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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2002-PL. · Registro digital (IUS): 17406
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 221.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A continuación se transcribirán las ejecutorias denunciadas como contradictorias, solamente en la parte que contiene las consideraciones que pudieran entrañar divergencia de criterios.

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las ejecutorias pronunciadas en los amparos directos DA. 3162/2001-5081, DA. 137/2002-1736 y DA. 188/2002-2438, todos ellos promovidos por Crédito Afianzador, Sociedad Anónima, Compañía Mexicana de Garantías, que se fallaron en las sesiones de veinticuatro y treinta y uno de mayo (los dos primeros), y veinticuatro de junio (el último), del año dos mil dos, en la parte conducente, dicen:

DA. 3162/2001-5081.

"QUINTO. ... Ahora queda por resolver si conforme a lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, puede resolverse el juicio favorablemente a la quejosa aplicando la tesis jurisprudencial 25/2001, que se integró con cinco resoluciones pronunciadas en sendos juicios de amparo promovidos por ella misma, y que lleva por rubro: ‘CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. El aludido artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conforme a lo previsto en el artículo 158, párrafo primero, del mismo ordenamiento, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; de suerte que en el juicio de amparo directo el único acto que puede ser reclamado es precisamente la sentencia definitiva, laudo o resolución. Pues bien, en el acto reclamado en este juicio de amparo directo, es decir, en la sentencia de nueve de febrero del dos mil uno, dictada por la Sala responsable, no existe aplicación del artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. En efecto, su lectura pone de manifiesto que en el considerando cuarto la responsable resumió el último concepto de nulidad propuesto por la entonces actora en la demanda fiscal, para desestimarlo bajo la consideración de que eran argumentaciones tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del referido precepto del código tributario, cuestión que estaba fuera de su competencia. Esto es, la a quo invocó en múltiples ocasiones esa disposición legal, sin embargo, lo hizo para poner en relieve que el actor estaba atacando su constitucionalidad. La ausencia de aplicación del artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación en la sentencia reclamada, se hace notoriamente evidente si se tiene en cuenta que dicho precepto establece: (se transcribe). Como se observa, la norma prevé una de las hipótesis en que opera la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer multas. Institución jurídica cuyo estudio no fue abordado por la Sala, a la luz de la disposición transcrita, según lo corrobora el examen de la sentencia reclamada. La falta o ausencia de aplicación en el acto reclamado de la multicitada norma parece impedir la suplencia de la deficiencia de la queja en los términos del antes invocado artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, pues diversas tesis no jurisprudenciales han establecido el criterio de que el examen de constitucionalidad de leyes en el amparo directo está supeditado no sólo a la existencia del concepto de violación respectivo, sino también a que la norma jurídica en cuestión haya sido aplicada en perjuicio del quejoso en la secuela del juicio natural o en la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio e influido en el respectivo fallo. Tal es el criterio del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis aisladas: ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ. De conformidad con lo ordenado por el último párrafo del artículo 158 y el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una ley en amparo directo se requiere que ésta se haya aplicado dentro de la secuela procedimental o en la sentencia señalada como acto reclamado, por lo que resultan inoperantes los conceptos de violación que se formulen en contra de los preceptos que no fueron aplicados.’, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, página 203. ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA DEPENDE NO SÓLO DE LA EXPRESIÓN DE CONCEPTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA SINO, ADEMÁS, DE QUE LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO E INFLUIDO EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. De la interpretación armónica de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que el recurso de revisión en el juicio de amparo directo procede, entre otros supuestos, cuando en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, pero esta hipótesis de procedencia requiere, de acuerdo con lo previsto por los artículos 158, último párrafo y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, no sólo de la existencia de un concepto de violación en contra de la constitucionalidad de alguna disposición jurídica sino, precisamente, en contra de aquella o aquellas que se hayan aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio e influido en el sentido del respectivo fallo, haciendo subsistir ese perjuicio pues lo resuelto en ellas es lo que finalmente causa agravio, ello, porque la intervención de la Suprema Corte de Justicia en el análisis de la constitucionalidad de leyes o reglamentos o en la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal precisa, en todos los casos, de la actualización de un agravio o lesión en la esfera jurídica del particular, dimanado de la aplicación de las disposiciones jurídicas, que sea susceptible de reparación.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, página 478. Aún más, la Primera Sala del Alto Tribunal también ha establecido que una sentencia de amparo directo en que se haga pronunciamiento sobre constitucionalidad de leyes, sin que la disposición jurídica relativa sea apoyo de la sentencia reclamada, es un fallo incongruente que en revisión se debe corregir. Las tesis que informan ese criterio son las siguientes: ‘INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. No es dable en un juicio de amparo directo, ni en la revisión correspondiente emitir pronunciamiento sobre preceptos en los que no se apoya la sentencia reclamada, al hacerlo en sentido contrario se contravendría el principio de congruencia que debe regir en toda sentencia de amparo, habida cuenta que el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal en el juicio de garantías uniinstancial, en el que se impugna la constitucionalidad de una norma (de resultar fundado el concepto de violación respectivo) es sólo para que no se aplique la disposición de que se trate en la sentencia reclamada. Es inconcuso, en tal virtud, que si la sentencia no se apoyó en el precepto que se tilda de inconstitucional es jurídicamente imposible que se dé el efecto restitutorio que es propio de este tipo de juicios de amparo. Por tanto, si la procedencia de la revisión en amparo directo depende no sólo de la expresión de conceptos de inconstitucionalidad en la demanda, sino además de que los artículos impugnados se hayan aplicado en perjuicio del quejoso e influido en el sentido de la resolución reclamada, debe necesariamente concluirse que al no existir aplicación tales conceptos de inconstitucionalidad devienen en inoperantes.’, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de dos mil, página 55. ‘SENTENCIAS INCONGRUENTES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL REVISOR DEBE SUBSANARLAS DE OFICIO CUANDO ADVIERTA QUE EN LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO, NO SE APLICARON LOS PRECEPTOS CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CUESTIONA. Si de la simple lectura de la resolución dictada por la autoridad responsable, la cual constituye el acto reclamado en el juicio de amparo directo, se advierte que no fueron aplicados en dicha decisión los preceptos cuya constitucionalidad se cuestiona en la demanda de garantías, es inconcuso que el pronunciamiento que sobre ese aspecto emita el Tribunal Colegiado de Circuito es incongruente y, por ende, el órgano revisor debe abocarse a corregir de oficio la inconsistencia detectada. Lo anterior es así, puesto que si se toma en consideración, por un lado, que los dictados de las sentencias de amparo y su correcta formulación son cuestiones de orden público e interés general y, por otro, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, es factible corregir el error en que hubiese incurrido la parte agraviada en la cita de los preceptos constitucionales y legales cuya transgresión reclama, por mayoría de razón tal facultad debe permitirse para que al examinar la litis planteada se determine si ésta es real y responde a las pretensiones y necesidades restitutorias de garantías del sujeto que reclama el amparo y protección de la Justicia Federal, esto es, si la causa de pedir se encuentra fundada en lo que al respecto establece el artículo 78 de la ley de la materia, a fin de que las consideraciones y los puntos resolutivos de la sentencia que se pronuncie, respondan a tales extremos. Además, con esa forma de proceder sin duda se evita la existencia de ejecutorias incongruentes y de imposible ejecución, y se da cumplimiento estricto y cabal a la función revisora que se le encomienda al tribunal de alzada.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, página 200. En este punto es conveniente advertir que las tesis invocadas, además de establecer los requisitos que deben quedar satisfechos para que en amparo directo sea factible hacer examen de inconstitucionalidad de leyes, también se encargan de informar el tratamiento que corresponde dar a los conceptos de violación relativos, concluyendo que son inoperantes. Pues bien, aun cuando en el asunto que nos ocupa antes se resolvió que en la demanda de amparo en realidad no existen conceptos de violación encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, tales criterios son aplicables por identidad de razón, pues si establecen los requisitos para hacer el estudio de temas de constitucionalidad, los mismos requisitos se deben cubrir para suplir la queja deficiente por existir jurisprudencia de la Suprema Corte que declara la inconstitucionalidad de la ley aplicada. Continuando la exposición del tema de nuestra atención, debe decirse que también los Tribunales Colegiados de Circuito se han pronunciado al respecto siguiendo el criterio de la Segunda Sala y del Pleno del Alto Tribunal. Las tesis respectivas son: ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTO LEGAL. PARA RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO ES NECESARIO QUE SE APLIQUE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA IMPUGNADA. Si bien es cierto que el último párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo, permite reclamar en concepto de violación la inconstitucionalidad de un precepto legal al combatir una sentencia definitiva en un juicio de amparo directo, este derecho que se da a los particulares tiene como condición para que pueda ejercitarse, que se actualice la norma a través de un acto de aplicación en la sentencia que se combate, ya que sólo así puede existir gravamen jurídico que lesione un derecho legalmente constituido al particular, por lo que el concepto de violación se debe declarar ineficaz cuando no se actualizó el supuesto, es decir, no prospera el concepto porque no se aplicó la norma en la sentencia.’, tesis jurisprudencial sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de dos mil, página 688. ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS NO APLICADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Resultan inoperantes los argumentos en que aduce la inconstitucionalidad de diversas disposiciones legales contenidas en la determinación impugnada ante la autoridad responsable, si ésta no fundamentó el acto reclamado en dichos preceptos; si bien en el amparo directo pueden formularse cuestiones sobre la constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos a través de los conceptos de violación, acorde con los artículos 158, último párrafo, y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, para avocarse al estudio de tales conceptos es indispensable que en la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, el tribunal aplique los numerales que la parte quejosa estima inconstitucionales.’, tesis ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, julio de mil novecientos noventa y tres, página 177. No obstante lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia recientemente emitió las siguientes tesis ejecutorias: ‘AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ES PROCEDENTE CUANDO SE CONTROVIERTE UNA SENTENCIA EMITIDA POR UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, SI SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS APLICADAS EN AQUÉLLA O EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN. De la interpretación causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el recurso de revisión fiscal se estableció como un medio de defensa de la legalidad, mediante el cual la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo puede controvertir la sentencia que declare la nulidad del acto emitido por ella, por lo que al resolver tal recurso el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito ejerce una función de control de la legalidad, no de la constitucionalidad, ya que el sentido de este fallo dependerá de que la sentencia recurrida se haya emitido conforme al marco jurídico previsto en las leyes ordinarias aplicables, sin confrontar dicha sentencia o las normas aplicadas en ella con lo dispuesto en la Constitución Federal. En ese tenor, si bien las consideraciones adoptadas al resolver un recurso de revisión fiscal constituyen cosa juzgada, ello acontece únicamente en el aspecto de legalidad, por lo que no existe obstáculo procesal para que el actor en el respectivo juicio contencioso administrativo controvierta en amparo directo la constitucionalidad de las normas que le fueron aplicadas desde el acto administrativo de origen cuya validez se cuestionó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando la sentencia dictada por éste se emita en cumplimiento de lo resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer de un recurso de revisión fiscal. Lo antes expuesto, además de reconocer la naturaleza de este medio ordinario de defensa, permite a los gobernados ejercer la prerrogativa que el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, les brinda para impugnar la constitucionalidad de una ley que fue aplicada en su perjuicio una vez agotados los medios ordinarios de defensa y cumplidos los respectivos requisitos procesales; máxime que, conforme al sistema actual, contra la sentencia recurrida en revisión fiscal que no afecta el interés jurídico del actor del juicio contencioso administrativo, no procede el juicio de garantías.’, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de dos mil dos, página 7. ‘AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SON OPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN MEDIANTE LOS QUE SE CONTROVIERTE UNA NORMA APLICADA AL DAR RESPUESTA A UNA CONSULTA FISCAL CONTROVERTIDA PREVIAMENTE EN UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN LA MEDIDA EN QUE PUEDAN CONCRETARSE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE LLEGARE A DICTARSE. Cuando se reclama en amparo directo una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, además, se controvierte la constitucionalidad de las normas aplicadas por primera vez en perjuicio del quejoso en ésta o en el acto administrativo de origen, la protección constitucional que llegare a otorgarse únicamente puede tener como efecto la declaración de inconstitucionalidad de la referida sentencia y, en todo caso, que el quejoso obtenga una resolución favorable del mencionado tribunal en relación con la pretensión que hizo valer en el respectivo juicio contencioso administrativo. En ese tenor, si la norma cuya inconstitucionalidad se plantea se aplicó originalmente al responder la autoridad administrativa al quejoso en forma desfavorable la consulta fiscal que realizó, debe estimarse que la operancia de los conceptos de violación está condicionada por la pretensión planteada en el correspondiente juicio contencioso administrativo, esto es, obtener la invalidez de la respuesta emitida por la citada autoridad administrativa y, como consecuencia de ello, vincularla a emitir una nueva resolución en sentido favorable; por tanto, podrán abordarse válidamente en la sentencia de amparo directo los vicios de inconstitucionalidad de la ley aplicada, siempre y cuando puedan trascender a la esfera jurídica del quejoso, es decir, en la medida en que sean relevantes para concluir sobre la invalidez de la respuesta dada a la consulta fiscal de origen, toda vez que en tal hipótesis la protección constitucional no podría otorgar más derechos de los que se ventilan en el juicio natural respectivo.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de dos mil dos, página 8. Como se ve, estas dos tesis aisladas del Pleno del Alto Tribunal, apenas aprobadas en febrero del año que cursa, establecen la posibilidad de que en el amparo directo se controvierta la constitucionalidad de normas aplicadas en perjuicio del quejoso en la sentencia reclamada o en el acto administrativo de origen. En consecuencia, orientado por tales criterios, este Tribunal Colegiado asume que es factible abordar el tema de constitucionalidad y, por ende, suplir la deficiencia de la queja en los términos antes apuntados, cuando sólo exista aplicación de la norma en el acto administrativo que se sometió a juicio de nulidad, aunque dicha aplicación no la haya en la secuela procesal ni en la sentencia del tribunal contencioso administrativo. De acuerdo con la anterior conclusión, resta verificar si en el acto administrativo de origen, o sea, la resolución impugnada ante la Sala del conocimiento por la entonces actora Crédito Afianzador, Sociedad Anónima, Compañía Mexicana de Garantías, consistente en el requerimiento de pago contenido en el mandamiento de ejecución 11/2000, de cuatro de abril del dos mil, se aplicó en su perjuicio el artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. El original de dicho acto obra en los autos del expediente fiscal y de su lectura se observa que está fundado, entre otras disposiciones, precisamente en el artículo que se acaba de invocar del código tributario federal. Como esa disposición legal fue declarada inconstitucional en la tesis 1a./J. 25/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio del dos mil uno, página 53, que establece: ‘CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe), lo conducente es suplir la queja deficiente en beneficio de la quejosa, en términos del artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, y conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita otra en la que resuelva sobre la resolución administrativa impugnada, tomando en cuenta que está fundada en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

DA. 137/2002-1736.

"SEXTO. En el primer concepto de violación la quejosa aduce una larga disertación en que controvierte la constitucionalidad del artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, luego aborda el tema relativo a los efectos de las sentencias de amparo contra leyes, para concluir que la Sala responsable debió declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada porque está fundada en el artículo 67, fracción IV, del ordenamiento aludido, disposición que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió declarar inconstitucional en su beneficio, en resolución de cuatro de octubre del dos mil, en el amparo en revisión 108/97. Por último, invoca a su favor la tesis jurisprudencial 1a./J. 25/2001, de rubro: ‘CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. En sesión de veinticuatro de mayo del año en curso, al resolver el amparo directo DA. 3162/2001-5081, promovido también por Crédito Afianzador, Sociedad Anónima, Compañía Mexicana de Garantías, contra la sentencia de nueve de febrero del dos mil uno, dictada por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 12785/00-11-06-1, este Tribunal Colegiado estableció: (se transcribe). Ese criterio es aplicable al caso que nos ocupa, ya que de la lectura de la sentencia reclamada, esto es, de la emitida el cinco de julio del dos mil uno, no se desprende que la Sala responsable haya aplicado el artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, pues lo que hizo fue declarar inatendibles todos los argumentos propuestos en el séptimo concepto de anulación, bajo el razonamiento de que en ellos se cuestionaba la constitucionalidad de dicho precepto, tema que estaba fuera de su competencia por corresponder a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, como la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad, consistente en el requerimiento de pago contenido en el mandamiento de ejecución de veinticuatro de mayo del dos mil, es un acto fundado, entre otros, en el artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación (folio 66 del expediente fiscal) y esta norma fue declarada inconstitucional en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo conducente es conceder el amparo solicitado. La jurisprudencia en cuestión aparece publicada con el número 25/2001, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de dos mil uno, página 53, y establece: ‘CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). En las condiciones expuestas, la concesión del amparo es para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que resuelva sobre la resolución administrativa impugnada, tomando en cuenta que está fundada en una norma declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

DA. 188/2002-2438.

"SEXTO. En el primer concepto de violación la quejosa aborda el tema relativo a los efectos de las sentencias de amparo contra leyes, para concluir que la Sala responsable debió declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada, porque está fundada en el artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, disposición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar inconstitucional en su beneficio, en ejecutoria de cuatro de octubre del dos mil, por lo que al habérsele concedido el amparo contra ese precepto, ninguna autoridad puede válidamente aplicarlo en su perjuicio, porque la inconstitucionalidad del artículo es cosa juzgada para la quejosa. Invoca en su favor la tesis jurisprudencial 25/2001, cuyo título es: ‘CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. En sesión de veinticuatro de mayo del año en curso, al resolver el amparo directo DA. 3162/2001-5081, promovido también por la empresa Crédito Afianzador, Sociedad Anónima, Compañía Mexicana de Garantías, contra la sentencia de nueve de febrero del dos mil uno, dictada por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad 12785/00-11-06-1, este Tribunal Colegiado estableció lo siguiente: (se transcribe). Ese criterio es aplicable al caso que nos ocupa, ya que de la lectura de la sentencia reclamada, de fecha treinta y uno de enero de dos mil dos, no se desprende que la Sala responsable haya aplicado el artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, pues lo que hizo fue declarar infundados los argumentos propuestos en el concepto de anulación primero, bajo el razonamiento de que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaran la inconstitucionalidad de algún precepto legal, sólo son aplicables a las partes que intervinieron en ese juicio, es decir, sólo se aplican al individuo que solicitó el amparo, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, y si bien dicha regla puede ser ampliada en relación con las autoridades, únicamente es aplicable respecto de aquellas que concretamente hayan sido llamadas a juicio con el carácter de responsables, por lo que únicamente ellas tienen la obligación de obedecer la ejecutoria. Ahora bien, como el acta de incumplimiento que dio origen a la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad, consistente en el requerimiento de pago de fecha catorce de julio del año dos mil, es un acto fundado, entre otros, en el artículo 67, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación (folio 42 del expediente fiscal) y esta norma fue declarada inconstitucional en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo conducente es conceder el amparo solicitado. La jurisprudencia en cuestión aparece publicada con el número 25/2001, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de dos mil uno, página 53, y establece: ‘CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). En las condiciones expuestas, la concesión del amparo es para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que resuelva sobre la resolución administrativa impugnada, tomando en cuenta que fue consecuencia de un acto fundado en una norma declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Idéntico criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, en sesión de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dos, el juicio de amparo número DA. 137/2002-1736, promovido por la ahora quejosa."

II. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las ejecutorias pronunciadas en los amparos directos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17406-e6089e57/amparo-directo-en-los-conceptos-de-violacion-puede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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