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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2002-PL. · Registro digital (IUS): 17110
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, , Pág. 65.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los antecedentes del recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que constituye uno de los criterios en oposición, son:

El treinta y uno de julio de dos mil uno, el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dictó un acuerdo mediante el cual desechó parcialmente la demanda de amparo indirecto promovida por Banca Serfín, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín, registrada con el número 587/2001, en los términos que a continuación se detallan:

"México, Distrito Federal, a treinta y uno de julio de dos mil uno. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda, signado por Graciela Flores Garduño, en su carácter de apoderada legal de Banca Serfín, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de veintitrés de julio del año en curso. Ahora bien, del examen de la demanda se desprende que la promovente reclama la aprobación, expedición, promulgación, publicación y entrada en vigor de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el decreto de cinco de enero de dos mil por el que se reformó la ley antes citada, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y, específicamente, los artículos 11, fracción XXIV; 22, fracción XIX y 68, fracción X; y 1o., 2o., 3o., 12, 13 y 19, respectivamente, toda vez que, dentro de su escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad que: ‘... mi representada sí ha promovido diversos juicios de amparo anteriores, en los que ha reclamado los mismos preceptos legales de las leyes que cita en su escrito de demanda, con motivo de distintas órdenes de registro de pasivo contingente. Tales juicios son los siguientes, todos ellos tramitados ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal: Juzgado Segundo: amparo número 513/2001. Juzgado Tercero: amparos números 743/2000 y 508/2001. Juzgado Cuarto: amparos números 547/2001 y 633/2001. Juzgado Quinto: amparos números 420/2000 y 571/2001. Juzgado Sexto: amparo número 521/2001. Juzgado Octavo: amparo número 512/2001. ...’. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracciones III y IV, en relación con el 145 de la Ley de Amparo, se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, el cual encuentra apoyo en el contenido de la jurisprudencia visible en la compilación de 1995, Tomo I, página 194, que expresa: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN.’ (se transcribe). En consecuencia, si en los referidos juicios se impugnaron las mismas disposiciones legales a las que ya se hizo referencia, como lo es la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y su reglamento, con motivo de su aplicación concreta a través de diversos requerimientos para constituir pasivo contingente, siendo que nuevamente se reclaman en el presente juicio de garantías, debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, por haberse impugnado en previos juicios de garantías y cuyo acto de aplicación se emitió con anterioridad al de este juicio; por tanto, como el acto de aplicación reclamado en el presente juicio es uno segundo o ulterior de tales dispositivos, procede desechar la demanda de garantías con fundamento en el artículo 73, fracción III, en relación con el 145 de la Ley de Amparo. Por tales motivos, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia en cuestión, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías únicamente por cuanto hace a los actos que reclama de las autoridades a que hace referencia en los numerales 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o. de su capítulo de autoridades responsables en su demanda de garantías. Ahora bien, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, y 15 de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 36, 114, 116, 147 y 149, y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Graciela Flores Garduño, en su carácter de apoderada legal de Banca Serfín, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín, únicamente por lo que hace a los actos que reclama del presidente, vicepresidente jurídico, director general de Quejas, Conciliación y Arbitraje y director de Asuntos de Bancos, Casas de Bolsa y Organizaciones Auxiliares de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; por tanto, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo a este juicio de garantías ..."

El siete de septiembre de dos mil uno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el recurso de queja 489/2001-641, que se interpuso contra la anterior determinación, en los siguientes términos:

"TERCERO. La recurrente aduce, en esencia, que si bien es cierto que en diversos juicios de amparo se impugnaron los mismos artículos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la ley antes mencionada y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de dos mil, y del Reglamento Interior de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, fue precisamente porque los actos concretos de aplicación son distintos, por lo que tales preceptos también deben reclamarse, no obstante haberse impugnado en otros juicios de garantías, porque de no hacerlo así, serán sobreseídos por considerarse tácitamente consentidos. Continúa señalando que lo que reclama en el juicio de garantías son actos de aplicación distintos, por lo que resulta procedente reclamar sus fundamentos legales que son inconstitucionales y, en todo caso, lo que procedía era decretar oficiosamente la acumulación de los juicios, máxime que sobre el tema a discusión no se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, en el auto de treinta y uno de julio de dos mil, el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal concluyó: Que en relación con las manifestaciones que vertió la peticionaria en su escrito aclaratorio de demanda, estimó que si en los diversos juicios que promovió en los Juzgados Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo del ramo, se impugnaron los mismos preceptos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y su reglamento, con motivo de su aplicación concreta a través de diversos requerimientos para constituir pasivos contingentes, y siendo que nuevamente se reclaman, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracciones III y IV, por haberse impugnado en tales juicios y cuyo acto concreto se emitió con anterioridad al de este juicio; por tanto, el acto de aplicación reclamado es segundo o ulterior de tales dispositivos, motivo por el cual, con apoyo en el numeral 145 de la ley de la materia, desechó de plano la demanda únicamente por lo que se refiere a los actos legislativos. Resulta infundado el único agravio propuesto por la parte recurrente. Al respecto, el artículo 145 de la Ley de Amparo señala: ‘Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.’. De lo antes transcrito se desprende que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que aparezcan en la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, es decir, que el Juez no haga un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Ahora bien, con el propósito de demostrar que fue correcta la conclusión del Juez, conviene determinar qué se entiende por leyes heteroaplicativas para los efectos de la procedencia del juicio constitucional; para tal efecto, se toma en cuenta el criterio de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, página cinco, que dice: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.’. La jurisprudencia transcrita distingue entre leyes que por su sola vigencia causan perjuicio al quejoso, denominadas autoaplicativas, y aquellas que para que irroguen dicho perjuicio requieren de un acto posterior de aplicación, nombradas heteroaplicativas o de individualización condicionada. Por otra parte, del contenido de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclamó la ley y el reglamento interior antes referidos con motivo de un acto concreto de aplicación, es decir, se trata de disposiciones heteroaplicativas o de individualización condicionada. Ahora bien, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier acto posterior de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, es decir, acto posterior de ejecución o individualización de la ley se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. En este sentido, el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, resulta ser en extremo explícito sobre el particular, por cuanto a que hace mención expresa al primer acto de aplicación y establece que para impugnar una ley en juicio de garantías, el interesado tiene la opción de ejercitar la acción de amparo en su contra a través del primer acto de aplicación, o agotar los recursos y medios de defensa ordinarios. La interpretación de la disposición en análisis se halla corroborada con el criterio que ha establecido el Alto Tribunal en las diferentes tesis sustentadas en torno a las leyes heteroaplicativas, en las cuales se advierte que el aludido primer acto específico de aplicación de la ley en ocasiones ocurre de manera implícita y en otras de modo explícito, pero siempre se erige como la condición indispensable para que proceda la acción de amparo en contra de la ley que se reclama con motivo de su aplicación concreta en agravio del particular. Más aún, cabe advertir que por primer acto concreto de aplicación de la ley se entiende no ineludiblemente el que proviene de autoridad, sino que dicho acto específico de ejecución puede provenir ya de un particular que actúa por mandato expreso de la ley y que se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio quejoso, cuando de la orden legal establecida aparece que la norma combatida debe ser cumplida imperativamente por éste, a efecto de evitarse la imposición de sanciones o medidas coercitivas en su contra. Importa destacar, que cuando en el juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente con motivo de su primer acto específico de individualización, mas no del segundo o ulteriores actos. La finalidad del sistema antes explicado radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación de dicha ley existan. Esto evita la litispendencia, respeta la cosa juzgada, y previene la contradicción de sentencias sobre el particular. En suma, cabe subrayar que es el primer acto concreto de aplicación de la ley y no el segundo o posteriores actos el que permite o posibilita jurídicamente la impugnación de una ley por estimarse inconstitucional. De ahí se sigue, en consecuencia, que si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente. Ahora bien, del escrito aclaratorio (folios 48 y 49 del expediente P. 587/2001-1), se observa que la peticionaria, bajo protesta de decir verdad, específicamente señaló: ‘Bajo protesta de decir verdad manifiesto que, efectivamente, mi representada ha promovido diversos juicios de amparo en los que ha reclamado los mismos preceptos legales que cita en su escrito de demanda, con motivo de distintas órdenes de registro de pasivos contingentes. Tales juicios son los siguientes, todos ellos tramitados ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal: Juzgado Segundo: amparo número 513/2001. Juzgado Tercero: amparos números 743/2000 y 508/2001. Juzgado Cuarto: amparos números 547/2001 y 633/2001. Juzgado Quinto: amparos números 420/2000 y 571/2001. Juzgado Sexto: amparo número 521/2001. Juzgado Octavo: amparo número 512/2001. Debe tenerse presente que en todos los señalados juicios de amparo se reclamaron la ley, el decreto y el reglamento interior a que se hace referencia en los apartados A), B) y C) de los capítulos correspondientes de las demandas de garantías, y únicamente en el que ahora promuevo y en los que se tramitan en los Juzgados Cuarto y Quinto, respectivamente, con los números 633/2001 y 571/2001, se reclamaron, además de la ley, el decreto y el reglamento interior mencionados, el acuerdo por el que el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros delega facultades en los vicepresidentes, directores generales y otros funcionarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1999, que se impugnó a través de sus artículos 3o., incisos b) y c), 4o., tercer párrafo y 11. Este reclamo se hizo en el apartado E) de los respectivos capítulos de actos reclamados de las demandas de garantías correspondientes.’. De lo que resulta evidente que no se trata del primero, sino de un ulterior acto concreto de aplicación, manifestación que reitera en su agravio, y que debe estimarse como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles y que hace prueba plena porque concurren en ella las circunstancias que previenen los artículos 199 y 200 del código federal, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Luego, si en el caso concreto la agraviada cuestionó la constitucionalidad de los ordenamientos como heteroaplicativos, no con motivo de su primer acto concreto de aplicación, sino con motivo de un posterior acto de ejecución, debe decirse que de conformidad con las consideraciones antes vertidas resulta correcta la conclusión del a quo en el sentido de desechar de plano la demanda de garantías. Los razonamientos antes expuestos, según los cuales el juicio de amparo contra una ley impugnada como heteroaplicativa sólo procede con motivo de su primer acto específico de aplicación y no en virtud de actos posteriores, encuentran sólida fundamentación en las disposiciones legales ya analizadas y se hallan reafirmados en la norma que se contiene en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, que si bien no resulta aplicable en la especie, en su texto queda consignada con nitidez y de modo aún más explícito la regla fundamental para dilucidar la cuestión aquí tratada, es decir, que para que puedan reclamarse ante el Juez de Distrito, o sea, en amparo indirecto leyes federales o locales, entre otros ordenamientos ahí señalados, se requiere que éstas por su sola entrada en vigor causen perjuicio al peticionario, o bien, que ‘con motivo del primer acto de aplicación’ irroguen dicho perjuicio. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en el Tomo III, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, cuyo texto dice: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava Parte, compilación de 1985, intitulada «SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO.», donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria.’. A mayor abundamiento, el juicio de garantías contra leyes debe promoverse con motivo del primer acto concreto deaplicación tal y como se mencionó con anterioridad, y la que en lo sucesivo va a vincular al quejoso con las normas impugnadas. Al respecto tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en el Tomo III, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, que es del tenor siguiente: ‘LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada.’. Por lo que hace a la manifestación de la recurrente en el sentido de que impugnó los mismos preceptos que reclamó en diversos juicios de garantías, porque de no hacerlo los actos concretos de aplicación serían sobreseídos por considerarse tácitamente consentidos, es infundado por los siguientes motivos. Los actos legislativos y reglamentarios impugnados son independientes y autónomos de sus actos concretos de aplicación, por lo que estos últimos pueden reclamarse de forma separada en un diverso juicio de garantías, en donde se pueden aducir, a guisa de conceptos de violación, cuestiones de ilegalidad que se estimen pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad de tales actos concretos de autoridad. Por último, en relación con su argumento de que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió fundada la queja 692/2001, donde se abordó el mismo tema, cabe observar que la opinión que emitió dicho órgano colegiado no obliga a este tribunal a adoptarlo por las razones expuestas con antelación. En las relatadas condiciones, el presente recurso de queja debe declararse infundado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 95, 99 y demás relativos de la Ley de Amparo se resuelve: PRIMERO. Es procedente pero infundado el recurso de queja interpuesto por Banca Serfín, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín. SEGUNDO. En la materia del recurso se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha parcialmente la demanda de amparo por lo que hace a los legislativos y reglamentarios que se reclaman en el juicio P. 587/2001, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal."

CUARTO. Los antecedentes del recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, criterio que se estimó opuesto al que se transcribió con antelación, se precisan enseguida:

Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil uno, el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal desechó parcialmente la demanda de amparo indirecto promovida por Banco Santander Mexicano, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano, registrada con el número 220/2001, en los siguientes términos:

"México, Distrito Federal, a cuatro de abril de dos mil uno. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por Carlos Alfredo Bonifaz Molina, en su carácter de apoderado legal de Banco Santander Mexicano, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de ocho de marzo del año en curso. Ahora bien, del examen de la demanda se desprende que el promovente reclama la aprobación, expedición, promulgación, publicación y entrada en vigor de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el decreto por el cual fue reformado el cinco de enero de dos mil y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros y, específicamente, los artículos 11, fracción XXIV; 22, fracción XIX y 68, fracción X; y 1o., 2o., 3o., 12, 13 y 19, respectivamente; toda vez que, dentro de su escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad que: ‘... mi representada sí ha promovido diversos juicios de amparo, anteriores al que motivó la integración del presente cuaderno auxiliar, en donde se reclaman los mismos preceptos legales que se citan en la demanda que consta en el presente cuaderno, con motivo de distintas órdenes de registro de pasivos contingentes, los cuales se tramitan en los siguientes juzgados, con los números de expedientes que también se precisan: A. Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal: Juzgado Primero: amparo número 873/2000. Juzgado Tercero: amparos números 424/2000 y 458/2000. Juzgado Cuarto: amparos números 356/2000 y 383/2000. Juzgado Sexto: amparo número 619/2000. Juzgado Séptimo: amparos números 311/2000, 424/2000, 429/2000, 432/2000 y 167/2000. Juzgado Octavo: amparos números 735/2000 y 581/2001. Juzgado Noveno: amparo número 735/2000. Juzgado Décimo: amparos números 337/2000, 516/2000 y 772/2000 ...’. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracciones III y IV, en relación con el 145 de la Ley de Amparo, se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, el cual encuentra apoyo en el contenido de la jurisprudencia visible en la compilación de 1995, Tomo I, página 194, que expresa: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN.’ (se transcribe). En consecuencia, si en los referidos juicios se impugnaron las mismas disposiciones legales a las que ya se hizo referencia, como lo es la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y su reglamento, con motivo de su aplicación concreta a través de diversos requerimientos para constituir pasivo contingente, siendo que nuevamente se reclaman en el presente juicio de garantías, debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, por haberse impugnado en previos juicios de garantías y cuyo acto de aplicación se emitió con anterioridad al de este juicio; por tanto, como el acto de aplicación reclamado en el presente juicio es uno segundo o ulterior de tales dispositivos, procede desechar la demanda de garantías, con fundamento en el artículo 73, fracción III, en relación con el 145 de la Ley de Amparo. Por tales motivos, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia en cuestión, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías únicamente por cuanto hace a los actos que reclama de las autoridades a que hace referencia en los numerales 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o. de su capítulo de autoridades responsables en su demanda de garantías. Ahora bien, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, y 15 de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 36, 114, 116, 147, 149 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Carlos Alfredo Bonifaz Molina, en su carácter de apoderado legal de Banco Santander Mexicano, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano, únicamente por lo que hace a los actos que reclama del vicepresidente jurídico, director general de Quejas, Conciliación y Arbitraje y director de Asuntos de Bancos, Casas de Bolsa y Organizaciones Auxiliares de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 220/2001; tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo a este juicio de garantías ..."

El treinta y uno de mayo de dos mil uno, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el recurso de queja 37/2001, interpuesto contra el acuerdo antes transcrito, determinando, en su parte conducente:

"CUARTO. Manifiesta básicamente la parte recurrente en sus agravios que el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dejó de analizar que lo que reclama en el juicio de garantías son actos distintos, por lo que sí resulta procedente reclamarlos porque sus fundamentos legales son inconstitucionales y en todo caso lo que procedía era que decretara oficiosamente la acumulación de los juicios, máxime que sobre el tema a discusión no se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El auto del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, sustancialmente, consistió en que al haber impugnado el quejoso con antelación la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y su reglamento, se acreditaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo y, por ende, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 145 de la ley en comento, procedía el desechamiento de plano de la demanda de garantías. Resulta fundado el único agravio propuesto por la parte recurrente. Se sostiene lo anterior, en virtud de que el a quo dejó de analizar en su totalidad el desahogo a la prevención que obra glosada a folios 123 y 124, porque en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17110-4a6f5842/amparo-contra-leyes-el-motivo-manifiesto-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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