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Modo: Corpus Pro

RENTA. LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DEBEN CUBRIR A LA CONTROLADORA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS QUE PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 57-N, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18855
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, TERCERO Y OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, , Pág. 485.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, TERCERO Y OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

CUARTO. La parte considerativa de la sentencia dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo con número de toca DA. 21/2004, promovido por Comercial Número Ocho, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:

"SEXTO. Si bien, por regla general, debe abordarse en primer término el tema de inconstitucionalidad de la ley que la quejosa plantea en sus conceptos de violación, al tenor de la tesis que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, Tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD.’ (se transcribe). No obstante lo anterior, en el presente caso serán materia de estudio en primer término los conceptos de legalidad esgrimidos por la quejosa en contra de la resolución impugnada, por las razones que a continuación se exponen. En principio, es preciso hacer mención que la posibilidad en el amparo directo de verter argumentos relacionados con la constitucionalidad de leyes no únicamente se limita a su aplicación en perjuicio del quejoso en la secuela procesal del juicio natural o en la sentencia, laudo o resolución que le puso fin, sino que también se permite, en esa vía, la impugnación de las normas aplicadas en el acto o resolución de origen, pues así lo determina la jurisprudencia que sostiene la misma Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 220 de la compilación antes citada, Tomo XVII, enero de dos mil tres, Novena Época, que dice: ‘AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN.’ (se transcribe). Ahora bien, en el litigio que es motivo de estudio la ahora quejosa demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 330-SAT-IV-C-463/2001 de ocho de junio de dos mil uno, emitida por la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, mediante la que resuelve no confirmar a la ahora quejosa (sociedad controlada), que el impuesto sobre la renta diferido, que debe pagar como consecuencia de la distribución de dividendos realizada en la participación consolidable, debe entregarlo a la sociedad controladora, sino ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 10-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ... Ahora bien, para mejor claridad de los restantes conceptos de violación relativos a la legalidad de la resolución impugnada, conviene puntualizar los argumentos básicos sobre los que descansan. 1. Señala la quejosa que la Sala responsable realiza una aplicación indebida del artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año dos mil, que establece que primeramente se debe observar si existe disposición específica aplicable, es decir alguna de las contenidas en el capítulo relativo al régimen de consolidación fiscal y solamente en el supuesto de que no exista una disposición aplicable al caso concreto, se podrán aplicar a las sociedades que consolidan para efectos fiscales, las disposiciones generales de las personas morales. Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido por el artículo 5o. del código en cita, el artículo 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor en el año dos mil, es aplicable para determinar ante quién debe entregarse el impuesto sobre la renta que se optó por diferir y que se debe enterar al momento en que sean distribuidos los dividendos de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, pues dicho precepto establece que la sociedad controlada calculará el impuesto sobre la renta como si no hubiera consolidación, para lo cual debe observar lo dispuesto por el artículo 10, primer y segundo párrafos de la ley en cita, que prevé la opción para que los contribuyentes difieran parte del impuesto del ejercicio, siempre y cuando reinviertan las utilidades y que el mismo deberá ser pagado al momento de distribuir los dividendos provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida. 2. Que si bien es cierto no existe en el capítulo IV del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta una disposición en la que literalmente se mencione que dicho impuesto diferido deberá ser pagado, ya sea ante las oficinas autorizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a la sociedad controladora, también lo es que resulta aplicable la disposición específica que sobre la consolidación establece el numeral 57-N, fracción I, del ordenamiento antes aludido, misma que prevalece sobre las reglas generales de la ley. 3. De igual forma, señala que la Sala responsable fundó medularmente el sentido de su resolución en que el artículo 10-A, quinto párrafo, de la ley en estudio, establece que el impuesto sobre la renta que se optó por diferir deberá ser entregado con independencia del impuesto sobre la renta del ejercicio a que se refiere el artículo 10 de la mencionada ley y que tendrá el carácter definitivo, además sostiene que dicha autoridad establece que el impuesto que se optó por diferir no forma parte del impuesto sobre la renta del ejercicio, y por ende, no puede ser entregado a la sociedad controladora debido a que el impuesto sobre la renta diferido debe ser pagado además del impuesto sobre la renta del ejercicio; en tal virtud, la autoridad responsable deja de aplicar lo dispuesto por el numeral 10, segundo párrafo, de la ley de referencia, que establece la posibilidad de que se difiera una parte del impuesto sobre la renta del ejercicio, esto es, se establece en la propia ley que el impuesto sobre la renta que se optó por diferir, forma parte del impuesto del ejercicio. 4. Que el hecho de que el impuesto que se optó por diferir sea de carácter definitivo no implica que por esa razón no forme parte del impuesto sobre la renta del ejercicio, toda vez que el vocablo ‘definitivo’ únicamente implica que no se lleva a cabo el pago mediante pagos provisionales, sino en un solo pago. 5. Cuando se opta por diferir el pago del impuesto en estudio, es evidente que el impuesto sobre la renta a cargo de la sociedad ya está causado, y lo que se difirió fue el momento del entero, por lo que el impuesto diferido es parte del resultado fiscal de la empresa, por lo que el tratamiento a la parte diferida no puede ser diverso al que señala el artículo 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de ahí que esta parte deberá entregarse a la sociedad controladora. 6. La responsable violenta lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Fundamental, con relación al 192 de la Ley de Amparo, al no haber observado la jurisprudencia de rubro: ‘LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.’. La Sala del conocimiento determinó que si el artículo 57-O de la Ley del Impuesto sobre la Renta no establece ante quién se pagará el impuesto que deriva de la distribución de dividendos, o utilidades en efectivo o bienes, realizada en la participación consolidable, es necesario remitirse a las reglas generales, por disposición expresa del artículo 57-A de la ley en comento, esto es el artículo 10-A de dicha ley; por lo que es legal que en la resolución impugnada se haya señalado que conforme a lo dispuesto por los artículos 10, 10-A, 57-A y 57-O, el impuesto de mérito sea enterado en términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del referido artículo 10-A, ante las oficinas autorizadas. Lo anterior toda vez que el artículo 57-N, fracción I, sólo establece la obligación de enterar a la sociedad controladora el impuesto del ejercicio que resulte disminuido de los pagos provisionales efectuados durante el mismo; supuesto diferente al caso en estudio, en el que el impuesto se paga en la fecha en que se distribuyan los dividendos, de ahí que se deba aplicar la regla general. Conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 10-A de la ley en comento, el impuesto sobre la renta que provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, se pagará además del impuesto sobre la renta del ejercicio y aquél tendrá el carácter de definitivo; es decir, el impuesto diferido no forma parte del impuesto del ejercicio por disposición expresa del artículo en comento, de ahí que no pueda entregarse a la controladora. Expuesto lo anterior, se tiene que la litis en el presente asunto consiste en dilucidar si el impuesto sobre la renta diferido que debe pagar la quejosa en su carácter de sociedad controlada dentro del régimen de consolidación fiscal, generado como consecuencia de la distribución de dividendos, realizada en la participación consolidable en el año dos mil, debe enterarlo a la sociedad controladora o bien ante las oficinas autorizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora bien, el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor en el año dos mil dispone lo siguiente: (se transcribe). Con base en lo anterior, la quejosa considera que al no establecer el artículo precitado ante quién se debe enterar la parte diferida del impuesto en estudio, relativo a la participación consolidable, se debe atender a lo previsto en el artículo 57-N, fracción I, de la ley de que se trata, y por tanto, entregarlo a la sociedad controladora, por lo que la responsable aplicó de manera indebida el artículo 57-A, penúltimo párrafo, de la ley en comento, al considerar que el referido artículo 57-N no es aplicable al caso; es fundado su argumento, como a continuación se verá, para lo cual se transcribe el artículo 57-N, fracción I: (se transcribe). De lo dispuesto en dicho artículo se tiene que la intención es constreñir a realizar la aplicación de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coinciden con lo previsto en ella, una vez desentrañado su alcance, empero, ello no implica que los preceptos se deban interpretar fuera del sistema normativo del que forman parte, pues de ser así, cualquier intento de interpretación resultaría infructuoso para determinar el alcance y sentido de las normas. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 335, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 390, Tomo I, Constitucional, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ‘LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.’ (se transcribe). Atento a lo expuesto, no es dable considerar, como lo hizo la Sala responsable, que al no existir disposición expresa en la ley ante quien se debe enterar el impuesto que nos ocupa, deben aplicarse las reglas generales contenidas en el artículo 10-A que en su penúltimo párrafo establece que el impuesto proveniente de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas, pues como bien lo dice la responsable se trata de una regla general que tiene aplicación a los casos que no tienen un tratamiento distinto, tal como lo señala el artículo 57-A penúltimo párrafo, que establece (se transcribe); y como quedó evidenciado en el presente asunto sí existe un tratamiento distinto al contenido en las demás disposiciones de la ley, tal como quedó establecido de la interpretación sistemática de los artículos en estudio, sin que ello implique contravención a los principios de interpretación y aplicación estricta de legalidad. En mérito de lo expuesto, procede conceder la protección constitucional que se solicita, para el efecto la Sala responsable deje sin efectos la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra conforme a los lineamientos dados en la presente ejecutoria."

QUINTO. La parte considerativa de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo 334/2002, interpuesto por Sau Ignacio Chávez Coronel, en representación de Operaciones Número Tres, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:

"SEXTO. Como antecedentes del presente caso, tenemos los siguientes: La quejosa Operaciones Número Tres, S.A. de C.V., es una sociedad controlada que consolida para efectos fiscales con la sociedad controladora Casa Ley, S.A. de C.V., la cual cuenta con autorización para determinar su resultado fiscal en forma consolidada conjuntamente con el de sus sociedades controladas; quien optó por diferir parte del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 1999, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, generando un saldo en la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida por un importe de $5'784,951.00; distribuyendo dividendos a sus accionistas conforme al acuerdo tomado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Operaciones Número Tres, S.A. de C.V., celebrada el treinta de agosto de dos mil, los cuales provinieron en una parte de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida. De los dividendos, correspondió la cantidad de $12'790,842.00 a la empresa operadora de Centros Comerciales del Noroeste, S.A. de C.V., quien también es controlada dentro del grupo de consolidación al que pertenece Operaciones Número Tres, S.A. de C.V. Mediante escrito de fecha quince de diciembre de dos mil, la empresa quejosa formuló consulta ante la autoridad hacendaria, en el sentido de que se le confirmara el criterio, en el sentido de que el impuesto sobre la renta diferido que debe pagar como consecuencia de la distribución de dividendos realizada, en la participación consolidable, se debe entregar a la sociedad controladora denominada Casa Ley, S.A. de C.V. En respuesta a la consulta anterior, la autoridad hacendaria mediante oficio 330-SAT-IV-C-500/2001 de fecha ocho de junio de dos mil uno, determinó no confirmar que el impuesto sobre la renta diferido que debe pagar como consecuencia de la distribución de dividendos realizada, en la participación consolidable, debe entregárselo a la sociedad controladora denominada Casa Ley, S.A. de C.V., señalándole a la empresa que el impuesto sobre la renta lo debe enterar conforme lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 10-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ante las oficinas autorizadas. Inconforme con la respuesta anterior, Sau Ignacio Chávez Coronel, en representación legal de la persona moral Operaciones Número Tres, S.A. de C.V., mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil uno, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, solicitó la nulidad de la respuesta a la consulta, contenida en el oficio 330-SAT-IV-C-500/2001, de fecha ocho de junio de dos mil uno, emitida por la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, dependiente del Servicio de Administración Tributaria. De la citada demanda de nulidad, correspondió conocer por razón de turno, a la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien por auto de treinta y uno de agosto de dos mil uno la admitió a trámite, radicándola bajo el número de expediente 12899/01-17-10-1, ordenando la Sala Fiscal emplazar a la autoridad demandada, corriéndole traslado con copia simple de la demanda; autoridad que dio contestación a la demanda de nulidad, por lo que, mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil uno, se le tuvo por contestada, asimismo en dicho proveído la Sala Fiscal les concedió a las partes, un plazo de cinco días para formular sus alegatos. Los cuales fueron presentados por las partes, esto es actora y autoridad demandada, mismos que se tuvieron por ofrecidos en tiempo por la Sala Fiscal; dictándose la resolución correspondiente, en la cual la Sala Fiscal declaró la validez de la resolución impugnada en nulidad, fijando como litis del juicio, el dilucidar si la consulta formulada por la actora se resolvió conforme a derecho; razón por la cual señaló que era necesario determinar si la actora, en su carácter de sociedad controlada puede entregar a su controladora, la parte que optó por diferir del impuesto sobre la renta causado, derivado de los dividendos distribuidos provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, o si dicha parte del gravamen se debe enterar a las oficinas fiscales autorizadas. Los razonamientos por los cuales la Sala Fiscal declara la validez de la resolución impugnada, en esencia fueron los siguientes: Que el artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que la sociedad controladora que opte por considerar su resultado fiscal consolidado, deberá determinarlo conforme a lo previsto por el artículo 57-E de dicho ordenamiento. Que el propio artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, realiza una diferenciación entre el impuesto normal del ejercicio que será determinado por las sociedades controladoras (y en todo caso por las controladas) y el impuesto diferido con motivo de la reinversión de utilidades. Que el artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta remite al primer párrafo del artículo 10 de dicha ley, cuando se refiera al impuesto normal del ejercicio, haciendo una remisión al segundo párrafo del mismo artículo cuando se refiera al impuesto diferido. Que el penúltimo párrafo del artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta menciona que las sociedades controladoras y controladas que consoliden estarán a lo dispuesto en las demás disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en el capítulo IV del título segundo de la ley en cita. Que el artículo 57-N en su fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece la mecánica para calcular el impuesto normal del ejercicio, pero no prevé un tratamiento específico respecto al impuesto sobre la renta que deriva de la distribución de dividendos provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, por lo que dicho precepto no es aplicable al caso. Que al no existir un tratamiento específico respecto al entero del impuesto sobre la renta que deriva del pago de dividendos provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida las empresas controladas deberán sujetarse a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 10-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y enterar la totalidad del referido gravamen ante las oficinas autorizadas, atendiendo a lo previsto por el propio artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lo relativo al segundo párrafo, respecto del impuesto diferido. Que el pago del impuesto derivado de la distribución de dividendos provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, no se ubica en el supuesto que establece la fracción I del artículo 57-N de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque contiene características esenciales, en términos del artículo 10-A párrafos tercero y penúltimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como son: ‘Se le diferencia claramente del impuesto normal del ejercicio y se les da un trato diverso, de lo contrario no estarían separados. Se le atribuye la naturaleza de definitivo y se señala que su entero debe ser conjuntamente con el pago provisional que corresponda. Se señala que su pago debe ser directamente ante las oficinas autorizadas.’. También sostuvo la Sala Fiscal que en el capítulo de consolidación fiscal no existe un tratamiento expreso en tratándose del impuesto diferido con motivo de la distribución de dividendos provenientes de la CUFINRE, además de que el artículo 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no hace referencia al pago de dicho impuesto, por lo cual no es aplicable en el caso, y no se actualiza el supuesto contenido en el penúltimo párrafo del artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a que las sociedades controladoras y las controladas que consolidan estarán a lo dispuesto en los restantes preceptos de la referida ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en el capítulo IV del título II de la misma; señalando además que el pago del impuesto diferido derivado de la distribución de dividendos o utilidades que provengan de la utilidad fiscal neta reinvertida se pagará en la fecha en que se distribuyan dichos dividendos, directamente ante las oficinas autorizadas del fisco federal. Contra los razonamientos de la Sala Fiscal antes aducidos, el representante legal de la quejosa básicamente aduce como concepto de violación, en su demanda de amparo, que la resolución reclamada viola en perjuicio de su representada los artículos 14 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Sala Fiscal omitió aplicar lo dispuesto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos numerales 57-A, tercer párrafo y 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año 2000. Agrega también, que dejó de aplicar el artículo 57-O, segundo párrafo de dicha ley. Afirma el representante de la quejosa que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, señalando que la fundamentación consiste en que el acto de autoridad debe basarse en una disposición normativa general que prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad; y que la motivación implica que las circunstancias y modalidades del acto particular encuadren específicamente dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Sosteniendo el representante legal de la quejosa que en el caso a estudio ello no aconteció. En otro punto de su concepto de violación, el representante legal de la quejosa manifiesta que el artículo 14 constitucional establece la garantía de seguridad jurídica, la cual implica que en los juicios seguidos ante los tribunales se deberán de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, y que las sentencias deberán apegarse a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. También sostiene que la Sala Fiscal infringe en perjuicio de su representada los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, porque los motivos y fundamentos que plasmó en la resolución reclamada, violan los principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria consagradas en esos preceptos, pues no aplicó en su resolución de manera estricta los artículos 57-A, párrafo tercero, 57-N, fracción I, y 57-O, párrafo segundo, con relación a los diversos numerales 10, párrafo segundo, y 10-A, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2000, toda vez que consideró la Sala Fiscal que en el capítulo de consolidación fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta no existe un tratamiento expreso, respecto al destino del impuesto diferido derivado de la distribución de dividendos provenientes de la CUFINRE (cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida); además de determinar que el artículo 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no es aplicable al caso, porque se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 57-A, penúltimo párrafo de la misma ley, relativos a que las sociedades controladoras y las controladas que consolidan estarán a lo dispuesto en los restantes preceptos de ella, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en el título II, capítulo IV, del ordenamiento legal en cita. Asimismo, indica el representante legal de la quejosa que del artículo 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que la sociedad controladora calculará el impuesto como si no hubiera consolidación, esto es como cualquier persona moral sujeta al impuesto sobre la renta. También dice que del artículo 10, párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta se desprende que el impuesto sobre la renta normal del ejercicio se determinará de la aplicación de la tasa del 35% al resultado fiscal obtenido, otorgándole a los contribuyentes el derecho u opción para diferir parte del impuesto, siempre y cuando reinviertan las utilidades y que deberá ser pagado al momento de distribuir los dividendos provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida. Y que el diverso artículo 10-A, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta determina que cuando se distribuyan dividendos, se pagará el impuesto que quedó diferido. Asegura el representante legal de la quejosa que la misma tributa como sociedad controlada dentro del régimen de consolidación fiscal, por lo que de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se encuentra inmerso dentro del título II (personas morales, disposiciones generales), las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 35%. Agrega que en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece la posibilidad de que las personas morales puedan diferir parte del impuesto a que se refiere el mismo párrafo, siempre que se reinviertan las utilidades, para lo cual se podrá aplicar la tasa del 30% a la utilidad fiscal reinvertida del ejercicio, siendo la diferencia entre el impuesto que se calcule sobre la utilidad fiscal reinvertida y el que se derivaría de aplicar la tasa del 35% a la misma utilidad, será la parte del impuesto que podrán diferir las personas morales y pagar al momento de la distribución de utilidades. Menciona también que el impuesto diferido es parte del resultado fiscal de la empresa (al estar debidamente causado), por lo que el tratamiento a la parte diferida no puede ser tratada de manera diversa a la que se señala en el artículo 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sigue diciendo el representante legal de la quejosa en su concepto de violación que del artículo 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta se colige que será a la sociedad controladora a quien se le entregará, en la participación consolidable, el impuesto que se difirió, por lo que si el impuesto original (30% inicial) se tiene que entregar a la sociedad controladora en la participación consolidable, resulta que al estar debidamente causado, el impuesto a cargo de la sociedad controlada, lo único que se hizo fue diferir la época de pago, por lo que es a la sociedad controladora a quien se le entrega el 5% restante. Insiste el representante legal de la quejosa, en afirmar que la interpretación efectuada por la Sala Fiscal es contraria a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues el artículo 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece los elementos necesarios para concluir válidamente que la parte diferida del impuesto deberá entregarse a la sociedad controladora. Agrega que resulta inaplicable el penúltimo párrafo del artículo 10-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2000, en razón de que el artículo 57-N, fracción I, del ordenamiento en cita es la norma específica, inserta dentro del apartado de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que regula la tributación de las sociedades controladas y controladoras, por lo que resulta incorrecta la consideración de la Sala en el sentido de que únicamente se determina la mecánica aplicable al impuesto normal del ejercicio, y que resulta diferente al impuesto diferido, pues ese impuesto diferido es una parte del impuesto normal del ejercicio, el cual ya se causó, pero por una facilidad contenida en la ley, se optó por diferir una parte. Finaliza su argumento, diciendo que tampoco es aplicable el artículo 10-A, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio del 2000, porque las disposiciones legales aplicables no remiten en forma alguna a tal disposición. En otro apartado del concepto de violación, el representante legal de la quejosa dice que el segundo párrafo del numeral 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2000 establece que las sociedades controladoras deberán calcular el impuesto sobre la renta normal del ejercicio de conformidad a los lineamientos establecidos por el numeral 57-E del mismo ordenamiento en cita; y que en su tercer párrafo (57-A) prevé la posibilidad de que dichas sociedades controladoras ejerzan opción de diferir el momento del pago de una porción o parte del impuesto sobre la renta normal del ejercicio, al cual también se le llama impuesto diferido. En consecuencia, establece el representante legal de la quejosa que en el supuesto de que la sociedad controladora opte por no diferir una parte del propio gravamen, se aplicará únicamente lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 57-A; y que en el diverso caso en que la sociedad controladora difiera la porción del impuesto normal del ejercicio, se aplicará el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuestiones que no implican que se trate de gravámenes diversos, sino que uno (impuesto diferido) forma parte del otro (impuesto normal del ejercicio), y que únicamente se difiere la época de pago. Sigue manifestando el representante legal de la quejosa que el artículo 57-N, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé la obligación por part

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18855-496193db/renta-las-sociedades-controladas-deben-cubrir-a-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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