MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. LOS ALUMNOS DEL CURSO PARA INGRESAR A ESA INSTITUCIÓN TIENEN INTERÉS PARA RECLAMAR EN AMPARO SU BAJA O SEPARACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el amparo en revisión número 112/94, promovido por Margarita Sánchez González, en la parte que interesa, determinó:
"CUARTO. Los agravios transcritos resultan esencialmente fundados para revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio, que se revisa. Ciertamente, no es correcta la decisión del Juez de Distrito al estimar infundada la causal de improcedencia que se le planteó, en el sentido de que los actos reclamados no lesionan el interés jurídico de la quejosa. A fin de corroborar esta consideración, se toma en cuenta que la promovente del amparo Margarita Sánchez González, forma parte de un grupo de aspirantes a Ministerio Público Federal, que ingresó al curso de capacitación que para tal efecto convocó la Procuraduría General de la República, a realizarse del quince de marzo al diecisiete de julio de mil novecientos noventa y tres, y que el acto reclamado en el juicio que se revisa, lo hace consistir en la ratificación de la resolución que la da de baja en ese curso. Cabe señalar, además, que el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Carrera de Agente del Ministerio Público Federal, en el que se establecen los procedimientos de selección, ingreso, reingreso, formación, permanencia, promoción, reconocimientos, prestaciones y sanciones de los agentes mencionados. Dicho ordenamiento legal establece en sus artículos 11 y 12, que el ingreso a la institución del Ministerio Público Federal, únicamente se realiza a través de la Comisión de Supervisión y Evaluación del Instituto de Capacitación y que el único procedimiento de selección será la acreditación de la formación inicial correspondiente y el concurso de oposición. Esta última condición también se encuentra prevista en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la siguiente manera: ‘Artículo 17. Para el ingreso de agentes del Ministerio Público Federal y de peritos adscritos a los Servicios Periciales, es condición indispensable la presentación y aprobación de examen de oposición, en los términos y con las características que fije el reglamento de esta ley.’. De lo expuesto, se llega al conocimiento que a más de la acreditación de la formación inicial correspondiente, el aspirante deberá participar en el concurso de oposición respectivo y, una vez cubiertos satisfactoriamente estos dos requisitos, se genera el derecho legítimamente tutelado para el interesado, de ingresar a la institución del Ministerio Público Federal, acorde a lo dispuesto en los ordenamientos legales mencionados. A contrario sensu, mientras no se acredite la terminación del curso de capacitación y la aprobación satisfactoria del concurso de oposición, el aspirante cuenta tan sólo con una mera expectativa de derechos, en virtud de que la satisfacción de estos dos requisitos, pueden o no cumplirse, dependiendo de la conducta que asuma dicho aspirante en la intervención y desempeño para su consecución; en tanto, es evidente que tales derechos aún no se generan. En efecto, no basta la mera afirmación de la quejosa de que los actos de las autoridades responsables le irrogan molestias en sus derechos, si no se prueba que éstos tengan una protección jurídica directa y particular, en virtud de que no todos los perjuicios que se resientan por un acto de autoridad se deben traducir en una afectación al interés jurídico, pues para darles este calificativo es necesaria la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta a quien lo resiente para acudir al órgano jurisdiccional respectivo, a demandar que esa transgresión cese. Luego, si los ordenamientos legales aplicables no establecen disposición expresa en el sentido de que todos los aspirantes que ingresaron al referido curso de capacitación obtendrían por ese solo hecho una plaza como agente de Ministerio Público Federal, sino por el contrario, el ingreso a esa institución supone la concurrencia de los dos supuestos mencionados, que por otra parte, no se acredita que se hayan satisfecho ni se pueda tener la certeza de que fuesen a cubrirse satisfactoriamente, es claro que la ratificación de baja que de tal curso reclama la quejosa, no afecta su interés jurídico al no contar todavía con algún derecho legítimamente tutelado y, por ende, no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Consecuentemente, en virtud de que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación real por el acto reclamado de los derechos que se invoquen y no la mera expectativa de esos derechos, se está en la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo; y, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la propia ley invocada, es de sobreseerse en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a esta determinación, la tesis publicada en las páginas 180-181, Primera Parte, Compilación 1988, de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUÁNDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en público (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por el mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular; sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un «poder de exigencia imperativa»; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica por éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en virtud de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguna de las particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquier autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan «el poder de exigencia» correspondiente.’. Por lo expuesto y fundado; con apoyo, además en los artículos 83, 85, 90, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se refiere. Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese este asunto."
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis aislada:
"MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, ASPIRANTE A AGENTE DEL. LA BAJA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN NO AFECTA SUS INTERESES JURÍDICOS. De conformidad con el Reglamento de la Carrera de Agente del Ministerio Público Federal, el ingreso a dicha institución, únicamente se realiza a través de la Comisión de Supervisión y Evaluación del Instituto y el único procedimiento de selección será la acreditación de la formación inicial correspondiente y el concurso de oposición. Esta última condición también se encuentra prevista en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que dice: ‘Artículo 17. Para el ingreso de agentes del Ministerio Público Federal y de peritos adscritos a los Servicios Periciales, es condición indispensable la presentación y aprobación de examen de oposición, en los términos y con las características que fije el reglamento de esta ley.’. Luego, si los ordenamientos legales aplicables no establecen disposición expresa en el sentido de que todos los aspirantes que ingresaron al referido curso de capacitación obtendrían por ese sólo hecho una plaza como agente del Ministerio Público Federal, sino por el contrario, el ingreso a esa institución supone la concurrencia de los dos supuestos mencionados, es claro que la ratificación de baja que de tal curso reclama la quejosa, no afecta su interés jurídico al no contar todavía con algún derecho legítimamente tutelado."
Cabe precisar que en el caso analizado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la quejosa presentó demanda de garantías en la que señaló como acto reclamado, el siguiente:
"Acto reclamado. De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo la antijurídica ratificación de la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo número PGR/0213/93, mediante el cual se ratifica la baja que en mi perjuicio dictó la Comisión de Supervisión y Evaluación del Ministerio Público Federal. Y de la autoridad señalada como ejecutora, reclamo precisamente el hecho de mi baja como alumna del curso de capacitación para agente del Ministerio Público Federal, de la generación 1993-1, de dicho Instituto de Capacitación."
CUARTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, el amparo en revisión número RA. 9/2005, promovido por Cuauhtémoc Olvera Reynada, en la parte que interesa (foja cincuenta y nueve de la ejecutoria objeto de la contradicción de tesis planteada), determinó:
"... Visto lo anterior, en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y se procede a examinar las causales de improcedencia que se hicieron valer ... . Se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracciones V y XVIII, en relación con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, en virtud de que al solo ser alumno del multialudido curso sólo tenía una expectativa de derecho, y era necesario la aprobación del Curso de Inducción y/o Formación Inicial, lo cual no aconteció al carecer de la calificación mínima aprobatoria. Se expresa que se actualiza el precepto 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque el asunto no afecta los intereses jurídicos del quejoso. Lo anterior es infundado, puesto que si fue alumno del mencionado curso, es inconcuso que ahora puede impugnar el resultado del mismo y sus consecuencias, precisamente porque tal carácter le genera el interés jurídico necesario para ejercitar la acción constitucional de amparo. Atento a ello, y toda vez que no existe ninguna otra causa de improcedencia que se advierta de oficio o a petición de la autoridad responsable, se procederá a examinar los conceptos de violación no estudiados por la a quo, en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo."
Debe precisarse que en el asunto resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el quejoso promovió demanda de amparo en la que señaló, entre otros, los siguientes actos reclamados:
a) El procedimiento de selección, formación, capacitación y adscripción inicial en que se divide el denominado Ingreso al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal a que se refiere el artículo 30, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, procedimiento al que, previo el correspondiente concurso de oposición libre, dispuesto en el artículo 37 de la citada ley, se incorporó el quejoso en la formación inicial de la categoría básica de agente del Ministerio Público de la Federación.
b) La separación ilegal de que fue objeto el quejoso, respecto del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal instituido por el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al cual estaba incorporado con la finalidad de ser nombrado y adscrito en la categoría básica de agente del Ministerio Público de la Federación, separación que se suscitó, no obstante encontrarse en la última fase de la etapa descrita en dicha ley como de ingreso, es decir, en lo inherente a su adscripción inicial.
c) La omisión y/o negativa de recomendación del quejoso al procurador general de la República para su adscripción inicial como agente del Ministerio Público de la Federación, no obstante encontrarse en la etapa denominada como de ingreso.
d) La negativa de darle el nombramiento por escrito y adscripción inicial a la categoría básica de agente del Ministerio Público de la Federación.
e) La negativa de entregar la constancia que acredita al quejoso haber cursado y aprobado la formación inicial para agentes del Ministerio Público de la Federación, generación 2003-II, así como de reconocerle que ingresó al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal.
f) El examen departamental y la calificación reprobatoria que se le imputa al quejoso en el denominado Curso Inicial para Agentes del Ministerio Público de la Federación, generación 2003-II.
g) La exclusión del quejoso de la carpeta que contiene los antecedentes académicos del Curso Inicial para Agentes del Ministerio Público de la Federación, generación 2003-II, enviada a la directora general de Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, para que el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República propusiera la adscripción de los alumnos, cuyos nombres contiene la referida carpeta y en la que no figura el nombre del quejoso.
h) La sanción de baja fuera de todo procedimiento dentro del denominado Curso Inicial para Agentes del Ministerio Público de la Federación, generación 2003-II, al no haber reunido el perfil académico exigido para aprobarlo.
QUINTO. En principio debe señalarse que el hecho de que el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no se encuentre redactado y publicado conforme a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, no constituye un obstáculo para estimar que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, tal como deriva de la jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 94/2000, consultable en la página trescientos diecinueve del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Ahora bien, la existencia de un conflicto de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala que tendrá por objeto decidir cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan de los mismos elementos.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página setenta y seis, Tomo XIII, correspondiente a abril de dos mil uno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De los antecedentes y de las resoluciones precisadas en el considerando que antecede, se advierte que en el caso concreto sí se cumplen los presupuestos antes señalados para estimar que existe una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, por lo siguiente:
a) Al conocer de los asuntos de sus respectivos índices, los Tribunales Colegiados Segundo y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito analizaron una situación jurídica esencialmente igual, a saber, si los alumnos del curso para ingreso a la institución del Ministerio Público de la Federación tienen o no interés jurídico para reclamar en amparo la resolución que determina su baja o separación del curso.
b) Al resolver la cuestión planteada, los aludidos órganos colegiados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Segundo Tribunal Colegiado determinó que los alumnos del curso para ingresar a la Carrera de Agente del Ministerio Público de la Federación no tienen interés jurídico para reclamar en amparo la resolución que se les da de baja de dicho curso, dado que al ser aspirantes a ingresar a la citada carrera sólo cuentan con expectativas de derecho y no con un derecho legítimamente tutelado; de ahí que no cuenten con interés jurídico para promover la demanda de amparo.
Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó que es infundada la causal de improcedencia que hacen valer las demandadas en el juicio de garantías, prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la falta de interés jurídico, porque al ser el quejoso alumno del Curso de Formación Inicial para Agente del Ministerio Público de la Federación cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo.
c) Asimismo, los criterios precisados, parten de los mismos elementos, a saber:
1. En el asunto analizado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la demanda de garantías se reclamó la resolución que confirma la baja de la quejosa como alumna del Curso de Capacitación para Agente del Ministerio Público de la Federación, por haber resultado positivo el examen antidrogas que le fue aplicado.
En el asunto analizado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la demanda de garantías, entre otros actos, se reclamó la separación o baja del quejoso como alumno del Curso de Formación Inicial para ingresar a la Carrera de Procuración de Justicia Federal, en lo relativo a agente del Ministerio Público de la Federación, generación 2003-II, por no haber alcanzado la calificación mínima aprobatoria.
2. Para arribar a sus respectivas conclusiones, los Tribunales Colegiados de Circuito analizan si los alumnos del curso para ingresar a la Carrera de Agente del Ministerio Público de la Federación tienen interés jurídico para demandar en amparo la resolución de baja o separación de dicho curso.
Al tenor de todo lo expuesto, en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada por la Magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en torno a si los alumnos del curso para ingresar a la institución del Ministerio Público de la Federación cuentan o no con interés jurídico para promover el amparo en contra de la resolución que los da de baja o separa de dicho curso.
SEXTO. El criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es el que se sustenta en la presente resolución, conforme a lo siguiente.
En principio, debe señalarse que este Alto Tribunal ha determinado que de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo, requiere como presupuesto indispensable, que el promovente sea titular del derecho que se dice vulnerado con el acto de autoridad que se impugna y que éste lesione de manera directa su esfera jurídica. Así deriva de las tesis aisladas y jurisprudenciales, cuyos datos de identificación y contenido se señalan a continuación:
"Séptima Época
"Instancia: Sala Auxiliar
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 72, Séptima Parte
"Página: 55
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que ‘El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona.’. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, ‘no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados’ (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial."
"Séptima Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 127-132, Tercera Parte
"Página: 55
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Debiendo realizarse de manera directa la afectación de los intereses jurídicos, para la procedencia del juicio de amparo, sólo aquél que resulta afectado de esa manera puede promover el juicio de amparo."
"Séptima Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 37, Primera Parte
"Página: 25
"INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUÁNDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un ‘poder de exigencia imperativa’; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan ‘el poder de exigencia’ correspondiente."
De acuerdo con los c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19139-78b64c22/ministerio-publico-de-la-federacion-los-alumnos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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