DERECHOS POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR EN 2004, 2005 Y 2006, ES INCONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, SEGUNDO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, porque la formuló un Ministro de la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver en sesión del nueve de noviembre de dos mil seis, el recurso en revisión número 423/2006, en la parte conducente, estableció:
"México, Distrito Federal. Acuerdo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día nueve de noviembre de dos mil seis.
"VISTOS, para resolver en los autos del juicio de amparo en revisión RA. 423/2006, y
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil seis ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal René Padilla Paez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben:
"‘Autoridades responsables: 1) Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 2) Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 3) Secretario de Gobierno del Distrito Federal. 4) Secretario de Finanzas del Distrito Federal. 5) Director general Jurídico y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal. 6) Titular de la Administración Tributaria en San Antonio, adscrito a la Subtesorería de Administración Tributaria de la Tesorería del Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.
"‘Actos reclamados: I. De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se reclama en este juicio de amparo la discusión, aprobación y expedición del decreto de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco denominado «Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal», que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día treinta de diciembre de dos mil cinco y que entró en vigor el día uno de enero de dos mil seis, de manera muy especial en relación con la reforma que sufren los artículos siguientes: A. El artículo 203 del Código Financiero del Distrito Federal, en donde se sujeta a mi representada al pago de «derechos por la autorización para usar las redes de agua y drenaje, así como por el estudio y trámite, que implica esa autorización», respecto del inmueble que pretende construir en el predio señalado en el punto número 2 del capítulo de hechos de la presente demanda. B. El artículo 206, fracciones I, II y III, del Código Financiero del Distrito Federal, en donde se sujeta a mi representada al pago de «derechos por el registro de manifestación de construcción», respecto del inmueble que pretende construir en el predio señalado en el punto número 2 del capítulo de hechos de la presente demanda. C. El artículo 202 del Código Financiero del Distrito Federal, en donde se sujeta a mi representada al pago de «derechos por la instalación, reconstrucción, reducción o cambio de lugar de tomas para suministrar agua potable o agua residual tratada y su conexión a las redes de distribución del servicio público», respecto del inmueble que pretende construir en el predio señalado en el punto número 2 del capítulo de hechos de la presente demanda. D. El artículo 319 del Código Financiero del Distrito Federal, en donde se sujeta a mi representada al pago de «aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial», respecto del inmueble que pretende construir en el predio señalado en el punto número 2 del capítulo de hechos de la presente demanda. E. El artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal, en donde se sujeta a mi representada al pago de «aprovechamientos por requerir de nuevas conexiones de agua o drenaje cuando se construyan nuevos desarrollos urbanos, nuevas edificaciones o ampliaciones», respecto del inmueble que mi mandante pretende construir en el predio señalado en el punto número 2 del capítulo de hechos de la presente demanda. II. Del jefe de Gobierno del Distrito Federal se reclama en este juicio de amparo la promulgación, publicación y ejecución del decreto de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco denominado «Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal» que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día treinta de diciembre de dos mil cinco y que entró en vigor el día uno de enero de dos mil seis, de manera muy especial en relación con la reforma que sufren los artículos que se mencionan en los incisos A, B, C, D y E de la fracción I, del presente capítulo. III. Del secretario de Gobierno del Distrito Federal se reclama en este juicio el refrendo del decreto de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco denominado «Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal», que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del treinta de diciembre de dos mil cinco y que entró en vigor el día uno de enero de dos mil seis, de manera muy especial en relación con la reforma que sufren los artículos que se mencionan en los incisos A, B, C, D y E de la fracción I, del presente capítulo. IV. Del secretario de Finanzas del Distrito Federal, se reclama en este juicio de amparo todos los actos, acuerdos u órdenes realizados directamente por él, tendientes a la aplicación o ejecución del decreto de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco denominado «Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal», que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día treinta de diciembre de dos mil cinco y que entró en vigor el día uno de enero de dos mil seis, de manera muy especial en relación con la reforma que sufren los artículos que se mencionan en los incisos A, B, C, D y E de la fracción I, del presente capítulo. V. Del director general Jurídico y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, se reclama en este juicio de amparo la publicación del decreto de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco denominado «Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal» que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día treinta de diciembre de dos mil cinco y que entró en vigor el día uno de enero de dos mil seis, de manera muy especial en relación con la reforma que sufren los artículos que se mencionan en los incisos A, B, C, D y E de la fracción I, del presente capítulo. VI. Del titular de la Administración Tributaria San Antonio, adscrito a la Subtesorería de Administración Tributaria de la Tesorería del Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, se reclama en este juicio de amparo los siguientes actos: A. La recepción, el día treinta y uno de mayo de dos mil seis, del pago en cantidad de $127,650.00 (ciento veintisiete mil seiscientos (sic) pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de «derechos por la autorización para usar las redes de agua y drenaje, así como por el estudio y trámite, que implica esa autorización», respecto del inmueble que mi mandante pretende construir en el predio señalado en el punto número 1 del capítulo de hechos de la presente demanda y que manifestó bajo protesta de decir verdad, que es el primer acto de aplicación del artículo 203, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente, pago que se acredita con el recibo emitido por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal con número de folio 14551552, y que se acompaña al presente escrito en copia certificada como anexo número 3. B. La recepción, el día treinta y uno de mayo de dos mil seis, del pago en cantidad de $56,284.00 (cincuenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de «derechos por el registro de manifestación de construcción» respecto del inmueble que pretende construir en el predio señalado en el punto número 1 del capítulo de hechos de la presente demanda y que manifestó bajo protesta de decir verdad, que es el primer acto de aplicación del artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente, pago que se acredita con el recibo emitido por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal con número de folio 14551552, y que se acompaña al presente escrito en copia certificada como anexo número 4. C. La recepción, el día treinta y uno de mayo de dos mil seis, del pago en cantidad de $17,947.00 (dieciocho (sic) mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de «derechos por la instalación, reconstrucción, reducción o cambio de lugar de tomas para suministrar agua potable o agua residual tratada y su conexión a las redes de distribución del servicio público» respecto del inmueble que pretende construir en el predio señalado en el punto número 1 del capítulo de hechos de la presente demanda y que manifestó bajo protesta de decir verdad, que es el primer acto de aplicación del artículo 202 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente, pago que se acredita con el recibo emitido por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal con número de folio 14551556, y que se acompaña al presente escrito en copia certificada como anexo número 5. D. La recepción, el día treinta y uno de mayo de dos mil seis, del pago en cantidad de $76,433.99 (setenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres pesos 99/100 M.N.), por concepto de pago de «aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial», respecto del inmueble que mi mandante pretende construir en el predio señalado en el punto número 1 del capítulo de hechos de la presente demanda y que manifestó bajo protesta de decir verdad, que es el primer acto de aplicación del artículo 319 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente, pago que se acredita con el recibo emitido por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal con número de folio 14551558 y que se acompaña al presente escrito en copia certificada como anexo número 6. E. La recepción, el día treinta y uno de mayo de dos mil seis, del pago en cantidad de $151,067.00 (ciento cincuenta y un mil sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de «aprovechamientos por requerir de nuevas conexiones de agua o drenaje cuando se construyan nuevos desarrollos urbanos, nuevas edificaciones o ampliaciones», respecto del inmueble que mi mandante pretende construir en el predio señalado en el punto número 1 del capítulo de hechos de la presente demanda y que manifestó bajo protesta de decir verdad, que es el primer acto de aplicación del artículo 319-A del Código Financiero del Distrito Federal, vigente, pago que se acredita con el recibo emitido por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal con número de folio 14551560, y que se acompaña al presente escrito en copia certificada como anexo número 7. F. Los demás actos, acuerdos u órdenes realizados directamente por él, tendientes a la aplicación o ejecución del decreto de fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco denominado «Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal», que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día treinta de diciembre de dos mil cinco, y que entró en vigor el día uno de enero de dos mil seis, de manera muy especial en relación con la reforma que sufren los artículos que se mencionan en los incisos A, B, C, D y E de la fracción I, del presente capítulo.’
"...
"SÉPTIMO. Resulta inoperante el agravio hecho valer por el autorizado del quejoso, conforme a los motivos que a continuación se expondrán.
"Sostiene que es incorrecto que la Juez Décimo de Distrito, haya declarado jurídicamente ineficaces los conceptos de violación segundo y tercero hechos valer en la demanda de garantías, con el argumento de que en el caso a estudio el servicio público prestado por la administración pública del Distrito Federal, no se limita a la simple expedición de la licencia respectiva como tal o al registro de la manifestación de construcción, sino que comprende el despliegue técnico que requiere realizar el órgano del Estado, para verificar si las construcciones respecto de las que se pide licencia o registro, satisfacen las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto, además de los estudios que sea necesario llevar a cabo para constatar la obra que se pretende realizar, o bien, si su modificación o reparación cumple con la normatividad y requerimientos técnicos correspondientes.
"Pues asegura que la administración pública del Distrito Federal no realiza ningún despliegue técnico para verificar si el particular que pretende llevar a cabo una obra a fin de realizar, modificar o reparar, cumple con la normatividad y requerimientos técnicos correspondientes, pues en las fracciones I y II del artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, se establece la tarifa para determinar el monto a pagar por dos servicios públicos que el legislador consideró similares ‘expedición de licencias de construcción o registro de la manifestación de construcción’, distinguiendo para ello entre los distintos tipos de uso que se le darían a los inmuebles a construir, ya que estableció distintas tasas para los metros cuadrados según los niveles de construcción y si se destinarían a uso habitacional o a usos distintos a los habitacionales o para las superficies que se destinaran para estacionamiento.
"Considerando que el destino que pudiera dársele a los metros cuadrados de construcción o los niveles de la misma, no guardan ninguna correlación con el costo que para el Estado implica el servicio público prestado, que es precisamente la expedición de licencia de construcción o registro de la manifestación de construcción, sin que resulte indispensable algún despliegue técnico para verificar si procede o no otorgar dicha licencia, pues la administración no debe realizar actos materiales para determinar la forma en que prestará el servicio.
"Además de que la manifestación de construcción tipo B se encuentra regulada en el título cuarto, capítulo I, de los artículos 47 a 54 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, mismo que difiere notablemente de las licencias de construcción, reguladas en el capítulo II, en los artículos 55 a 60 del mismo título y ordenamiento, ya que quien pretenda realizar alguna construcción o bien, repararla ampliarla o modificarla deberá de registrar la manifestación de construcción correspondiente, ya sea ‘A’, ‘B’ o ‘C’, al menos de que se trate de alguna de las modalidades previstas en el artículo 57 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, caso en el cual requerirá de licencia de construcción.
"Asegurando que para prestar los servicios controvertidos no es indispensable despliegue técnico alguno por parte de la autoridad del Gobierno del Distrito Federal para verificar si procede o no el registro de manifestación de construcción, ya que para hacerlo, la administración no debe realizar actos materiales para determinar la forma en que se prestará el servicio, toda vez que el objeto real de éste, se traduce, fundamentalmente, en la recepción de la manifestación, constatar que adjunten los documentos correspondientes y registrarlos, sin siquiera examinar su contenido, de ahí que resulte claro que en todos los casos el desgaste de la autoridad es el mismo.
"Sustentando su postura en las tesis y jurisprudencia siguientes:
"Jurisprudencia número 2a./J. 192/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en diciembre de 2004, en la página 385, cuyo rubro es: ‘AGUA Y DRENAJE. EL ARTÍCULO 204-B DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE LOS DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE SUS REDES, O BIEN PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES DE ÉSTAS, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).’
"Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito número I.2o.A.42 A, visible en la página 2413 del Tomo XXII, octubre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se intitula: ‘MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES CON DESTINO NO HABITACIONAL. REGISTRO DE. EL ARTÍCULO 206, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS TRIBUTARIAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (DISPOSICIÓN PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRES.’
"Tesis número TC0115041.9 AD1, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro siguiente: ‘REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DE DOS MIL CINCO, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.’
"Lo inoperante de los argumentos esgrimidos por el autorizado del quejoso resulta, porque como bien lo razonó la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, existe criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los derechos previstos en el artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, respetan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad.
"Pues aun cuando también ha sustentado distintos criterios tratándose de derechos fiscales de naturaleza diferente, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público y que trasciende tanto al costo de ese servicio como a otros elementos, e incluso a razones de tipo extrafiscal; tratándose de la expedición de licencias para construcción o del registro de manifestación de construcción, el objeto real del servicio prestado, no sólo atiende al acto en sí mismo considerado de la expedición de la licencia, sino que tiene que ver con los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y vías públicas, a fin de que satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto.
"De otra manera no se entendería que conforme a lo dispuesto en el artículo 3o., fracciones I, V y VI del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal tenga las facultades de fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en vías públicas a fin de que satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto; llevar un registro clasificado de directores responsables de obra y corresponsables, y realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución o terminadas.
"Condiciones que explican por qué es claro que el despliegue técnico que requiere realizar el órgano del Estado para verificar si las construcciones respecto de las que se pide licencia o el registro de manifestación, satisfacen condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto, no resulta el mismo cuando se trata de una construcción de cincuenta metros cuadrados que de otra de mil metros cuadrados, por ejemplo, o cuando la construcción tiene un nivel que cuando tiene cinco, ni cuando tal construcción se destinará al uso habitacional o al uso comercial o de servicios; pues en cada caso, las condiciones a cumplir por parte de los constructores son distintas y, por tanto, la verificación de los requerimientos técnicos implican para el órgano del Estado un costo diverso.
"Así, los elementos consistentes en el número de niveles y el número de metros cuadrados de construcción, al incidir directamente en el costo del servicio que presta el ente público, son acordes al principio de proporcionalidad previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues atienden a la necesaria correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota, además, esos elementos reflejan la capacidad económica del contribuyente, pues es indiscutible que el costo de la construcción varía en función de sus metros cuadrados y del número de niveles que deberá tener, por ello, son acordes también con el principio de equidad contemplado en el precepto constitucional invocado.
"Con la aclaración que el artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal no establece una cuota a pagar por los derechos generados por la expedición de una licencia de construcción o del registro de manifestación de construcción en base a los niveles de esa construcción y otra conforme a los metros cuadrados, sino una sola cuota que se fija de acuerdo a esos dos elementos y al relativo al uso a que se va a destinar el inmueble.
"Razonamiento que fue sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 36/2000, resultando la jurisprudencia P./J. 28/2003, visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, que es del tenor literal siguiente:
"‘LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, RESPETA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).’ (se transcribe).
"Estableciendo además que subsisten las consideraciones que sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aun cuando en la parte que se reclama el artículo 206 aludido establece los derechos ‘por el registro de manifestaciones de construcción’, que difiere del texto que le antecedió de donde deriva la jurisprudencia transcrita, en la que sólo se hacía referencia a la expedición de licencias de construcción, la diferencia en la locución anotada es irrelevante para el presente estudio dado que los manifiestos de construcción encuentran identidad en cuanto a su naturaleza intrínseca con las licencias de construcción, conforme a lo dispuesto por el artículo 7o., fracciones XXXVI y LX, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como de los artículos 47 y 48 del Reglamento de Construcciones para esta ciudad; además de que las facultades de verificación de la autoridad se encuentran reiteradas expresamente en el numeral 50 del último de los cuerpos legales en cita.
"Lo que se considera acertado pues, las fracciones XXXIV, XXXVI y LX del artículo 7o. de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establecen:
"‘Artículo 7o.’ (se transcribe).
"En tanto que los artículos 47, 48 y 50 del Reglamento de Construcción del Distrito Federal, disponen:
"‘Artículo 47.’ (se transcribe).
"‘Artículo 48.’ (se transcribe).
"‘Artículo 50.’ (se transcribe).
"De lo que entonces resulta que efectivamente la Ley de Desarrollo Urbano de esta ciudad, es clara al establecer que una vez llenados los requisitos que para el caso se necesitan y registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos y documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, es decir, el órgano del Estado deberá realizar un despliegue técnico para verificar si las construcciones respecto de las que se pidió el registro de manifestación de construcción, satisfacen las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto.
"Por tanto, es irrelevante que la licencia de construcción y la manifestación de construcción se encuentren regulados en capítulos distintos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y, por tanto, los requisitos para cada uno difieran, pues como quedó establecido anteriormente, la finalidad que con ambos se persiguen al ser similares, el impuesto a pagar por ambos es el mismo.
"Por lo antes expuesto y en atención a que conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta de observancia obligatoria tanto para el Juez de Distrito como para este órgano colegiado resulta inoperante el agravio formulado por la parte quejosa e innecesario su estudio.
"Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 14/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, del Tomo V, abril de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe).
"Aunado a lo anterior, es oportuno establecer que las tesis y jurisprudencias invocadas por el inconforme no resultan aplicables, pues mientras las primeras son criterios aislados que no han integrado jurisprudencia, se encuentran superados por la emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 36/2006 antes transcrita y que sustenta la resolución impugnada; la segunda no resulta aplicable, pues como quedó establecido en párrafos precedentes, respecto de la cuestión planteada existe criterio definido por el Máximo Tribunal ..."
Asimismo, cabe precisar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el dos de septiembre de dos mil cinco, el recurso de revisión 294/2005, en la parte que interesa, precisó:
"México, Distrito Federal. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de dos de septiembre de dos mil cinco.
"VISTOS; Y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintidós de diciembre de dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Juan Carlos Gutiérrez Rocha, en representación de José Carlos Chacalo Cohen, Esther Shabot Zonana, Marcos Shabot Zonana, Adolfo Levy Saade, Humberto Jesús Ríos Gloria, Alfredo Shabot Zonana, Abraham José Shabot Zonana, Moisés Shabot Zonana, Antonio Shabot Zonana, Moisés Amín Agmon Betech y Simón Chacalo Husni, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"‘Autoridades responsables: Para los efectos de la sustanciación del juicio que se promueve, señalamos con tal carácter a las siguientes: 1. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. Al jefe del Gobierno del Distrito Federal; 3. Al secretario de Gobierno del Distrito Federal; 4. Al secretario de Finanzas del Distrito Federal; 5. Al director general Jurídico y de Estudios Legislativos. Actos reclamados: 1. De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la quejosa reclama el «Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal», publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre del año 2003, en cuanto en su artículo primero reforma los artículos 206 y 208 del Código Financiero del Distrito Federal. 2. Del jefe del Gobierno del Distrito Federal vengo a reclamar la promulgación y orden de publicación del decreto mencionado en el numeral que antecede. 3. De los secretarios de Gobierno y de Finanzas del Distrito Federal la amparista reclama el refrendo ministerial del decreto mencionado en el numeral 1 anterior. 4. Del director general Jurídico y de Estudios Legislativos se reclama la publicación del decreto cuya constitucionalidad se cuestiona, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en la fecha que se señala en el numeral 1 anterior. La quejosa reclama los actos de expedición, refrendo y publicación de los artículos 206, fracción II, y 208, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en el año 2004, cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 206.» (se transcribe). «Artículo 208.» (se transcribe).’
"...
"QUINTO. Como una cuestión previa, es menester precisar que tanto de la demanda de garantías como de los conceptos de agravio se desprende que los quejosos, hoy recurrentes, por lo que hace al artículo 206, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del uno de enero de dos mil cuatro, lo reclaman únicamente en la parte relativa a los derechos por registro de manifestación de construcción; por tanto, en ese matiz se procederá al estudio correspondiente.
"...
"SÉPTIMO. En su siguiente agravio, los disconformes aducen que contrariamente a lo que sostuvo la Juez del conocimiento, el registro de manifestación de construcción es un servicio público cuya prestación no implica despliegue técnico alguno, ya que de los artículos 47 y 48 del Reglamento de Construcciones p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20276-d9b0b484/derechos-por-el-registro-de-manifestacion-de-construccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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