ASEGURAMIENTO DE BIENES. EL DECRETADO FORMALMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LOS QUE PREVIAMENTE HUBIESE SIDO DESPOSEÍDO EL QUEJOSO, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión, para establecer si en este asunto existe o no la contradicción de tesis denunciada.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciante, al resolver por unanimidad de votos en sesión de doce de abril de dos mil dos, la revisión principal 465/2001, interpuesta por ... sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"QUINTO. ... Sin embargo, los propios motivos de inconformidad resultan fundados en lo esencial, pues al respecto el recurrente afirma, medularmente, que no se concreta el cambio de situación jurídica a que alude el juzgador, toda vez que el aseguramiento del inmueble lo decretó el Ministerio Público y no existe determinación de un Juez para que se configure tal causal. Exacto, el acto reclamado en resumen se hizo consistir en la indebida clausura y colocación de sellos y, como consecuencia de ello, la ilegal desposesión del inmueble ubicado en la calle Tres de Junio, colonia San Rafael, Sector Reforma, en esta ciudad de Guadalajara. Por su parte, en la sentencia impugnada se decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías; los argumentos torales, en resumen, fueron los siguientes: 1. Que el inmueble que por esta vía defiende el quejoso fue asegurado por la representación social, con apoyo en los artículos 93 y 133 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco. 2. Que en el caso operó un cambio de situación jurídica que conduce a considerar a los actos reclamados como consumados de manera irreparable, dado que no puede resolverse sobre el fondo del mismo sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo del aseguramiento. 3. Que se actualizó la causal prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, citándose al efecto la tesis que transcribió de la voz: 'CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA SI EN AUTOS APARECE QUE SE DECRETÓ EL ASEGURAMIENTO DEL AUTOMOTOR CUYA DESPOSESIÓN SE RECLAMA.' (se transcribe). El referido acuerdo de aseguramiento, en lo conducente, es del tenor literal siguiente: 'Trasládese personal autorizado de esta representación social al inmueble marcado con el número 369 trescientos sesenta y nueve, de la calle 3 de Junio, en la colonia San Rafael, Municipio de Guadalajara, Jalisco, y practíquese la inspección ocular en vía de fe ministerial. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 131 ciento treinta y uno, 132 ciento treinta y dos y 238 doscientos treinta y ocho del enjuiciamiento criminal para el Estado de Jalisco ... Diligencia ministerial. Guadalajara, Jalisco y siendo las 11:00 horas del día 28 veintiocho de noviembre del año 2000 dos mil. El suscrito agente del Ministerio Público, Lic. Jesús Estrada Cervantes, en unión de su personal de asistencia con los que legalmente actúa y dan fe y con fundamento en los artículos 238, 239 y 240 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Jalisco y los artículos 1o., 2o., fracción I y 3o., fracciones II y III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, procedió a trasladarse, y una vez legalmente constituido en dicho lugar, se da fe de tener a la vista una finca marcada con el número 369 trescientos sesenta y nueve, de la calle 3 tres de Junio en la colonia San Rafael, misma que presenta una fachada de color blanco, de aproximadamente 10 diez metros de frente, la cual presenta un portón metálico en color blanco, también de 2 dos hojas, de aproximadamente 2 dos metros de alto, procediendo a tocar en repetidas ocasiones, sin que saliera a atendernos persona alguna, por lo que al no salir persona alguna, se procede a colocar sellos de clausura y asegurar el lugar en virtud de que el detenido de nombre ... manifestó que en ese lugar desmantelarían el vehículo que habían robado; por consecuencia ... se ordena en estos momentos que la finca marcada con el número 369 trescientos sesenta y nueve, de la calle 3 tres de Junio en la colonia San Rafael, se asegure, para con ello cumplir con lo mandado por los artículos 93 y 133 antes invocados, y así asegurar el producto o vestigios del delito y evitar que el objeto del ilícito pueda sufrir alguna alteración ... Es por lo anterior, analizado y con apoyo en los preceptos 16 y 21 constitucionales, así como 93, 94 y 133 del enjuiciamiento penal del Estado de Jalisco, 3o., 4o. y 15, inciso A), fracciones II y III, de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, por lo que el suscrito agente del Ministerio Público ordena el aseguramiento de la finca, acto continuo, y por no poderse adelantar más la presente diligencia se da por terminada ésta, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, lo que se asienta para su debida constancia y en vía de fe ministerial. El agente del Ministerio Público. Lic. Jesús Estrada Cervantes. Secretario. Rafael Cortés Vargas.' (fojas 323 a 325). De lo expuesto con anterioridad debe convenirse con el recurrente en que no se actualiza el cambio de situación jurídica con el aseguramiento decretado por el representante de la sociedad a que alude el Juez a quo. Ello es así, en razón de que la clausura y colocación de sellos en el inmueble de que se trata, y además, el aseguramiento, son actos efectuados por la misma autoridad responsable, durante la averiguación previa número 20932/2000, de la que emanan tales actos, sin que al efecto hubiese intervenido alguna otra autoridad diversa a la propia responsable, que trajera como consecuencia que ya no pudiera disponer de dicho bien, pues de autos no se desprende que se hubieran consignado los hechos a la autoridad judicial para que éste a su vez dictara un nuevo aseguramiento, evento en el cual sí se concretaría la causal de improcedencia que nos ocupa. En efecto, tanto la clausura como el aseguramiento ministerial no constituyen cambio de situación jurídica alguna, en tanto que el efecto sigue siendo idéntico, es decir, es la propia autoridad la que continúa ejerciendo la disponibilidad del inmueble y el quejoso está impedido de hacer uso de él por la oposición que aquélla ocasiona. En ese sentido, es evidente que el efecto jurídico esté inalterado. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, identificada con la clave número III.2o.A.61 A, visible en la página 1306, Tomo X, octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 'MINISTERIO PÚBLICO, ASEGURAMIENTO DECRETADO POR EL. CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA POR EXISTIR DIVERSO ASEGURAMIENTO DICTADO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL. Cuando durante la tramitación del juicio de amparo en que se reclama el aseguramiento de bienes decretado por el Ministerio Público de la Federación dentro de una averiguación previa, queda acreditado que la representación social federal consignó los hechos a una autoridad judicial federal en materia penal y que ésta a su vez dictó nuevo aseguramiento sobre los propios bienes, se concreta la causal de improcedencia estatuida en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el aseguramiento decretado por la autoridad judicial genera en el proceso penal del que deriva el acto reclamado un cambio de situación jurídica que origina que, para los efectos del juicio de amparo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que se hubieran cometido en el aseguramiento decretado por la autoridad ministerial, pues con motivo del aseguramiento decretado por la autoridad judicial, los bienes afectos a la indagatoria dejaron de estar bajo la potestad legal de la representación social federal señalada como responsable y quedaron a disposición de la autoridad judicial, lo que imposibilita que el órgano de control constitucional pueda examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del aseguramiento reclamado en el amparo, ya que de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada con el aseguramiento dictado por la autoridad judicial federal.'. Por lo anterior, evidentemente no se actualiza al caso la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, ni se advierte que se concrete ninguna otra causal de improcedencia o de sobreseimiento del juicio, por lo que lo procedente es revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida en la materia de la revisión y entrar al estudio de los conceptos de violación formulados en el escrito inicial de demanda. Previo al examen de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, es conveniente aquí dejar asentado que este tribunal en los tocas de revisión números 360/98, 30/99, 83/99, 318/99 y 225/2000 -entre otros- sostuvo el criterio acerca de que en el supuesto de que en los asuntos donde se reclaman actos consistentes en desposesión y/o retención de algún bien mueble o inmueble y existiese el acuerdo aseguratorio en una averiguación previa, no debía sobreseerse por cambio de situación jurídica, generada, precisamente, por el aseguramiento del bien, sino por la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, por no reclamarse en vía de ampliación de la demanda aquel acto. Sin embargo, en una nueva reflexión, este órgano colegiado se aparta de los referidos criterios y, en su lugar, opta por determinar que el cambio de situación jurídica no es dable cuando el bien afectado aún se encuentra a disposición del Ministerio Público, en tanto que el aseguramiento del bien lo lleva el Ministerio Público sin la intervención de ninguna otra autoridad, esto es, bajo la potestad de la representación social y no de la autoridad judicial. El juzgador en la sentencia reclamada, además, se apoyó en el criterio del Primer Tribunal Colegiado identificado con la clave número III.1o.A.64 A, que aparece publicada en la página quinientos dos del Tomo IX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, cuya sinopsis es: 'CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA SI EN AUTOS APARECE QUE SE DECRETÓ EL ASEGURAMIENTO DEL AUTOMOTOR CUYA DESPOSESIÓN SE RECLAMA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, la instancia constitucional es improcedente cuando con posterioridad al acto reclamado en la demanda de garantías recae una determinación, en el propio procedimiento seguido por la autoridad responsable, que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo, porque no puede decidirse sobre la constitucionalidad del mismo sin afectar la nueva situación jurídica. Si en un amparo se reclamó la orden de desposeimiento de un automotor y su ejecución, y de las constancias de autos se advierte que el agente del Ministerio Público decretó ya el aseguramiento de dicho bien, deben, por tanto, considerarse irreparablemente consumadas las violaciones inherentes al acto de desposeimiento, y sobreseerse en el juicio de amparo, de conformidad con los artículos 74, fracción III, en relación con el invocado artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, puesto que no puede decidirse sobre la cuestionada constitucionalidad del acto de desposeimiento, sin afectar los fines del acto de aseguramiento, que se traducen, entre otros, en preservar derechos sobre el bien de que se trata en favor de quien acredite tener un mejor derecho sobre el mismo, o lo finque, según se desprende de los artículos 21 de la Constitución Federal, 93, 133, 429 y 430 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, y 29 del Código Penal del mismo Estado. Por eso resulta jurídicamente imposible resolver acerca del desposeimiento sin afectar el aseguramiento, toda vez que en la eventualidad de que se concluyera que el primer acto es inconstitucional y, en consecuencia, se ordenara la restitución del bien al quejoso, ya no podría cumplir sus fines el aseguramiento, afectando así la situación jurídica producida por éste. La desposesión y el aseguramiento son actos que tienen alcances y consecuencias jurídicas diversos, pues con el aseguramiento el bien queda afecto a un procedimiento legal, y se limitan los derechos de propiedad y posesorios que se tengan sobre el mismo, lo que no sucede con el simple desposeimiento, donde los derechos de propiedad siguen inalterados.'. Entonces, como el criterio que ahora se adopta, en el sentido de que no se concreta el cambio de situación jurídica cuando exista aseguramiento de un bien dentro de la averiguación previa, mientras que dicho bien se encuentre afecto a la indagatoria y no se hubiera remitido ésta a la autoridad judicial, puede que sea contradictorio con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, antes transcrito, denúnciese la probable contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos la revisión principal 2/99, el dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, sustentó, en lo que interesa, lo siguiente:
"IV. Son infundados los anteriores agravios. Contrario a lo que en ellos se aduce, en la especie sí se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, invocada por la a quo para sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud del acuerdo de aseguramiento que, en relación con el vehículo que se describe en la demanda, emitió el agente del Ministerio Público adscrito al área de vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el dos de marzo de mil novecientos noventa y ocho, fecha en la que, cabe precisar, también aconteció el acto de desposeimiento que únicamente se reclamó en la demanda de garantías, según muestra el análisis integral de la misma, pues con dicho acuerdo se originó una nueva situación jurídica que impide resolver sobre las violaciones alegadas por el inconforme. En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 constitucional, compete al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos. Por su parte, el numeral 93 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en que fundó el agente responsable el aseguramiento de que se habla, establece: 'Artículo 93. Inmediatamente que el Ministerio Público, o un funcionario encargado de practicar diligencias de policía judicial, tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictará todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación; además, procederá a la aprehensión de los responsables en los casos de flagrante delito. Lo mismo se hará tratándose de delitos que solamente puedan perseguirse por querella, si ésta ha sido formulada.'. (lo resaltado proviene de este tribunal); y el diverso numeral 133 de la misma ley procesal, que corresponde al capítulo II, relativo a las huellas del delito, aseguramiento de los instrumentos y objetos del mismo, en el cual igualmente se apoyó el referido agente del Ministerio Público, señala: 'Artículo 133. Los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de él, así como aquellos en que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con éste, serán asegurados y, al efecto, se pondrán en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la responsabilidad de alguna persona, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan. De todas las cosas aseguradas se hará un inventario, en el que se les describirá de tal manera que en cualquier tiempo puedan ser identificadas.'. Asimismo, el capítulo X del ordenamiento legal citado, en los artículos 429 y 430, prevé las medidas provisionales para la restitución al ofendido en el goce de sus derechos, pues establecen: 'Artículo 429. Cuando esté plenamente comprobado en autos el delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias, a solicitud del interesado, para restituirlo en el goce de sus derechos, siempre que estén legalmente justificados. Si se tratase de cosas, únicamente podrán retenerse, estén o no comprobados los elementos del tipo penal, cuando a juicio de quien practique las diligencias, la retención fuere necesaria para el éxito de la averiguación. Tratándose del delito de despojo, el Juez decretará de oficio, las providencias a que se refiere el párrafo anterior, en el auto de formal prisión en su caso. Si la entrega del bien pudiere lesionar derechos de tercero o del inculpado, la restitución se hará mediante fianza bastante para garantizar los daños y perjuicios respectivos. En caso de delitos patrimoniales, el monto de la fianza para la restitución se fijará, previo avalúo del bien que ha de devolverse.' y 'Artículo 430. Las providencias que se dicten conforme a las reglas anteriores, serán provisionales y podrán ser modificadas o revocadas por causa superveniente, o en la sentencia definitiva.'; finalmente, el artículo 29 del Código Penal del Estado, prevé el destino de los objetos asegurados, al señalar: 'Artículo 29. Si los objetos de uso prohibido de que habla el artículo anterior sólo sirvieran para delinquir, se destruirán al ejecutar la sentencia irrevocable, asentándose en el proceso haberlo hecho así; fuera de este caso, se aplicarán al gobierno del Estado si le fueren útiles; en caso contrario, se venderán en subasta pública a personas que no tengan prohibición de usarlos y su precio se aplicará en beneficio del Instituto Jalisciense de Asistencia Social.'. Pues bien, conforme a lo dispuesto en los numerales antes transcritos, se concluye que el agente del Ministerio Público es la autoridad competente para la investigación y persecución de los delitos; que está facultado para dictar todas las medidas y providencias necesarias para que, entre otras cosas, impida se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo, medidas entre las cuales se encuentra el aseguramiento de los instrumentos y objetos del delito, lo cual tiene como finalidad, entre otras, la preservación de los derechos del ofendido o de cualquier otra persona o entidad con legítimo interés sobre el bien asegurado. De lo anterior se sigue que el fin del aseguramiento del vehículo controvertido, decretado por el agente del Ministerio Público responsable, en proveído de dos de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en las actuaciones de la averiguación previa 2458/97, instaurada en razón de la denuncia de robo de vehículo presentada por Cuauhtémoc Isaac Sánchez González, es el de preservar derechos sobre el aludido automotor, en favor de la persona que acredite tener un mejor derecho sobre el mismo, fin que ya no sería posible cumplir en la especie, de convenir con el recurrente en el sentido de que el acto de aseguramiento y el acto de desposeimiento son un mismo hecho y que por ello no pueden considerarse irreparablemente consumadas las violaciones inherentes al acto de desposeimiento, porque no sería jurídicamente posible que el tribunal de amparo anulara el acto desposesorio reclamado, con una sentencia protectora, dejara inexistente una parte del procedimiento, pero subsistente el acto posterior, que es el aseguramiento y sus consecuencias. Esto es, resulta jurídicamente imposible resolver acerca del desposeimiento sin afectar el aseguramiento, toda vez que en la eventualidad de que se concluyera que el primer acto es inconstitucional y, en consecuencia, se ordenara la restitución del bien al quejoso, ya no podría cumplir sus fines el aseguramiento, afectando así la situación jurídica producida por éste. El juzgador ya no podría cumplir con los deberes procesales inherentes que le impone el susodicho aseguramiento. Basta analizar las definiciones que de los vocablos de desposeimiento y aseguramiento cita el Diccionario Durvan de la Lengua Española, para determinar que cada uno de estos actos son diversos, ya que se tiene como el primero de ellos, en la acepción que aquí interesa, la acción y efecto de desposeer y por esto, privar a uno de lo que posee; y, por el segundo de los vocablos, se tiene como la acción y el efecto de asegurar, y en relación con los bienes litigiosos, el conjunto de medidas tomadas por un Juez para impedir el deterioro o fraude y el procedimiento especial para acordar esas medidas. De lo que se colige que tales acontecimientos, como se dijo, son diferentes y suceden en forma separada. Además, tienen alcances y consecuencias jurídicas diversas, ya que en virtud del aseguramiento se afecta el bien de que se trata a un procedimiento legal y se limitan, por consiguiente, los derechos de propiedad y posesorios que se tengan sobre el mismo, lo que no sucede con el simple desposeimiento, donde los derechos de propiedad siguen inalterados. En consecuencia, al haber acontecido el acuerdo de aseguramiento con posterioridad al desposeimiento del vehículo, es evidente, por lo antes expuesto, el cambio de situación jurídica, así como la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la ley de la materia, invocada por la Juez de Distrito en la resolución combatida. Cabe agregar que al no haber sido recurrido el acuerdo de aseguramiento aludido, no se está en aptitud de analizarlo ni, por tanto, estimar su inconstitucionalidad, pues se dejaría sin efectos un acto que, insístese, no fue materia de la litis. Cobra aplicación la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 1573 del Tomo LXIV, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: 'IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica.'. Por lo anterior, resulta aplicable la tesis que invocó la a quo en la resolución supradicha, e inaplicables las diversas que cita el recurrente en su escrito de agravios, en razón de que las mismas refieren supuestos diversos al aquí analizado, esto es, se refieren a los casos en que no se actualiza el cambio de situación jurídica, tratándose de una orden de aprehensión o cuando la libertad personal puede ser restringida por diversas causas legales, tema que constituye excepción a la regla por disposición expresa de la ley, pero que no es precisamente el concurrente en el presente juicio, que no involucra la libertad personal; también involucran esas tesis el cambio de situación que no se surte por el dictado de la sentencia; de la procedencia de los recursos en materia administrativa, tratándose de la desposesión de vehículos y el respeto a la garantía de audiencia; de la desposesión a los particulares de vehículos robados y de la procedencia de la suspensión contra la desposesión de automotor por averiguación de policía, mas ninguna de todas esas tesis trata un problema como el que aquí concurre, ni siquiera análogo. Consecuentemente, no evidenciada la antijuridicidad de la sentencia recurrida, lo que procede es confirmarla."
De la anterior resolución derivó el siguiente criterio:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, abril de 1999
"Tesis: III.1o.A.64 A
"Página: 502
"CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA SI EN AUTOS APARECE QUE SE DECRETÓ EL ASEGURAMIENTO DEL AUTOMOTOR CUYA DESPOSESIÓN SE RECLAMA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, la instancia constitucional es improcedente cuando con posterioridad al acto reclamado en la demanda de garantías recae una determinación, en el propio procedimiento seguido por la autoridad responsable, que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo, porque no puede decidirse sobre la constitucionalidad del mismo sin afectar la nueva situación jurídica. Si en un amparo se reclamó la orden de desposeimiento de un automotor y su ejecución, y de las constancias de autos se advierte que el agente del Ministerio Público decretó ya el aseguramiento de dicho bien, deben, por tanto, considerarse irreparablemente consumadas las violaciones inherentes al acto de desposeimiento, y sobreseerse en el juicio de amparo, de conformidad con los artículos 74, fracción III, en relación con el invocado artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, puesto que no puede decidirse sobre la cuestionada constitucionalidad del acto de desposeimiento, sin afectar los fines del acto de aseguramiento, que se traducen, entre otros, en preservar derechos sobre el bien de que se trata en favor de quien acredite tener un mejor derecho sobre el mismo, o lo finque, según se desprende de los artículos 21 de la Constitución Federal, 93, 133, 429 y 430 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, y 29 del Código Penal del mismo Estado. Por eso resulta jurídicamente imposible resolver acerca del desposeimiento sin afectar el aseguramiento, toda vez que en la eventualidad de que se concluyera que el primer acto es inconstitucional y, en consecuencia, se ordenara la restitución del bien al quejoso, ya no podría cumplir sus fines el aseguramiento, afectando así la situación jurídica producida por éste. La desposesión y el aseguramiento son actos que tienen alcances y consecuencias jurídicas diversos, pues con el aseguramiento el bien queda afecto a un procedimiento legal, y se limitan los derechos de propiedad y posesorios que se tengan sobre el mismo, lo que no sucede con el simple desposeimiento, donde los derechos de propiedad siguen inalterados.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 2/99. Osiris Disco Club, S.A. 2 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alfonso Álvarez Escoto. Secretaria: Claudia de Anda García."
QUINTO. Previamente al análisis de la cuestión sustancial del negocio, resulta necesario determinar si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una controversia de criterios, para que, en su caso, se esté en aptitud de establecer cuál es el que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
Para tal efecto, debe tomarse en consideración lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo que, conducentemente, expresan:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."
Ahora bien, de la interpretación armónica de las transcripciones que preceden, se puede arribar válidamente a la conclusión de que para la existencia d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17458-3e53f9a0/aseguramiento-de-bienes-el-decretado-formalmente-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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