Corpus
Modo: Corpus Pro

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE REGLAS SOBRE EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20173
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, OCTAVO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 808.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, OCTAVO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, pues se trata de asuntos que pertenecen a la materia administrativa, en la cual se encuentra especializado este órgano jurisdiccional.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el presidente del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de donde derivó uno de los criterios que se estiman opuestos, y que de conformidad con lo establecido en el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, lo faculta para ello, según se aprecia del texto de tal norma, que señala:

"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso tener presentes las ejecutorias emitidas por los órganos colegiados.

El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintinueve de noviembre de dos mil seis, el amparo en revisión 130/2006, promovido por Esteban Licea Ortiz, autorizado de Alejandro Mendieta Berriel, sostuvo, en lo conducente:

"... El agravio formulado por el recurrente, sintetizado en el punto 4, en el que se aduce que el Juez de Distrito incorrectamente determinó que el artículo 137, fracción XII, del Código Financiero del Distrito Federal no es violatorio de la garantía de equidad tributaria, en razón de que la opción no prevista en el citado artículo, consistente en la opción terminal de compra por parte del arrendatario en los contratos de arrendamiento financiero, se encuentra contemplada en la fracción I del artículo 137 citado, como un acto por el cual se transmite la propiedad porque, señala el recurrente, en el artículo 137, fracción I, citado se define que por adquisición se entiende todo acto por el que se transmite la propiedad y, aduce el recurrente, en las restantes fracciones se establecieron límites a diversos tipos de adquisición, motivo por el cual, señala el recurrente, si en la fracción XII del artículo 137 citado se delimitaron como adquisición los supuestos de cesión de derechos y la adquisición de los bienes por un tercero diferente al arrendatario en los contratos de arrendamiento financiero, se excluyó como adquisición a la compra por parte del arrendatario en dichos contratos, resulta infundado. Los artículos 408 y 410 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito disponen: ‘408. En virtud del contrato de arrendamiento financiero, el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, obligándose este último a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios que se estipulen, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiere el artículo 410 de esta ley. Los contratos de arrendamiento financiero deberán otorgarse por escrito y podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio, a solicitud de los contratantes, sin perjuicio de hacerlo en otros registros que las leyes determinen. En los contratos de arrendamiento financiero en los que se convenga la entrega de anticipos, por parte del arrendador, a los proveedores, fabricantes o constructores de los bienes objeto de dichos contratos que, por su naturaleza, ubicación o proceso de producción, no sean entregados en el momento en que se pague su precio o parte del mismo, el arrendatario quedará obligado a pagar al arrendador una cantidad de dinero, determinada o determinable, que cubrirá únicamente el valor de las cargas financieras y demás accesorios de los anticipos hasta en tanto se entregue el bien de que se trate, condición que deberá estar contenida en el contrato de arrendamiento financiero. En el supuesto señalado en el párrafo anterior, las partes deberán convenir el plazo durante el cual se entregarán los anticipos, después del cual el arrendatario deberá cubrirlos en el arrendamiento financiero con las características y condiciones pactadas en el contrato correspondiente.’. ‘410. Al concluir el plazo del vencimiento del contrato o cuando las partes acuerden su vencimiento anticipado y una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones, el arrendatario deberá adoptar alguna de las siguientes opciones terminales: I. La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que quedará fijado en el contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio debe ser inferior al valor de mercado a la fecha de compra, conforme a las bases que se establezcan en el contrato; II. A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una renta inferior a los pagos periódicos que venía haciendo, conforme a las bases que se establezcan en el contrato; y III. A participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes a un tercero, en las proporciones y términos que se convengan en el contrato. Cuando en el contrato se convenga la obligación del arrendatario de adoptar, de antemano, alguna de las opciones antes señaladas, este será responsable de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento. El arrendador no podrá oponerse al ejercicio de dicha opción. Si en los términos del contrato, queda el arrendatario facultado para adoptar la opción terminal al finalizar el plazo obligatorio, éste deberá notificar por escrito al arrendador, por lo menos con un mes de anticipación al vencimiento del contrato, cuál de ellas va a adoptar, respondiendo de los daños y perjuicios en caso de omisión, con independencia de lo que se convenga en el contrato.’. De acuerdo con el artículo 408 citado, en el contrato de arrendamiento financiero, el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, obligándose este último a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios que se estipulen, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales establecidas en el artículo 410 referido, que son, la compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que quedará fijado en el contrato o, en caso de que no se haya fijado, debe ser inferior al valor de mercado a la fecha de compra; prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una renta inferior a los pagos periódicos que venía haciendo; y participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes a un tercero, en las proporciones y términos que se convengan en el contrato. De acuerdo con los artículos 408 y 410 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito una vez concluido un contrato de arrendamiento financiero, el arrendatario debe optar por alguna de las opciones terminales establecidas en el citado artículo 410, entre las cuales se cita la compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que quedará fijado en el contrato o, en caso de que no se haya fijado el precio, éste debe ser inferior al valor de mercado a la fecha de compra. Ahora bien, el artículo 137, fracciones I y XII, del Código Financiero del Distrito Federal disponen: ‘137. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges. ... XII. La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, así como la adquisición de los bienes materia del mismo que se efectúe por persona distinta del arrendatario.’. De acuerdo con el precepto legal transcrito, por adquisición se entiende todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges, así como la cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, y la adquisición de los bienes materia del mismo que se efectúe por persona distinta del arrendatario. Por tanto, se afirma que el agravio analizado es infundado, toda vez que, como lo precisó el Juez de Distrito, la opción terminal de compra por parte del arrendatario se encuentra inmersa en la definición de adquisición establecida en el artículo 137, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, en tanto se trata de un acto por el que se transmite la propiedad y, por ende, si el arrendatario en el contrato de arrendamiento financiero opta por la opción terminal de compra sí se encuentra obligado al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, no obstante que no se haya especificado en el artículo 137, fracción XII, citado como adquisición a la opción terminal de compra por parte del arrendatario en el contrato de arrendamiento financiero, pues en el artículo 137, fracción XII, citado se definió como adquisición ‘La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, así como la adquisición de los bienes materia del mismo que se efectúe por persona distinta del arrendatario’, porque si no se incluyó la opción de compra por parte del arrendatario en el contrato de arrendamiento como adquisición, en el artículo 137, fracción XII, citado, ello se debe a que la compraventa es un contrato que no genera duda respecto de su naturaleza jurídica. En este aspecto debe señalarse que el legislador no incluyó la opción de compra por parte del arrendatario en el contrato de arrendamiento financiero en el artículo 137, fracción XII, citado, porque esa opción no genera duda alguna respecto de la naturaleza de ese acto jurídico. Para demostrar lo anterior es necesario citar el artículo 137 del Código Financiero del Distrito Federal: ‘137. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges. En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones. En el caso de adquisiciones por causa de muerte, se aplicará una tasa de 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del inmueble a la fecha de la escritura de adjudicación no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; II. La compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad; III. La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias; IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente; V. Fusión y escisión de sociedades; VI. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; VII. Transmisión de usufructo o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo, salvo que el mismo se extinga por muerte del usufructuario, independientemente de que el usufructo se haya constituido por tiempo determinado o como vitalicio; VIII. Prescripción positiva e información de dominio judicial o administrativa; salvo que el adquirente ya hubiera pagado el impuesto sobre adquisición de inmuebles causado por la celebración del contrato base de la acción, previamente al ejercicio de la acción judicial en cuestión; IX. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se asimila a la cesión de derechos la renuncia o repudio de la herencia o legado efectuados después de la aceptación de herencia o de la declaratoria de herederos o legatarios; X. Actos que se realicen a través de fideicomiso, así como la cesión de derechos en el mismo, en los siguientes supuestos: a) En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes; b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho; c) En el acto en el que el fideicomitente ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, si entre éstos se incluye el de que dichos bienes se transmitan a su favor; d) En el acto en el que el fideicomitente transmita total o parcialmente los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso a otro fideicomitente, aun cuando se reserve el derecho de readquirir dichos bienes, y e) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones; XI. La división de la copropiedad por la parte que se adquiera en demasía del porciento que le correspondía al copropietario, tomando como base los valores a que se refiere el artículo 138 de este código; XII. La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, así como la adquisición de los bienes materia del mismo que se efectúe por persona distinta del arrendatario; XIII. Derogada; XIV. La adjudicación judicial o administrativa y la cesión de dichos derechos.’. En el artículo transcrito se define qué se entiende por adquisición y se definen diversos supuestos que constituyen adquisición. En este aspecto, la intención del legislador, al definir como adquisición los supuestos señalados a partir de la fracción II del artículo 137 del Código Financiero del Distrito Federal, fue establecer qué se entiende por adquisición en aquellos actos jurídicos que podrían generar duda para considerarlos adquisiciones. De manera ejemplificativa, en el artículo 137, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal se definió como adquisición a la compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad, ello porque podría generar duda si cuando una compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, el adquiriente adquiere el bien hasta en tanto se le pone en posesión, o bien, en el momento en que se genera el acto jurídico, para determinar si está obligado al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, una vez que realiza el acto jurídico o hasta que reciba el bien, pero ello no significa que en los restantes supuestos en que exista una compraventa, a ello no se le considere adquisición, pues ello implicaría que a las compraventas distintas a las señaladas en el artículo 137, fracción II, citado, no se les considerara adquisición. Por tanto, se afirma que la opción terminal de compra por parte del arrendatario en el contrato de arrendamiento financiero se ubica en el supuesto establecido en el artículo 137, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, en tanto se trata de un acto jurídico respecto del cual no cabe duda en cuanto a su naturaleza jurídica y, por ende, es un acto por virtud del cual se transmite la propiedad. Es oportuno destacar que el Juez de Distrito no desacató el artículo 193 de la Ley de Amparo, al no aplicar la tesis aislada I.7o.A.426 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXIII, enero de 2006, página 2316, que indica: ‘ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2004, AL NO GRAVAR LA OPCIÓN DE COMPRA EN EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). Lo anterior se afirma, en razón de que conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, entre otros, y las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas y aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado de Circuito, por tanto, si el criterio antes transcrito no constituye jurisprudencia, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito no está obligado a aplicar el criterio referido. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los agravios formulados por el recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida."

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el diez de octubre de dos mil cinco, el amparo en revisión 297/2005, promovido por el secretario de Gobierno del Distrito Federal, en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal sostuvo, en lo conducente:

"... A continuación se examina el primer concepto de violación en donde la quejosa se duele de la violación al principio de equidad tributaria, en virtud de que el artículo 137 de la ley (sic) en su fracción XII excluye del impuesto de causación del tributo al adquirente de un inmueble por medio de arrendamiento financiero. A efecto de analizar el argumento de la impetrante, en primer lugar, debe señalarse que se ha estimado en diversas tesis de jurisprudencia que la garantía de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que en ocasiones debe crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes. Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador. Es aplicable al respecto la tesis número P./J. 41/97. Novena Época, Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, página cuarenta y tres, la cual a continuación se transcribe: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). Por tanto, la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales, aunque no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas. Sirve de apoyo a estas consideraciones las siguientes tesis de jurisprudencia. La tesis de jurisprudencia número P./J. 42/97. Novena Época, Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página treinta y seis, que a la letra dice: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe). Es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 24/2000. Novena Época, Tomo XI, marzo de dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página treinta y cinco, que a la letra dice: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En la especie los artículos 134 y 137 vigentes en el año dos mil cuatro disponen: (Reformado, G.O. 26 de diciembre de 2003). ‘Artículo 134. Están obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, establecido en este capítulo, las personas físicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Distrito Federal, así como los derechos relacionados con los mismos a que este capítulo se refiere. (Reformado, G.O. 26 de diciembre de 2003). ‘Artículo 137. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de: ... V. Fusión y escisión de sociedades; ... XII. La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, así como la adquisición de los bienes materia del mismo que se efectúe por persona distinta del arrendatario).’. La interpretación de estas disposiciones pone de manifiesto que al definir el objeto de causación del gravamen el legislador se refirió a la adquisición de inmuebles consistentes en el suelo, construcciones y derechos relacionados con los mismos, y luego, con el afán de precisar los límites del hecho imponible estableció lo que debía entenderse por adjudicación, comprendiendo en ella la adquisición por fusión y escisión de sociedades (supuesto en el cual se halla la quejosa) y la adquisición de bienes materia de contrato de arrendamiento financiero cuando se efectúe por persona distinta del arrendatario. La lectura a contrario sensu de esta disposición última, revela que no se entiende por adquisición la que se efectúe por el arrendatario en esta clase de contrato. No sobra señalar que esta descripción corresponde al texto original del código publicado en la Gaceta Oficial del día treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, y que sobre la inclusión de esta norma en el articulado, nada dice la exposición de motivos de la iniciativa que enseguida se reproduce: ‘Código Financiero del Distrito Federal. Fecha de publicación: treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Categoría: Código. Proceso legislativo: Exposición de motivos. Secretarios: Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Por su digno conducto, el Ejecutivo Federal a mi cargo, somete a la consideración de esa H. Asamblea de Representantes la presente iniciativa de Código Financiero del Distrito Federal. La Ciudad de México, enfrenta una problemática compleja. Esto obliga a buscar soluciones de fondo, planeadas y programadas que se basen en un minucioso diagnóstico. Sólo así podrán ser adoptadas con la oportunidad y eficiencia -necesarias, para poder responder a las legítimas demandas de la ciudadanía. Nuestra ciudad capital requiere de una política de cambio. Un cambio que en el marco de los nuevos criterios del desarrollo nacional reconozca al Distrito Federal como una entidad federativa, y que, además, dé sentido a la coordinación metropolitana. Un cambio que reconozca, acepte y refuerce el pluralismo político que hoy en día vive nuestra ciudad; que amplíe, promueva y perfeccione el ejercicio de los derechos ciudadanos, y que aliente la participación de los gobernados en las decisiones de gobierno. Un cambio que fomente su economía, promueva el reordenamiento urbano impulse la restauración del equilibrio ecológico. Un cambio que busque permanentemente el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México, con base en la democracia y el derecho. Para ello es necesario un programa general de gobierno, que haga congruentes los grandes objetivos nacionales con los particulares de la ciudad. Que señale metas específicas a los responsables de su ejecución y se rija por un sistema de finanzas públicas equilibradas y bien administradas. El manejo honesto y responsable de los recursos con los que contribuyen los gobernados es principio básico e inalterable en esta y en todas las demás materias a cargo de la administración pública del Distrito Federal. Si bien se han tenido logros significativos en el fortalecimiento de la estructura financiera del Distrito Federal, es vital consolidar lo alcanzado a fin de hacer frente de manera eficiente a las demandas sociales. La estructura jurídica del sistema financiero del Distrito Federal, que hoy proponemos a esa soberanía, pretende consolidar lo obtenido en esta materia, es decir, finanzas públicas estables y en equilibrio, así como respeto a los principios de equidad y proporcionalidad, inherentes a esta materia. Ante lo complejo de la materia se procuró reunir una serie de disposiciones legales actualmente consignadas en diversas leyes y reglamentos, tanto de carácter federal como local, en un sólo cuerpo legal que de manera sistemática, congruente y homogénea, regule la actividad financiera del Distrito Federal en su conjunto. Ese conjunto de normas legales que constituiría el Código Financiero del Distrito Federal, tiene como objeto regular el proceso de programación, obtención, administración y aplicación de los ingresos de la entidad, su gasto público y la rentabilidad de los fondos, valores y egresos, necesaria para la integración de la cuenta pública. De igual forma, normará las infracciones, delitos y sanciones en contra de la hacienda pública del Distrito Federal, así como los medios de defensa que los gobernados podrán interponer cuando sientan que con un acto administrativo se han alterado de alguna manera sus derechos. Se ha tenido especial cuidado en homologar las actuales normas de carácter federal, al ámbito local, de manera que aunque sea una norma financiera propia del Distrito Federal expedida por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal con base en las facultades constitucionales que le otorga el artículo 122 de la Carta Magna, no rompa la necesaria unidad integral de acción que en esta importante materia debe existir entre el Distrito Federal y la Federación. Este Código Financiero que se somete a su consideración está compuesto de seis libros, diecinueve títulos, ochenta capítulos, veintinueve secciones y quinientos cincuenta y cinco artículos, que más adelante se detallan. La iniciativa se vio enriquecida con las propuestas técnicas, consideraciones sociales y aportación general de ideas de los partidos integrantes de la III Asamblea de Representantes del Distrito Federal, reunidos en grupos de trabajo con servidores públicos del área hacendaria del Departamento del Distrito Federal. El planteamiento que a través de esta iniciativa proponemos a esa H. Soberanía, demuestra el pluralismo político que hoy se vive en México y una nueva forma y estilo de gobierno. Por último manifiesto mi satisfacción por ser esta la primera vez que ante esa H. Soberanía, presentamos el ordenamiento que dará base y sustento legal a las contribuciones destinadas a satisfacer el gasto público del Distrito Federal. Con la finalidad de que se conozca más en detalle el contenido y alcance de esta iniciativa, me permito hacer una reseña de los seis libros que componen el Código Financiero del Distrito Federal, destacando los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. Título preliminar. Se propone un capítulo único, cuyo contenido establece el carácter de orden público e interés general de las disposiciones del Código Financiero, para el efecto de que éstas sean cumplidas sin que exista la posibilidad de que haya un acuerdo para obviar su cumplimiento o condicionarlo, además de que se definen algunos conceptos de uso frecuente en el texto y se determina que la Secretaría de Finanzas en el Distrito Federal sea la que interprete las normas para efectos únicamente administrativos. Libro primero de los ingresos. En este libro se plantea regular el presupuesto de ingresos base de la Ley de Ingresos del Distrito Federal. Con esta medida se pretende establecer la responsabilidad que tienen las dependencias órganos desconcentrados y entidades, de contribuir y cumplir con las metas de ingresos en base a las atribuciones que tienen asignadas. Se propone establecer un sistema permanente de evaluación de ingresos y se determina cuales son los órganos de la administración pública del Dist

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20173-a2fc5eeb/adquisicion-de-inmuebles-la-fraccion-xii-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.