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Modo: Corpus Pro

LEYES Y DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. PARA SU DEBIDA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA SÓLO ES NECESARIA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 156/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18539
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 390.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 156/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Procedencia. La denuncia de contradicción es procedente porque se trata de criterios sostenidos en sentencias dictadas en el amparo en revisión 1476/2001, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y en el amparo en revisión 265/2004-3495, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del que derivó la tesis TC011.127.9.AD1, pendiente de publicación, no siendo necesario que se trate de jurisprudencias o como en el caso de la sentencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que se haya formulado tesis, pues lo que se requiere es que en la sentencia exista la interpretación del punto concreto de derecho, cuya hipótesis tenga características de generalidad y abstracción, tal como lo han interpretado la Tercera Sala en la tesis 187, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte SCJN, consultable en la página 127, y la Segunda Sala en la tesis 2a./J. 94/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 319, que, respectivamente, dicen:

"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS. Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 Bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

En mérito de lo expuesto es procedente analizar el contenido de las sentencias de ambos Tribunales Colegiados, para posteriormente verificar si existen criterios jurídicos divergentes que, por estar dotados de generalidad y abstracción, procede sean dilucidados.

CUARTO. Sentencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil uno, el amparo en revisión 1476/2001, promovido por Línea Marítima Mexicana, S.A. de C.V., sostuvo, en síntesis, lo siguiente:

1. Que se deben respetar las formalidades en el proceso legislativo, de suerte tal que si un dispositivo señala la obligación de que una ley o un decreto sea publicado en determinado medio de difusión, este imperativo debe ser cumplido, pues de no ser así el proceso legislativo se encuentra viciado.

2. De conformidad con el artículo 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, toda ley o decreto expedido por la Asamblea Legislativa, debe cumplir con determinadas formalidades, como es el que sea publicada tanto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal como en el Diario Oficial de la Federación, pues de no hacerse así incurriría en una falta de respeto a las formalidades establecidas en la ley; en tanto que conforme a lo dispuesto en el numeral 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponden al jefe de Gobierno, en su carácter de titular de la administración pública del Distrito Federal, originalmente, todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por disposición jurídica no sean delegables, y según el numeral 22 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, es deber de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, entre otras cosas, el publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como el gestionar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de toda ley, reglamento, decreto, acuerdo o cualquier disposición jurídica que vaya a regir en el Distrito Federal.

3. El Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado únicamente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el treinta y uno de diciembre de dos mil, incumple lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, pues como ha quedado precisado, por lo menos a la fecha de la presentación de la demanda, no está acreditado que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación y, consecuentemente, al incurrir en esta violación a la formalidad prevista en el numeral de mérito, propicia a su vez una violación de la garantía de seguridad jurídica tutelada en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, que debe ser reparada.

QUINTO. Sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El Primer Tribunal Colegiado al resolver, en sesión de quince de julio de dos mil cuatro, el amparo en revisión 265/2004-3495, promovido por Línea Marítima Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, en síntesis, expuso:

1. Mediante la publicación el Poder Ejecutivo lleva al conocimiento de los habitantes la ley votada y promulgada, a través de un acto que permite a cualquiera su conocimiento y establece para lo futuro la presunción de que la ley es conocida por sus destinatarios.

2. De conformidad con el artículo 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su debida aplicación y observancia, deben publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

3. Tal publicación otorga la certeza de que los habitantes del Distrito Federal, en su carácter de sujetos destinatarios, conocen la ley votada y promulgada a partir de que apareció en el medio de difusión oficial de esa entidad federativa, de ahí que el legislador haya reconocido que ese acto es presupuesto suficiente para que se aplique y acate la norma.

4. Que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal disponga que las leyes y decretos expedidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal también se puedan publicar en el Diario Oficial de la Federación, sólo tiene como finalidad una mayor difusión, como expresamente lo reconoce el legislador, lo que responde a las circunstancias socio-políticas que imperan en tal entidad federativa en tanto constituye la capital del país, resultando de interés social conocer las normas que la rigen por la trascendencia política que tiene en la vida cotidiana la ciudad capital.

5. Jurídicamente no puede aceptarse que la omisión de publicar las leyes que expide la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Diario Oficial de la Federación implique un vicio a las formalidades del proceso legislativo, ya que la etapa de publicación queda satisfecha cuando la norma aparece en la Gaceta Oficial de dicha entidad, en la medida en que a través de ese acto conocen su contenido los sujetos destinatarios, con lo que se satisface la finalidad perseguida haciendo viable que se exija la observancia de lo dispuesto por el legislador.

6. Como el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal reclamado, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de diciembre de dos mil tres, no adolece de la falta de los requisitos de validez formales necesarios para que adquiera el rango de ordenamiento vigente y obligatorio.

Del criterio anterior, se formuló la tesis TC011.127.9.AD1, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto indican:

"CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. LA OMISIÓN DE PUBLICAR EL DECRETO QUE LO REFORMA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NO TRANSGREDE LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. La publicación de las normas tiene como finalidad hacerlas del conocimiento de sus destinatarios para que resulten de observancia general y surtan sus efectos con posterioridad a tal etapa del proceso legislativo; de modo que tratándose de leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se satisface esa exigencia cuando se publican en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hecho que otorga la certeza de que los habitantes de la capital del país conocen la ley aprobada y promulgada a partir de que apareció en el citado medio de difusión oficial, de ahí que el legislador haya reconocido que ese acto es presupuesto suficiente para que la norma se aplique y acate. Ahora, el hecho de que el artículo 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal disponga que tales leyes también deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación sólo tiene como finalidad una mayor difusión, como expresamente lo reconoce el legislador, lo que responde a las circunstancias socio-políticas que imperan en la capital del país, resultando de interés social conocer las normas que la rigen. Sin embargo, jurídicamente no puede aceptarse que la omisión de publicar el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal que expidió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Diario Oficial de la Federación implique un vicio a las formalidades del proceso legislativo, ya que la etapa de publicación queda satisfecha cuando la norma aparece en la Gaceta Oficial en la medida en que a través de ese acto conocen su contenido los sujetos destinatarios, con lo que se satisface la finalidad perseguida haciendo viable que se exija la observancia de lo dispuesto por el legislador."

SEXTO. Existencia de la contradicción de tesis. Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar si existe o no contradicción de tesis entre los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados.

Al respecto, debe tenerse presente que para que exista una contradicción de tesis resulta necesario que las resoluciones relativas se hayan adoptado respecto de una misma cuestión jurídica suscitada en un mismo plano y que expresa o implícitamente hayan arribado a conclusiones opuestas sobre esa cuestión, por lo que para determinar si efectivamente existe dicha oposición, no basta atender a la conclusión del razonamiento vertido en las correspondientes actuaciones judiciales, sino que es indispensable tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al criterio respectivo, ya que esa coincidencia es la que determina que existe una contradicción de tesis cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial que por sus características de generalidad y abstracción podrá aplicarse en asuntos similares.

En tal virtud, para que se considere existente la contradicción denunciada, será necesario que los criterios opositores hayan partido de los mismos supuestos esenciales y llegado a conclusiones divergentes.

Es aplicable la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, identificada con el número P./J. 26/2001, consultable en la página 76, que a la letra dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Con el propósito de establecer si efectivamente existe la oposición de criterios denunciada a la luz del criterio jurisprudencial reproducido, es conveniente atender el criterio jurídico esencial vertido en las resoluciones de los mencionados Tribunales Colegiados.

En principio, debe destacarse que ambos Tribunales Colegiados resolvieron sobre asuntos en los que se argumentó la trasgresión a las formalidades del proceso legislativo por la falta de publicación en el Diario Oficial de la Federación de los decretos de reforma al Código Financiero del Distrito Federal, publicados con fechas de treinta de diciembre de dos mil y de veintiséis de diciembre de dos mil tres, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, con fecha quince de julio de dos mil cuatro, el amparo en revisión 265/2004-3495, promovido por Línea Marítima Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, sostuvo:

1. La finalidad de la publicación de las leyes consiste en hacerlas del conocimiento de sus destinatarios, de ahí que resulten de observancia general y surtan sus efectos con posterioridad a tal etapa del proceso legislativo.

2. Como el Diario Oficial de la Federación circula en todo el territorio nacional, la ley dispone que las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa se publiquen también en ese órgano de difusión, pero esta publicación sólo tiene el propósito de que todos los habitantes del país conozcan las leyes que rigen en la capital de la República, no para observarlas, sino para conocerlas por la trascendencia política que tiene en la vida cotidiana la ciudad capital de un país.

3. Jurídicamente no puede aceptarse que la omisión de publicar las leyes que expide la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Diario Oficial de la Federación implique un vicio a las formalidades del proceso legislativo, ya que la etapa de publicación queda satisfecha cuando la norma aparece en la Gaceta Oficial de dicha entidad, en la medida en que a través de ese acto conocen su contenido los sujetos destinatarios, con lo que se satisface la finalidad perseguida haciendo viable que se exija la observancia de lo dispuesto por el legislador.

4. El Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal reclamado, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de diciembre de dos mil tres, por lo que no adolece de la falta de los requisitos de validez formales necesarios para que adquiera el rango de ordenamiento vigente y obligatorio.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil uno, el amparo en revisión 1476/2001, promovido por Línea Marítima Mexicana, S.A. de C.V., sostuvo:

1. Toda ley o decreto expedido por la Asamblea Legislativa, debe cumplir con determinadas formalidades, como son el que sean publicados tanto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal como en el Diario Oficial de la Federación, pues de no hacerse así incurriría en una falta de respeto a las formalidades establecidas en la ley, en tanto que conforme a lo dispuesto en el numeral 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde al jefe de Gobierno, en su carácter de titular de la administración pública del Distrito Federal, originalmente, todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por disposición jurídica no sean delegables, y según el numeral 22 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, es deber de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, entre otras cosas, el publicar la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como el gestionar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de toda ley, reglamento, decreto, acuerdo o cualquier disposición jurídica que vaya a regir en el Distrito Federal.

2. El Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado únicamente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de diciembre de dos mil, incumple lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, pues como ha quedado precisado, por lo menos a la fecha de la presentación de la demanda, no está acreditado que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación y, consecuentemente, al incurrir en esta violación a la formalidad prevista en el numeral de mérito, propicia a su vez una violación de la garantía de seguridad jurídica tutelada en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, que debe ser reparada.

Ahora bien, para que pueda existir la contradicción es necesario que una tesis afirme lo que la otra niega tal como ha sido sostenido por la Tercera Sala publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Octava Época, Tomo VI, identificada con el número 186, consultable en la página 127, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción." (Octava Época, contradicción de tesis 21/89).

De los elementos anteriores, tenemos que sí existe la contradicción en atención a los razonamientos siguientes:

1. Ambos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa analizaron el mismo problema, ya que en ambos juicios de amparo en revisión se argumentó la inconstitucionalidad de diversos decretos de reforma al Código Financiero del Distrito Federal al no cumplirse con la formalidad del proceso legislativo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. En el amparo en revisión 1476/2001 resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se impugnó el "Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal" publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de diciembre de dos mil. Mientras que en el amparo en revisión 265/2004-3495, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en donde se impugnó el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de diciembre de dos mil tres, entrando en vigor el primero de enero de dos mil cuatro.

3. En ambos casos los decretos respectivos de reforma al Código Financiero fueron publicados únicamente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

4. En relación con el mismo problema, ambos tribunales llegaron a soluciones contrarias, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que la omisión de publicar las leyes que expide la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Diario Oficial de la Federación no implica un vicio a las formalidades del proceso legislativo, ya que la etapa de publicación queda satisfecha cuando la norma aparece en la Gaceta Oficial de dicha entidad, en la medida que a través de ese acto conocen su contenido los sujetos destinatarios, con lo que se satisface la finalidad perseguida haciendo viable que se exija la observancia de lo dispuesto por el legislador y que la publicación en el Diario Oficial de la Federación sólo tiene como finalidad darle una mayor difusión; mientras que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que toda ley o decreto expedido por la Asamblea Legislativa debe cumplir con determinadas formalidades, como son el que sea publicada tanto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal como en el Diario Oficial de la Federación, pues de no hacerse así se incurre en una falta de respeto a la formalidades establecidas en la ley.

En este tenor, al haber estudiado problemas jurídicos similares y haber llegado a soluciones contrarias en lo relativo a las formalidades del procedimiento legislativo en la etapa de publicación, es inconcuso que sí existe la contradicción de tesis y que el tema a dilucidar será determinar si es requisito de validez del procedimiento legislativo del Distrito Federal, en lo relativo a los decretos y leyes expedidos por la Asamblea Legislativa, el que se publiquen tanto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal como en el Diario Oficial de la Federación o solamente en la primera.

SÉPTIMO. Análisis de la contradicción. Para poder analizar esta contradicción es necesario revisar el marco normativo y el sistema de fuentes del Distrito Federal.

A. Evolución del sistema de fuentes. Resulta importante iniciar la evolución de este sistema de fuentes del Distrito Federal. Anteriormente, el Congreso de la Unión era quien expedía las leyes del Distrito Federal como lo ordenaba la Constitución Política desde su expedición:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y territorios, debiendo someterse a las bases siguientes: ..."

En la evolución que ha tenido el Distrito Federal en un proceso de reforma política y democratización, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, se creó la Asamblea de Representantes, a la cual se atribuyó una facultad reglamentaria, conservando el Congreso de la Unión la facultad legislativa, tal como se desprende del texto siguiente:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases siguientes:

"...

"3a. Como un órgano de representación ciudadana en el Distrito Federal, se crea una asamblea integrada por 40 representantes electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y por 26 representantes electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal. La demarcación de los distritos se establecerá como determine la ley.

"Los representantes a la Asamblea del Distrito Federal serán electos cada tres años y por cada propietario se elegirá un suplente; las vacantes de los representantes serán cubiertas en los términos de la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución.

"La asignación de los representantes electos según el principio de representación proporcional, se sujetará a las normas que esta Constitución y la ley correspondiente contengan.

"Para la organización, desarrollo, vigilancia y contencioso electoral de las elecciones de los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, se estará a lo dispuesto por el artículo 60 de esta Constitución.

"Los representantes a la Asamblea del Distrito Federal deberán reunir los mismos requisitos que el artículo 55 establece para los diputados federales y les será aplicable lo dispuesto por los artículos 59, 61, 62 y 64 de esta Constitución.

"La Asamblea de Representantes del Distrito Federal calificará la elección de sus miembros, a través de un Colegio Electoral que se integrará por todos los presuntos representantes, en los términos que señale la ley, sus resoluciones serán definitivas e inatacables.

"Son facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal las siguientes:

"‘A) Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión para el Distrito Federal, tengan por objeto atender las necesidades que se manifiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal, en materia de: educación, salud y asistencia social; abasto y distribución de alimentos, mercados y rastros; establecimientos mercantiles; comercio en la vía pública; recreación, espectáculos públicos y deporte; seguridad pública; protección civil; servicios auxiliares a la administración de justicia; prevención y readaptación social; uso del suelo; regularización de la tenencia de la tierra, establecimiento de reservas territoriales y vivienda; preservación del medio ambiente y protección ecológica; explotación de minas de arena y materiales pétreos; construcciones y edificaciones; agua y drenaje; recolección, disposición y tratamiento de basura; tratamiento de aguas; racionalización y seguridad en el uso de energéticos; vialidad y tránsito; transporte urbano y estacionamientos; alumbrado público; parques y jardines; agencias funerarias, cementerios y servicios conexos; fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; turismo y servicios de alojamiento; trabajo no asalariado y previsión social; y acción cultural. ...’."

Posteriormente, en la importante reforma al régimen del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se faculta al Congreso de la Unión para expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en donde se detallarían las facultades de los Poderes Federales en el Distrito Federal, así como de sus órganos locales y se otorgaron facultades legislativas expresas a la Asamblea de Representantes, conservando el Congreso una facultad legislativa residual, tal como se desprende de los artículos 73 y 122, disponiendo el primero lo siguiente:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"VI. Para expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo en las materias expresamente conferidas a la Asamblea de Representantes."

Ciertamente, esta importante reforma modificó la estructura jurídica del Distrito Federal. Es importante destacar que si bien se otorgó la facultad legislativa en ciertas materias a la Asamblea de Representantes, se disponía que los proyectos de leyes o decretos que ésta expidiera se remitieran para su promulgación al presidente de la República, correspondiendo el refrendo al jefe de Gobierno del Distrito Federal. En efecto, la Constitución Federal en su artículo 122 ordenaba:

"Artículo 122. El Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes de la Unión, los cuales lo ejercerán por sí y a través de los órganos de gobierno del Distrito Federal representativos y democráticos, que establece esta Constitución.

"I. Corresponde al Congreso de la Unión expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en el que se determinarán:

"a) La distribución de atribuciones de los Poderes de la Unión en materias del Distrito Federal, y de los órganos de gobierno del Distrito Federal, según lo que dispone esta Constitución;

"b) Las bases para la organización y facultades de los órganos locales de gobierno del Distrito Federal, que serán:

"1. La Asamblea de Representantes;

"2. El jefe del Distrito Federal; y

"3. El Tribunal Superior de Justicia.

"c) Los derechos y obligaciones de carácter público de los habitantes del Distrito Federal;

"d) Las bases para la organización de la administración pública del Distrito Federal y la distribución de atribuciones entre sus órganos centrales y desconcentrados, así como la creación de entidades paraestatales; y

"e) Las bases para la integración, por medio de elección directa en cada demarcación territorial, de un consejo de ciudadanos para su intervención en la gestión, supervisión, evaluac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18539-c74611a9/leyes-y-decretos-expedidos-por-la-asamblea-legislativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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