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Modo: Corpus Pro

TRATO PREFERENCIAL ARANCELARIO. SI EL QUEJOSO CONTRIBUYENTE OPTÓ POR ESTE BENEFICIO, SE ACTUALIZA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS POR DIFERENCIAS DE TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20050
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, , Pág. 609.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, porque la formuló el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mediante su presidente, el cual resolvió uno de los amparos en el que se plasmó uno de los criterios que participan en la contradicción de tesis.

TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el diecinueve de mayo de dos mil cuatro, el amparo directo número 597/2004, estableció:

"QUINTO. Por razón de método se examinará, en primer término, el contenido de los motivos de inconformidad expuestos en el segundo concepto de violación, el que este tribunal estima fundado y donde sustancialmente aduce que la regla 2.3.3. de la Resolución en materia aduanera en la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, emitida por el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de dos mil dos, viola los artículos 14, 31 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación y 89 de la Ley Aduanera; en razón de que en esas reglas se restringen términos otorgados en leyes emitidas por el Congreso de la Unión y que, por ende, resultan ser inconstitucionales. Que la regla 2.3.3. de la Resolución en materia aduanera referida, viola la fracción IV del artículo 31 constitucional, al atentar a (sic) los principios de equidad, proporcionalidad e igualdad, toda vez que limita el derecho que tiene todo contribuyente de contar con elementos y mecanismos necesarios para que el fisco devuelva lo pagado indebidamente; además porque la regla cuestionada omite dar legal trato a quienes solicitan la devolución de cantidades que por derecho les corresponden. En principio, es necesario precisar que no es punto de controversia el derecho de la empresa quejosa a solicitar la devolución de cantidades pagadas excesivamente, atento a que tanto el tratado comercial examinado, como la ley tributaria del país consignan tal atribución, el primero en sus artículos 17 (3) y 20 (6) del anexo III, y el Código Fiscal en su numeral 22. También es necesario precisar que el multirreferido tratado internacional no fijó término alguno para tramitar la devolución de montos pagados en exceso y obtenidos como un beneficio derivado del citado pacto comercial; más aún, en los citados numerales 17 (3) y 20 (6) del anexo III se indicó claramente la remisión a la legislación nacional por lo que hace a ese trámite. Asimismo, es necesario aclarar que las solicitudes de devolución, se efectuaron con fundamento en las reglas 2.2.3. (sic) y 2.3.1. de la Resolución en materia aduanera a examinar, y no en la diversa 2.3.3. (sic) como inexactamente lo refiere la Sala, tal como se observa en los documentos que corren agregados a fojas 32 a 35 del juicio de nulidad. Por tanto, la litis se fija en dilucidar si la regla 2.3.3. de la Resolución en materia aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, violenta los artículos 14 y 31, fracción IV, del artículo 31 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que va más allá del contenido del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, al regular el término de doce meses para solicitar la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido, que resulta ser menor al de cinco años contemplado por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, aplicable en términos del numeral 22 del mismo ordenamiento, en relación con el 1o. de la Ley Aduanera. A efecto de dilucidar lo anterior, se hace necesario precisar que la figura jurídica de la devolución de pagos de impuestos en general, incluso de importación y exportación de trámite aduanero, con motivo de la rectificación de pedimentos aduanales, se regula por lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria a la normatividad aduanera en términos del artículo 1o. de la ley que le rige y que a la letra dice: (se transcribe). Por su parte, el artículo 22 del Código Fiscal señala: (se transcribe). Lo transcrito, permite llegar a la conclusión de que la legislación fiscal regula la devolución de saldos a favor de créditos fiscales, al decir que las autoridades devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes de la materia. Esto es, procede la devolución de cantidades, sea por pago de lo indebido o por saldos a favor. Conceptualmente ‘pago de lo indebido’ y ‘saldo a favor’ podrían entenderse o evocar connotaciones distintas; empero, no puede desconocerse la similitud y vinculación que guardan dichos vocablos, pues de acuerdo con la doctrina y el Código Civil Federal, el pago de lo indebido es aquello que se recibe y a lo cual no se tenía derecho. Trasladado este concepto a la materia tributaria, puede entenderse de dos maneras: la primera, relativa a un pago de alguna contribución respecto de la cual el gobernado no se encuentra en los supuestos normativos de causación; y la segunda, enfocada al hecho de que estando el contribuyente obligado al pago del tributo, éste lo realiza de manera excesiva (lo que rebasa a lo debido). En cualesquiera de las dos hipótesis anotadas, existe ‘pago de lo indebido’ o, dicho de otra manera, cantidades entregadas indebidamente, pues sólo se debe pagar lo que corresponde, mientras que si lo que se entrega no es lo adecuado, puede ser conceptuado como indebido. Por tanto, esa conducta positiva que, por error, desconocimiento o por ser consecuencia del cómputo y liquidación de pagos provisionales que deben retenerse y erogarse de manera periódica, fue lo que determinó al gobernado a entregar un pago que no tenía obligación de realizar o lo efectúo en demasía, le genera un derecho frente al Estado que se traduce en la facultad de poder exigir la devolución de esas cantidades, ya sea porque no tenía obligación de hacerlo por no encontrarse en la hipótesis legal de causación (pago de lo indebido), o bien, porque estando obligado al pago de la contribución lo haya realizado de manera excesiva, situación esta última, en la que se conjugan y coinciden con el concepto de pago de lo indebido y hay correspondencia con el saldo a favor, pues ese pago que se tiene obligación de hacer efectivamente se realiza, pero en demasía. Es así que el pago de lo indebido -como causa- genera un remanente saldo a favor -como efecto o consecuencia-. En este sentido, la ‘devolución’ supone el retorno o restitución de la cantidad que indebidamente se entregó o se otorgó en exceso; lo que se encuentra corroborado por lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto establece en la primera parte, de su primer párrafo que: ‘las autoridades están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales. ...’ También en ese numeral se establece que la obligación de devolver las cantidades antes detalladas, prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, es decir, se atenderá al contenido del artículo 146 del código tributario. Ahora bien, a efecto de determinar si en el caso es aplicable el artículo de mérito, se hace necesario señalar los antecedentes del caso. La quejosa es una sociedad mercantil debidamente constituida al amparo de las leyes de la República Mexicana, según documento exhibido en el juicio de origen. La quejosa, derivado del pedimento de importación No. 3346-1000054 de 14 de enero de 2001, efectuó el pago de impuesto general de importación por $355,797.00 y derecho de trámite aduanero por $94,879.00; del pedimento No. 3345-0000860 de 30 de diciembre de 2000, pagó por impuesto general de importación $621,424.00 y por derecho de trámite aduanero $165,713.00; y del pedimento No. 3345-0000694 de 20 de octubre de 2000, pagó por concepto de impuesto general de importación $317,250.00 y derecho de trámite por $84,600.00. Con motivo de las preferencias arancelarias del Tratado de Libre Comercio celebrado con la Comunidad Europea, contenido en la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre el Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos y la Comunidad Europea, por conducto del agente aduanal Luis Moreno Gutiérrez, rectificó los pedimentos anteriores con los números 01 81 3345-1000630 de 10 de diciembre de 2001, 01 81 3345-1000631 de 5 de diciembre de 2001 y 01 81 3345-1000532 de 17 de octubre de 2001, el primero con la declaración del origen de la mercancía, el segundo con el certificado de origen EUR. 1 y el tercero con la declaración en factura. Con escritos presentados el 23 de mayo de 2002, formato 32 ‘Solicitud de devolución’ y anexos, solicitó a la Administración Local de Grandes Contribuyentes de Guadalupe, con sede en ciudad Guadalupe, Nuevo León, con número de registro de control 9502001810, 9502001811 y 9502001812, la devolución de pagos de impuesto general de importación y derechos de trámite aduanero realizados con los pedimentos 3346-1000054 de 14 de enero de 2001, 3345-0000860 de 30 de diciembre de 2000 y 3345-0000694 de 20 de octubre de 2000. Las solicitudes anteriores fueron remitidas a la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes para su resolución, la cual emitió las contenidas en los oficios números: 330-SAT-III-4-009650, 330-SAT-III-4-009651, 330-SAT-III-4-009652, todos de once de noviembre de 2002, donde se niega la devolución de referencia. Las resoluciones anteriores fueron notificadas el dieciséis de diciembre de dos mil dos, a través de la Administración Local de Recaudación de Tampico, Tamaulipas. Del historial narrado se colige que la controversia derivó de la rectificación de un pedimento aduanal, en virtud de la celebración de un tratado internacional con el Continente Europeo, donde se establecieron aranceles preferenciales, a los que se acogió la empresa quejosa, y que trajo como consecuencia un saldo a favor, respecto del cual se solicitó la devolución. El referido artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, a la letra dice: (se transcribe). El transcrito dispositivo legal nos informa sobre el término para la extinción por prescripción de un crédito fiscal, el que se fija en cinco años, que inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, y podrá ser extinguido por la gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito; cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal, concepto que se extiende a todo tipo de contribuciones, llámense impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Precisado lo anterior, debe decirse que la autoridad demandada al declarar improcedente la devolución solicitada, argumentó que no era posible acceder a restituir la cantidad referida por el contribuyente, toda vez que argumentó, que tal solicitud no se presentó dentro del término de doce meses que establece la regla 2.3.3. de la Resolución en materia aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio Exterior y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de junio de dos mil, que dispone: (se transcribe). Es así que de los elementos hasta aquí expuestos, se obtiene que la multicitada regla 2.3.3. dispone, entre otras cosas, que: ‘cuando el importador haya realizado la importación de los productos sin haber solicitado trato preferencial y se trate de operaciones efectuadas en los términos de la regla 2.3.1. de la presente resolución, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la importación, el interesado podrá solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso.’. Siendo éste el fundamento y razón en que se basó la autoridad demandada para rechazar la devolución de saldo a favor pretendida por la parte quejosa, de donde resulta evidente que establece condiciones que limitan el derecho de los contribuyentes a compensar dichos saldos a favor, dado que soslaya, sobrepasa y deja de aplicar de manera sistemática y preferente lo establecido en los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, que son disposiciones relativas y aplicables atento a su jerarquía superior. Por tanto, resulta que, en especial, el artículo 22 aludido contiene el derecho a solicitar devoluciones que, concatenada, con lo que dispone el precepto 146 del Código Fiscal mencionado, interpretado en sentido estricto, se concluye que, en efecto, el contribuyente puede solicitar la devolución del saldo a favor, siempre que la obligación por parte de la autoridad para integrar dicha cantidad adeudada no haya prescrito, es decir, que no hayan transcurrido los cinco años a que dicho numeral se contrae. Son aplicables al caso las siguientes tesis: ‘CONTRIBUCIONES. INICIO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A SU DEVOLUCIÓN.’ (se transcribe). ‘PAGO DE LO INDEBIDO. DEVOLUCIÓN, PRESCRIPCIÓN. LA ACCIÓN DE LOS PARTICULARES PARA RECLAMAR DEL FISCO LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁS O PAGADAS INDEBIDAMENTE, PRESCRIBE EN EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS.’ (se transcribe). ‘DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS INDEBIDAMENTE PAGADOS.’ (se transcribe). ‘IMPUESTOS INDEBIDAMENTE PAGADOS, DEVOLUCIÓN DE LOS.’ (se transcribe). ‘IMPUESTOS, DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES INDEBIDAMENTE PAGADAS.’ (se transcribe). ‘PAGOS FISCALES INDEBIDOS, DEVOLUCIÓN DE.’ (se transcribe). ‘DERECHOS ADUANALES, DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE POR CONCEPTO.’ (se transcribe). Ahora bien, si en el caso a estudio, el saldo a favor de la quejosa surgió con el pago de aranceles originados por los pedimentos de importación de 20 de octubre y 30 de diciembre de dos mil, catorce de enero de dos mil uno; y la solicitud de devolución se presentó el veintitrés de mayo de dos mil dos, es que en esa consecuencia, se estima que aún no había concluido el término que se tenía para ello. Sin que al caso deba resultar obstáculo, que la regla 2.3.3. de la Resolución en materia aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio Exterior y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de junio de dos mil, se haya emitido por un órgano facultado para ello como lo es la secretaría, quien cuenta con atribuciones para expedir tales disposiciones administrativas; sin embargo, su contenido y alcance no debe rebasar lo que dispone la legislación y artículo que pretenden complementar, detallar o aclarar, como en el caso acontece; ya que el derecho a compensar saldos a favor por parte del contribuyente, se funda en una ley secundaria; es decir, todo ello en acatamiento al orden jerárquico normativo establecido en el artículo 133 constitucional, y al principio de preferencia que informa a toda norma reglamentaria, in genere. En efecto, de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g), y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la resolución cuestionada, tiene carácter obligatorio para los contribuyentes, ya que es expedida en uso de las facultades que poseen las autoridades fiscales para reglamentar la aplicación de la ley en lo que ésta les reserve facultades, la cual constituye un agrupamiento de disposiciones de carácter general aplicables al comercio exterior que, por regla general, se publica anualmente y regula diversas figuras jurídicas previstas en las leyes fiscales; cuya publicación, además, es indefectible, a fin de que sea del conocimiento de los contribuyentes; sin embargo, tales disposiciones no deben limitar ni condicionar el derecho a devolver saldos a favor, razón por la cual debe prevalecer la regla general que se deduce tanto del diverso artículo 22 como del 146 del código tributario aludido, relativo al derecho a exigir la devolución de pago de lo indebido o saldos a favor, en el lapso de cinco años, porque la Ley Aduanera como norma especial no limita al contribuyente el derecho a compensar aquellos saldos que le benefician. Por tanto, y a mayor abundamiento, si la regla de carácter general 2.3.3. aludida, no tiene las características de una ley formalmente emitida por el Poder Legislativo, aun cuando le es reglamentaria y subsidiaria, es claro que no puede ni debe rebasar el contenido y alcance de las disposiciones inmersas en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, al disponer que las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, siempre y cuando no haya prescrito la obligación para devolverlas, en términos de lo que dispone el precepto 146 del mismo cuerpo de leyes relativo a que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. En este orden de ideas, los conceptos de violación que se examinan resultan fundados pues, como quedó claro, la multicitada regla 2.3.3. establece una limitante o restricción referente a los plazos que establece la ley, atento lo cual resulta procedente la devolución de cantidades dentro del término de cinco años, al no preceptuarlo de otra manera la norma legal aplicable. Estimar lo contrario u otorgar validez a lo resuelto por la Sala en el sentido de limitar el derecho a la devolución de cantidades cuya solicitud no se hizo de acuerdo a lo manifestado por la autoridad demandada e indebidamente corroborado por la Sala, atentaría contra la ratio legis del artículo 146 invocado. Es así que la regla general inmersa en dicho precepto, como ya se mencionó, es permitir que se devuelvan cantidades cuya restitución o reintegro provenga de un saldo a favor o pago de lo indebido, siempre que se esté a lo que disponen los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; empero, ello significa, desde luego, que la devolución solicitada se haya realizado siempre que no haya prescrito la obligación para devolver el pago de lo indebidamente percibido por el fisco, por lo que interpretar tal norma a contrario sensu, traería como consecuencia el permitir un enriquecimiento ilegítimo por parte de la autoridad hacendaria, que representa al Estado, autorizándola a no devolver ni compensar una cantidad que no le pertenece, lo cual iría en contra de la justicia y seguridad jurídica de los contribuyentes, propósito fundamental de la devolución en materia tributaria y del principio de equidad que en materia de créditos debe imperar entre fisco y contribuyente, como acreedores y deudores recíprocos. Lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto que los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, al resultar ilegal la regla examinada y, por ende, lo resuelto por la Sala del conocimiento que a su vez, que reiteró de lo afirmado por la autoridad fiscal. En las relatadas circunstancias, y toda vez que resultaron esencialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, es que resulta innecesario examinar los restantes motivos de inconformidad. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, siguiendo los lineamientos expuestos en la presente sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76 al 80 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Industrias Negromex, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de las autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. ..."

Asimismo, conviene precisar que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el siete de noviembre de dos mil seis, el amparo directo número 187/2006-2716, en la parte que interesa, precisó:

"SEXTO. Previamente al análisis de los conceptos de violación, es pertinente relatar los siguientes antecedentes: Industrias Negromex, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió el juicio de nulidad 363/05-17-8-7/715/05-S1-01-03, en el que demandó la nulidad de las resoluciones de diecinueve de noviembre de dos mil tres, contenidas en los oficios 330-SAT-III-4-03-09474, 330-SAT-III-4-03-09475, 330-SAT-III-4-03-09476, 330-SAT-III-4-03-09477, que emitió la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes Administración de Servicios ‘B’, en los que negó la devolución del ‘pago de lo indebido’ por el impuesto general de importación y el derecho de trámite aduanero, en relación con los pedimentos de importación números 01 81 3345-1000146 de diez de marzo de dos mil uno, rectificado 01 81 3345-1000155 de trece de diciembre de dos mil uno, por la cantidad de $685,655.00 (seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos); 01 81 3345-1000232 de diecisiete de mayo de dos mil uno, rectificado 01 81 3345-1000269 de veintidós de junio de dos mil uno, por la cantidad de $77,735.00 (setenta y siete mil setecientos treinta y cinco pesos); 01 81 3345-1000583 de seis de noviembre de dos mil uno, rectificado 01 81 3345-1000649 de trece de diciembre de dos mil uno, por la cantidad de $92,475.00 (noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cinco pesos), y 01 81 3345-1000197 de dieciséis de abril de dos mil uno, rectificado 01 81 3345-2000003 de seis de abril de dos mil dos, por la cantidad de $88,434.00 (ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos), con motivo de las preferencias arancelarias a las que dijo tener derecho con motivo del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. En los hechos de la demanda de nulidad, relató que los pedimentos antes referidos los pagó para enterar el impuesto general de importación, así como el pago de derecho de trámite aduanero; pero con posterioridad pretendió aprovechar las preferencias arancelarias derivadas del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y la Comunidad Europea, a que tenía derecho, para lo cual rectificó los pedimentos; en razón de lo anterior presentó solicitud de devolución, que le fue negada por las autoridades demandadas. Por su parte, el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contestó la demanda de nulidad en la que sostuvo que la persona moral tuvo la posibilidad de solicitar la devolución de los aranceles que pagó, sólo por un término de doce meses contados a partir de la fecha de importación de las mercancías, atendiendo al contenido de la regla 2.3.3. de la Decisión 2/2000. Al respecto, la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resolvió que habían sido correctas las resoluciones emitidas por la autoridad hacendaria, al negar la devolución del impuesto general de importación y derecho de trámite aduanero; en razón de que la regla ‘2.3.3.’, de la Resolución en materia aduanera emitida con motivo de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre el Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, dispone que para solicitar la devolución de aranceles con motivo de un beneficio, debe hacerse dentro de los doce meses siguientes a la importación; que sobre el particular no resultaban aplicables las disposiciones nacionales, incluso las del Código Fiscal de la Federación. Inconforme, Industrias Negromex, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió el juicio de amparo que nos ocupa, en cuyos conceptos de violación, esencialmente, aduce lo siguiente: En el primer concepto de violación, aduce que la Sala determinó que la devolución de aranceles debe hacerse dentro de los doce meses siguientes a la importación, omitiendo tomar en consideración los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional de Viena, ya que se guió por interpretación estricta en términos del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. Que tampoco tomó en cuenta que las reglas 2.2.3. (sic) y 2.3.3. de la Resolución en materia aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, van más allá de los artículos 17, punto 3, y 20, punto seis, del anexo III del Tratado Internacional con la Comunidad Europea; no obstante que por tratarse de una norma secundaria no puede ir mas allá de un tratado internacional. Que, de conformidad con los artículos 17 y 20 del citado anexo III, el certificado de circulación EUR.1, o la declaración en factura, pueden expedirse con posterioridad de la exportación, lo cual debe ser aceptado por la autoridad aduanera del país de importación, de acuerdo con la legislación de la parte respectiva; entonces, si en los citados artículos no se establece un plazo para hacer valer la devolución arancelaria ante la aduana correspondiente en donde se rectifica el pedimento, exhibiendo el certificado de circulación EUR. 1, o la declaración en factura que es la base para tal rectificación, y si las reglas 2.2.3. (sic) y 2.3.3., establecen un plazo de doce meses para tramitar la devolución, por tanto, éstas no complementan las disposiciones del Tratado de Libre Comercio. Que esas reglas generales no pueden ser consideradas como legislación, sino que revisten el carácter de circular, pues fueron emitidas por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el segundo concepto de violación, Industrias Negromex, Sociedad Anónima de Capital Variable, aduce que la sentencia reclamada es violatoria de sus garantías individuales, pues al momento de dictarla, la autoridad responsable consideró aplicable por analogía la tesis de rubro: ‘PLAZO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE ARANCELES PAGADOS. ES APLICABLE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y NO DE FORMA SUPLETORIA EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’, lo que no era procedente, ya que ésta se refiere a lo dispuesto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en su artículo 502, numeral 3, indica claramente el plazo de doce meses que tiene el importador para solicitar la devolución de aranceles; sin embargo, dice la quejosa, en el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea en ninguna parte se menciona algo al respecto. En el tercero de los conceptos de violación, aduce que de la regla 2.3.3., de la Resolución en materia aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, emitida por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y publicada en el Diario Oficial, el treinta y uno de diciembre de dos mil dos; es inconstitucional, por ser violatoria de los artículos 14 y 31, fracción IV, constitucionales (sic). Que la referida regla ‘2.3.3.’, establece el plazo de doce meses para tramitar la devolución de los aranceles, sin tomar en consideración lo establecido en la legislación nacional, contrariando al artículo 20 del anexo III del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, privándolo del derecho que le otorga ese tratado y, por tanto, vulnerando la garantía contenida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que la regla ‘2.3.3.’ antes referida, es violatoria de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna; pues va más allá del contenido del Tratado de Libre Comercio entre México y la Comunidad Europea; además, de que quien realiza un trámite de devolución de aranceles con base en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en relación con aquel que lo haga al amparo de la citada regla, tendrían plazos distintos; ya que de conformidad con el código tributario, el primero contaría con cinco años para tramitar la devolución de contribuciones federales; en cambio, el segundo, de conformidad con la citada regla, sólo contaría con dos años (sic) para la devolución de aranceles que también constituyen contribuciones federales. Así, considera la quejosa que la regla ‘2.3.3.’ es contraria a lo previsto en el artículo 20 del anexo III del Tratado Libre de Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20050-c051ef72/trato-preferencial-arancelario-si-el-quejoso-contribuyente-opto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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