EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DE RETIRO POR ENFERMEDAD DE SUS MIEMBROS (INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, QUINTO, SÉPTIMO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como sus antecedentes en lo que en la materia de la contradicción interesa.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el incidente en revisión RA. 551/2000, promovido por ... y coagraviados, contra el Congreso de la Unión y otras autoridades, en el que se concluyó por unanimidad de votos en sesión de fecha once de agosto del año dos mil, revocar la interlocutoria dictada por el Juez Federal y conceder la suspensión definitiva solicitada, emitió las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Los agravios que hace valer la recurrente son fundados por las consideraciones siguientes: Por cuestiones de técnica jurídica, se analiza en primer lugar el tercer agravio que hace valer el recurrente, en virtud de que se trata de determinar sobre la procedencia de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del acto consistente en la orden de baja o retiro del Ejército del recurrente, que se contiene en el oficio número SGB-I-40786 de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ya que de ello dependerá la procedencia de los demás efectos y consecuencias que se reclaman. Señala el recurrente en su tercer agravio, que la Juez del conocimiento viola en su perjuicio los artículos 76, 77, 78, 124, 130 y 192 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud que contrariamente a lo sostenido por la juzgadora el otorgamiento de la suspensión definitiva en contra de la orden de baja contenida en el oficio número SGB-I-40786 de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve no afecta el orden público y el interés social, alegando que en el caso la orden tiene sustento en el hecho de que el recurrente se encuentra infectado por el VIH, por lo que es evidente que el otorgamiento de la suspensión definitiva no causa perjuicio alguno al interés social ni contraviene disposiciones de orden público, y que por el contrario la negativa le causa daños y perjuicios de difícil reparación, ya que se le niega el derecho a formar parte del Ejército y a recibir los beneficios de seguridad social derivados de tal carácter. Ahora bien, en el tercer párrafo del considerando cuarto la Juez del conocimiento sostiene: ‘Por último, por lo que respecta a los efectos y consecuencias del acto antes identificado en el considerando que antecede, es decir, el oficio número SGB-I-40786 de fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que contiene la declaración de procedencia definitiva de retiro como activo del Ejército Nacional Mexicano; con fundamento en los artículos 124, 131 y 193 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada por el quejoso ... en razón que de otorgarse se vería afectado el orden público e interés social, pues la sociedad está interesada en que se cumpla con tales actos los cuales tienden directa e indirectamente al debido desempeño que como actividad del Estado realizan las autoridades responsables de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto debe ser así, independientemente del perjuicio que resienta el quejoso, porque en todo caso es mayor la afectación que resiente el interés general con la concesión de la medida suspensiva, en estas condiciones se colige que no se reúne el requisito establecido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.’. La anterior consideración resulta errónea, ya que contrariamente a lo sostenido por la Juez del conocimiento, en tratándose del personal del Ejército y Fuerza Armada Mexicana, si bien es cierto que son elementos destinados a proteger primordialmente la integridad, independencia y soberanía de la nación o en su caso, auxiliando a la población civil, lo cierto es que se trata de servidores públicos que de una u otra forma dan protección a la población, por lo que, cuando se les dé de baja porque se nieguen a cumplir órdenes tendentes a proporcionar esta protección, es indudable que la suspensión debe negarse, pero cuando como en el caso que nos ocupa, la baja obedezca a otro motivo como es el padecimiento que dice sufrir el quejoso, con independencia de que haya sido o no contraído fuera del servicio (lo que sería en todo caso motivo del estudio que en cuanto al fondo del asunto se haga), es indudable que el otorgamiento de la medida suspensional no puede contravenir lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que, en la especie no se advierte del examen de las constancias de autos que se encuentre imposibilitado para cumplir las funciones que se le encomienden, por lo que la medida de ninguna forma se vería afectado el orden público y el interés social, ya que no se tendrán en estricto sentido del incumplimiento de una orden militar, máxime, si se toma en consideración que el recurrente ostenta el grado de sargento primero auxiliar, dibujante, de lo que se desprende que no realiza ninguna actividad que pueda considerarse como esencial para el instituto armado, por lo que, en este aspecto procede revocar la interlocutoria sujeta a revisión y otorgar la suspensión definitiva para el efecto de que no se le impida seguir prestando los servicios en la forma y términos en que los tenía encomendados hasta antes del aviso de baja que reclama, salvo que a la fecha se encuentre imposibilitado físicamente para prestarlos. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable a foja 240 del Tomo II, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y contenido siguientes: ‘ÓRDENES MILITARES PARA DETERMINAR SI LA SUSPENSIÓN ES PROCEDENTE DEBE ATENDERSE A SU CONTENIDO. La fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, medularmente dispone que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden público, y se considera que sucede así cuando de concederse la suspensión se permita el incumplimiento de órdenes militares, dirigidas a satisfacer atribuciones primordiales, tales como la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, y la soberanía nacional, la seguridad interior del país y el auxilio a la población civil en casos de necesidad pública, entre otros supuestos trascendentes, en los cuales se ha considerado que resulta un perjuicio para el interés social. Ello es así porque en la exposición de motivos se aprecia que la razón que dio lugar a la reforma legal que incluye las órdenes militares entre los actos cuya suspensión se considera perjudicial para el interés social o contraria a disposiciones de orden público, consiste fundamentalmente en que todo militar debe quedar ineludiblemente obligado a cumplir las órdenes que sus superiores le dirijan, cuando estén vinculadas con el desempeño de las misiones y servicios propios de las fuerzas armadas de México, deduciéndose que la negativa de que se conceda la suspensión contra órdenes militares, se encuentra vinculada con aquellas órdenes cuyo cumplimiento y ejecución estén encomendados al mismo destinatario de la orden, lo que denota que un militar no debe ser beneficiado con la suspensión contra órdenes militares que el mismo deba cumplir, situación que difiere ostensiblemente del caso en que el militar quejoso no es el mismo sujeto obligado a acatar la orden de que se trate, sino quien resultará perjudicado con la ejecución que de esa orden lleve a cabo su destinatario. En cambio cuando las órdenes militares no estén vinculadas directamente con los fines que persiguen los institutos armados, o rebasen los límites de su competencia y sus actos o ejecución incidan en la esfera jurídica de individuos particulares o bienes no sujetos a ese régimen castrense, el otorgamiento de la suspensión es factible si se satisfacen los requisitos legales, es decir, se debe atender al caso específico, lo que significa que no basta que se trate de una orden militar para que por ese simple hecho la suspensión sea negada en todos los casos.’. Por otra parte, también resultan fundados los agravios que hace valer el recurrente, en el sentido de que la Juez del conocimiento viola en su perjuicio los artículos 76, 77, 78, 124, 130 y 193 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al negar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del oficio número SGB-I-40786 de fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve y del memorándum número 324 de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, cuyos efectos y consecuencias se hicieron consistir en la negativa y seguir proporcionado atención médica y medicamentos al recurrente, a su cónyuge y a sus menores hijos, así como la orden para desocupar el departamento número 34, edificio 25 de la unidad habitacional Colegio Militar, apoyándose en el hecho de que el memorándum no se refiere a tales actos sin tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y que por otra parte no se acreditó ser el propietario del inmueble. Tales argumentos resultan fundados ya que como lo sostiene el recurrente, los artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establecen lo siguiente: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). ‘Artículo 18.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 20 de esta ley determina en sus fracciones I y II lo siguiente: ‘Artículo 20, fracciones I y II.’ (se transcriben). Por otra parte, los artículos 152 a 155 de la ley mencionada anteriormente disponen: ‘Artículos 152 a 155.’ (se transcriben). De la interpretación armónica de estas disposiciones se advierte que los militares en activo y en retiro tienen derecho a la prestación de los servicios médicos que presta el mencionado instituto, ya que tales prestaciones derivan precisamente de su carácter militar. Ahora bien, la juzgadora niega la medida al considerar que el memorándum número 434 de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, no se refiere a los efectos y consecuencias consistentes en proporcionar atención médica y medicamentos a los quejosos, y además, que no acreditaron la existencia de un derecho legítimamente tutelado conforme a lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, para gozar de la medida cautelar ya que no justificaron ser propietarios del inmueble referido. Consideraciones que se estiman erróneas, en virtud que por ser el recurrente ... un militar en activo tales prestaciones derivan de ese carácter y, por tanto, tiene derecho a gozar de ellas, conforme a lo dispuesto en los citados preceptos, además, que como lo sostiene en sus agravios se le está exigiendo, en el multirreferido memorándum, la entrega del departamento que habita; por tanto, si está reclamando la orden que lo obliga a desocupar la vivienda, es claro que la suspensión procede a fin de no dejar sin materia el juicio de amparo en este aspecto."
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el incidente en revisión RI. 274/2002, promovido por ... por su propio derecho y en representación de sus menores hijas ... en sesión del día treinta de octubre de dos mil dos al modificar la interlocutoria, negar por una parte y conceder por la otra la suspensión definitiva solicitada, basándose para ello en las siguientes consideraciones:
"Por lo que se refiere a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, consistentes en que las autoridades responsables le impidan al quejoso seguir prestando sus servicios en el Ejército Mexicano, este Tribunal Colegiado considera que resulta procedente la concesión de la medida cautelar solicitada, en atención a lo siguiente: En efecto, si el acto principalmente reclamado se hace consistir en el oficio SGB-V-9019, de cinco de marzo de dos mil dos, mediante el cual se declara la procedencia definitiva de retiro del activo del quejoso, hoy recurrente ... (fojas ochenta y ochenta y seis del cuaderno incidental) y en dicho oficio se asienta expresamente que la declaratoria de retiro obedeció a que: ‘por acuerdo del general secretario de Defensa Nacional ...’ (se transcribe). En el caso se estima que debe concederse la suspensión para que no surta efectos el oficio de retiro, y se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto se emita la resolución definitiva que resuelva el fondo del asunto, ya que este tribunal considera que se cumple el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de autos no se advierte que con el otorgamiento de dicha medida cautelar se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ya que para considerar que esos dos rubros se ven afectados, es necesario acreditar que se priva a la colectividad de un beneficio otorgado por las leyes o que se le cause daño que de otra manera no lo resentiría, lo cual no ocurre en este caso, si se toma en consideración que del acto reclamado por el quejoso consistente en la declaración de la procedencia definitiva de retiro contenida en el oficio SGB-V-9019, de cinco de marzo de dos mil dos, la cual obedeció a que el hoy quejoso resultó positivo a la prueba elisa para la detección de anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia humana, no se advierte un peligro real e inminente en perjuicio del orden público para el caso de que siga trabajando el hoy quejoso en el cargo que ha venido desempeñando, pues el solo hecho de que sea portador del virus de inmunodeficiencia adquirida, no es suficiente para considerar que de seguir desempeñándose en sus labores de capitán primero de caballería, diplomado del Estado Mayor, se cause perjuicio a la sociedad, siendo que las autoridades responsables no aportaron elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o que implicaría una contravención directa e ineludible a disposiciones de orden público, no sólo por el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo; por tanto, se considera que es procedente que en el presente caso no está en juego el interés público, sino el de un particular, el cual de llegarse a ejecutar el acto reclamado podría resultar dañado en forma mayor que en su caso pudiera llegarse a dañar el interés colectivo. Así, al sopesar las circunstancias establecidas en el párrafo que precede, este Tribunal Colegiado estima que es procedente conceder la suspensión definitiva a favor del quejoso, para que no se ejecute el acto reclamado y se le permita continuar en el desempeño de sus labores propias de su cargo, así como la obtención del beneficio económico que de ello derive. Es aplicable a esta consideración, la tesis de jurisprudencia número 436, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 765, de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que dice: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.’. Las tesis que invoca el recurrente en el escrito de expresión de agravios resultan inaplicables, pues de su texto se advierte que se refieren a la procedencia de la suspensión tratándose de órdenes militares, hipótesis que es distinta al caso de que se trata, que alude expresamente a la procedencia definitiva de retiro del activo del quejoso como militar del Ejército Mexicano. En las relatadas condiciones, al resultar ineficaz en parte y fundado en otra el agravio hecho valer, procede modificar la interlocutoria recurrida, negar y conceder la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados de las autoridades que se precisan en los considerandos segundo a cuarto de la interlocutoria recurrida, por las razones que quedaron puntualizadas en los considerandos quinto, sexto y séptimo de esta ejecutoria."
El mismo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión del día dos de abril de dos mil tres, por unanimidad de votos resolvió el incidente de suspensión en revisión RI. 847/2003, interpuesto por ... por su propio derecho, y los dos primeros en representación de sus hijas menores de edad ambas de apellidos ... basándose en las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Son fundados pero inoperantes los agravios formulados, atento a las consideraciones siguientes. En su escrito de agravios, el recurrente menciona que la resolución incidental, que niega la suspensión definitiva en contra de las consecuencias del retiro forzoso decretado en su persona, viola en su perjuicio los artículos 76, 77, 78, 124, 130 y 192 de la Ley de Amparo, así como el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Manifiesta que la a quo consideró que con el otorgamiento de la medida cautelar se ocasionaría perjuicio al interés social, dado que el servicio que presta se encuentra sometido a los principios de disciplina y organización, que rigen a los funcionarios públicos. Sin embargo, la Juez llega a dicha conclusión por no tomar en cuenta la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal de rubro: ‘MILITARES PARA DETERMINAR SI LA SUSPENSIÓN ES PROCEDENTE DEBE ATENDERSE A SU CONTENIDO.’. En efecto, de acuerdo con dicho criterio el solo hecho de que el acto reclamado sea una orden militar no es suficiente para decretar la improcedencia de la suspensión; el juzgador debe analizar el contenido de la orden para determinar si la misma se encuentra relacionada con el cumplimiento de las funciones primarias encomendadas por la Constitución al Ejército (como la defensa de la soberanía, la seguridad interior del país, auxiliar a la población civil en caso de desastres, etcétera), pues sólo de ser ese el caso resultaría improcedente la medida cautelar. Por tanto, si en la especie la orden de retiro forzoso tiene su sustento en el hecho de que contrajo el virus del sida resulta evidente que el otorgamiento de la medida cautelar no causa perjuicio al interés público; máxime que no existen elementos que permitan suponer que se encuentra imposibilitado físicamente para seguir desempeñando, como consecuencia de dicha condición, sus labores como sargento primero auxiliar dibujante. Por otra parte, señala que el hecho de que la Juez sustente la negativa referida en la circunstancia de que las personas enfermas por regla general se encuentran impedidas a realizar adecuadamente sus funciones constituye una cuestión relacionada con el fondo del asunto, que consecuentemente no puede servir de sustento para negar la suspensión del acto reclamado. Asimismo menciona que tampoco es cierto lo sustentado por la a quo en el sentido de que las consecuencias de la baja o retiro impugnada se consuman desde su emisión, debido a que impide de inmediato que el servidor público continúe desempeñando su cargo. Lo anterior obedece a que las consecuencias de dicho acto reclamado se prolongan en el tiempo; es decir, se está en presencia de actos de tracto sucesivo, en contra de los cuales resulta procedente la medida cautelar solicitada. Agrega que resulta incongruente la consideración de la Juez por la que sustenta la negativa en otorgar la suspensión consistente en que mediante el acto reclamado no se le esté privando de las prestaciones a que tiene derecho a recibir con motivo de su baja o retiro. En razón de que las prestaciones referidas constituyen un derecho que surge como consecuencia de que surta efectos la orden de baja; situación que justamente es la que se pretende evitar mediante la medida cautelar solicitada. Son en parte fundadas las afirmaciones anteriores, pero insuficientes para revocar el fallo impugnado. En efecto, es cierto que la consideración en que la Juez apoyó su determinación para negar la suspensión, consistente en que las personas enfermas por regla general no pueden seguir desempeñando sus funciones de manera adecuada, constituye en realidad un argumento de fondo, dirigido en todo caso a tratar de demostrar la legalidad de una orden de baja o retiro emitida con apoyo en tales circunstancias; también es cierto que las consecuencias de la baja o retiro no se consuman con su emisión, toda vez que los efectos de esa, consistentes en estar impedido a seguir prestando sus servicios en el Ejército, se prolongan en el tiempo y, por ese motivo, son susceptibles de ser suspendidos mediante el otorgamiento de la medida cautelar. Finalmente, es igualmente cierto que resulta incongruente que la a quo sustente la negativa en otorgar la suspensión en el hecho de que a su parecer no se le está privando al recurrente de las prestaciones a que tiene derecho a recibir con motivo de su baja o retiro. En efecto, el hecho de que el recurrente recibiera las prestaciones a que tiene derecho por su baja o retiro únicamente acreditaría, en todo caso, que la autoridad administrativa ha cumplido con determinada obligación legal que se genera precisamente como consecuencia de decretarse la baja o retiro; sin embargo, no constituye un argumento tendiente a demostrar que en la especie se actualiza alguno de los impedimentos para otorgar la suspensión, previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. No obstante ser fundados los agravios referidos, sin embargo, resultan inoperantes para revocar el fallo impugnado, en virtud de que el recurrente no logró desvirtuar la diversa consideración en que la Juez apoyó su determinación para negar la medida cautelar, consistente en que con su otorgamiento se ocasionaría un perjuicio al interés público debido a que el servicio que presta el recurrente se encuentra sometido a los principios de disciplina y organización que rigen a los empleados de la administración pública, consideración que por sí sola resulta suficiente para sustentar la negativa impugnada. Para esclarecer lo anterior debe en primer término señalarse que de acuerdo con el artículo 108 constitucional los miembros del Ejército son funcionarios públicos, en virtud de que desempeñan un cargo dentro de la administración pública federal. Dicho precepto establece al respecto lo siguiente: ‘Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. ...’. Ahora bien, la suspensión del acto reclamado resulta improcedente contra la resolución que decreta la baja o retiro de un servidor público, en virtud de que la sociedad está interesada en que los funcionarios públicos se conduzcan durante su encargo de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. En esa tesitura, el tribunal de amparo debe permitir que la orden de baja o retiro de un servidor público decretada por la autoridad administrativa siga sufriendo (sic) sus efectos, en tanto no determine la ilegalidad de la misma; pues, de proceder de manera contraria, provocaría la reinstalación de una persona que, posiblemente, no cumpla con los estándares exigidos para el desempeño de las funciones del Estado. En vista de lo anterior, debe considerarse correcta la determinación de la Juez de negar la medida cautelar en relación con los efectos de la orden de baja o retiro, con fundamento en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que su concesión ocasionaría un perjuicio al interés social. No es óbice para arribar a la conclusión anterior la jurisprudencia número 2a./J. 56/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ÓRDENES MILITARES, PARA DETERMINAR SI LA SUSPENSIÓN ES PROCEDENTE DEBE ATENDERSE A SU CONTENIDO.’, en virtud de que dicho criterio se refiere a las órdenes dadas a los miembros en activo del Ejército por sus superiores jerárquicos, mas no a las resoluciones que decretan la baja o retiro de los mismos. En vista de lo considerado, lo procedente es confirmar la resolución recurrida."
Las ejecutorias antes transcritas dieron origen a la tesis del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, abril de 2003
"Tesis: I.7o.A.214 A
"Página: 1144
"SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA ORDEN DE BAJA O RETIRO DE UN MILITAR. El artículo 108 constitucional considera como servidor público a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de la administración pública; por consiguiente, los miembros del Ejército Nacional se encuentran incluidos en dicha categoría. En esa tesitura y habida cuenta de que nuestro Máximo Tribunal ha determinado en reiteradas ocasiones que no procede suspender los efectos de la resolución que decreta la baja de un servidor público debido a que la sociedad está interesada en que los funcionarios públicos realicen sus encargos de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, se concluye que el tribunal de amparo debe permitir que la orden de baja o retiro de un militar siga surtiendo sus efectos, en tanto no determine la ilegalidad de la misma; pues de proceder de manera contraria, se ocasionaría la reinstalación de una persona que podría no cumplir con los estándares exigidos por la Constitución para el desempeño de las funciones del Estado."
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesión de fecha nueve de noviembre de dos mil cuatro, el incidente en revisión RA. 446/2004, promovido por ... determinó negar a la parte quejosa la suspensión solicitada en los términos precisados en el resolutivo primero de la interlocutoria recurrida; así como por los actos consistentes en el impedimento para que pueda prestar sus servicios en el Ejército Mexicano y, como consecuencia, para percibir los haberes correspondientes; conceder la suspensión para el solo efecto de que no se le prive del servicio médico, hospitalización y medicamentos esenciales para el adecuado tratamiento de la infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH del cual es portador, lo anterior se basó en las siguientes razones:
"NOVENO. En el segundo, tercero, cuarto y quinto conceptos de agravio, los cuales se estudian en forma conjunta por coincidir en sus planteamientos de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, sostiene la recurrente, en síntesis, que la interlocutoria recurrida, viola en su perjuicio lo establecido en los numerales 122, 124, 192 y 196 de la Ley de Amparo, por su incorrecta aplicación los dos primeros y por su inobservancia los dos restantes en relación con la tesis de jurisprudencia número 1.7o.A.214 A, de rubro: ‘... SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA ORDEN DE BAJA O RETIRO DE UN MILITAR.’. Que la trasgresión a los preceptos de la Ley de Amparo se actualiza porque el secretario del juzgado del conocimiento, en una franca violación a lo establecido en la fracción II del artículo 124 del citado ordenamiento legal, concede al quejoso la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que siga prestando sus servicios al Ejército Mexicano como cabo de infantería, siendo que el amparista por la enfermedad que padece, no está sano, apto y útil para continuar laborando en las fuerzas armadas. Que como está acreditado con el expediente clínico del amparista que obra en el cuaderno incidental, el cabo de infantería ... se encuentra inútil en primera categoría para el servicio activo de las armas por padecer reactividad positiva repetida a la prueba de elisa para la detección de anticuer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19361-1aee3f7d/ejercito-y-fuerza-aerea-mexicanos-procede-conceder-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. LOS ALUMNOS DEL CURSO PARA INGRESAR A ESA INSTITUCIÓN TIENEN INTERÉS PARA RECLAMAR EN AMPARO SU BAJA O SEPARACIÓN. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2005-SS)
- REVISIÓN FISCAL. EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TIENE LEGITIMACIÓN (CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2008-SS)
- NOTIFICACIÓN EN MATERIA FISCAL. LA PRACTICADA EN DÍA INHÁBIL ES ILEGAL Y NO PUEDE CONVALIDARSE POR HABERSE REALIZADO EN FORMA PERSONAL CON EL INTERESADO O CON SU REPRESENTANTE LEGA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/2005-SS)
- COMPETENCIA POR MATERIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 132/2005-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis