Corpus
Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA. NO ES CAUSA MANIFIESTA QUE LLEVE A DESECHAR UNA DEMANDA DE AMPARO LA EXISTENCIA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 59/97, SUSTENTADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE, SE ESTIMA CONDUCE A ESE PRONUNCIAMIENTO. JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17452
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, , Pág. 225.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la improcedencia RA. 267/2002 en sesión de veintiséis de septiembre del año dos mil dos, sostuvo:

"CUARTO. Suplidos en su deficiencia los agravios resultan fundados, atento lo siguiente: De la resolución impugnada se advierte que el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, desechó de plano la demanda de garantías que presentó Sandy Cassab Harari, en su carácter de representante legal de Skytex México, S.A. de C.V., contra el decreto por el que se exime del pago de impuestos y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil dos. Para arribar a la conclusión de que debe desecharse de plano la demanda de garantías, el Juez de Distrito se basó en las consideraciones del tenor siguiente: ‘Es procedente desechar la demanda de garantías, toda vez que este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, interpretado en sentido contrario, y 145 de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: «Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.» y «Artículo 80.» (transcribe). El decreto reclamado en la parte que interesa establece: «Artículo primero. Se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2002, a los contribuyentes del citado impuesto cuyos ingresos totales en el ejercicio de 2001 no hubieran excedido de $14'700,000.00 (catorce millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) y siempre que el valor de sus activos en el citado ejercicio de 2001, calculado en los términos de la Ley del Impuesto al Activo, no haya excedido de la cantidad antes señalada.». Lo anterior es así, en razón de que no se puede desvincular el estudio de una parte del decreto para ser analizado aisladamente, ya que se debe estudiar en el contexto de todo el decreto la parte reclamada, además de que el efecto de la concesión del amparo podría consistir en no pagar el tributo, o bien, en que se le incluyera en el beneficio de eximir de dicho pago, pero tal conclusión es contraria a derecho por incongruente, ya que basta considerar que si se aborda el análisis de la constitucionalidad del decreto y se llega a estimar que es contrario a la Constitución, el efecto del amparo no podría consistir en lo que pretende la quejosa, esto es, que quede relevada del pago del impuesto, ya que no podría constituírsele un derecho en la sentencia de amparo. En ese sentido es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, publicada con el número noventa y dos, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 104, cuyo texto es el siguiente: «CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.» (transcribe) (sic). En tal virtud, es procedente desechar la presente demanda de garantías, en razón de que el planteamiento de la quejosa es contradictorio, ya que, por un lado, sostiene la inconstitucionalidad del decreto y, por otro, pretende que no se aplique sólo una parte. Por ello, la pretensión de que el efecto del amparo sea la inclusión de la quejosa en el beneficio establecido en el decreto reclamado, es ilógica, toda vez que la obligación del pago del impuesto deriva de la ley que lo establece, no del acto reclamado, de tal manera que al no formar parte del mismo ordenamiento la obligación de pago y el beneficio otorgado, la inconstitucionalidad que, en su caso, se decretara respecto de esta última, no traería como consecuencia la de examinar la obligación tributaria, en tanto que como ya se dijo, el efecto de la concesión del amparo se traduciría en volver las cosas al estado en que se encontraban, es decir, dejar insubsistente el decreto sin que ello produzca beneficio alguno para la quejosa. Es aplicable exactamente al presente caso la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 59/97, publicada en la página 5, Tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el que a continuación se transcribe: «ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.» (transcribe) (sic). La anterior determinación también se sustenta en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CXXXIX/97, la cual aparece publicada en la página 365, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: «ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE DECRETOS PRESIDENCIALES QUE EXIMEN DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.» (transcribe) (sic).’. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juzgador, previo examen del escrito de demanda, si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, el Juez de Distrito desechó de plano la demanda de garantías promovida por la parte recurrente porque, a su juicio, respecto del decreto reclamado se actualizaba la causa de improcedencia consignada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 80, interpretado a contrario sensu, y 145 de la ley de la materia, en virtud de que el planteamiento de la parte quejosa era contradictorio pues, por un lado, sostenía la inconstitucionalidad del decreto y, por otro, pretendía que no se aplicara sólo una parte del mismo y que se le incluyera en el beneficio establecido en el citado decreto, lo cual resultaba ilógico, toda vez que la obligación de pago del impuesto deriva de la ley que lo establece y no del acto reclamado, de tal manera que al no formar parte del mismo ordenamiento la obligación de pago y el beneficio otorgado, la inconstitucionalidad que, en su caso, se decretara, no traería como consecuencia la de eximir a la quejosa de la obligación tributaria, pues la concesión del amparo tiene por objeto volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida, es decir, que en el caso, el otorgamiento de la protección constitucional traería como consecuencia dejar insubsistente el decreto, sin que ello produjera beneficio alguno a la quejosa. Sin embargo, la etapa procesal en que se encuentra el juicio de amparo no permite concluir que la citada causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, por lo cual no se satisfacen, por ahora, los extremos del artículo 145 de la Ley de Amparo, sino que será hasta la celebración de la audiencia constitucional cuando las partes estén en condiciones de ofrecer sus pruebas, momento en que el Juez de Distrito estará en aptitud de resolver si efectivamente se surte o no causal de improcedencia alguna; en la inteligencia que dilucidar si en contra del decreto de referencia el juicio de amparo es improcedente, constituye una cuestión que debe ser analizada en la audiencia constitucional y, por ende, su definición en esta etapa del juicio no puede servir de sustento al desechamiento de la demanda, máxime que el Juez Federal está prejuzgando sobre el fondo del amparo, al anticiparse al resultado que se podría obtener de llegarse a conceder la protección constitucional, lo cual es materia del análisis de fondo del juicio de amparo, por lo cual el desechamiento de plano de la demanda resulta ilegal. Por tanto, debe revocarse el auto recurrido a fin de que el Juez de Distrito dicte otro mediante el cual, de no existir diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia, admita la demanda de garantías."

TERCERO. Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar la improcedencia RA. 248/2002 en sesión de doce de septiembre del año dos mil dos, determinó:

"QUINTO. Los anteriores agravios, por la estrecha relación que guardan entre sí, se estudian en conjunto de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, los cuales resultan ineficaces, en atención a las siguientes consideraciones: En efecto, en ellos se aduce que el Juez indebidamente desecha la demanda de garantías porque la improcedencia la hizo derivar del acto reclamado mas no de las violaciones alegadas; que en la demanda se adujo la omisión de establecer un tratamiento igual a los contribuyentes que se encuentran en la misma situación jurídica de aquellos que fueron eximidos en el pago del impuesto al activo durante el ejercicio fiscal de dos mil dos; que el Juez no distinguió entre los auténticos actos reclamados que son las limitantes para aplicar el beneficio dispuesto en el artículo primero del decreto que se impugnó y el estudio que debe realizar para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichos actos, pues para ello debe analizarse el contexto en el que se encuentre inmerso, lo que no hizo; que en los conceptos de violación se hicieron valer violaciones a las garantías de equidad y legalidad respecto del trato que se les da a un mismo tipo de contribuyentes; que contrario a lo que considera el Juez de Distrito, el efecto del amparo sería el de nulificar o destruir la eficacia jurídica solamente de las citadas limitantes, dejando intactas las restantes porciones normativas del artículo primero del decreto que se impugnó, esto es, se le daría a la quejosa el mismo trato que a los demás contribuyentes, pues por el efecto del decreto frente a la quejosa quedaría intacto salvo lo relativo a las limitantes, lo que no es constituirle un derecho por la sentencia que se llegara a dictar que el a quo omitió analizar la procedencia del juicio de amparo a la luz de los actos reclamados, es decir, de las porciones normativas que establecen las limitantes conforme a las que la quejosa no puede aplicar en su beneficio lo previsto en el artículo primero del Decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes. En otro apartado del mismo concepto de violación aduce que indebidamente el Juez de Distrito considera que el motivo de improcedencia no es manifiesto ni indudable, sin embargo, en la demanda de amparo se transcribieron diversos precedentes que en relación con el mismo caso han sostenido la procedencia del amparo e incluso han sido concedidos, lo cual constituye una discrepancia de criterios que permite concluir que el motivo de improcedencia no (sic) es manifiesto ni indudable, criterios sostenidos por Tribunales Colegiados que son jerárquicamente superiores a un Juez de Distrito. En el último apartado de la demanda de garantías, aduce la recurrente que la jurisprudencia y tesis que aplicó el Juez de Distrito no son aplicables, porque en los asuntos que dieron origen a esos criterios se impugnó la totalidad del decreto de exención, pues al nulificarse la totalidad del decreto, subsiste la aplicación de la ley; sin embargo, en el caso sólo se impugna la inconstitucionalidad de porciones normativas, que al declararse inconstitucionales, subsiste la eficacia del resto de la norma, lo que no fue advertido por el Juez. En el último apartado de su agravio aduce que lo que se reclamó fueron las limitantes del decreto en cuestión que es lo que debió analizar el Juez de Distrito, ya que de lo contrario sobreseerá en el juicio. Ahora bien, en principio debe señalarse que si el Juez de Distrito determinó desechar la demanda, la improcedencia la hizo derivar del acto reclamado, mas no de las violaciones alegadas; lo anterior es así, porque técnicamente para desechar una demanda se debe atender a la naturaleza del acto mas no a las violaciones alegadas. Así que contrario a lo expuesto por el recurrente, el Juez de Distrito no tenía obligación de analizar los argumentos que se hicieron valer en el capítulo de conceptos de violación. Precisado lo anterior, independientemente de las manifestaciones de la quejosa, en el sentido de que se exime del pago de los impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil dos, específicamente que exime a determinados contribuyentes del pago del impuesto al activo, ello no es motivo suficiente para revocar el auto recurrido en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala, ha determinado que en tratándose de beneficios establecidos en un decreto a determinado tipo de contribuyentes no es procedente el amparo. De tal manera que aun cuando existan diversos criterios de otros Tribunales Colegiados, incluso de este circuito, la aplicación de la jurisprudencia sustentada por el Máximo Tribunal del país obliga a su aplicación, por encima de un criterio sustentado por un Tribunal Colegiado. En esas condiciones, en virtud de que no es dable sostener que la jurisprudencia que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede ser aplicada en el presente caso, ya que aun cuando se analice una parte del decreto dentro del contexto del mismo, no es posible incluir al quejoso en los beneficios que en él se establecen, atento que tal norma estableció de manera categórica quiénes eran los que podrían gozar de la exención del pago del impuesto al activo, de manera que no puede incluirse a la peticionaria del amparo un beneficio que por el propio decreto no está incluida pues, contrario a su afirmación, esa exención necesariamente derivaría como un derecho constituido en el juicio de amparo ya que el decreto se expresó en cuanto a los sujetos que pueden ser eximidos del pago. Lo anterior es así, porque sostener lo que aduce la recurrente en el sentido de que la posibilidad de aplicar el contenido del decreto a la quejosa derivaría del propio decreto, no es verdad, ya que por sí mismo tal norma no le es aplicable. En ese orden de ideas, respecto al problema planteado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en las jurisprudencias y tesis que acertadamente invoca el Juez de Distrito en el auto recurrido, mismas que fueron sustentadas por el Pleno y Segunda Sala, y se encuentran publicadas en la página cinco del Tomo VI, septiembre de 1997 y página trescientos sesenta y cinco del Tomo VI, diciembre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, respectivamente, que son del siguiente tenor: ‘ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES. Es improcedente el amparo promovido en contra del citado decreto, cuyo artículo primero exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de 1996, a los contribuyentes cuyos ingresos, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 1995, no hayan excedido de siete millones de nuevos pesos. Lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica de lograr, en las hipótesis contempladas, los efectos restitutorios que son propios del amparo, los que si bien se traducirían, fundamentalmente, en dejar insubsistente para el quejoso dicho decreto, con ello no lograría la liberación del pago del tributo porque esta obligación no proviene del decreto, sino de la Ley del Impuesto al Activo, que queda intocada; y tampoco podría, válidamente, disfrutar de la exención que establece el mencionado ordenamiento del Ejecutivo, porque si el mismo quejoso sostiene que es inconstitucional por instituir la exención, es ilógico pretender que tenga efectos en su beneficio, además de que la protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar el precepto en comento de dicho ordenamiento administrativo; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.’. ‘ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE DECRETOS PRESIDENCIALES QUE EXIMEN DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES. Es improcedente el amparo promovido en contra de los decretos expedidos por el presidente de la República que eximen totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante un ejercicio fiscal, a determinados contribuyentes. Lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica de materializar, en tal hipótesis, los efectos restitutorios que son propios del amparo, los que si bien se traducirían, fundamentalmente, en dejar insubsistente para el quejoso el decreto respectivo, con ello no lograría la liberación del pago del tributo, porque esta obligación no proviene del decreto, sino de la Ley del Impuesto al Activo, que queda intocada; y tampoco podría, válidamente, disfrutar de la exención que establece el mencionado ordenamiento del Ejecutivo, porque si el mismo quejoso sostiene que es inconstitucional, por instituir la exención, es ilógico pretender que tenga efectos en su beneficio, además de que la protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar el precepto en comento de dicho ordenamiento administrativo; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.’. En las relacionadas condiciones, al resultar ineficaz el agravio planteado, lo que procede es confirmar el auto recurrido."

CUARTO. De las ejecutorias transcritas en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución, deriva que sí existe contradicción de criterios.

En efecto, partieron los dos Tribunales Colegiados referidos del mismo supuesto, a saber, de recursos de revisión promovidos contra el auto que desechó una demanda de amparo promovida contra una parte del decreto por el que se exime del pago de impuestos y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo del año dos mil dos, por considerarla el Juez Federal notoriamente improcedente con base en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, teniendo como sustento el criterio plasmado en una jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y en una tesis aislada de esta Segunda Sala que sostienen la improcedencia del juicio de amparo respecto de los decretos que eximen del pago del impuesto al activo a determinados contribuyentes, pues mientras que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que la citada causal de improcedencia no es manifiesta e indudable, toda vez que se requiere examinar en la audiencia constitucional el material probatorio aportado por las partes en el juicio, ya que de lo contrario se prejuzga sobre el fondo del amparo, anticipándose al resultado que se podría obtener con la protección constitucional, el Décimo Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito determinó que la improcedencia de la demanda de garantías es notoria y manifiesta porque deriva de los criterios sustentados en la jurisprudencia y tesis aislada sustentadas por el Máximo Tribunal, de donde se desprende que ninguna ventaja obtendría la quejosa con la concesión del amparo debido a que el decreto impugnado no la incluye en el beneficio de excusarla del pago del impuesto al activo, por lo que por medio de una sentencia de amparo no podría constituírsele talprovecho.

Es aplicable al respecto la tesis jurisprudencial P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 76, Tomo XIII, abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Por tanto, el punto de contradicción estriba en determinar si constituye o no causa notoria e indudable de improcedencia para desechar una demanda de amparo promovida contra el Decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo del año dos mil dos, los criterios establecidos por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis de jurisprudencia y el precisado por esta Segunda Sala en una tesis aislada, en los que se sostiene la improcedencia del juicio respecto de los decretos que eximen del pago del impuesto al activo a determinados contribuyentes.

QUINTO. Precisada la existencia de la contradicción y el punto materia de la misma, este órgano colegiado se aboca a su resolución, determinando que debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, la tesis que se sustenta en la presente resolución.

El artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone:

"Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado."

En los asuntos materia de la contradicción de criterios se consideró existente un obstáculo insuperable para examinar la materia controvertida y, por lo mismo, se abstuvo de hacerlo desechando por notoriamente improcedente la demanda de amparo. La consecuencia de lo anterior implica, necesariamente, no sólo examinar detenidamente si se presenta ese obstáculo insalvable sino, fundamentalmente, restringir esa declaración a aquellos casos en que de manera indudable se den los motivos de desechamiento. Basta la menor duda para que en lugar de desechar una demanda de garantías se le admita y se analice la cuestión planteada. Al respecto, debe considerarse que la existencia de la causa de improcedencia que se consideró como motivo para desechar la demanda, más que generar duda, debe estimarse que existen razones más convincentes para admitirla que para su desechamiento.

El marco constitucional del tema propuesto se encuentra básicamente en los artículos 17 y 14 de la Constitución Federal. En el primero se establece, esencialmente, que en los tribunales se impartirá justicia dentro de los términos señalados en la ley, instaurándose un orden en el que se garantiza a los gobernados que a través de una sentencia con la que culminen los procedimientos en que se oiga a los afectados, se ponga fin a las controversias, encontrándose vinculados los contendientes a la determinación que se adopte. Esto supone necesariamente que, por regla general, todo gobernado que esté en desacuerdo con un acto de autoridad, puede turnarlo a través de la vía legal procedente; lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión.

El artículo 14 constitucional, por su parte, consagra lo que doctrinalmente se considera como garantía de audiencia y debido proceso legal. No basta que el gobernado acuda ante tribunales para que se defina un derecho controvertido, es preciso que existan normas que garanticen su posibilidad de defensa, pues de lo contrario de nada serviría establecer vías procesales que no cumplirían con su finalidad fundamental. Es importante recordar esos principios elementales, pues al desechar una demanda sin que quede demostrada existencia de causa indiscutible de improcedencia, se está en riesgo de dejar al agraviado en estado de indefensión.

Lo anterior resulta más notorio si se toma en cuenta que en los asuntos que dieron origen a la oposición de criterios se impugnaba una ley lato sensu como inconstitucional, situación en la que el legislador ordinario, respondiendo a las garantías mencionadas, ha establecido la mayor amplitud para que pueda combatirse, pues tratándose de leyes, como lo consigna la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no solamente pueden impugnarse dentro de los treinta días siguientes al momento de la iniciación de su vigencia y dentro de los quince días posteriores al primer acto de aplicación, sino que, además, es factible agotar los medios ordinarios de defensa y plantear la inconstitucionalidad de la ley dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya surtido efecto la notificación de la resolución que haya recaído en los recursos correspondientes, sin que pueda considerarse que se dio el consentimiento de la ley.

Aunado a lo anterior, en el sistema constitucional y legal que rige al juicio de amparo, se establece el deber del juzgador federal de suplir la queja deficiente en cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los artículos 107, fracción II, segundo párrafo, constitucional y 76 bis, fracción I, de su ley reglamentaria, disponen:

"Artículo 107. ... II. ... En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución."

"Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

"I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia."

La necesidad de hacer prevalecer la Constitución Federal, como la Ley Máxima de toda la Unión, fue el sustento de la reforma al artículo 107 constitucional para establecer la suplencia de la deficiencia de la queja en materia de amparo cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales. En efecto, el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó, entre otros, el artículo 107 constitucional y, según se advierte del proceso legislativo que le dio origen, la preocupación del Constituyente Reformador fue la de evitar que por tecnicismos pudiera afectar al gobernado una ley contraria a la Constitución Federal, según deriva de la siguiente transcripción de la parte relativa de la iniciativa de reformas que, en su parte conducente, señaló:

"Hemos considerado pertinente ampliar el alcance de esas normas, a fin de que se supla la deficiencia de la queja cualquiera que sea el amparo de que se trate, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. Ello es así porque si ya el Alto Tribunal declaró que una ley es inconstitucional, sería impropio que por una mala técnica en la formulación de la demanda de amparo, afecte al agraviado el cumplimiento de una ley que ha sido expedida con violación de la Constitución. ... f) La fracción XIII del artículo 107 de esta iniciativa considera que la ley determina los términos y casos en que sea obligatoria la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los requisitos para su modificación. Estimamos pertinente la inclusión de esta norma en la Constitución, por ser fuente del derecho la jurisprudencia, lo cual explica el carácter de obligatoriedad que le corresponde igualmente que a los mandatos legales debiendo ser por ello acatada tanto por la Suprema Corte de Justicia, como por las Salas de ésta y los otros tribunales de aquel poder. La disposición que se contempla da ocasión para modificar la jurisprudencia y expresa que las leyes secundarias determinarán los requisitos a satisfacer, pues como el derecho no es una categoría eterna sino siempre cambiante, la jurisprudencia debe ser dinámica y recoger el sentido evolutivo y progresista de la vida social. Además, plantear a la consideración de los tribunales de la Federación un asunto sobre el que ya se ha tomado decisión jurisprudencial, para depurar esta jurisprudencia en bien de la efectiva vigencia de los textos constitucionales, es afán que mira por el respeto de la Constitución. Ha sido indispensable incluir también en la misma fracción XIII del artículo 107 de la presente iniciativa, los casos en que los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo, materia de su competencia. La necesidad de unificar estas tesis contradictorias es manifiesta, y da oportunidad, además, para que se establezca jurisprudencia que sea obligatoria tanto para las Salas de la Corte como para los Tribunales Colegiados de Circuito. Y como la resolución que determine qué tesis debe prevalecer, no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas de las s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17452-4d1c2b25/improcedencia-no-es-causa-manifiesta-que-lleve-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.