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Modo: Corpus Pro

INCONFORMIDAD. COMO EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN MEDIO DE DEFENSA OPCIONAL, NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18307
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 356.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 594/2003, en sesión de veintiséis de febrero de dos mil cuatro, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Al seguir rigiendo en el recurso de revisión el principio de que las causas de improcedencia son una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio preferente, este Tribunal Colegiado advierte de oficio la prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 30/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, página 137, que dice: ‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (La transcribe). El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, dispone: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.’. De lo anterior se desprende que para que cobre actualidad la causa de improcedencia en comento se requiere que: 1) El acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, que a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa en virtud del cual pudiera ser modificado, revocado o anulado; 2) Conforme a las leyes que rigen tanto el acto como el medio de impugnación relativo, proceda la suspensión de sus efectos sin que se pidan mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; y, 3) No se esté en el caso de excepción referido, es decir, que el acto se encuentre fundado. La quejosa señaló como actos reclamados el oficio DGJG/3977/02, emitido por la directora general Jurídica y de Gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo; así como del verificador administrativo adscrito a dicha dirección, su inminente ejecución. El referido oficio es del tenor literal siguiente: (No se transcribe por no ser necesario para informar el asunto). De lo anterior se desprende que no se está ante la excepción que en su parte final establece el referido artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, porque basta la lectura del oficio reclamado para percatarse que la autoridad emisora citó los preceptos que estimó necesarios para fundar su determinación. Por otro lado, a efecto de determinar si se satisface la premisa identificada en el punto 1), esto es, si existe algún medio de defensa en virtud del cual pudiera haberse modificado, revocado o nulificado la resolución impugnada, se toma en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, las disposiciones de ese ordenamiento además de ser de orden e interés públicos, tienen por objeto de regular (sic) los actos y procedimientos, de la administración pública del Distrito Federal, mientras que en el caso de la administración pública paraestatal sólo será aplicable dicha ley cuando se trate de actos de autoridad provenientes de organismos descentralizados que afecten la esfera jurídica de los particulares. Tal precepto, en su segundo párrafo, establece que el ordenamiento de que se trata no será aplicable a las materias de carácter financiero, fiscal, en lo relativo a la actuación del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, seguridad pública, electoral, participación ciudadana, del notariado, así como en la justicia cívica en el Distrito Federal; las actuaciones de la Contraloría General, en lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en cuanto a las quejas que conozca y las recomendaciones que formule. Consecuentemente, la legislación en comento sólo resultará aplicable: a) Si se trata de la actuación de autoridades de la administración pública del Distrito Federal centralizada y paraestatal sólo en el caso de que trate de actos de autoridad que afecten derechos (esfera jurídica) de particulares; y b) Si la materia del asunto no se encuentra en los casos de excepción enunciados. Con la finalidad de corroborar si se satisface la primera de tales condiciones, conviene tener presente que la autoridad que emitió el oficio reclamado fue la directora general Jurídica y de Gobierno en Miguel Hidalgo, del Gobierno del Distrito Federal. Ahora bien, de conformidad con lo previsto por el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la administración pública se organiza para su desenvolvimiento en central, desconcentrada y paraestatal, estando compuesta la centralizada por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, once secretarías a que se refiere el artículo 15 de esa misma ley, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; en tanto que la desconcentrada se integra por los órganos político administrativos de cada demarcación territorial genéricamente denominados Delegaciones del Distrito Federal y los órganos administrativos constituidos por el jefe de Gobierno y, finalmente, los organismos descentralizados integrados por empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. En esa situación, al haber dictado la autoridad responsable la resolución impugnada en su carácter de integrante de la Delegación Miguel Hidalgo, es claro que se trata de un acto de una autoridad de la administración pública del Distrito Federal centralizada, por lo que queda satisfecho el primero de los requisitos que nos ocupan. En cuanto al precisado en el inciso b), se toma en cuenta que el asunto sobre el que versó el acto reclamado se refiere al oficio DGJG/3977/02, a través del cual se tiene por no presentado el aviso de declaración de apertura de establecimiento mercantil del piso 4 del inmueble ubicado en Paseo de las Palmas número 425, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo; luego, no se está en los casos de excepción expresamente indicados por el ordenamiento de que se trata, motivo por el cual, al verse colmadas las condicionantes especificadas, se concluye que el ordenamiento en comento es perfectamente aplicable al caso que nos ocupa. En la especie, el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal prevé que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, podrán a su elección interponer el recurso de inconformidad previsto en la citada ley, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo cual se arriba a la conclusión de que efectivamente la quejosa contaba con un medio de defensa en virtud del cual el acto que reclama pudo haber sido modificado, revocado o nulificado. Ahora bien, a efecto de corroborar si se cumple la premisa identificada con el inciso 2) referida con antelación, se examina enseguida si mediante la interposición de los medios de impugnación (dada la optatividad que prevé el referido numeral 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal) se suspenden los efectos del acto reclamado, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, aun cuando el acto en sí mismo considerado no sea susceptible de ser suspendido. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece los requisitos para otorgar el beneficio de la medida cautelar en el juicio de garantías, a saber: 1. Que la solicite el agraviado; 2. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y 3. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Asimismo, el artículo 125 de la Ley de Amparo citada establece que en los casos en que sea procedente la suspensión pero que pudiera ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 114 a 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, vigentes hasta esta fecha, establecen: (se transcriben). De la lectura de los preceptos antes transcritos puede advertirse que al igual que la Ley de Amparo, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal prevé el otorgamiento de la medida cautelar a petición de parte en cualquier momento hasta antes de que se emita la resolución respectiva; que se otorgará siempre y cuando no se ocasione perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el recurso, y se pedirá garantía cuando pudieran ocasionarse daños a terceros. Como puede observarse, los requisitos previstos en los artículos transcritos de la legislación adjetiva que nos ocupa son en esencia los mismos que los que prevé la Ley de Amparo para tal efecto, pues establecen básicamente que la medida cautelar se otorgará a petición de parte, siempre y cuando no se lesione el interés social ni se vulneren normas de orden público y, de existir tercero que pudiera verse afectado, se garanticen los daños y perjuicios que eventualmente pudiera sufrir. Por otro lado, como no se está en el caso en que lo impugnado sea una multa, no se considera necesario entrar al estudio del tema, por versar sobre una cuestión totalmente distinta. Enseguida, procede estudiar si la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal exige mayores requisitos para la suspensión, dada la optatividad que prevé el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el artículo 59 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal exige un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión, ya que el único requisito que contempla este último ordenamiento, en relación con la instancia de parte, es el previsto en la fracción I de su artículo 124, consistente en que el agraviado solicite expresamente al órgano de amparo la concesión de la medida suspensional, por lo que entre el agraviado y la autoridad facultada para proveer sobre la suspensión solicitada no interviene otra voluntad, como sucede en el juicio de nulidad en el que sólo podrá ser concedida la medida cautelar por el presidente de la Sala a petición del Magistrado instructor. Este criterio corresponde a la jurisprudencia 2a./J. 71/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de dos mil dos, página 153, que dice: ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.’ (se transcribe). En esas condiciones, si bien la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para la concesión de la medida cautelar de que se trata, lo cierto es que la promovente del juicio de garantías debió agotar el recurso de inconformidad previsto en el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal antes de acudir a la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 82/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de dos mil, página 49, que a la letra dice: ‘AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.’ (se transcribe). Ahora bien, la causa de improcedencia que se analiza debe entenderse condicionada a que el acto administrativo se hubiera cumplido con el requisito exigido por el artículo 7o., fracción III, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el cual dispone que en todo acto administrativo escrito recurrible debe mencionar el término con que se cuenta para interponer el recurso de inconformidad, así como la autoridad ante la cual puede ser presentado. En el caso concreto, sí se cumple con tal condicionante, pues de la lectura del oficio impugnado, antes transcrito, se desprende que la autoridad responsable en el resolutivo segundo de su determinación informó a la quejosa que podía presentar recurso de inconformidad ante su superior jerárquico en un lapso de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de dicha resolución. En este orden de ideas, si la quejosa no agotó el recurso de inconformidad previsto en el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, no cumplió con el principio de definitividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 56/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de dos mil dos, página 351, que dice: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.’ (se transcribe). Por último, se debe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado jurisprudencia sobre los casos de excepción al principio de definitividad que la Constitución y la Ley de Amparo precisan y, con base en ellos, como ya se dijo, una de las excepciones de referencia se presenta cuando el acto carece de fundamentación, o bien, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución, habida cuenta de que los únicos tribunales facultados para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad lo son los tribunales de control constitucional. En este punto, es importante precisar que una violación directa de la Constitución es aquella en la que se aducen violaciones a la Carta Magna, derivando sus argumentos de algún precepto de la misma, mientras que las violaciones indirectas son las que se sustentan en dispositivos de leyes secundarias, lo que implica cuestiones de legalidad, que claramente pueden ser resueltas por autoridades o tribunales del orden común. Así, del examen de los datos que se precisan en la demanda de garantías, de manera concreta en el capítulo de conceptos de violación, se advierte que la quejosa además de violaciones al artículo 16 de la Carta Magna aduce cuestiones en contra de ordenamientos secundarios, pues indica que: ‘las responsables aplicaron de manera indebida y en perjuicio de mi poderdante el contenido de los artículos 43 y 44 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal ...’ (foja 14 del expediente de amparo ). De la anterior transcripción se advierte que si bien la promovente aduce violaciones al artículo 16 constitucional, también lo es que aduce cuestiones sustentadas en diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, lo que implica transgresiones a disposiciones de carácter secundario. Es aplicable al caso, a contrario sensu, la jurisprudencia 154, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 104, Tomo III, Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: ‘RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). En las relatadas circunstancias, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, aunque con fundamento en la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las consideraciones antes precisadas. No obsta a lo anterior que en sesión de veintisiete de marzo de dos mil tres este Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión RA. 96/2003, haya revocado el auto dictado por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el que desechó de plano la demanda de garantías, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 145 y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, consistente en que antes de acudir al juicio de amparo la quejosa debió de haber agotado el recurso de inconformidad previsto en el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues lo que en esa ocasión determinó este Tribunal Colegiado fue que dicha causa de improcedencia no era notoria y manifiesta en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, habida cuenta que la propia juzgadora de garantías había advertido la existencia de dos opiniones diferentes respecto a que si se debe agotar o no el referido recurso de inconformidad antes de promover el juicio de garantías."

Por su parte, al fallar el amparo en revisión 267/2002 (improcedencia), en sesión de veinte de septiembre de dos mil dos, el propio Tribunal Colegiado sostuvo un criterio similar al contenido en la ejecutoria arriba transcrita, por lo que resulta innecesaria su reproducción.

CUARTO. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión (improcedencia) 278/2001, en sesión de treinta de marzo de dos mil uno, determinó lo siguiente:

"QUINTO. En síntesis, la parte quejosa hace valer como conceptos de agravio los siguientes: a) Que el auto recurrido le causa agravio, en virtud de que la Juez de primer grado incorrectamente desechó su demanda de garantías, al estimar que no se agotó el recurso de inconformidad y el juicio de nulidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; sin embargo, no tomó en consideración que el juicio de amparo es procedente en razón de que el acto reclamado carece de fundamentación, excepción que se encuentra prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, y toda vez que se desconoce el fundamento que le sirvió a la autoridad para emitir la boleta de infracción combatida, es por ello que no podía impugnarla mediante el medio de defensa ordinario. b) Que el policía Roberto Pérez Martínez violó en su perjuicio lo establecido por los artículos 14, 16, 21 y 22 de la Carta Magna, en razón de que le impuso la multa combatida sin seguir las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no se le permitió ser oída y vencida, no fundó, ni motivó la imposición de dicha multa al no precisar la infracción relativa a la infracción, que dice cometió, del artículo 62 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal; la sanción impuesta en quince días de salario mínimo es excesiva, máxime que al ser ama de casa no percibe salario alguno. Los conceptos de agravio antes sintetizados resultan ser parcialmente fundados pero insuficientes en parte y, por otra, infundados para revocar el auto recurrido, acorde con las siguientes consideraciones legales. En cuanto al agravio resumido en el inciso a) se estima parcialmente fundado pero insuficiente, en virtud de que la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal estimó que respecto de la demanda de garantías interpuesta por el ahora recurrente se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el numeral 73, fracción XV, en relación con el diverso 145, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procedía desecharla por notoriamente improcedente, en virtud de que la parte quejosa no había agotado, previamente a la interposición del juicio de garantías, el recurso previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal o, en su caso, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que su demanda era notoriamente improcedente, lo cual se estima correcto como a continuación se demuestra. En efecto, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, a través de diversas ejecutorias, que las disposiciones relativas de la Ley de Amparo manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda de amparo, tanto para admitirla como para rechazarla; la primera, se refiere a que la demanda sea procedente y, la segunda, a que no lo sea, pero en ambos casos se trata de la integridad del escrito que, según las disposiciones constitucionales y reglamentarias relativas, es la base del juicio y presenta el caso a debate, formando una verdadera unidad o un todo que conviene conservar incólume, a fin de que se resuelva sobre todos sus puntos o se niegue su admisión en su integridad, para evitar que se anime un procedimiento innecesario, por tratarse de queja mal fundada. Al efecto, es importante precisar que el único motivo por el que no resultaría procedente admitir la demanda de garantías es porque se actualice alguna causa indudable y manifiesta de improcedencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, el cual a la letra establece lo siguiente: ‘Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.’. De la lectura del precepto transcrito se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede cuando se actualice una causal de improcedencia en la que deban concurrir dos motivos, a saber: a) que sea manifiesto; y, b) que ese motivo sea también indudable. Ahora bien, lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio de amparo no requiere mayor explicación, ya que los motivos de inejercitabilidad del juicio se encuentran reglamentados en forma específica en el artículo 73 de la Ley de Amparo, en cambio, el requisito relativo a ‘lo manifiesto’ se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda inicial, de los escritos aclaratorios o de la ampliación y de los documentos que se anexan a tales promociones; y ‘lo indudable’ resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata opere en el caso concreto; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resulta factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso especial que nos ocupa, la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el auto que se recurre, sostuvo: ‘Ahora bien, el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se promueva en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisadas de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o procedan contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Ahora bien, como el acto reclamado en cuestión fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aunado a que es de aquellos que admiten en su contra el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, medio de defensa legal por el cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos reclamados, esto es, la emisión de la boleta de sanción 0072125, impuesta al vehículo que ahora defiende la parte promovente, y en contra de los cuales al momento de interponer el medio de defensa indicado puede solicitar la suspensión de los actos que reclama, la cual no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, en consecuencia, es evidente que al no haber intentado el promovente de la acción constitucional dicho medio de defensa en forma previa al ejercicio de la acción de amparo y agotar el principio de definitividad, es por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XV, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías intentada.’. En el caso, a consideración de los suscritos, la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73, en relación con el diverso 145, de la Ley de Amparo, y que invoca la a quo, se considera como indudable y manifiesta respecto de la circunstancia de que la parte quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario establecido en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en virtud de que, contrario a lo esgrimido por la parte quejosa, en la especie, la Juez de primer grado, al decretar el desechamiento de la demanda intentada por la ahora recurrente, en razón de que, en el caso, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, al no haber agotado el medio de defensa establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que es obligatorio para la impetrante de garantías. (sic). Sin embargo, tal determinación respecto del recurso ordinario que establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal es obligatorio y, por tanto, no puede ser optativo para la quejosa, es incorrecto, en virtud de que acorde con lo previsto en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, el juicio de amparo será improcedente cuando exista un medio de defensa legal en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos de autoridad, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos y no se exijan mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que de la lectura del artículo 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal claramente se advierte que establece mayores requisitos a los que se contrae la Ley de Amparo, por lo que no era necesario que la parte quejosa agotara dicho medio de defensa; el citado numeral a la letra prevé: ‘Artículo 114. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva la inconformidad. El superior jerárquico deberá acordar, en su caso, el otorgamiento de la suspensión o la denegación de la misma, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su solicitud, en el entendido que de no emitir acuerdo expreso al respecto, se entenderá otorgada la suspensión.’. De la anterior transcripción se aprecia de manera incuestionable que para la suspensión se podrá solicitar en cualquier momento hasta antes que se resuelva la inconformidad, pero ésta se acordará por el superior jerárquico dentro de los cinco días hábiles siguientes, lo cual implica un requisito mayor a los previstos en la Ley de Amparo, en cuanto que la medida cautelar se debe conceder, en su caso, desde luego, a fin de que el gobernado no se vea afectado por el acto de autoridad y no dentro de los cinco días hábiles a su solicitud. Es decir, la circunstancia de que la autoridad tenga cinco días para resolver sobre la concesión o negativa de la suspensión trae como consecuencia que el agraviado, por el acto de autoridad, pueda resentir el que se le ejecute dicho acto, lo que resulta contrario al espíritu de la medida cautelar que contempla la Ley de Amparo, pues dicha medida, como se dijo con antelación, debe concederse desde luego a fin de preservar la materia del amparo y evitar la ejecución del acto y, por ende, daños y perjuicios de difícil reparación; por todo esto, no era necesario agotar el recurso previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Precisado lo anterior, debe decirse que el agravio estudiado aunqu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18307-53f2fd3a/inconformidad-como-el-recurso-previsto-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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