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RENTA. LAS "CARTAS INVITACIÓN" EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO CONSTITUYEN EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 131/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17411
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 523.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 131/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión RA. 95/2002-1252 en sesión de treinta de abril de dos mil dos, por unanimidad de votos, en la parte conducente, señaló:

"SÉPTIMO. Los argumentos que se hacen valer en los tres agravios sintetizados en el considerando anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, resultan susceptibles de analizarse de manera conjunta, toda vez que se encuentran encaminados a controvertir el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito, con apoyo en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados precisados en el resultando primero de este fallo, por no demostrarse el primer acto concreto de aplicación del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se considera, por la quejosa, como inconstitucional.

"Cabe hacer la precisión en el sentido que del análisis que se hace del fallo que se revisa, cuyo texto, en la parte que interesa, consta ya transcrito en esta ejecutoria, se advierte que la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el considerando cuarto, al valorar las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, estimó que se actualizaba la que alegó el presidente de la República por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público y la invocada por el administrador central de Programas Especiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consistente en que la quejosa no tenía interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del precepto 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque no acreditó la afectación jurídica que se le causa y el acto concreto de aplicación de la norma.

"La Juez de Distrito llegó a la conclusión anterior, en virtud de que la quejosa no demostró en la secuela procedimental que el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que combate como heteroaplicativo, se le hubiese aplicado y, por ello, se afecte su interés jurídico, puesto que si bien es cierto que exhibió la documental consistente en el oficio de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil uno (que denomina ‘se le formula invitación’), signado por el administrador central de Programas Especiales del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se pretendió acreditar el primer acto de aplicación del artículo que se impugna como inconstitucional, también lo es que la a quo consideró que esa determinación, por sí sola, no otorgaba a la solicitante del amparo el interés jurídico necesario para acudir a la vía de control constitucional a reclamar la norma, toda vez que el mencionado oficio no le causaba perjuicio alguno y, por ello, el acto de aplicación no se encontraba fehacientemente demostrado.

"Además, la Juez de Distrito estimó que de la lectura que se hiciera del oficio citado, no se advertía la aplicación del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puesto que en él únicamente se le comunicaron a la promovente del amparo las obligaciones que prevé para ésta el ordenamiento reclamado, por lo que ante tal situación, de ninguna manera le deparaba perjuicio la norma contra la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, porque no se demostró su aplicación.

"Aunado a lo anterior, sostiene la a quo, que el oficio circular de referencia es un mero comunicado que no lleva implícita la aplicación del artículo que combate la quejosa, puesto que si bien hace alusión a esa norma, ello no significa su concretización porque no conlleva la orden coactiva relativa a que el particular se ajuste o aplique su conducta al ordenamiento que se le señala, sino que reviste sólo el carácter de un comunicado el que no es más que una simple reiteración de una obligación y posible sanción que se prevé en la ley, por lo que tiene el carácter de un aviso preventivo, puesto que la quejosa se encuentra en la hipótesis de la norma y está obligada a acatar una determinada conducta, razón por la que sostiene la juzgadora que el tantas veces citado oficio no puede deparar perjuicios a la recurrente y de ahí que no sea el primero en el que se concretizó la ley, pues no se le aplica sino sólo se le hacen de su conocimiento sus obligaciones, y si el particular cumple o no con ese comunicado, se le advierte del contenido de esa ley y no va a ser el apercibimiento el que genere la efectividad de la norma, sino que será hasta la aplicación concreta en donde se le sancione por dejar de observarla, por lo que el oficio, lejos de infringirle sus garantías, le benefició, ya que le hace saber una obligación y previene una posible sanción que sería la consecuencia de su incumplimiento.

"Precisados los lineamientos que rigen el fallo que se revisa, conviene reiterar, en síntesis, que la quejosa aduce en sus agravios que la Juez de Distrito omitió valorar las pruebas aportadas en la secuela procesal, los argumentos hechos valer en el escrito de demanda de amparo y en los alegatos, con los que demuestra que el acto que denomina ‘se le formula invitación’, constituye el primero en el que se aplicó el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su perjuicio y, por ende, al concretizarse su aplicación, resulta claro que no procedía el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

"Los argumentos que se sintetizan resultan esencialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa, atento las consideraciones que se pasan a exponer.

"De las constancias que se ofrecieron con el escrito de demanda de amparo, recibido el nueve de noviembre de dos mil uno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se advierte que Gilda Corina Terán Espinoza, representante legal de Aminotec, Sociedad Anónima de Capital Variable, acompañó, entre otros documentos, el consistente en el oficio de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil uno, que denomina ‘se le formula invitación’, el cual obra a fojas noventa del juicio de amparo 1024/2001, mismo que es del tenor literal siguiente:

"‘Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Administración Central de Programas Especiales. México, D.F. 24 de septiembre de 2001. Asunto: Se le formula invitación. R.F.C. AMI860513V44. Nombre: Aminotec, S.A. de C.V. Domicilio: Londres ent. G. Farías y Abasolo 62 62 (sic) Del Carmen Coyoacán, D.F. Entre. C.P. 62. Conforme a lo establecido en el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes con trabajadores y empleados tienen la obligación de determinar el subsidio acreditable contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Ahora bien, toda vez que en contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia número 97/2000-SS, en la que determinó que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto del subsidio acreditable contra ese tributo a que se refiere el artículo 80-A de la ley relativa, deben incluirse las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados. Por lo que si usted incurrió en este supuesto, se le convoca a corregir su situación fiscal y cubrir las diferencias del impuesto sobre la renta retenido a su cargo. Una vez regularizada su situación fiscal, se le solicita proporcione a esta autoridad fotocopia de las declaraciones presentadas en las que conste el pago de las diferencias, mediante escrito que haga referencia a la presente y lo envíe a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con domicilio en la Av. Hidalgo No. 77, Módulo II, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F., dentro de un plazo no mayor a quince días contados a partir del siguiente al en que reciba este comunicado. Se le hace saber que la presente constituye un programa preventivo. Por lo que se le reitera, que el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, evitará la revisión de la autoridad, sanciones y molestias innecesarias. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelección. El administrador central de Programas Especiales. (Firma ilegible). C.P. Eduardo Ramírez Schuetz.’

"Por otra parte, los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente:

"‘Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.’

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso;

"‘VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio.’

"‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"‘I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso.’

"Del primero de los artículos que se transcriben, se observa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y lo puede hacer por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.

"Por su parte, el segundo de los preceptos transcritos prevé que el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, cuando los actos no afecten los intereses jurídicos del quejoso o contra las leyes, tratados y reglamentos que por su sola vigencia no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio.

"En tanto que el tercero de los artículos que se relata, señala que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso.

"Ahora bien, de la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que ha sustentado que el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico.

"Lo anterior impone al juzgador el deber de analizar el acto o actos por los cuales se controvierte la constitucionalidad de una norma, para establecer si el quejoso realmente resintió la individualización de la ley; o sea, deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir si se afecta o no su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación.

"Lo sustentado en párrafos anteriores encuentra soporte jurídico, en lo conducente, en la tesis aislada 2a. CLXXV/2000, publicada en la página 447 del Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente:

"‘LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: «LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.», de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas.’

"El análisis anterior permite a este Tribunal Colegiado estimar que asiste la razón a la recurrente, cuando aduce que no procedía el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la ley de la materia, toda vez que se demostró que el oficio denominado ‘se le formula invitación’, constituye el primer acto de aplicación de la norma tildada como inconstitucional, y que el mismo le ocasiona un perjuicio al imponerle la obligación de regularizar su situación fiscal conforme al artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la jurisprudencia por contradicción 97/2000-SS, lo cual trasciende a la esfera jurídica de la quejosa.

"En efecto, del análisis que se hace del oficio que la quejosa estima es el primer acto de aplicación de la norma reclamada como inconstitucional, cuya transcripción consta en párrafos anteriores, se advierte que está signado por el administrador central de Programas Especiales de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se encuentra dirigido a Aminotec, Sociedad Anónima de Capital Variable.

"Además, se observa de ese documento, que por él se hace del conocimiento de la solicitante del amparo, que conforme a lo establecido en el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes con trabajadores y empleados tienen la obligación de determinar el subsidio acreditable contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado.

"También se advierte, se le hace del conocimiento de la quejosa, que al resolverse la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia 97/2000-SS, en la que determinó que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto del subsidio acreditable contra el tributo a que se refiere el artículo 80-A de la ley relativa, se deben incluir las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados.

"Por tanto, si la contribuyente, ahora quejosa, incurrió en este supuesto, se le convocaba a corregir su situación fiscal y cubrir las diferencias del impuesto sobre la renta retenido a su cargo y que una vez regularizada su situación fiscal, debería proporcionar mediante escrito, a la autoridad hacendaria respectiva, o sea, a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, fotocopia de las declaraciones presentadas en las que conste el pago de las diferencias, para lo cual se le otorgaba un plazo no mayor a quince días contados a partir del siguiente al en que recibió el comunicado que encierra el oficio que se describe, con la aclaración de que la convocatoria para la regularización obedece a un programa preventivo y que de dar cumplimiento voluntario a sus obligaciones fiscales, evitará la revisión de la autoridad, sanciones y molestias innecesarias.

"De lo antes apuntado se observa que el oficio que la solicitante de amparo denomina ‘se le formula invitación’, sí constituye el acto concreto de aplicación del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que trasciende a su esfera jurídica de derechos subjetivos, porque si bien es cierto que constituye una invitación que se le hace a la ahora recurrente, para que determine el subsidio acreditable contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, conforme a lo dispuesto en el precepto invocado, o sea, como se estableció en la jurisprudencia 97/2000-SS, en la que se determinó que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto del subsidio acreditable contra el tributo, se deben incluir las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados, también lo es que dicha invitación tiene como finalidad constreñir a la contribuyente para que regularice su situación fiscal y hecho esto, deberá proporcionar mediante escrito, a la autoridad hacendaria respectiva, fotocopia de las declaraciones presentadas en las que conste el pago de las diferencias, para lo cual se le otorga un plazo no mayor a quince días contados a partir del siguiente al en que recibió el comunicado que encierra el oficio que se describe.

"Consecuentemente, el mencionado acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, al encontrarse dirigido a la quejosa, la coloca en la hipótesis legal en virtud de la cual surge o se actualiza la situación que la vincula al cumplimiento de la ley impugnada, por lo que contrario a lo que resolvió la a quo, el oficio analizado afecta el interés jurídico de la solicitante del amparo, al constreñirla a regularizar su situación fiscal determinando el subsidio acreditable contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, conforme a lo dispuesto por el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en términos de la jurisprudencia 97/2000-SS, es decir, mediante la inclusión de las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados.

"Asimismo, dicho acto constituye el primero en el que se concretiza la norma controvertida, pues la propia recurrente aduce en la foja nueve de su escrito de demanda de amparo, que en las declaraciones de los ejercicios de mil novecientos noventa y seis a dos mil, no consideró esas cuotas al enterar las cantidades relativas a ese impuesto, situación que no se encuentra desvirtuada en los autos del juicio de amparo.

"En tal virtud, al darse, mediante el oficio que se analiza, una situación que constriñe a la solicitante del amparo al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo que se reclama como inconstitucional y al no estar probado que el mismo se aplicó con anterioridad, es claro que ese documento constituye el primer acto de aplicación de la norma reclamada y causa un agravio personal y directo a la quejosa que trasciende en su esfera de derechos legítimamente tutelados por la norma, de ahí que tenga interés jurídico para interponer el juicio de amparo.

"Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 70/2000, publicada en la página 234, Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativa a la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente:

"‘LEYES, AMPARO CONTRA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE SU IMPUGNACIÓN PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo, no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede ser una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía, dirigida a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, y en virtud de la cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada puedan dar lugar a que se considere afectado su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un reglamento, acuerdo o circular, que pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en una ley, concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en esta última, lo que permitirá la impugnación de ésta a través del juicio de garantías, aplicando, para su procedencia las mismas reglas del amparo contra leyes.’

"Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la hipótesis jurídica controvertida en el presente asunto, consiste en la inclusión de las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el cálculo del subsidio acreditable, para lo cual se conmina a la ahora recurrente a regularizar su situación fiscal, lo que deberá hacer en un plazo de quince días, por lo que es inconcuso que es en este momento que dicha ley le causó un perjuicio, porque se le vincula al cumplimiento de la misma, al manifestar que no incluía las cuotas patronales referidas en el monto del subsidio acreditable y, por ende, entonces no se habían configurado plenamente los extremos del precepto en comento, por lo que no estaba en aptitud de reclamarlo.

"En esas condiciones, al resultar esencialmente fundados los agravios que hace valer la recurrente, procede levantarse el sobreseimiento decretado por la Juez Federal, en el punto resolutivo único en relación con el considerando cuarto del fallo que se revisa.

"...

"DÉCIMO. En otro orden de ideas, la autoridad responsable hace valer la causa de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los preceptos 1o. y 4o. de la Ley de Amparo, por estimar que el oficio invitación de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil uno, no puede considerarse como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque sólo está destinado a que la quejosa corrija su situación fiscal sin condicionarla en algo.

"El supuesto de improcedencia indicado tampoco se actualiza en el caso concreto, por las consideraciones que ya se expusieron en el considerando séptimo que antecede, las cuales están estrechamente relacionadas con los argumentos que aquí se plantean y atento las razones que se pasan a expresar.

"Cabe señalar que al analizar los agravios que hizo valer la recurrente, en el séptimo de los considerandos de este fallo, se concluyó en el sentido de que el oficio que se denomina ‘se le formula invitación’, sí constituye el acto concreto de aplicación del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque si bien es cierto que constituye una invitación que se le hace a la ahora recurrente, para que determine el subsidio acreditable contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, conforme a lo dispuesto en el precepto invocado, y en términos de lo establecido en la jurisprudencia 97/2000-SS, en la que se determinó que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto del subsidio acreditable contra el tributo, se deben incluir las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados también lo es que dicha invitación tiene como finalidad constreñir a la contribuyente para que regularice su situación fiscal y hecho esto, deberá proporcionar mediante escrito, a la autoridad hacendaria respectiva, fotocopia de las declaraciones presentadas en las que conste el pago de las diferencias, para lo cual se le otorgó un plazo no mayor a quince días contados a partir del siguiente al en que recibió el comunicado que encierra el oficio que se describe.

"Por tanto, el mencionado acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, al encontrarse dirigido a la quejosa la coloca en la hipótesis legal en virtud de la cual surge o se actualiza la situación que la vincula al cumplimiento de la ley impugnada, por lo que contrario a lo que resolvió la a quo, el oficio analizado afecta el interés jurídico de la solicitante del amparo, al constreñirla a regularizar su situación fiscal, determinando el subsidio acreditable contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, en términos de lo dispuesto por el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la jurisprudencia 97/2000-SS, es decir, mediante la inclusión de las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados, lo que llevó a la conclusión de que dicho acto constituye el primero en el que se concretiza la norma controvertida, pues la propia recurrente aduce en la foja nueve de su escrito de demanda de amparo, que en las declaraciones de los ejercicios de mil novecientos noventa y seis a dos mil, no consideró esas cuotas al enterar las cantidades relativas a ese impuesto.

"Ahora bien, en apoyo de lo ya resuelto, se debe destacar que el acto autoritario es aquel a través del cual se manifiesta el poder público centralizado o poder de gobierno, que proviene de los órganos de éste y que tiene como elementos característicos los siguientes:

"La unilateralidad, que implica que para la existencia del acto de autoridad es suficiente la voluntad del órgano estatal que lo emite o realiza, sin necesidad del consentimiento del particular o gobernado hacia quien el acto se dirija. Este elemento permite distinguir el acto de autoridad de los actos que suelen concertar los órganos del Estado con la concurrencia de los particulares o gobernados y que generalmente se traducen en contratos de carácter administrativo o civil.

"La imperatividad, que otorga al acto de autoridad su carácter de acto de imperio en el que la voluntad del Estado, externada a través del órgano respectivo, se encuentra en una situación de hegemonía frente a la del particular o gobernado, cuya voluntad y conducta es subordinada o supedita.

"La coercitividad, que consiste en la capacidad inherente a todo acto de autoridad para hacerse obedecer coactivamente por el sujeto a quien se dirija, incluso mediante la fuerza pública y las sanciones de diversa especie. El acto de autoridad es coercitivo y la conducta del gobernado coercible y expresa un acto de gobierno o de imperio propio del poder público del Estado.

"En hipótesis excepcionales también suele registrarse el acto de autoridad, con los elementos característicos señalados, cuando proviene de alguna entidad paraestatal, bajo la condición de que la ley obligue a los órganos estatales centralizados del poder público a ejecutarlo coactivamente sin facultad para evaluarlo o cuestionarlo.

"Todo acto de autoridad consta de dos elementos, a saber, el motivo determinante y el sentido de la afectación. El primero estriba en las causas, razones, factores o circunstan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17411-88394073/renta-las-cartas-invitacion-emitidas-por-la-administracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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