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Modo: Corpus Pro

PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2000-PL. · Registro digital (IUS): 7101
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, , Pág. 126.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1174/80, promovido por Tirso Villegas Medina, en sesión de dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y uno, por unanimidad de votos, sostuvo la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 145-150, Sexta Parte, página 198, que es del tenor literal siguiente:

"PETICIÓN, DERECHO DE. ACTUACIÓN DE UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL COMO PERSONA DE DERECHO PRIVADO.-Conforme al artículo 8o. constitucional los funcionarios respetarán el ejercicio del derecho de petición, y a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, aunque las autoridades de una secretaría de Estado pueden actuar como autoridades con imperio, o como representantes de una persona moral sujeta al derecho civil, en ciertas relaciones (artículo 25, fracciones I y II, del Código Civil aplicable en materia federal), lo cierto es que el funcionario en ningún caso pierde del todo su carácter de tal, como también es cierto que de hecho no hay la misma facilidad en demandar y obtener de una agencia gubernamental que de un particular. En consecuencia, un funcionario estará siempre obligado a respetar el derecho de petición garantizado mediante su inclusión en la Constitución Federal, tanto porque cualquier petición que como funcionario se le dirija está dirigida al funcionario y no a la persona física, cuanto porque la garantía constitucional está por encima de cualquier disposición secundaria de la ley civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza. En consecuencia, un funcionario no podrá dejar de dar cumplimiento al derecho de petición alegando que dicha petición se refiere a una actuación suya que realizó como representante de una agencia de gobierno que actuaba como persona moral sujeta al derecho civil. En primer lugar, como se dijo, porque en ningún caso viene a quedar privado de su carácter de funcionario sujeto a la obligación constitucional y, en segundo caso y a mayor abundamiento, porque cuando un funcionario actúa, en cualquier orden, público o privado, está obligado como representante del gobierno a actuar con la mejor buena fe. Y es de notarse que cuando una agencia gubernamental está sujeta a una relación de derecho privado, aun así sigue conservando su carácter de agencia del gobierno, como se ve por las cuestiones relativas a absolución de posiciones, embargos, etc. Luego, sin prejuzgar sobre si su posición sea correcta o no, en cuanto al fondo de la cuestión, es claro que un funcionario no queda exento de respetar el derecho constitucional de petición por el hecho de pretender que la petición está vinculada con una actuación suya relacionada con un contrato de derecho civil, o por ninguna otra razón semejante. Por lo demás, en cuanto a lo que se conteste a la petición, esto queda sujeto a la congruencia, a la ley y a la buena fe."

La ejecutoria en que se sostuvo el anterior criterio no obra en autos, en virtud de la imposibilidad manifestada por el presidente de dicho tribunal para enviarla, por no haberse localizado el toca de revisión.

TERCERO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 872/98, en sesión de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente:

"QUINTO.-Este tribunal considera infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez Federal en la sentencia recurrida, en relación con los actos reclamados consistentes en la falta de respuesta a los escritos de 12 de diciembre de 1996 y 23 de abril de 1997.-Ciertamente, el sobreseimiento respecto de estos actos debe ser confirmado, pero por distintas razones de las apuntadas por el Juez de Distrito.-En el fallo recurrido el Juez de Distrito sobreseyó respecto de los actos indicados, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, es decir, ante la negativa de la responsable estimó que los actos reclamados eran inexistentes.-Este tribunal estima que con independencia de que los actos sean ciertos o no, el juicio de garantías es improcedente, pues la falta de respuesta a los escritos de 12 de diciembre de 1996 y 23 de abril de 1997, atribuida al jefe de la Unidad de Contratación y Precios Unitarios de la Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad, significa tanto como un reclamo hecho a un particular y no a una autoridad.-El artículo 103 constitucional, en su fracción I y el artículo 1o., fracción I de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de garantías procede contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales.-Por lo tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a las garantías individuales para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad.-De lo anterior se colige que si la violación de garantías individuales no es atribuida a una autoridad, entonces el juicio de garantías no puede ser procedente.-Establecido lo anterior, a continuación se debe determinar si el jefe de la Unidad de Contratación y Precios Unitarios de la Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad, en el caso concreto, es autoridad para los efectos del amparo, o no.-Para poder determinar lo anterior, este tribunal considera necesario analizar la naturaleza de las peticiones cuya omisión de respuesta se reclama.-En la petición de 12 de diciembre de 1996, el representante de EPN Ingeniería, solicitó que se le aclarara si el proyecto relativo a la licitación pública internacional SDC-27/96, se trata del mismo que ya le había sido adjudicado a EPN Ingeniería y Kanematsu Corporation, a través de los concursos SDC-CCP-36/90 y SDC-GPG-05/90, y en la petición de 23 de abril de 1997, insiste en la aclaración referida en el escrito de 12 de diciembre de 1996.-Pues bien, con base en lo anterior, es evidente que el jefe de la Unidad de Contratación y Precios Unitarios de la Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad, en este caso no actúa como autoridad para los efectos del amparo, pues dado el origen de las peticiones, es evidente que esta entidad está actuando en el plano de un particular en relación con EPN Ingeniería, o dicho de otro modo, la falta de respuesta a las peticiones se está presentando en una relación de igualdad entre la entidad señalada como responsable y la quejosa.-En efecto, si el Estado celebra una contratación de obra pública, lo que se vincule a ella no es un acto de autoridad sino de particular, pues estos actos se presentan en una relación de derecho civil entre el Estado como particular y el contratante, que también es un particular; por lo tanto, si en el caso EPN Ingeniería, formula peticiones en relación con la contratación de la obra pública que ya le había sido adjudicada por el jefe de la Unidad de Contratación y Precios Unitarios de la Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad, actuando como particular, es evidente que dicha entidad no procede como autoridad para efectos del amparo.-Ciertamente, el Estado tiene una doble personalidad, como se ha reconocido en diversas ejecutorias por la Suprema Corte de Justicia y por diversos órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, pero si los órganos estatales se conducen como entes de imperio, no puede concurrir el aspecto de ente particular a la misma vez, y viceversa. En otro orden de ideas, si el Estado actúa como particular en una relación determinada, entonces es jurídicamente incorrecto considerarla autoridad; y si el Estado ejerce funciones como autoridad, entonces por exclusión no puede ser considerado particular.-Con base en el anterior razonamiento y siendo claro que la relación entre EPN Ingeniería y el jefe de la Unidad de Contratación y Precios Unitarios de la Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad, se desarrolla en un plano de igualdad; la conclusión natural es que las peticiones que le fueron formuladas al ente paraestatal señalado como responsable deben regirse por las reglas del derecho civil y de las demás leyes aplicables, sin que sea dable solucionar su silencio a través del juicio de amparo que se caracteriza por el sometimiento a la potestad judicial de actos típicos de autoridad.-En consecuencia, el fundamento del sobreseimiento respecto de las peticiones antes indicadas, en lugar de ser el invocado por el Juez de Distrito, debe ser el artículo 74, fracción III, por actualización de la causa de improcedencia derivada de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y éste a su vez relacionado con el artículo 103, fracción I constitucional; 1o., fracciones I y II de la Ley de Amparo, estos tres últimos interpretados a contrario sensu.-Establecido todo lo anterior, es innecesario analizar el primer agravio que se vincula precisamente con los actos consistentes en la falta de respuesta a las peticiones que aquí se indicaron."

El anterior criterio dio lugar a la tesis que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 1135, que señala:

"DERECHO DE PETICIÓN. LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL GOBERNADO QUE FORMULA UNA PETICIÓN Y LA ENTIDAD QUE DEBE DAR RESPUESTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ES PREPONDERANTE PARA ESTABLECER LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.-El artículo 103 constitucional en su fracción I, y el artículo 1o., fracción I de la Ley de Amparo establecen que el juicio de garantías procede contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales. Por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a las garantías individuales para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. De lo anterior se colige que si la violación de garantías individuales no es atribuida a una autoridad, entonces el juicio de garantías no puede ser procedente. Ahora bien, el artículo 8o. de la Constitución Federal establece que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el ejercicio del derecho de petición en los términos señalados en dicha Ley Fundamental, pero el hecho de que se imponga esa obligación a los funcionarios y servidores públicos, no significa que su aplicación siempre pueda ser analizada en juicio de amparo, pues si se formula una petición a una entidad con el objeto de que aclare algunos aspectos pertenecientes a una relación de derecho civil, entonces el silencio de la entidad a través de su funcionario o servidor, no será un acto de autoridad, sino de particular. De todo ello se concluye que el examen de la naturaleza de la relación existente entre la entidad y el particular que pide amparo, es de valor preponderante para analizar la procedencia del juicio de garantías cuando se reclaman violaciones a los derechos fundamentales afines al artículo 8o. constitucional."

CUARTO.-De las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, transcritas en los considerandos precedentes de esta resolución, deriva que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

En efecto, partiendo ambos Tribunales Colegiados del mismo supuesto, a saber, juicios de amparo en los que se planteó la transgresión al derecho de petición, llegan a conclusiones discrepantes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado considera que la naturaleza privada o pública de la relación existente entre el particular y el funcionario resulta irrelevante, porque el servidor público en ningún caso pierde su carácter de tal, por lo que siempre estará obligado a respetar el derecho de petición garantizado en el artículo 8o. constitucional, lo que supone la implícita aceptación de la procedencia del juicio de amparo; el Segundo Tribunal Colegiado determina que es preponderante para establecer la procedencia del juicio de garantías, la naturaleza de la relación existente entre el particular formulante de la petición y el funcionario a quien se le plantea, pues si ésta se refiere a aspectos pertinentes a una relación de derecho privado, el juicio de amparo es improcedente porque el silencio que se atribuya al funcionario o servidor público no será un acto de autoridad, sino de particular.

Por tanto, el punto de contradicción estriba en determinar si el juicio de amparo es procedente contra la violación al derecho de petición que se atribuye a un funcionario o empleado público, cuando dicha petición se refiera a aspectos relativos a una relación de derecho privado, pues si bien en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, no se alude expresamente al aspecto relativo a la procedencia del juicio de amparo contra actos de dicha naturaleza, sino sólo a que el derecho de petición comprende la obligación de todo funcionario público de dar contestación a las peticiones que les formulen los particulares, aun cuando dicha petición se refiera a una actuación que haya realizado como representante del gobierno en una relación de derecho privado, tal pronunciamiento implica la determinación implícita de la procedencia del juicio de amparo en dicha hipótesis, al comprender el estudio de fondo planteado, es decir, implica el pronunciamiento tácito de que el juicio de amparo es procedente ante toda omisión de dar contestación a una petición formulada por el particular, con independencia de la naturaleza de la relación existente entre el gobernado que formula la petición y el servidor público que deba dar respuesta a la petición referente a tal relación.

El anterior punto de contradicción implica dilucidar también los alcances del derecho de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8o. de la Carta Magna, para su salvaguarda y debida defensa a través del juicio de amparo, a fin de definir si el concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, debe determinarse atendiendo al carácter público o privado con que actúe el funcionario en su relación con el peticionante y a la cual se refiera la solicitud que le formule.

Debe precisarse que la contradicción de tesis se circunscribe a los aspectos anteriormente precisados, sin comprender el análisis relativo a las relaciones entre Estado y gobernado que puedan ser catalogados como de derecho privado, pues sobre este aspecto no puede desprenderse contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados, ya que si bien de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierte que la relación calificada por dicho tribunal como de derecho privado, es la relativa a una licitación de contrato de obra pública; en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito (cuya ejecutoria no obra en autos por no haberse localizado el toca de la revisión, según lo manifestado por el presidente de dicho tribunal), no se advierte cuál fue la relación entre el Estado y el gobernado que dio lugar al pronunciamiento relativo e, inclusive, de la redacción de dicha tesis se desprende que el criterio sostenido fue en el sentido de que la relación existente entre el particular y el funcionario público, es irrelevante para efectos de la obligación que el artículo 8o. constitucional le impone a este último de dar contestación a la petición que se le formule, porque siempre está obligado a respetar el derecho de petición, lo que corrobora la falta de pronunciamiento de dicho tribunal en torno a la naturaleza privada o pública de la relación relativa, además de no hacerse referencia a cuál fue tal relación.

En consecuencia, no procede que este Alto Tribunal analice si la relación originada entre el particular y el Estado con motivo de una licitación de contrato de obra pública, es de derecho público o privado, al no ser este aspecto materia de la contradicción, la cual se circunscribe a la determinación relativa a si el derecho de petición consagrado por el artículo 8o. constitucional implica la obligación del funcionario o servidor público de dar contestación a la petición que un particular le formule en torno a una relación en que no actúe como sujeto de derecho público y si, por ende, la relación existente entre el funcionario y el particular es relevante para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo, como medio de salvaguarda de las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna.

QUINTO.-Precisada así la existencia de la contradicción y el punto materia de la misma, este Alto Tribunal se aboca a su resolución, determinando que debe prevalecer con carácter jurisprudencial la tesis que se sustenta en la presente resolución.

La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, en sesión de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos, sostuvo en la parte conducente de su resolución, lo siguiente:

"... Es necesario, en primer término, precisar el término de ‘autoridad’, para los efectos del juicio de amparo.-El artículo 103 constitucional, establece: ‘Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan las esferas de la autoridad federal.’.-Ni este precepto ni el artículo 107 de la propia Carta Magna, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, definen el término ‘autoridad’.-Tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se definió el vocablo aludido; en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se establece: ‘Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.’.-Es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio.-Con el propósito de ilustrar los antecedentes y la evolución que ha tenido el concepto de autoridad responsable, cabe realizar la transcripción de lo expuesto por el tratadista Alfonso Noriega Cantú en su obra Lecciones de Amparo (cuarta edición, México, Editorial Porrúa, 1993, tomo I, páginas 342 a 345): ‘I. El juicio de amparo, como he establecido, se inicia en nuestro derecho público en el documento constitucional que se conoce con el nombre de Voto de la Minoría de 1842; se consigna por primera vez en nuestro derecho positivo en el Acta de Reformas de 1847 y define su forma definitiva, su propia fisonomía jurídica, en la Constitución de 1857; más tarde se expidieron las diversas leyes orgánicas de los artículos constitucionales respectivos, desde la de 1861, hasta las reformas sustanciales de 1950 y 1968.-A través de este periodo, en que nuestro juicio de amparo fue desenvolviéndose en los textos de nuestros diferentes documentos constitucionales, la institución adquirió su carácter propio y afirmó sus elementos constitutivos esenciales. Estos elementos, estimo, son los siguientes: Es un juicio de carácter constitucional que se tramita ante los tribunales federales, precisamente en contra de las autoridades y nunca de los particulares y que tiene como finalidad proteger al individuo en el goce de sus garantías constitucionales y mantener el equilibrio entre las soberanías de la Federación y de los Estados.-II. De estos caracteres esenciales, se destaca la circunstancia de que el juicio de amparo no puede ser hecho valer sino en contra de las autoridades. Tal y como concibió la institución su creador, don Mariano Otero, por medio del juicio de amparo, se creó un sistema de defensa de los particulares en contra del Estado y se procuró, por tanto, por medio del juicio constitucional, poner a cubierto a los individuos de las violaciones a sus derechos públicos que pudieran cometer precisamente las autoridades. Se trata, en conclusión, de un sistema de protección de los derechos del hombre en contra de sus violadores posibles, que no pueden ser otros que aquellos en contra de los cuales tales derechos han sido instituidos, en contra de los detentadores de la fuerza y del poder públicos.-Este principio fundamental del juicio de amparo, que se deriva de su propia naturaleza y de sus fines, ha hecho que a través de las diferentes reglamentaciones de la institución, ya sea en los textos constitucionales que se han elaborado al efecto, o bien en las leyes orgánicas que se han promulgado, se sostenga el principio de que el juicio de amparo sólo procede en contra de las autoridades. La Constitución Política en vigor sostiene este criterio en las tres fracciones del artículo 103 constitucional, cuando afirma que los tribunales de la Federación conocerán de las leyes y actos de las autoridades que violen las garantías individuales o bien impliquen invasión de la soberanía de la Federación o de los Estados y reitera este principio en las fracciones respectivas del artículo 107 constitucional, así como en los artículos 1o., fracciones II y III y 116, fracción VI, de la Ley de Amparo.-En esta situación es evidente que la técnica jurídica al ponerse en ejecución los textos constitucionales y reglamentar lo relativo al juicio de amparo, ha tenido necesidad de elaborar una tesis respecto de lo que deba entenderse por autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de garantías. El concepto autoridad, como la mayor parte de los conceptos jurídicos, no es unívoco, sino eminentemente equívoco, es decir, su connotación puede ser muy diversa, razón por la cual la interpretación y aplicación de dichos conceptos, provoca sin duda alguna, dificultad en la práctica.-Por otra parte, debido a la proliferación de los órganos del Estado y a la complejidad cada vez mayor de dichos órganos y de sus auxiliares, se presentan muchas situaciones, que podríamos denominar de «penumbra», en las que es bien difícil determinar cuándo se trata de una verdadera autoridad y, en consecuencia, sus actos pueden ser impugnados por el juicio de amparo, o bien, se está en presencia de una entidad que carece de las calidades necesarias para ser considerada como tal y, por tal razón, el juicio constitucional es improcedente para combatir la constitucionalidad de sus actos.-Corresponde en esta cuestión, como en otras muchas de nuestro derecho constitucional, la honra al ilustre presidente de la Corte, don Ignacio L. Vallarta, de haber señalado la ruta y el camino para definir el concepto de autoridad para los efectos del amparo.-Para mayor claridad, intentaré un compendio de la tesis de Vallarta: 1. El amparo jamás juzga de la legitimidad de las autoridades, sino de su competencia.-2. El amparo tiene como finalidad garantizar al individuo el goce de sus libertades individuales, protegerlo contra las arbitrariedades de las autoridades, aun las de facto.-3. En principio, en un régimen de derecho, no pueden existir autoridades que no deriven su competencia de la ley; pero, es indudable que las entidades que tienen prima facie -de hecho- las características de tales y actúan en consecuencia, deben ser consideradas como autoridades y, por tanto, sus actos, cuando afectan los derechos de los particulares, pueden ser enjuiciados a través del juicio de amparo, siempre que impliquen violación a las garantías individuales.’.-Importa destacar de la transcripción anterior, que de la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo no se juzgan actos de particulares. Por lo que un primer parámetro, para fijar el concepto de autoridad responsable, se desprende de distinguir entre actos de particulares y los que no lo son, siendo que en contra de estos últimos el juicio de amparo será procedente.-La definición del concepto de autoridad responsable ha quedado ahora a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República.-Al respecto, tradicionalmente se ha sostenido el criterio en el sentido de que el concepto de autoridad sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. En efecto, la tesis relativa aparece publicada con el número 300, en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, correspondiente a los años 1917-1988, y su expresión literal es la siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’.-Sin duda, el criterio supraindicado se basa a su vez en el concepto de ‘imperio’ entendido como la potestad o parte de la fuerza pública necesaria para asegurar la ejecución de las decisiones y mandatos de la justicia.-Ciertamente, puede apreciarse en los precedentes relativos a dicha tesis de jurisprudencia, la alusión a esta potestad, como elemento esencial del concepto ‘autoridad’, según las ideas que sobre el particular expresó Ignacio L. Vallarta.-Así, el primer precedente, relativo al amparo en revisión promovido por Marcolfo F. Torres, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo IV, página 1067, en lo conducente, señala que: ‘... Al decir la Constitución General de la República, que el amparo procede por leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridades deba entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquellas que estén establecidas con arreglo a las leyes, y que, en el caso especial de que se trata, hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garantías individuales. Lejos de eso, enseñan el señor Vallarta y otros tratadistas mexicanos de derecho constitucional, que el término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen; y agregan esos tratadistas que bajo ese concepto, debe entenderse que el amparo procede, no solamente contra autoridades legítimamente constituidas, sino también contra meras autoridades de facto, por más que se les suponga usurpadoras de atribuciones que legalmente no les correspondan.’.-De esta manera, los tribunales del Poder Judicial de la Federación han venido sosteniendo que la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispongan de la fuerza pública y estén en posibilidad, por ello, de ejercer actos públicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio. Para ilustrar lo precedentemente señalado, cabe invocar las tesis siguientes: ‘AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO.-Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de la Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas, se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes.’ (publicada en la página 59 de los Precedentes que no han Integrado Jurisprudencia, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1969-1985, Semanario Judicial de la Federación).-‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL DIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.-Del artículo 14 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece las obligaciones y facultades del director de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que los actos del citado director carecen de la imperatividad y coercitividad que caracterizan a todo acto de autoridad, pues sólo le otorga facultades propias de un administrador de empresa para el buen desempeño

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7101-e8aee24e/peticion-la-existencia-de-este-derecho-como-garantia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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