IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 196/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en un tema que es de la competencia exclusiva de esta Segunda Sala, a saber: la materia administrativa.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formuló el apoderado jurídico de la empresa Nasoft Systems, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte quejosa en el juicio de amparo 79/2007-1148, en el que se dictó la sentencia que sustenta uno de los criterios en posible oposición.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 79/2007-1148, en sesión de treinta de marzo de dos mil siete, sostuvo en la parte conducente de su fallo, en síntesis, que:
1. Para los efectos del impuesto sobre adquisición de inmuebles, la norma define como adquisición la que derive de todo acto por medio del cual se transmita la propiedad, inclusive la donación y la herencia, así como la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, excepto las aportaciones que se hagan al constituir o al liquidar la sociedad conyugal, con la condición de que se trate de inmuebles propiedad de los cónyuges.
Es decir, la norma no establece una exención a cierto tipo o categoría de contribuyentes, o sea, no libera del pago del tributo a determinada clase de contribuyentes. Lo que hace es exceptuar del hecho imponible la transmisión de la propiedad de inmuebles que aporten los contrayentes al constituir la sociedad conyugal o al liquidarla. Desde luego, dice, esta excepción parte del supuesto dado en la norma de que existe transmisión de la propiedad cuando los contrayentes aportan inmuebles para constituir una sociedad conyugal y también cuando se liquida.
2. El tribunal de que se trata realizó un análisis legal y jurisprudencial de la naturaleza de la sociedad conyugal, para concluir que cuando se constituye y cuando se liquida la sociedad conyugal existe transmisión parcial de la propiedad de inmuebles, pues, en el primer caso, uno de los cónyuges adquiere, en su carácter de copropietario, la mitad o el cincuenta por ciento del inmueble aportado por el otro cónyuge y, en el segundo supuesto, en uno de los cónyuges se consolida la propiedad del inmueble o inmuebles con que se quede.
3. Agrega que al constituir o liquidar la sociedad conyugal, aportando bienes inmuebles o quedándoselos, respectivamente, los cónyuges también llevan a cabo actos en virtud de los cuales transmiten la propiedad inmobiliaria; sin embargo, no se encuentran en la misma situación que los demás sujetos del tributo.
La anterior conclusión la apoya el tribunal en que un inmueble que se aporte a la constitución de la sociedad conyugal, propiedad de uno de los cónyuges, en su oportunidad fue objeto del gravamen que se examina. Si la ley gravara la transmisión de la propiedad que ocurre cuando dicho bien se aporta para constituir la aludida sociedad conyugal resultaría que tanto el cónyuge que lo aporta como el que se convierte en copropietario tendrían la obligación de pagar, cada uno, el cincuenta por ciento de la contribución que uno de ellos pagó en su totalidad cuando lo adquirió.
4. Agrega que, desde luego, los inmuebles que adquiere la sociedad conyugal durante su existencia deben pagar el impuesto respectivo. Si los cónyuges tienen el carácter de copropietarios, entonces resulta que legalmente cada uno de ellos paga el cincuenta por ciento de la contribución; luego, dice, si la ley también gravara la transmisión de la propiedad que ocurre cuando al liquidar la sociedad conyugal en uno de los cónyuges se consolida la propiedad inmobiliaria, resultaría que ese cónyuge tendría la obligación de pagar el cien por ciento del impuesto, cuando pagó el cincuenta por ciento que le correspondía al momento en que la sociedad conyugal lo adquirió.
Por tanto, añade, se debe concluir que la situación jurídica de los cónyuges es distinta de la de los demás sujetos del tributo.
En efecto, sostiene, la sociedad conyugal es uno de los regímenes patrimoniales bajo los cuales se contrae matrimonio. El matrimonio es la institución reconocida por las leyes para formar la familia, la que a su vez constituye la célula fundamental de la sociedad. Dicha sociedad conyugal carece de fines lucrativos, el ánimo que la inspira es sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutención y auxilio de los consortes y los hijos; sus características particulares la hacen única, porque su objeto es la preservación de la especie humana y que los consortes realicen su vida en común.
5. Por consiguiente, todas estas peculiaridades llevan a la conclusión de que ante la transmisión de propiedad inmobiliaria que ocurre cuando se aportan inmuebles para constituir una sociedad conyugal o cuando se liquida, los cónyuges no guardan una situación idéntica a los demás sujetos del tributo, razón que justifica la excepción legal de que dicha transmisión no es hecho imponible para los aludidos cónyuges.
6. Además, agrega, aceptar que la transmisión de propiedad de que se viene hablando también sea hecho imponible que dé lugar a la obligación tributaria a cargo de los cónyuges adquirentes propiciaría el fenómeno de la doble tributación, la que si bien no es inconstitucional en sí misma considerada, se evita desde ahora con la excepción legal que estableció el legislador.
7. Las consideraciones que anteceden, concluye el tribunal, demuestran que es inexacto que la excepción prevista en el artículo 137, fracción I, párrafo primero, del Código Financiero del Distrito Federal, sea violatoria del principio de equidad tributaria, pues frente a la norma que establece la obligación de pago del tributo existen razones que justifican el trato diferenciado entre los cónyuges y los demás sujetos del impuesto.
B. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 191/2007, en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, sostuvo en la parte conducente de su fallo, en síntesis, que:
1. La sociedad conyugal puede entenderse como un contrato accesorio al matrimonio, pero su objetivo no es propiamente adquirir bienes, como sí lo sería, por ejemplo en una compra venta, una donación o cualquiera de los otros casos que el numeral 137 atacado de inconstitucionalidad prevé; dicha figura jurídica debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que vinculan a los cónyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y serán las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular.
2. En el caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles, el legislador atendió al hecho de que al adquirir un bien inmueble, existía una manifestación real de riqueza, la cual, desde luego, es susceptible de ser gravada, en tanto que tal acto es claro indicador de una manifestación de riqueza.
3. En el caso de la constitución de la sociedad conyugal, a pesar de que cualquiera de los contrayentes puede adquirir en determinada forma los bienes del otro, por esa razón, en realidad, no existe una manifestación real de riqueza, sino que, en todo caso, los bienes pasan a formar parte del patrimonio común de ambos esposos, sin que, en relación con alguno de ellos, pueda establecerse la posibilidad de disponer libremente de los bienes que comprenden el objeto de la sociedad; además, no es factible definir a quién corresponde el bien de que se trate, precisamente, porque éste es un régimen de administración común del cúmulo patrimonial de ambos.
De acuerdo con la jurisprudencia, los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal pertenecen a ambos cónyuges, lo cual no significa que durante la vigencia de dicha sociedad y respecto de los bienes que debe considerarse que le son afectos, se encuentre determinada la propiedad de cada uno de los consortes, pues sólo hasta la liquidación de la sociedad podrá saberse, mediante la adjudicación correspondiente, lo que pertenece a cada uno de ellos.
4. Al constituirse la sociedad conyugal, a pesar de que pudiera entenderse que uno de los cónyuges adquiera la propiedad del bien que se incluya en la sociedad conyugal, si se origina con la celebración del matrimonio o los que se hayan adquirido a título personal durante éste, y posteriormente se incluya en la conformación de aquélla; lo cierto es que ello no es del todo exacto, en tanto que el patrimonio de ambos cónyuges que, desde el punto de vista precisado anteriormente, pierde individualidad, se traslada objetivamente a la comunidad equitativa y justa que se conforma por ambos cónyuges.
En ese sentido, es claro que no existe una afectación positiva ni negativa, en lo individual, al patrimonio de ellos, ya que ninguno adquiere la propiedad del bien en cuestión, sino que existe una indefinición de qué pertenece a cada quien, por lo que se entiende, en términos generales, que corresponde a ambos por igual, si no existe pacto diverso.
5. Por la anterior circunstancia ninguno de los cónyuges adquiere el libre ejercicio del dominio del bien, puesto que se encuentra supeditado, salvo que se pacte de manera diversa, a la voluntad del otro cónyuge, aspectos que permiten arribar a la conclusión de que en el caso específico de la constitución de la sociedad conyugal no existe una manifestación de riqueza propiamente dicha, susceptible de ser gravada por la aportación que se haga de los bienes a la sociedad conyugal, de ahí que, en este aspecto, el artículo 137, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, no transgreda el principio de equidad tributaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, constitucional.
6. Sin embargo, la anterior conclusión no es exacta para el caso de lo dispuesto por el indicado artículo 137, en relación con la liquidación de la sociedad conyugal, pues en cuanto a este aspecto, dicho numeral secundario sí viola la apuntada garantía.
7. Para llegar a esa conclusión, el tribunal del conocimiento parte de los supuestos de que: a) La sociedad conyugal tiene afinidad a la copropiedad; b) Al constituirse la sociedad conyugal se conforma una comunidad de bienes, respecto de los cuales no es posible determinar, salvo pacto en contrario, qué bienes corresponden a cada quien, en tanto que ambos son cotitulares de ellos; y, c) Solamente al liquidar la sociedad, es factible dilucidar esa cuestión.
8. Asimismo, toma en cuenta la historia legislativa de la hipótesis de que se trata, derivada de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en la cual, en su artículo 25, se establecieron las hipótesis de adquisición; de la reforma de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, cuando se modificaron las fracciones I y IX del referido numeral; la reforma de la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles en materia federal, correspondiente a ese mismo año; la abrogación de esa ley, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a efecto de expedir el actual Código Financiero del Distrito Federal, en el que se recogió la disposición impugnada en su numeral 157; las reformas al propio código de veintiséis de diciembre de dos mil tres, en el que tal disposición se reubicó en el numeral 137; la reforma de veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro, en que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinó incluir como una excepción al concepto de adquisición la liquidación de la sociedad conyugal, y la de veintidós de agosto de dos mil cinco, en que se aprobó el primer párrafo que actualmente se encuentra vigente; haciendo hincapié el tribunal en que en ninguna de las dos últimas ocasiones señaladas el legislador ordinario expresó razón alguna que permitiera inferir la razón por la que se generó el cambio en cuestión.
9. De la misma manera, el tribunal considera que el artículo 137, fracción I, aludido, viola el principio de equidad tributaria, en virtud de que da un trato desigual a los contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstancias, porque, por un lado, los contribuyentes que adquieran bienes inmuebles en virtud de una liquidación de la sociedad conyugal en demasía al porcentaje que originalmente les corresponde, por la razón que sea, sí incrementan su patrimonio de manera real, pues al ocurrir el acto jurídico mencionado, pudiera ser que uno de los cónyuges adquiriera un bien en mayor proporción a la que originalmente tenía o, inclusive, que se transmitieran bienes recíprocamente, con lo que se asemejarían a figuras que sí se consideran adquisiciones en términos del propio dispositivo legal, como lo es la copropiedad (fracción XI), y la permuta (segundo párrafo de la fracción I).
10. En ese sentido, es evidente que tales adquirentes se encuentran en un régimen de privilegio que los excluye de la obligación de enterar el tributo, sin que exista una razón que así lo justifique, mientras que los restantes adjudicatarios de inmuebles, que se encuentran en una misma situación de hecho, sí cubren el tributo, lo que es inequitativo, porque todos los adquirentes de inmuebles se ubican en una misma situación jurídica y de hecho, por lo que se deben aplicar las mismas disposiciones fiscales e idénticos impactos o beneficios fiscales.
En ese sentido, concluye el tribunal, la diferenciación de trato es inconstitucional, toda vez que no existe una causa justificable para establecer dicha distinción como consecuencia del valor del inmueble para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, puesto que del proceso legislativo de diciembre de dos mil cuatro no se desprende la razón del legislador para que haya establecido tal beneficio.
11. Al respecto, agrega, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que durante el establecimiento de contribuciones, el legislador puede tomar en consideración fines de naturaleza no fiscal, que sirvan como instrumentos de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, relativos a actividades determinadas.
En tal supuesto, el empleo de fines extrafiscales durante la creación de normas tributarias, únicamente tendrá como condicionante que el legislador haga patente su voluntad explícita o implícitamente, durante el proceso legislativo correspondiente, indicando en la propia norma, en la exposición de motivos o en la discusión de la misma, cuáles fueron las razones que a su juicio motivaron el establecimiento de cierto tributo o la imposición de un trato fiscal diferente para ciertos contribuyentes o que, incluso, se pueda desprender claramente de la norma.
12. Sin que sea obstáculo para arribar a tal conclusión, añade, el hecho de que el a quo haya sostenido que el trato diferenciado evidenciado se justifica porque con ello se protege la institución del matrimonio; porque si bien existe interés de la sociedad en proteger a la familia, lo que incluso podría resultar de relevancia jurídica, lo cierto es que, por un lado, el matrimonio no es la única expresión legal de ella, pues los lazos familiares jurídicamente relevantes no necesariamente surgen del matrimonio; pero, con independencia de ello, el régimen patrimonial de esta figura no se genera exclusivamente dentro de la sociedad conyugal, puesto que también se reconoce como tal, además, al de separación de bienes; incluso, en las capitulaciones matrimoniales puede generarse una serie de variantes que confluyen en ambos sistemas, por otro lado, además, pudiera incluirse dentro de estos conceptos el que establece el patrimonio de familia.
Así, es evidente que la razón expresada por el a quo no justifica la diferenciación de trato anotada, y con independencia de que no se hayan expresado las razones que motivaron al legislador a establecer tal diferencia, lo cierto es que con motivo del respeto al principio de equidad tributaria, al gobernado le asiste no sólo el derecho de recibir un trato similar al que tienen quienes se ubican en parecidas situaciones de hecho, por parte de las autoridades, sino que, además, existe la obligación de los entes del Estado de procurar la igualdad real, que implica la señalada igualdad jurídica.
CUARTO. A efecto de determinar si existe contradicción de tesis conviene tener presente que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, emitió la jurisprudencia número P./J. 26/2001, visible en la página 76, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."
De la citada jurisprudencia se advierte que para que exista dicha contradicción deben actualizarse los siguientes requisitos:
a) Que al resolver negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Ahora bien, el análisis comparativo de las sentencias reseñadas en el considerando precedente, pone de relieve que ambos tribunales fueron coincidentes en señalar que el artículo 137, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, establece una excepción al hecho imponible consistente en la transmisión de la propiedad de inmuebles al constituir la sociedad conyugal o al liquidarla.
De igual manera, ambos coincidieron en que la constitución de la sociedad conyugal establecida en dicho precepto no es violatoria de la garantía de equidad consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque por razones distintas:
Uno, con base en que el matrimonio tiene ciertas particularidades, por lo que los cónyuges no guardan una situación idéntica a los demás sujetos del tributo, además de que un inmueble que se aporte a la constitución de la sociedad conyugal, propiedad de uno de los cónyuges, en su oportunidad fue objeto del gravamen que se examina, por lo que si la ley gravara la transmisión de la propiedad que ocurre cuando dicho bien se aporta para constituir la aludida sociedad conyugal, resultaría que tanto el cónyuge que lo aporta como el que se convierte en copropietario tendrían la obligación de pagar, cada uno, el cincuenta por ciento de la contribución que uno de ellos pagó en su totalidad cuando lo adquirió.
El otro, con base en que en la constitución de la sociedad conyugal no existe una manifestación de riqueza propiamente dicha, susceptible de ser gravada generada por la aportación que se haga de los bienes a la sociedad conyugal, en tanto que el patrimonio de ambos cónyuges que, desde el punto de vista pierde individualidad, se traslada objetivamente a la comunidad, equitativa y justa, que se conforma por ambos cónyuges y, en ese sentido, es claro que no existe una afectación positiva ni negativa en lo individual, al patrimonio de ellos, ya que ninguno adquiere la propiedad del bien en cuestión, sino que existe una indefinición de qué pertenece a cada quien, por lo que se entiende, en términos generales, que corresponde a ambos por igual, si no existe pacto diverso.
Luego, respecto del tópico atinente a la constitución de la sociedad conyugal, no existe contradicción de criterios, pues aun cuando ambos Tribunales Colegiados expusieron distintas razones, los dos llegaron a una conclusión similar; siendo que, según se vio, para que exista dicha contradicción debe actualizarse, entre otros, el requisito de que al resolverse negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes.
En cambio, sí existe contradicción de criterios por cuanto hace al tema de la liquidación de la sociedad conyugal, pues se advierte, por un lado, que: a) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos y, por otro, que b) La diferencia de criterios se presentó en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, en donde, respecto de una cuestión jurídica esencialmente igual, se adoptaron criterios discrepantes.
En efecto, se concluye lo expuesto en el inciso a), porque de las respectivas ejecutorias se advierte que:
1. En ambos asuntos las respectivas quejosas reclamaron, en amparo indirecto, entre otros preceptos, la fracción I del artículo 137 del Código Financiero del Distrito Federal, en la parte que exceptúa del concepto de adquisición de inmuebles las aportaciones al constituirse o liquidarse la sociedad conyugal.
2. En los dos casos adujeron, medularmente, que dicha exclusión era violatoria del principio de equidad en razón de que carecía de justificación; esto se infiere de la página once, segundo párrafo, de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 79/2007, y de las páginas quince (último párrafo) y dieciséis (primer párrafo) de la ejecutoria dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, en el toca en revisión 191/2007.
3. En los dos asuntos se negó el amparo a las respectivas quejosas, quienes interpusieron sendos recursos de revisión, los cuales concluyeron con las ejecutorias que se examinan.
Por otro lado, lo concluido en el anterior inciso b) descansa en la circunstancia de que mientras el referido Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró al efecto que esa liquidación no transgrede la garantía de equidad, ya que, por un lado, el matrimonio refleja una serie de particularidades que hacen que los cónyuges no guarden una situación idéntica a los demás sujetos del tributo, razón que justifica la excepción legal respecto de la liquidación y, por otro, los inmuebles que adquiere la sociedad conyugal durante su existencia deben pagar el impuesto respectivo, y si los cónyuges tienen el carácter de copropietarios, entonces resulta que legalmente cada uno de ellos paga el cincuenta por ciento de la contribución, por lo que si la ley también gravara la transmisión de la propiedad que ocurre cuando al liquidar la sociedad conyugal se consolida la propiedad inmobiliaria en uno de los cónyuges, resultaría que ese cónyuge tendría la obligación de pagar el cien por ciento del impuesto, cuando pagó el cincuenta por ciento que le correspondía al momento en que la sociedad conyugal lo adquirió.
En cambio, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que el artículo 137, fracción I, aludido, en la parte que exceptúa del hecho imponible la liquidación de la sociedad conyugal, viola el principio de equidad tributaria, en virtud de que da un trato desigual a los contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstancias, porque, por un lado, los contribuyentes que adquieran bienes inmuebles en virtud de una liquidación de la sociedad conyugal en demasía al porcentaje que originalmente les corresponde, por la razón que sea, sí incrementan su patrimonio de manera real, pues al ocurrir el acto jurídico mencionado, pudiera ser que uno de los cónyuges adquiriera un bien en mayor proporción a la que originalmente tenía o, inclusive, que se transmitieran bienes recíprocamente, con lo que se asemejarían a figuras que sí se consideran adquisiciones en términos del propio dispositivo legal, como lo es la copropiedad (fracción XI), y la permuta (segundo párrafo de la fracción I).
En ese sentido, agrega el tribunal, es evidente que tales adquirentes se encuentran en un régimen de privilegio que los excluye de la obligación de enterar el tributo, sin que exista una razón que así lo justifique, mientras que los restantes adjudicatarios de inmuebles, que se encuentran en una misma situación de hecho, sí cubren el tributo, lo que es inequitativo, porque todos los adquirentes de inmuebles se ubican en una misma situación jurídica y de hecho, por lo que se deben aplicar las mismas disposiciones fiscales e idénticos impactos o beneficios fiscales.
Es decir, señala, la diferenciación de trato es inconstitucional, toda vez que no existe una causa justificable para establecer dicha distinción como consecuencia del valor del inmueble para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, puesto que del proceso legislativo de diciembre de dos mil cuatro no se desprende la razón del legislador para que haya establecido tal beneficio, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que durante el establecimiento de contribuciones, el legislador puede tomar en consideración fines de naturaleza no fiscal, que sirvan como instrumentos de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, relativos a actividades determinadas.
Asimismo, que en tal supuesto, el empleo de fines extrafiscales durante la creación de normas tributarias, únicamente tendrá como condicionante que el legislador haga patente su voluntad explícita o implícitamente, durante el proceso legislativo correspondiente, indicando en la propia norma, en la exposición de motivos o en la discusión de la misma, cuáles fueron las razones que a su juicio motivaron el establecimiento de cierto tributo o la imposición de un trato fiscal diferente para ciertos contribuyentes o que, incluso, se pueda desprender claramente de la norma; lo que no acontece en el caso.
En consecuencia, sí existe la contradicción de tesis denunciada en el aspecto que se analiza, y el punto de derecho a dilucidar radica en determinar si el artículo 137, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, en tanto exceptúa del hecho imponible la liquidación de la sociedad conyugal, viola el principio de equidad tributaria.
QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que se sustenta en la presente resolución.
En primer término resulta pertinente acudir a los artículos 134 y 137 del Código Financiero del Distrito Federal vigente, los cuales disponen, en lo que interesa:
"Artículo 134. Están obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, establecido en este capítulo, las personas físicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Distrito Federal, así como los derechos relacionados con los mismos a que este capítulo se refiere."
"Artículo 137. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de:
"I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges.
"En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones.
"En el caso de adquisiciones por causa de muerte, se aplicará una tasa de 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del inmueble a la fecha de la escritura de adjudicación no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
"II. La compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad;
"III. La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias;
"IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente;
"V. Fusión y escisión de sociedades;
"VI. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles;
"VII. Transmisión de usufructo o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo, salvo que el mismo se extinga por muerte del usufructuario, independientemente de que el usufructo se haya constituido por tiempo determinado o como vitalicio;
"VIII. Prescripción positiva e información de dominio judicial o administrativa; salvo que el adquirente ya hubiera pagado el impuesto sobre adquisición de inmuebles causado por la celebración del contrato base de la acción, previamente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20771-c3bd245b/impuesto-sobre-adquisicion-de-bienes-el-articulo-137 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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