COMPETENCIA POR MATERIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DECIDIÓ RETIRAR LA INMUNIDAD PROCESAL Y SEPARAR DE SU CARGO A UN SERVIDOR PÚBLICO, DEBE CONOCER DEL AMPARO UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 132/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el conflicto competencial administrativo número 4/2005 resuelto el día quince de junio de dos mil cinco, en la parte que interesa, sostiene:
"QUINTO. La competencia para conocer de la demanda de nulidad corresponde a la Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, en atención a los siguientes razonamientos. Para un mejor análisis del conflicto competencial suscitado con motivo del rechazo de los Juzgados de Distrito contendientes, se estima necesario reseñar los antecedentes que informan la génesis del presente asunto: 1. El numeral 111 de nuestra Carta Magna establece: (se transcribe). 2. El juicio de amparo indirecto fue promovido por ... en contra de ‘... la suspensión de prerrogativas contenidas en el artículo 35, fracción I, constitucional, por virtud de la violación que declara ha lugar a proceder contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, separando inmediatamente del cargo al ...’, emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 3. La demanda se turnó al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el cual mediante proveído de tres de mayo de dos mil cinco, dictado en el expediente A-626/2005, se declaró incompetente, y ordenó remitir la demanda de garantías al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el Distrito Federal, para que manifestara si aceptaba o no la competencia. Dicha determinación se apoyó en que el acto reclamado era de naturaleza penal intrínseca, con independencia de la autoridad que lo emitió, ya que tiene por objeto la prosecución de un proceso penal que puede concluir en la privación de la libertad de ... haciendo efectivo el cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez de la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican preferentemente a esa rama del derecho. 4. Inconforme con la resolución anterior, la Juez Primero de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, insistió que la competencia del juicio en comento correspondía al Juzgado de Distrito declinante, con base en que el acto realmente reclamado lo era la ‘suspensión de prerrogativas contenidas en el artículo 35, fracción I, constitucional’, y no la declaratoria de procedencia de la acción penal. Tal consideración fue así, porque a juicio de dicha juzgadora los efectos del acto reclamado son la afectación de un derecho subjetivo, como lo es que injustificadamente se han suspendido las prerrogativas ciudadanas del impetrante de garantías de votar en elecciones populares, por lo que las autoridades responsables eran formal y materialmente administrativas. 5. Al no compartir el criterio en que se sustentó la resolución anterior el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal insistió en declinar su competencia a favor de la juzgadora referida, ordenando remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema en comento, sostiene, entre otras, las tesis consultables, respectivamente, a páginas mil ciento diecinueve, mil ciento veintidós y mil ciento veintiséis del Tomo XX, del mes de diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que dicen: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO) QUE SE PRESENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). ‘DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). ‘SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). INICIADO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ES IRREPARABLE.’ (se transcribe). Asimismo, sobre el tópico en comento, la Segunda Sala y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido, entre otras, las tesis y jurisprudencia visibles, respectivamente, a páginas doscientos noventa y dos, doscientos cuarenta y ocho y cuarenta y nueve, de los Tomos XIII, XII y XX, de los meses de febrero de dos mil uno, diciembre de dos mil y julio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que dicen: ‘DIPUTADO, DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO SI EL QUEJOSO DEJA DE OCUPAR EL CARGO POR EL QUE GOZABA DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y FUERO CONSTITUCIONAL. SU APLICACIÓN CUANDO SE TRATA DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE RECLAMACIONES CIVILES QUE SE IMPUTAN A UN DIPUTADO FEDERAL.’ (se transcribe). ‘DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DE DICHO PROCEDIMIENTO NO SON SUSCEPTIBLES DE SUSPENDERSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.’ (se transcribe). Esto es, de dichos criterios se colige, en síntesis, que la declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, prevista por el artículo 111 de la Carta Magna, previa solicitud de la autoridad ministerial, por ser a quien corresponde el ejercicio de la acción penal, es un requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal, para determinar si existen elementos en la averiguación previa que justifiquen el proceder de la autoridad ministerial, en contra de los servidores públicos indicados en dicho precepto, por lo que es para determinar si es o no la ocasión para juzgar penalmente a un funcionario público, y, de ser el caso, remover la inmunidad procesal (‘fuero’) que la propia Constitución Federal les atribuye para que queden a disposición de las autoridades correspondientes para ser juzgados penalmente. Cabe destacar, que la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 25, reconoce que dicha declaración se da dentro del procedimiento penal al determinar: ‘... Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el párrafo (sic) del artículo 111 de la Constitución General de la República se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la sección instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. Si a juicio de la sección la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara para que ésta resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, la sección deberá rendir su dictamen en un plazo de sesenta días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la sección. En ese caso se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político ...’. Así las cosas, también se concluye que en dicho caso la citada Cámara se rige como un acto de soberanía del mencionado órgano legislativo que, en última instancia, se reduce a una cuestión de tiempos para la esfera penal; sin embargo, es responsabilidad de los órganos de jurisdicción penal determinar si existe actuación ilícita punible. Por otra parte, aun cuando el acto reclamado se hizo consistir en la ‘... Suspensión de prerrogativas contenidas en el artículo 35, fracción I, constitucional, por virtud de la votación que declara ha lugar a proceder contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, separando inmediatamente del cargo al ...’, emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y, además, se expresaron argumentos en los cuales se advierte que el quejoso alega diversos razonamientos encaminados a demostrar que dicho órgano le vulnera sus garantías al declararse la procedencia penal contra el mencionado jefe de Gobierno, separándolo de su encargo, porque le transgredía su derecho al sufragio universal y directo, ello es insuficiente para declarar la materia a la que corresponde el acto reclamado, puesto que debe examinarse íntegramente la demanda de garantías para determinar qué es lo realmente impugnado. Efectivamente, en el asunto que nos ocupa se reclama la declaración de procedencia de mérito por considerar que afecta ‘la garantía constitucional de votar por el licenciado ...’. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene la tesis consultable a página veinte del Volumen 44, de la Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación de la Séptima Época, en la que se lee: ‘COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISIÓN. DEBE RESOLVERSE EN RAZÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES.’ (se transcribe). De lo anterior se advierte que, atendiendo a la competencia establecida para los recursos de revisión, para determinar a qué juzgado constitucional corresponde conocer el asunto que nos ocupa debe atenderse a la naturaleza material del acto reclamado, sin olvidar que el propósito fundamental perseguido por el Constituyente en el artículo 16 constitucional, fue garantizar la seguridad de las personas, impidiendo que cualquier autoridad pudiera ordenar actos perturbadores de aquéllas, en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, para evitar que autoridades administrativas ordenaran la aprehensión o decretaran la formal prisión de un individuo. Por otra parte, los numerales 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: (se transcriben). Del examen de los preceptos transcritos se colige que la fracción I del artículo 51 transcrito prevé, entre otros supuestos de competencia, que a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal corresponde conocer de los juicios de garantías que se promuevan ‘contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal ...’. Ahora bien, como donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, es válido interpretar en forma extensiva la fracción de mérito y sostener que la competencia también se surte cuando una resolución pueda producir la consecuencia de afectar la libertad personal, que en el caso lo es la referida declaración de procedencia impugnada en un juicio de garantías, puesto que con ello se está afectando, aunque veladamente, la libertad del jefe de Gobierno del Distrito Federal, puesto que a pesar de su función con dicha declaración se desaparece el obstáculo que tenía el Ministerio Público para proceder penalmente contra dicho servidor público, a solicitud del propio agente ministerial, indiscutiblemente sí afecta a éste, puesto que aun cuando no se le sancionara con la privación de la libertad, lo cierto es que la afectación de la libertad debe entenderse en sentido amplio y las diversas medidas que se pudieran tomar a efecto de iniciar la averiguación, e incluso de ejercerse la acción penal, afecta la libertad del involucrado. Sirve de apoyo, por similitud de entidad, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos sesenta y nueve del Tomo V del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del sentido literal siguiente: ‘AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO.’ (se transcribe). Así las cosas, se colige que las atribuciones de los Jueces de Distrito en los juicios de amparo para conocer de un asunto, se da en los actos materialmente penales, no sólo con fundamento en la fracción I antes examinada, sino del contenido del propio numeral 51 transcrito, puesto que de él se desprende que su competencia deriva de la naturaleza penal del acto con independencia de la naturaleza de la autoridad que los expide, es decir, el acto puede emanar de cualquier autoridad judicial o administrativa, con tal de que se trate de un acto materialmente penal. Esto es, como ya se dijo, aun cuando expresamente dicha fracción I no hace mención a que los juzgadores constitucionales penales (sic) éstos deben conocer de los asuntos como el que ahora nos ocupa, es decir, los que se promuevan contra la declaración de procedencia contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal. No es óbice a lo anterior la circunstancia de que el quejoso haya promovido el juicio de amparo porque consideró que se le impide votar por el licenciado ... puesto que la competencia no deriva de la garantía que se considera afectada sino, como se precisó en líneas precedentes, la naturaleza del acto propiamente impugnado, y sostener lo contrario llevaría al extremo de dejar que el propio gobernado determine la competencia de los juzgadores mediante sus conceptos de violación. Efectivamente, como dicha suspensión se emitió con la finalidad de no suspender la procedencia de la acción penal en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, es inconcuso que el acto así debe examinarse con su naturaleza fundamental, por lo que si tuvo a su vez un efecto diverso, ello resulta irrelevante para los efectos que son materia de esta ejecutoria. En tales condiciones, y con entera independencia de la posibilidad de que en el caso se surtan diversas causas de improcedencia manifiestas e indudables, deberá remitirse el expediente a la Juez Primero de Distrito ‘A’ en Materia Penal en el Distrito Federal para que se aboque al conocimiento y resuelva lo conducente, comunicándose lo anterior al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal para su conocimiento y efectos legales."
Por su parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió el uno de junio de dos mil cinco, el conflicto competencial número 10/2005, bajo las consideraciones esenciales siguientes:
"TERCERO. Para estar en condiciones de determinar en cuál de los Juzgados de Distrito contendientes radica la competencia para conocer y resolver el conflicto jurídico a que este asunto se refiere, resulta pertinente, en principio, precisar las consideraciones que cada uno de ellos sostienen para sustentar sus posturas: El Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal consideró, en lo esencial, que el acto señalado como reclamado en la correspondiente demanda de amparo, no encuadra en alguno de los supuestos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, habida cuenta de que aun cuando emana de una autoridad administrativa, su naturaleza es esencialmente penal, puesto que el procedimiento de declaración de procedencia no se inicia con una solicitud de desafuero del inculpado, sino con la integración de una averiguación previa, en la que el Ministerio Público Federal haya determinado ejercer la acción penal, acto que tiene por objeto la privación de la libertad del funcionario en cuestión, por lo que determinó remitir los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal en turno. En cambio, la Juez Sexto de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, sostuvo que el acto reclamado no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el juicio de procedencia llevado a cabo por la Cámara de Diputados tiene el carácter de administrativo, pues si bien puede culminar con el ejercicio de la acción penal, este último acto es independiente del procedimiento citado en primer término. En ese sentido, determinó que si bien es cierto que conforme al artículo 111 constitucional la Cámara de Diputados determinará si procede o no el ejercicio de la acción penal en contra del funcionario sujeto a investigación, no menos lo es que no prejuzga sobre su responsabilidad penal, lo que evidencia que se trata de una decisión política derivada de un procedimiento administrativo, por lo que concluyó que se trata de procedimientos diversos y autónomos, razón por la cual, no aceptó la competencia declinada y ordenó devolver los autos al juzgado de origen. Las anteriores precisiones evidencian la existencia de un conflicto competencial negativo entre ambos Juzgados de Distrito, habida cuenta que cada uno de ellos, respectivamente, estimaron que el acto reclamado tiene naturaleza jurídica diferente a aquella de la que deben conocer. Sobre tales premisas es pertinente efectuar las siguientes precisiones: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando cada uno de ellos es una ramificación de un órgano único y potencialmente posee jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esta limitación de sus atribuciones, esta medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por ello, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede realizar en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente. Para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Por regla general, en la República mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que, a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, el tribunal de competencias debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencias, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho del Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’ (se transcribe). Es pertinente tener en consideración que el Poder Judicial de la Federación tiene encomendada una doble función: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar los dos primeros, a saber: el territorio y la materia. La competencia territorial es la que distribuye las facultades para juzgar, o sea, para decir el derecho entre diversos órganos jurisdiccionales, según diferente asignación de límites geográficos. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 36 de la Ley de Amparo, al precisar que cuando conforme a las prescripciones de esa ley, sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y que la misma regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. A su vez, la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado ‘De los Juzgados de Distrito’, regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: (se transcriben). Como se desprende de los preceptos legales transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo: Jueces Federales Penales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; Jueces de Distrito Civiles Federales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil; y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Asimismo, precisa que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo antes transcrito. En ese contexto, si se toma en consideración que, como se ha indicado, el aspecto fundamental conforme al cual se determina la competencia material a favor de algún Juez de Distrito, reside fundamentalmente en la naturaleza jurídica del acto reclamado, es necesario precisar, en primer término, el acto destacado en el juicio de garantías del que deviene el presente conflicto competencial. En ese sentido, el quejoso precisó el acto reclamado en el juicio de garantías de la siguiente forma: ‘IV. Acto reclamado. Suspensión de prerrogativas contenidas en el artículo 35, fracción I, constitucional, por virtud de la votación que declara ha lugar a proceder contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, separando inmediatamente del cargo al ...’. Cabe significar que del análisis integral del escrito de demanda de garantías se desprende que el quejoso aduce que la decisión de la Cámara de Diputados del siete de abril de dos mil cinco, el (sic) sentido de separar al jefe de Gobierno del Distrito Federal de ese cargo, suspende su derecho a votar en las elecciones populares, en específico las que tendrán verificativo en el año dos mil seis, además de que con tal determinación cesó de su encargo a un funcionario que eligió a través del sufragio, lo que resulta violatorio de los artículos 35, fracción I y 39 de la Constitución Federal. De lo hasta aquí precisado, queda de relieve que los actos reclamados en el juicio de garantías se pretenden derivar de la resolución dictada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siete de abril de dos mil cinco, en el procedimiento de declaración de procedencia, en la que ese órgano legislativo determinó separar de su cargo al jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como también, retirarle el fuero constitucional. Ahora bien, el citado procedimiento de declaración de procedencia está regulado en cuanto a su trámite y resolución en el artículo 111 de la Constitución Federal, que a la letra señala: (se transcribe). Del precepto constitucional transcrito se desprende que para proceder penalmente contra determinados funcionarios, entre los que se encuentra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado y, en caso de considerar que sí procede, el efecto será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. En ese sentido, los procedimientos de declaración de procedencia, conocidos también como ‘desafuero’, tienen por objeto remover la inmunidad procesal o ‘fuero’ que la propia Constitución atribuye a ciertos servidores públicos y que hecho que sea, en su caso, el sujeto quede a disposición de las autoridades correspondientes para ser juzgado penalmente como cualquier otro ciudadano común que no goza de tal prerrogativa, es decir, que lo sitúa en un plano de igualdad respecto del común de los gobernados. Una vez sustanciado el citado procedimiento, la Cámara de Diputados decide si ha lugar o no a desaforar al servidor en cuestión, pero no juzga sobre si hay o no delito o si hay o no responsabilidad penal imputable, esto es, si bien se toman en cuenta los elementos de la indagatoria con base en los cuales se solicita el desafuero u otros, la decisión antes y más que nada valora si el funcionario debe enfrentar en ese momento el proceso penal o no; lo que evidencia que se trata pues de una ponderación política a cargo de un órgano político. En esa tesitura queda de manifiesto que en los casos de los servidores públicos mencionados en el párrafo primero del artículo 111, entre los que se encuentra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, la declaración de procedencia o desafuero se concreta a determinar la conveniencia o no de remover el llamado ‘fuero’ del funcionario para que éste quede sujeto a las leyes procesales penales en un acto eminentemente político, que si bien es precedido por un antecedente penal, se erige como un acto de la propia soberanía de la Cámara Legislativa. Al respecto, es importante destacar que el fuero es un privilegio que el Constituyente otorgó a determinados funcionarios públicos de alto rango para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento de sus opositores políticos, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos, razón por la cual, no debe confundirse con lo que en la teoría del delito se llama excluyente de responsabilidad, que impediría en todo caso que la figura delictiva llegare a configurarse; puesto que constituye un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 37/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 388, Tomo III, junio de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, del siguiente contenido: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. FUERO, CONCEPTO DE.’ (se transcribe). En ese sentido, la circunstancia que un funcionario público esté provisto de inmunidad no imposibilita que se lleve a cabo la averiguación previa correspondiente a fin de determinar si la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19143-fe55257d/competencia-por-materia-cuando-el-acto-reclamado-consiste · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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