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INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN EN EL CASO DE QUE HAYA EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES EN LAS CONTROVERSIAS DE SU CONOCIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17059
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, , Pág. 135.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el juicio de amparo en revisión número 841/2000 el quince de mayo del año dos mil uno, promovido por Diego Rosas Noriega contra actos de la directora de Protección a la Propiedad Industrial, en la parte conducente, establecen:

"SEGUNDO. No será objeto de análisis el recurso interpuesto por la directora divisional de Protección a la Propiedad Intelectual (sic) porque es improcedente, en atención a lo que a continuación se expone: En general, de lo dispuesto en los artículos 1o. a 5o. de la Ley de la Propiedad Industrial, es posible advertir que el objeto y propósito del legislador al crear el ordenamiento legal referido es el de proteger directamente a los operadores del comercio e industria, e indirecta o directamente, en su caso, a los consumidores de los bienes o servicios respectivos. Es una ley que, por un lado, fomenta la actividad inventiva y, en general, las mejoras técnicas en beneficio de la rama económica del país y, por otro, regula lo relativo a las formas de identificación y derechos derivados de los bienes y servicios del comercio e industria conforme a los intereses de los consumidores. De ahí que el órgano especializado encargado de la aplicación de las normas en la materia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se encuentre facultado para ejecutar la voluntad del legislador a través de dos distintas formas, a saber: 1) Inicio oficioso del procedimiento administrativo tendente a lograr la declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa; y, 2) Inicio del procedimiento administrativo en forma de juicio para conseguir la declaración administrativa respectiva, a petición de parte interesada o a petición del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación. Así lo dispuso el legislador en los artículos 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dicen: ‘Artículo 155. La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del instituto.’. ‘Artículo 188. El instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.’. Resulta importante tener presente la diferencia prevista por el legislador en los artículos transcritos, debido a que, como expondremos, el inicio de oficio o a petición de parte de las facultades legales para lograr la declaración administrativa correspondiente produce diversas consecuencias jurídicas, en razón de su especial naturaleza jurídica. En primer término, analizaremos las implicaciones que produce el inicio oficioso de las facultades legales para lograr la declaración administrativa correspondiente. Como ya quedó apuntado, el objeto de la ley alcanza tanto la protección del interés público, que se traduce en la tutela de los intereses de los consumidores en materia de propiedad industrial, como la salvaguarda de intereses particulares de índole comercial e industrial. La posibilidad de iniciar oficiosamente el procedimiento para lograr la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o de infracción administrativa, permite al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial salvaguardar directamente y sin obstáculo alguno el interés colectivo público protegido a través de las disposiciones normativas previstas en la ley de la materia, es decir, sin necesidad de que forzosamente exista el impulso de parte jurídicamente interesada, con lo cual, además, se evita condicionar la tutela del interés general a la afectación de un interés particular. En otras palabras, el hecho de que el despliegue de dicha facultad sea discrecional, pone de manifiesto que la ley garantiza a la colectividad la efectiva protección de sus intereses en cuanto a las implicaciones de las actividades comerciales e industriales que se encuentran dentro del ámbito material a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial. Ahora bien, el ejercicio de dicha facultad, en la realidad va a depender del conocimiento directo que tenga por cualquier medio la autoridad de la conducta ilícita sancionada por el ordenamiento en análisis. Desde el primer momento en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial despliega, de oficio, los actos tendentes a lograr la declaración administrativa correspondiente, adquiere la calidad especial de órgano del Estado investido de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por virtud del interés público efectivo y directo que pretende tutelar por disposición legal, independientemente del diverso interés privado que pudiera existir. En efecto, en este supuesto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitirá actos de autoridad tendentes, no a llevar a cabo un procedimiento seguido en forma de juicio, sino a demostrar la existencia de actos contrarios a las previsiones legales en la materia y al responsable de su realización para, en su caso, tomar las medidas e imponer las sanciones administrativas respectivas. Es decir, en este supuesto, investido de facultades de imperio personifica el interés público protegido a través de la Ley de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, dicta actos de autoridad con el objeto de investigar la posible conducta ilícita; por ello, aunque realiza actos de emplazamiento y otorga oportunidad de defensa al implicado, con el objeto de respetar en su beneficio la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, a través del procedimiento previsto para tal efecto en la propia ley, lo hace en razón de su función administrativa, de alguna forma persecutoria, y por motivo de posibles actos futuros de autoridad privativos o de molestia, en su caso. Por otro lado, los preceptos legales transcritos también prevén una segunda forma para lograr la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa, que depende de la instancia de una parte que demuestre su interés jurídico. En este caso, se inicia un procedimiento contencioso entre el promovente de la instancia y la empresa o particular a la que se atribuye el acto ilícito realizado en perjuicio de aquél; procedimiento que debe ser sustanciado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual, si bien continuará tutelando el interés público, en este caso lo hará indirectamente emitiendo una decisión imparcial al respecto, a favor de quien demuestre el mejor derecho. Ahora bien, aunque una de las funciones de la ley es tutelar intereses públicos, concretamente de los consumidores potenciales o habituales de los bienes y servicios correspondientes, en la sustanciación de un procedimiento a instancia de parte no existe certeza, desde un principio, de cuál de los intereses particulares de los contendientes es correspondiente con el interés general tutelado o a qué parte debe otorgarse más protección en razón de su calidad específica, como sucede, por ejemplo, en materia de trabajo o de protección al consumidor. En esta segunda hipótesis, el instituto ejerce actos materialmente jurisdiccionales que tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante la función de decir el derecho entre las partes en conflicto, lo que lo constriñe a respetar el principio de imparcialidad, que es intrínseco a dicha función, a través del cual, además, velará por un interés público de más fuerte vinculación, ya que en esa posición jurídica especial el instituto, en cuanto ejerce actos de tal naturaleza, entra dentro del parámetro de las formalidades jurídicas que son parte esencial del Estado de derecho, por virtud del implícito interés de la colectividad en que el desempeño de dicha actividad jurisdiccional se haga de forma independiente, imparcial y legal, y al ser connatural a tal función que se ejerza por un tercero no involucrado, neutral, objetiva y personalmente independiente. Pues bien, en el caso que nos ocupa nos encontramos en este segundo supuesto, toda vez que la resolución reclamada tuvo como origen una solicitud de declaración administrativa; es decir, dicho procedimiento inició a instancia de parte interesada, por lo que debe estarse a lo siguiente: Con el objeto de demostrar la improcedencia del presente recurso de revisión, conviene considerar lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracciones IV y V, y 87 de la Ley de Amparo, que disponen: (se transcriben). Conforme lo dispuesto en los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo que se invocan, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame. Así, únicamente el agraviado, su representante o, en su caso, su defensor, podrán seguir dicho juicio, como igualmente estarán en la aptitud legal de interponer los recursos e instancias correspondientes por constituir parte interesada, esto es, aquella a la que el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo. Asimismo, las autoridades responsables, como partes que son en el juicio de amparo, tienen facultad para intervenir en éste y, de la misma manera, para interponer los recursos que procedan, pero esto último no como regla general, porque el artículo 87 antes transcrito limita este tipo de atribuciones a aquellos casos en que las sentencias afecten directamente el acto que de ellas se reclama. De la misma manera, la autoridad responsable judicial o jurisdiccional carece de legitimación para recurrir en revisión la sentencia de un tribunal de amparo que otorga la protección constitucional respecto de sus resoluciones, porque siendo su característica esencial la imparcialidad, no tiene interés personal, como sí lo tiene el gobernado quejoso o tercero perjudicado, y aun la que participa con el carácter de autoridad administrativa. Al respecto, no importa que sea parte en el juicio de amparo, en términos de los artículos 5o., fracción II y 166, fracción III, de la citada ley de la materia, pues respecto de este tipo de autoridades responsables no debe perderse de vista, por la capital importancia que reviste, la imperiosa obligación de imparcialidad intrínseca a la función jurisdiccional, a partir de la cual han de examinarse los derechos o facultades que como parte le asisten en el juicio de amparo. Aun cuando es verdad que la autoridad responsable es parte en el procedimiento constitucional y que las partes, por regla general, pueden interponer los recursos previstos por la ley, debe considerarse también que en todo proceso hay partes que intervienen en él por intereses personales, demandando la declaración de un derecho en su favor o la inexistencia de una obligación, enfrentando siempre, por la misma razón, intereses contrapuestos; y partes que, como las responsables jurisdiccionales, son imparciales por excelencia, pues su razón de ser es encontrar la verdad jurídica mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre partes contendientes, con la única y exclusiva finalidad de administrar justicia, garantizando así la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público, lo que implica no involucrarse con el interés de las partes, sea que ganen o pierdan en la contienda legal, esto es, siendo imparciales; y que, por ende, ostentan una naturaleza incompatible con las otras partes, de manera tal que les impide asimilarse a ellas. La autoridad responsable, cuando en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales ha emitido una sentencia, un laudo o una resolución en un procedimiento, tiene la oportunidad de defender la constitucionalidad de sus actos, que constituye tanto una facultad como un deber, al rendir un informe justificado con todas las prerrogativas que la ley de la materia le concede; sin embargo, carece de legitimación para hacer valer los medios de defensa en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo, los que se establecen sólo en beneficio de los particulares afectados por los actos de la propia autoridad jurisdicente. Admitir lo contrario significaría la pérdida de la imparcialidad del juzgador y romper el equilibrio entre las partes litigantes al conferirle la facultad de actuar a favor de una de ellas, pues se dan casos en que el particular que se vio afectado con dicha sentencia tácitamente se conforma con ella por no hacer valer el recurso de revisión al que tiene derecho, sustituyéndose a la voluntad de quien tiene la legitimación y el derecho tutelado a través de la ley que se considera infringido por la sentencia de amparo. El agravio que otorga la legitimación para acudir al juicio constitucional, así como al recurso de revisión, debe provenir de la afectación a un derecho reconocido legalmente, del cual carece la autoridad emisora de la resolución que constituye el acto reclamado, ya que no puede argüirse que tiene el derecho a que se reconozca la legalidad de su actuación, pues no obstante que esto pudiera constituir un argumento válido para la autoridad, no lo es para la procedencia del recurso de revisión, dado que la ley de la materia no dispone que deba fallarse siempre a favor de la determinación de la autoridad responsable, razón por la cual no puede aducirse la existencia de un derecho o facultad a su favor, en virtud de que los únicos realmente afectados por la resolución del amparo y a quienes compete el derecho a recurrirla porque, en todo caso, los directamente agraviados son el quejoso o el tercero perjudicado, o ambos, ya que de lo contrario, la autoridad responsable se estaría sustituyendo a las partes mencionadas, alegando situaciones que sólo a éstas les incumbe aducir. En la especie, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consistió en una resolución emitida por la directora de Protección a la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que dirimió una controversia planteada por Diego Rosas Noriega en contra de Tecno Ruva, S.A. de C.V., en materia de patentes, en la que determinó negar la declaración administrativa de nulidad de la patente 173910, de la cual es titular la segunda de las mencionadas, por lo que resulta evidente que el acto reclamado es de naturaleza jurisdiccional, pues la autoridad responsable dirimió una controversia en materia de patentes, de tal manera que la resolución emitida perjudica o beneficia únicamente a las partes en ese proceso administrativo en forma de juicio, quienes sometieron sus diferencias, derivadas de sus derechos amparados por las patentes respectivas, ante dicha autoridad, cuyo resultado no trasciende sino a los particulares señalados lo que, por ende, permite concluir que la autoridad responsable no está legitimada para interponer el recurso de revisión con el objeto de que subsista el acto reclamado. Resultan aplicables al caso, por analogía, las tesis cuyos textos y datos de identificación son los siguientes: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, diciembre de 1995. Tesis: P. CXIV/95. Página: 259. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EL TRIBUNAL EMISOR DE LA SENTENCIA RECLAMADA.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, diciembre de 1995. Tesis: P. CXV/95. Página: 258. REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO DIRECTO, NO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLA EL TRIBUNAL EMISOR DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA.’ (se transcribe). ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, julio de 1998. Tesis: P. LI/98. Página: 32. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSABLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.’ (se transcribe). En resumen, en términos de lo dispuesto por los artículos 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, hay dos vías para lograr la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa: 1) Inicio oficioso del procedimiento administrativo tendente a lograr la declaración de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa; y, 2) Inicio del procedimiento administrativo en forma de juicio para conseguir la declaración administrativa respectiva, a petición de parte interesada o a petición del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación. El primer supuesto permite al instituto salvaguardar directamente y sin obstáculo alguno el interés colectivo público protegido a través de la ley de la materia, es decir, sin necesidad de que forzosamente exista el impulso de parte jurídicamente interesada, con lo cual se evita condicionar la tutela del interés general a la afectación de un interés privado. En este caso, el instituto, por personificar el interés público, adquiere la calidad especial de órgano del Estado investido de facultades de imperio y emite actos de autoridad con tintes persecutorios, tendentes a investigar y demostrar la existencia de conductas ilícitas y al infractor de éstas para, en su caso, tomar las medidas pertinentes e imponer las sanciones que correspondan cumpliendo con la garantía de audiencia a través del procedimiento previsto para tal efecto en la propia ley, con motivo de posibles actos futuros de autoridad privativos o de molestia, en su caso. En cambio, la segunda forma para lograr la declaración administrativa correspondiente depende de la instancia de parte jurídicamente interesada que produce el inicio de un procedimiento administrativo en forma de juicio sustanciado por el propio instituto, quien si bien continuará tutelando el interés público, en este supuesto lo hará indirectamente, tomando en cuenta que no existe certeza, desde un principio, de cuál de los intereses particulares en litigio es afín con el interés general tutelado a través de la ley, o a qué parte debe otorgarse más protección en razón de su calidad específica, como sucede en otras materias; por ende, en esta segunda hipótesis, al ejercer actos materialmente jurisdiccionales que tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante la función de decir el derecho, el instituto está obligado a respetar el principio de imparcialidad que es intrínseco a dicha función, a través del cual, además, velará por un interés público de más fuerte vinculación, ya que en esa posición jurídica especial entra dentro del parámetro de las formalidades jurídicas que son parte esencial del Estado de derecho, por virtud del interés de la colectividad en que tal actividad jurisdiccional se ejerza por un tercero no involucrado, neutral, objetiva y personalmente independiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5o. y 87 de la Ley de Amparo, el instituto se encontrará facultado para interponer el recurso de revisión contra la sentencia del Juez de Distrito, cuando haya emitido el acto reclamado como consecuencia del inicio oficioso de sus facultades de imperio, pero no cuando lo haya dictado en ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, para evitar quebrantar el equilibrio entre las partes contendientes y el principio de imparcialidad, que es connatural a los actos materialmente jurisdiccionales, considerando que carece de un interés personal en el asunto y no es posible establecer con certeza un interés público correspondiente al de una de las partes litigantes, por el carácter específico de la materia. En conclusión, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encontrará facultado para interponer el recurso de revisión cuando haya emitido el acto reclamado con motivo del despliegue de sus facultades administrativas, iniciadas de oficio, para lograr la declaración administrativa correspondiente, pero no cuando lo haya emitido en ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, por las razones que anteceden."

La tesis derivada del anterior criterio tiene como datos de identificación, rubro y texto, los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, octubre de 2001

"Tesis: I.1o.A.61 A

"Página: 1187

"REVISIÓN EN AMPARO, RECURSO DE. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES EMITIDO EN EJERCICIO DE FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial hay dos vías para lograr la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa: 1) El procedimiento oficioso administrativo tendente a lograr la declaración de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa; y, 2) El procedimiento administrativo seguido en forma de juicio para conseguir la declaración administrativa respectiva, iniciado a petición de parte interesada o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación. El primer supuesto permite al instituto salvaguardar directamente, sin obstáculo alguno, el interés colectivo público protegido a través de la ley de la materia, es decir, sin necesidad de que forzosamente exista el impulso de parte jurídicamente interesada, con lo cual se evita condicionar la tutela del interés general a la afectación de un interés privado. En este caso, el instituto, por personificar el interés público, adquiere la calidad especial de órgano del Estado investido de facultades de imperio y emite actos de autoridad, con tintes persecutorios, tendentes a investigar y demostrar la existencia de conductas ilícitas y al infractor de éstas para, en su caso, tomar las medidas pertinentes e imponer las sanciones que correspondan, cumpliendo con la garantía de audiencia a través del procedimiento previsto para tal efecto en la propia ley. En cambio, la segunda forma para lograr la declaración administrativa correspondiente depende de la instancia de parte jurídicamente interesada, que produce el inicio de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y sustanciado por el propio instituto, quien si bien continuará tutelando el interés público, en este supuesto lo hará indirectamente, tomando en cuenta que no existe certeza, desde un principio, de cuál de los intereses particulares en litigio es afín con el interés general tutelado a través de la ley, o a qué parte debe otorgarse más protección en razón de su calidad específica, como sucede en otras materias; por ende, en esta segunda hipótesis, al ejercer actos materialmente jurisdiccionales que tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante la función de decir el derecho, el instituto está obligado a respetar el principio de imparcialidad, que es intrínseco a dicha función, a través del cual, además, velará por un interés público de más fuerte vinculación, ya que esa posición jurídica especial entra en el parámetro de las formalidades jurídicas que son parte esencial del Estado de derecho, por virtud del interés de la colectividad en que tal actividad jurisdiccional se ejerza por un tercero no involucrado, neutral, objetiva y personalmente independiente. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5o. y 87 de la Ley de Amparo, el instituto se encontrará facultado para interponer el recurso de revisión contra la sentencia del Juez de Distrito cuando haya emitido el acto reclamado como consecuencia del inicio oficioso de sus facultades de imperio, pero no cuando lo haya dictado en ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, para evitar quebrantar el equilibrio entre las partes contendientes y el principio de imparcialidad, que es connatural a los actos materialmente jurisdiccionales."

Por otra parte, de la copia certificada de la ejecutoria pronunciada el catorce de marzo del año dos mil uno, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo en revisión número 1373/2001-69, promovido por Carmen Covarrubias Robles, contra actos de la subdirectora Divisional de Procesos de la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otro, se advierte que dicho órgano colegiado, en la parte que interesa a la contradicción, emitió las siguientes consideraciones:

"TERCERO. Previo al análisis del asunto que nos ocupa, conviene precisar que, a juicio de este tribunal, resulta procedente el recurso de revisión interpuesto por la subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial y el subdirector divisional de Productos de Información Tecnológica, ambos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 87 de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión.’. De la lectura del artículo transcrito, se advierte que las autoridades responsables únicamente pueden interponer el recurso a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Ley de Amparo, cuando la sentencia del Juez de Distrito afecte directamente el acto que de ellas se reclama. Al respecto se ha establecido a través de la interpretación del Poder Judicial de la Federación, que en tratándose de actos de carácter jurisdiccional en los que se ventila una contienda entre partes, las autoridades responsables carecen del interés directo previsto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, por lo que no están legitimadas para interponer la revisión, toda vez que pretender sostener su acto de autoridad implicaría romper el principio de imparcialidad a que deben sujetarse, pues el esgrimir argumentos tendientes a la subsistencia de la resolución reclamada, se traduciría en la defensa de la parte a quien dicha resolución benefició. En este sentido, el pronunciamiento más reciente de nuestro más Alto Tribunal es el contenido en la tesis del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, julio de 1998, tesis P. LI/98, página 32, que dice: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSABLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Es cierto que las autoridades responsables son parte en el juicio de garantías y que, por tal razón, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción V y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley, pero también es cierto que las autoridades responsables que ejercen funciones jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir en revisión las sentencias de amparo directo dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito que efectuó consideraciones sobre la inconstitucionalidad de la ley aplicada en la resolución reclamada, ya que este tipo de autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes contendientes, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes. Por ello, las autoridades judiciales, inclusive las del orden penal, no pueden válidamente recurrir en revisión la ejecutoria dictada en el juicio constitucional que declara la inconstitucionalidad de la resolución impugnada en la vía de amparo directo, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, además, como coadyuvantes del Ministerio Público y de la parte ofendida, lo cual resulta contrario a los principios que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han reconocido en favor del reo.’. Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que si bien dicho criterio no admite argumento en contrario, respecto de actos formal y materialmente jurisdiccionales, lo cierto es que en tratándose de resoluciones de autoridad administrativa de contenido materialmente jurisdiccional, y específicamente las emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los procedimientos administrativos de declaración, debe hacerse una distinción, ya que dichas resoluciones no se limitan a resolver una controversia entre partes, como es propio de la función jurisdiccional, sino que a través de ellas también se vela por la debida observancia de la Ley de la Propiedad Industrial, que es de orden público y cuyo objeto trasciende de la mera resolución de controversias, para inscribirse dentro del marco de las funciones estatales tendientes al desarrollo nacional, en favor no sólo de dos partes en conflicto, sino de la sociedad en general. En efecto, por virtud del artículo 25 constitucional que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17059-e8150f48/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-esta-legitimado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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