal proceder de la autoridad demandada, al afirmar que las hipótesis del artículo 229 de la Ley Federal de Derechos, se aplican al libre arbitrio de aquélla, esto no es así, porque el legislador estableció en dicho precepto un orden claro y preciso de aplicación, enumerando esos supuestos, pues éstas debieron aplicarse conforme se configuraran en la esfera jurídica de la agraviada; es decir, si no se tenía título de concesión (fracción I), si no funcionaba el medidor (fracción II), pero si en la especie se contaban con todos los elementos de la fracción III, ésta debió de actualizarse, ya que si no fuera así, las hipótesis que en ellas se plasman no tendrían razón de existir en el ámbito de la Ley Federal de Derechos; en el caso, la autoridad fiscalizadora aplicó a su mero arbitrio la fracción IV, sin justificación alguna.

"Añade la quejosa que si bien es cierto que el párrafo primero del citado artículo 229, establece que el derecho de agua se calculará considerando indistintamente los supuestos que dichas fracciones establecen, también es cierto, que para que se cumplan con las garantías de seguridad jurídica y legalidad tributaria previstas en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Carta Magna, la autoridad demandada debió realizar la determinación presuntiva con base en la fracción III del mencionado numeral 229.

"Finalmente, la agraviada afirma que al no contar con el título de concesión y no funcionar el medidor de agua, los únicos preceptos que podía aplicar para determinar el pago de derechos, eran los artículos 227, párrafo segundo, en relación con la fracción III del numeral 229 de la citada ley, y precisamente por esta razón legal, la autoridad demandada debió fundar y motivar su actuación en esas normas, corroborando su correcta aplicación y no llevando a cabo la determinación presuntiva de forma arbitraria.

"Para dar respuesta a los planteamientos relativos, se estima pertinente realizar una breve reseña de los antecedentes que informan la sentencia reclamada, los que se desprenden de las constancias del juicio de nulidad 21826/04-17-05-4, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite el numeral 2o. de esta última legislación y realizar algunas precisiones al respecto:

"1. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil cuatro en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la empresa Rincón del Montero, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de nulidad contra los créditos fiscales números 00180/04, 00181/04 y 00182/04 emitidos por la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

"Cabe señalar que la quejosa argumentó en la demanda de nulidad, entre otras cuestiones, que la autoridad fiscal aplicó arbitrariamente los supuestos previstos en el artículo 229 de la Ley Federal de Derechos, debido a que no cuenta con título de concesión y el medidor de agua se encuentra estropeado, por tal motivo lo procedente era la aplicación del procedimiento de determinación presuntiva enunciado en la fracción III del citado precepto, pues la interpretación de la citada norma no debe realizarse discrecionalmente por la autoridad exactora.

"2. Por su parte, el gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, en representación de las autoridades demandadas, sostuvo la legalidad de las liquidaciones impugnadas en el juicio contencioso administrativo.

"3. Seguido por su cauce legal el juicio de nulidad, culminó con la sentencia del seis de enero de dos mil seis, en la que la Sala responsable estableció que la autoridad demandada podía determinar en forma independiente los créditos fiscales de mil novecientos noventa y nueve, dos mil y dos mil uno, sin que esto afectara la legalidad de aquéllos; asimismo, la Sala sostuvo que fue exacto que la autoridad fiscalizadora determinara las liquidaciones impugnadas conforme al procedimiento establecido en los artículos 228 y 229 de la Ley Federal de Derechos, ya que el numeral 227 de ese ordenamiento sólo es aplicable a los contribuyentes para calcular el pago de derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y no al ejercicio de las facultades de comprobación de la exactora para la determinación de aquéllos.

"Asimismo, la autoridad responsable afirmó que el artículo 229 de la Ley Federal de Derechos, dispone en la parte que interesa: ‘... Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, se calculará el derecho de agua, considerando indistintamente ...’, de donde se sigue que será atendiendo a los diversos elementos considerados por las distintas fracciones del citado numeral, que el órgano fiscalizador determinará tratándose de los casos de determinación presunta, el derecho por uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales.

"La Sala Regional consideró que la propia quejosa señaló que desde el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, el medidor estaba descompuesto, sin que a la fecha lo hubiere reparado, manifestación que fue valorada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación; además de que como se precisó en el punto número cinco del oficio de requerimiento de información número BOO.03.01.OR1.00347/03, del veinte de mayo de dos mil tres, se conminó a la agraviada a la presentación de la documentación que respaldara el registro de lecturas de los medidores; sin embargo, como se aprecia en el punto tres titulado: ‘Información de medidores y registro de lecturas’, del capítulo de ‘Observaciones’, del oficio n

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19873-24e65e53/derecho-sobre-agua-para-la-determinacion-presuntiva-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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