NOTARIO PÚBLICO. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS TENDENTES A CANCELAR EL FIAT, PUES DE OTORGARSE SE AFECTARÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el recurso de queja número 80/2002 el diecisiete de junio del año dos mil dos, interpuesto por el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, en representación del Congreso del Estado de Jalisco, en contra del auto de treinta y uno de mayo del propio año, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 620/2002-2, en la parte que concedió la suspensión provisional de los actos reclamados al quejoso Enrique Romero González, en la parte conducente, establecen:
"PRIMERO. El acuerdo que se impugna, en lo conducente, dice: ‘Vistas las copias simples de la demanda de cuenta promovidas por Enrique Romero González, por su propio derecho en contra del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades. Fórmese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 620/2002-2, con fundamento en los artículos 122, 124, 130 y 131 de la Ley de Amparo; requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de veinticuatro horas rindan su informe previo, lo que deberán hacer por duplicado, remitiéndoles copia simple de la demanda. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental, las diez horas con quince minutos del día veinticuatro de junio del presente año ... En relación con los actos de aplicación de los preceptos que se reclaman, lo procedente es transcribir dichos numerales y posteriormente acordar lo procedente. Dichos numerales son del tenor literal siguiente: (se transcriben). Toda vez que en la especie se reúnen los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, es decir, la suspensión provisional la solicita el quejoso, quien acredita su interés jurídico con las copias certificadas del oficio número 587, de fecha veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, firmado por el secretario general de Gobierno y dirigido al licenciado Enrique Romero González, mediante el cual se le cancela el fiat de notario público suplente de la Notaría Pública Número 56 de esta municipalidad, zona metropolitana, y se le confiere la titularidad de la misma al licenciado Enrique Romero González (sic), que le otorgó el gobernador del Estado, licenciado Enrique Álvarez del Castillo. Además, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de llevarse a cabo los efectos de los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían y para conservar la materia del juicio de amparo, se concede al quejoso la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, es decir, para que le sean aplicados los artículos 1o., 2o., 3o., 23 bis, 35, fracción IV, 43, último párrafo, 47, párrafos quinto y sexto, 152, segundo párrafo, 162, penúltimo párrafo y 168 del Decreto 19471 de fecha diecinueve de marzo del año en curso, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, cuyo texto se transcribió. Lo anterior, tomando en consideración que dichos preceptos son los que contienen actos susceptibles de paralizar, pues de consumarse ocasionarían al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, aun cuando se le concediera el amparo y la protección de la Justicia Federal. Es preciso enfatizar, que en relación con la aplicación de los artículos que se refieren a las facultades que se otorgan a la Procuraduría General de Justicia del Estado para practicar visitas a las notarías, sus facultades no se restringen con motivo de la suspensión que se otorga cuando se tengan que llevar a cabo por motivos ajenos a la aplicación de los numerales que se mencionan con antelación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, en razón de su naturaleza, las documentales que se exhiben.’ ... CUARTO. Son fundados, preponderantes además, los agravios donde se aduce que, en la especie, no se satisface el requisito previsto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, y que por ello no debió concederse al quejoso la suspensión provisional como lo hizo el a quo. En efecto, como en esencia lo alega la autoridad recurrente, la suspensión no puede concederse en términos generales para que no se aplique al quejoso la ley reclamada en el caso, porque ello ciertamente implicaría que se permitiera a éste actuar en desacato de la misma, lo que se traduciría en vulnerar el interés social, en virtud de que la sociedad está interesada en que la ley tildada de inconstitucional sea acatada desde luego, pues en la misma se contienen disposiciones que regulan una función esencial del Estado, como lo es la del notariado, no satisfaciéndose, por tanto, contrario a lo que sostuvo el a quo, el requisito que establece la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, atento la tesis invocada por la recurrente, que dice: ‘LEYES, SUSPENSIÓN CONTRA LAS, IMPROCEDENTE.’ (se transcribe), de lo que se sigue que no pueda estimarse correcta la determinación recurrida del Juez de Distrito y, por ende, lo que procede es revocarla y negar al respecto la suspensión provisional solicitada, ya que, repítese, en la especie, de concederse la medida, se vulneraría en forma directa el interés público, pues la sociedad está interesada en que la función notarial se realice siempre en los términos y condiciones que señale la ley. Cabe señalar que aun cuando la suspensión se haya solicitado para que no se impongan sanciones o no se prive al quejoso de su fiat, ni de la ley reclamada, ni de alguna otra manifestación pronunciada en la demanda, se advierte que hubiere peligro inminente de que los aquí precisados se ejecuten. Ello dependerá de que no se acate lo dispuesto en el ordenamiento legal que se tilda de inconstitucional, por lo que la medida, si por esos actos se pretende, resulta improcedente al tratarse de actos futuros e inciertos. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se declara fundada la queja. SEGUNDO. En la materia del recurso, se revoca el acuerdo recurrido de treinta y uno de mayo de dos mil dos, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 620/2002-2. TERCERO. Se niega al quejoso la suspensión provisional solicitada respecto del decreto reclamado número 19471, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el dieciocho de abril de dos mil dos (que reforma y adiciona algunos artículos de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco)."
Por otra parte, de la copia certificada de la ejecutoria pronunciada el catorce de junio del año dos mil dos, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 47/2002, relativo al incidente de suspensión del juicio de amparo número 634/2002-4 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, interpuesto por el Congreso del Estado en contra del auto de tres de junio del citado año, en la parte que concedió la suspensión provisional de los actos reclamados al quejoso Arturo Ramos Arias, se advierte que dicho órgano colegiado, en la parte que interesa a la contradicción, emitió las siguientes consideraciones:
"SEGUNDO. El auto recurrido, en lo conducente, dice: ‘Guadalajara, Jalisco, tres de junio de dos mil uno (textual). Vistas las copias simples de la demanda de cuenta, promovida por Arturo Ramos Arias, por su propio derecho en contra del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades. Fórmese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 634/2002-4; con fundamento en los artículos 122, 124, 130 y 131 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas rindan su informe previo, lo que deberán hacer por duplicado, remitiéndoles copia simple de la demanda. Se señalan, para que tenga verificativo la audiencia incidental, las nueve horas con treinta minutos del tres de julio próximo ... En relación con los actos de aplicación de los preceptos que se reclaman, lo procedente es transcribir dichos numerales y posteriormente acordar lo procedente. Dichos numerales son del tenor literal siguiente: (se transcriben). ... Toda vez que, en la especie, se reúnen los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, es decir, la suspensión provisional la solicita el quejoso, quien acredita su interés jurídico con las copias certificadas del oficio número 001562, de fecha dos de octubre de mil novecientos ochenta y dos, firmado por el secretario general de Gobierno y dirigido al licenciado Arturo Ramos Romero, mediante el cual se le acepta su renuncia como titular de la Notaría Pública Número 52 de esta ciudad y al mismo tiempo le confiere la titularidad al suplente adscrito a esa notaría licenciado Arturo Ramos Arias, fiat de notario titular de la misma, así como con fiat respectivo, que le otorgó el gobernador del Estado licenciado Flavio Romero de Velasco, el once de octubre de mil novecientos ochenta y dos. Además, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de llevarse a cabo los efectos de los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían y para conservar la materia del juicio de amparo, se concede al quejoso la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, es decir, para que no le sean aplicados los artículos 23 bis, 31, párrafo tercero, 41, párrafo tercero, 43, párrafo quinto, 46 bis, 47, párrafos quinto y sexto, 140, 141, 142, 144, 146, 151, fracción V, 154, 162, párrafo cuarto, 168 y octavo transitorio del Decreto 19471 de fecha ocho de abril del año en curso, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, cuyo texto se transcribió. Lo anterior, tomando en consideración que dichos preceptos son los que contienen actos susceptibles de paralizar, pues de consumarse ocasionarían al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, aun cuando se le concediera el amparo y la protección de la Justicia Federal. Es preciso enfatizar que, en relación con la aplicación de los artículos que se refieren a las facultades que se otorgan a la Procuraduría General de Justicia del Estado para practicar visitas a las notarías, sus facultades no se restringen con motivo de la suspensión que se otorga, cuando se tengan que llevar a cabo por motivos ajenos a la aplicación de los numerales que se mencionan con antelación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, en razón de su propia naturaleza, las documentales que se exhiben y que se refieren a los documentos con los cuales se acreditó el interés para obtener la medida suspensional que nos ocupa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en su demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 27 de la Ley de Amparo, a los licenciados Rodolfo Eduardo Ramos Ruiz, Rodolfo Ramos Menchaca, Eduardo Ramos Menchaca y Ramiro Ruiz Casillas, toda vez que no acreditaron que cuentan con título de abogado, debidamente registrado ante la Dirección de Profesiones del Estado. Notifíquese personalmente.’ (fojas 46 a 48 del incidente de suspensión). ... SEXTO. Los agravios propuestos resultan jurídicamente ineficaces para revocar o modificar el acto impugnado. En efecto, el quejoso reclamó del Congreso del Estado de Jalisco y de otras autoridades, el Decreto Número 19471 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día dieciocho de abril de dos mil dos, en particular, los artículos 1o., 9o., 31, párrafo tercero, 41, párrafo tercero, 43, párrafo final, 46 bis, 47, párrafos quinto y sexto, 140, 141, 142, 144, 146, 151, fracción V, 154, 162, párrafo cuarto, 168, 174, del (sic) y a la adición del artículo 23 bis al (sic) Decreto 14250 del Congreso del Estado de Jalisco, que contiene la llamada ‘Ley del Notariado del Estado de Jalisco’, así como a los artículos ‘cuarto y octavo’ transitorios del referido Decreto Número 19471; asimismo, reclamó los actos de aplicación de la citadas normas. Por otro lado, en una diversa parte del acuerdo impugnado, se advierte que el Juez Federal concedió la medida cautelar de que se trata, respecto de los actos de aplicación de los preceptos que se reclaman, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no fueran aplicados al quejoso aquellos preceptos. Ahora bien, en relación con la concesión de la medida cautelar, la autoridad recurrente en sus motivos de inconformidad alega, esencialmente, que resulta incorrecta la decisión adoptada por el Juez a quo, en atención a que, arguye, las normas legales contenidas en el decreto reclamado número 19471, contiene disposiciones relativas a la función notarial en el Estado de Jalisco y que, por tanto, son de orden público, así como las disposiciones que rigen su funcionamiento y que, por ende, debe estar por encima de los particulares. Resultan infundados los agravios. Exacto, tal como lo sostiene el recurrente, con la concesión de la suspensión provisional respecto de las consecuencias de la aplicación de la ley reclamada en el juicio de garantías no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, puesto que no están dirigidas esas disposiciones a la colectividad en general, sino a un grupo reducido que son los notarios públicos, por lo cual la paralización de los efectos de dicha normatividad no se opone al interés general, porque no se dirige en forma evidente para satisfacer un beneficio social o para conceder prerrogativas que requiera la sociedad. De igual manera, cabe precisar que la suspensión de la ley tildada de inconstitucional, es con el propósito de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran, sin que con ello se cause un perjuicio a la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público, sino que esas consecuencias sólo pueden ser resentidas por el grupo al que se dirige, es decir, a los notarios públicos, no a la colectividad en general, la cual no se vería perjudicada con la suspensión de esas disposiciones, además de que la aplicación de los efectos de la ley dependerá, en todo caso, del resultado del análisis de su constitucionalidad; de ahí que, como con acierto lo consideró el juzgador, con el otorgamiento de la suspensión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, máxime que dicha concesión sólo implica que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. En otro contexto, en cuanto al diverso argumento de la autoridad recurrente, acerca de que los actos reclamados no ocasionan al quejoso daños y perjuicios de imposible reparación, se declara infundado el agravio. Ello es así, porque de no concederse la suspensión provisional, se obligaría al quejoso a cumplir requisitos que no estaban previstos cuando se le concedió el fiat de notario público y que pudieran ocasionar la imposición de sanciones; de modo que también se actualiza lo dispuesto en la fracción III del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver la queja número 46/2002, en sesión de esta misma fecha. Finalmente, en los motivos de inconformidad se aduce que no es procedente la suspensión otorgada por la aplicación del artículo 151, fracción V, de la Ley del Notariado, puesto que ‘el Decreto 19471, efectivamente reforma el artículo 151, pero no en su fracción V, por lo que es improcedente otorgar la suspensión sobre un acto reclamado inexistente’ (foja 8 del toca). Resulta ineficaz el agravio de que se trata, en razón de que tales argumentaciones atañen al fondo del juicio de amparo al que pertenece el presente incidente. Corolario de lo expuesto, al resultar jurídicamente ineficaces los agravios propuestos, procede declarar infundado el recurso de queja y confirmar, en la materia del recurso, el auto impugnado y, en su lugar, conceder la suspensión provisional respecto de la aplicación de los preceptos reclamados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Queda intocada la negativa de la suspensión provisional por lo que se refiere a los actos reclamados que se hicieron consistir en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto 19471, por el motivo expuesto en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Es infundado el recurso de queja en la materia de la impugnación. TERCERO. Se confirma el auto de tres de junio de dos mil dos, en la parte en que lo fue, pronunciado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en el incidente de suspensión relativo al juicio de garantías número 634/2002-4. CUARTO. Se concede a Arturo Ramos Arias la suspensión provisional de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de los artículos reclamados."
CUARTO. Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado transcritos.
Para ello, es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.
Es aplicable la jurisprudencia número 22/92, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Número 58, octubre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del siguiente tenor:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
QUINTO. A fin de facilitar la resolución del presente asunto, es conveniente sintetizar las resoluciones de los Tribunales Colegiados, destacando sólo los aspectos fundamentales que se dieron en cada caso y que pueden dar origen a la contradicción.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 80/2002 interpuesto por el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, en representación del Congreso del Estado de Jalisco, en contra del auto dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 620/2002-2, en la parte que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados al quejoso Enrique Romero González se apoyó, en lo esencial, en lo siguiente:
a) Consideró fundados los agravios en los que se adujo que en el caso no se satisfacía el requisito previsto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, y que por tal motivo no debió concederse al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados.
b) Adujo que la suspensión no puede concederse en términos generales para que no se aplique al quejoso la Ley del Notariado reclamada, pues ello implicaría que se le permitiera actuar en desacato de la misma, lo que se traduciría en vulnerar el interés social, en virtud de que la sociedad está interesada en que la ley tildada de inconstitucional sea acatada, ya que en la misma se contienen disposiciones que regulan una función esencial del Estado, como lo es la del notariado.
c) Que por lo antes precisado, contrario a lo que sostuvo el Juez de Distrito, en el caso no se satisface el requisito establecido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en atención a la tesis de rubro: "LEYES, SUSPENSIÓN CONTRA LAS, IMPROCEDENTE.".
d) Abundó que de concederse la medida se vulneraría en forma directa el interés público, habida cuenta que la sociedad está interesada en que la función notarial se realice siempre en los términos y condiciones que señale la ley.
e) Precisó que aun cuando la suspensión se solicitó para que no se impongan sanciones o no se prive al quejoso de su fíat, ni de la ley reclamada, ni de la demanda de amparo, se advierte que hubiera peligro inminente de que los actos reclamados se ejecuten, pues ello dependerá de que no se acate lo dispuesto en el ordenamiento legal que se tilda de inconstitucional, por lo que la medida, si por esos actos se pretende, resulta improcedente al tratarse de actos futuros e inciertos.
f) Concluyó que por todo lo expuesto, lo procedente era revocar la suspensión provisional concedida y en su lugar negarla.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 47/2002 interpuesto por el Congreso del Estado de Jalisco, en contra del auto dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 634/2002-4, en la parte que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados al quejoso Arturo Ramos Arias, basó su resolución en lo siguiente:
a) Declaró infundados los agravios de la autoridad recurrente, ya que adujo que con la concesión de la suspensión provisional respecto de las consecuencias de la aplicación de la ley reclamada, no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, pues aquéllas no están dirigidas a la colectividad en general, sino a un grupo reducido que son los notarios públicos, que por ello la paralización de los efectos de dicha normatividad no se opone al interés general, porque no se dirige en forma evidente a satisfacer un beneficio social o para conceder prerrogativas que requiera la sociedad.
b) Precisó que la suspensión de la ley que se reputa inconstitucional, es con el propósito de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, sin que con ello se cause un perjuicio a la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público, ya que esas consecuencias sólo pueden ser resentidas por el grupo al que se dirige, es decir, a los notarios públicos, no a la colectividad en general, la cual no se vería perjudicada con la suspensión de esas disposiciones, además de que la aplicación de los efectos de la ley dependerá, en todo caso, del resultado del análisis de su constitucionalidad.
c) Manifestó que en contra de lo aducido por la autoridad recurrente, en el sentido de que los actos reclamados no ocasionan al quejoso daños y perjuicios de imposible reparación, de no concederse la medida cautelar de que se trata, se obligaría al quejoso a cumplir requisitos que no estaban previstos cuando se le concedió el fíat de notario público y que pudieran ocasionar la imposición de sanciones; de modo que también, en el caso, se actualiza lo dispuesto en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo.
d) Calificó de ineficaz el agravio relativo a que "no es procedente la suspensión otorgada por la aplicación del artículo 151, fracción V, de la Ley del Notariado, puesto que el Decreto 19471 efectivamente reforma el artículo 151, pero no en su fracción V, por lo que es improcedente otorgar la suspensión sobre un acto reclamado inexistente", en virtud de que tales argumentaciones atañen al fondo del asunto.
e) Finalmente, declaró infundado el recurso de queja y confirmó el auto impugnado en la parte que concedió la suspensión provisional respecto de la aplicación de los preceptos reclamados.
SEXTO. Del análisis de las anteriores ejecutorias que motivaron la presente contradicción de tesis, se advierte que en el caso sí se configura la divergencia de criterios, pues existen diferencias relevantes en el conocimiento de los asuntos de que se ocupó cada Tribunal Colegiado, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se precisan:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito estimó que contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, en el caso no debe concederse la suspensión provisional al quejoso para que no se le aplique la Ley del Notariado reclamada, en virtud de que la sociedad está interesada en que la función notarial se realice siempre en los términos y condiciones que señale la ley, pues en la misma se contienen disposiciones que regulan una función esencial del Estado, como lo es la del notariado, y de concederse tal medida cautelar se vulneraría el interés social y el interés público, por ello no se satisfacen los requisitos establecidos por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito también se refirió a la suspensión provisional considerando que era correcta la determinación del Juez de Distrito de conceder dicha medida cautelar respecto de las consecuencias de la aplicación de la Ley del Notariado reclamada, ya que con ello no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, pues dichas consecuencias no están dirigidas a la colectividad en general, sino a un grupo reducido que son los notarios públicos, por ello la paralización de los efectos de tal normatividad no se opone al interés general, porque no se dirige en forma evidente a satisfacer un beneficio social o para conceder prerrogativas que requiera la sociedad.
En tales condiciones, la contradicción de tesis versa sobre el tema de si de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, con la concesión de la suspensión provisional respecto de la aplicación de los preceptos de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco reclamada, tendientes, por cualquier causa, a la cancelación del fíat, se contravienen o no disposiciones de orden público y se afecta el interés social.
SÉPTIMO. Precisado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio que se sustenta en esta ejecutoria, atendiendo a las siguientes consideraciones:
Para tal efecto, se hace indispensable hacer la transcripción de los artículos 1o., 35, 43, último párrafo, 150, 151, 154, 157 y 158 de la Ley del Notariado reclamada.
De igual manera, se hace necesario transcribir el texto del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues contempla los requisitos de procedencia de la suspensión del acto reclamado; el texto de dichos preceptos es el siguiente:
Ley del Notariado del Estado de Jalisco.
"Artículo 1o. Notario es el profesional del derecho que desempeña una función pública investido por delegación del Estado, a través del titular del Poder Ejecutivo, de la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica conforme a las leyes. La actuación notarial es una función de orden público que tendrá el carácter de vitalicia."
"Artículo 35. Se prohíbe al notario:
"I. Mantener oficina diversa a la registrada ante las autoridades señaladas en el artículo 38, de esta ley;
"II. Actuar cuando no conociere a alguna de las partes que soliciten sus servicios y no tuviere bases para identificarlas en los términos de esta ley;
"III. Autorizar actos en que adquirieran algún derecho para sí, o para su cónyuge, sus ascendientes o descendientes, en cualquier grado, sus colaterales consanguíneos hasta el cuarto grado, o sus afines hasta el segundo grado; pero sí podrán autorizar las escrituras en las que sólo contraiga obligaciones o éstas se extingan o pospongan; en este último sentido, los notarios podrán autorizar su propio testamento, conferir o sustituir mandatos ante sí mismo, y autorizar los que confieran los parientes mencionados;
"IV. Autorizar actos jurídicos en que se enajenan o se constituyan gravámenes sobre bienes inmuebles, sin insertar y protocolizar el certificado a que se refiere el artículo 82, fracción IX, de esta ley;
"V. Quebrantar la imparcialidad y rectitud que le corresponde como fedatario público;
"VI. Autorizar actos relacionados con asuntos de carácter contencioso, en los que hayan intervenido como abogado él o sus parientes a que se refiere la fracción III, de este artículo;
"VII. Patrocinar en negocios contenciosos a alguna de las partes que se relacionen con actos en los que anteriormente hubiese actuado como notario, salvo contra autoridades fiscales o registrales;
"VIII. Intervenir cuando se trate de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17402-ecf5840c/notario-publico-no-procede-conceder-la-suspension-provisional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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