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Modo: Corpus Pro

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE EL SISTEMA PARA DETERMINAR LA BASE GRAVABLE DE AQUEL IMPUESTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19460
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, , Pág. 176.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versan las resoluciones que se denuncian como contradictorias corresponde a una de las materias propias de la especialización de esta Segunda Sala, a saber la materia administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la presidenta de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por la que a continuación se transcriben.

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 461/2005, promovido por Touvia Abadi Cohen, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:

"SEXTO. Aduce la recurrente en la primera parte su único agravio, aunque lo señala como primero, que le causa perjuicio la sentencia que impugna porque en ella se realiza un análisis incorrecto de su primer concepto de violación lo que provoca que en dicha resolución, de manera indebidamente fundada y motivada, se determine que el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal no vulnera las garantías de proporcionalidad y de equidad tributarias; que lo anterior es así porque el juzgador parte de los conceptos relativos a la definición y justificación del objeto y la base gravable del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siguientes: 1) El objeto del tributo en cuestión es la adquisición de un inmueble y que la base gravable se determina conforme al valor real de la operación, es decir, a la variación positiva del patrimonio del sujeto pasivo y 2) De la comparación entre el valor de operación, el valor catastral y el valor de avalúo se obtiene el valor real de la operación porque dicha mecánica permite conocer el incremento patrimonial que experimentó el contribuyente como consecuencia del hecho generador. Los conceptos antes señalados, dice la recurrente, ponen de manifiesto la existencia de dos errores estructurales que invalidan el razonamiento del juzgador, consistentes en lo siguiente: 1) Porque es falso que la base gravable del impuesto en cita se determine a partir de la variación positiva o incremento en el patrimonio del causante, porque la adquisición de un inmueble no produce un incremento patrimonial, ya que en todo caso se cambia dinero en efectivo por un inmueble, y 2) Porque es falso que con la comparación de los tres valores ya citados se obtenga el valor real de la operación, ya que dicho valor está constituido siempre por el precio efectivamente pagado por el adquirente y el valor catastral y el valor de avalúo no guardan relación alguna con el valor de la operación. De las premisas antes referidas desprende la recurrente que el sistema para la determinación de la base del tributo en cuestión, prevista en el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, es inconstitucional, porque viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que es el valor de adquisición efectivamente pagado el que refleja la capacidad contributiva real, puesto que denota que cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar la compra, mientras que los valores catastral y de avalúo no representan dicha capacidad contributiva, porque atienden a las características intrínsecas del inmueble materia de la operación, es decir, atienden a variables que de ninguna manera reflejan el potencial económico del contribuyente para contribuir al gasto público. Son infundados los argumentos antes citados, de conformidad con lo que enseguida se explica. En primer lugar, ha de tenerse presente que la garantía de proporcionalidad tributaria radica en que la carga tributaria que deba soportar el sujeto pasivo corresponda con su capacidad contributiva; de manera que aporte al gasto público una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o de la manifestación de riqueza gravada; para cumplir con tal objetivo, los tributos deben ser fijados de tal modo que se permita que las personas que obtengan ingresos elevados contribuyan en forma cualitativamente superior a los que obtengan menores recursos; es decir, que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva, y menos aquel que tenga una capacidad contributiva menor debiendo tal circunstancia, ser tomada en consideración por el legislador al momento de establecer el tributo, para que el impacto patrimonial generado por la carga tributaria sea distinto en cada rango, no sólo en cantidad, sino también en cuanto al mayor o menor sacrificio soportado por el contribuyente, que debe ser acorde al nivel de ingresos o riqueza que tenga. Así lo ha definido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la tesis jurisprudencial número P./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 144, que dice lo siguiente: ‘PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.’ (se transcribe). Luego, para poder válidamente estimar que un precepto legal es violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria, mediante los razonamientos lógico jurídicos que conformen los conceptos de violación que al respecto se expongan, debe quedar demostrado que la norma no cumple con los requisitos a que anteriormente nos hemos referido, ya que para estimar configurada la violación mencionada no basta el simple dicho del impetrante de amparo. A este respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis jurisprudencial definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 256 en el Apéndice y Tomo anteriormente citados, página 304, con el rubro y texto siguientes: ‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. SU FALTA DEBE PROBARSE.’ (se transcribe). Ahora bien, el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante dos mil cinco, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 138.’ (se transcribe). De conformidad con lo previsto en el precepto legal en cuestión, para determinar la base para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles, debe considerarse el valor más alto que resulte, de entre los siguientes rangos: a) El valor de adquisición pactado entre las partes; b) El valor catastral determinado conforme a los valores unitarios que prevé el propio Código Financiero del Distrito Federal o c) El valor comercial que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la propia autoridad. En el referido contexto, carece de sustento la argumentación de la recurrente, dado que, contrariamente a lo que ahí se sostiene, no es el valor de adquisición efectivamente pagado el único que refleja la capacidad contributiva real del sujeto obligado, ni que los valores catastral y de avalúo impidan conocer dicha capacidad por estar referidos a características intrínsecas del inmueble materia de la operación. En efecto, de conformidad con la naturaleza de la garantía de proporcionalidad tributaria, que previamente se ha referido, para que pudiera estimarse fundada la citada argumentación, se requeriría que se hubiese demostrado lo siguiente: que se trata de un impuesto personal, y no real; que conforme a la mecánica para la determinación de la base del tributo en cuestión, prevista en el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, invariablemente quedara descartado el valor de adquisición del inmueble como base del tributo; que tal como afirma la recurrente, el valor de adquisición es el único que puede reflejar de manera real la capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo en cuestión, y no así los otros dos valores que contempla el precepto reclamado, y que en todos los casos, el valor catastral o, en su caso, el resultante del avalúo correspondiente, al ser el más alto, deberá ser tomado en consideración para la fijación de la base del tributo, y además, que cualquiera de dichos valores no es capaz de reflejar en ningún caso la verdadera capacidad contributiva del sujeto obligado, sino una superior e irreal, que le resulta ruinosa. Dichos extremos no aparecen acreditados en el caso que nos ocupa, porque el tributo en cuestión no atiende a las características del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino al valor real del inmueble materia de la adquisición, como manifestación de la capacidad contributiva del adquirente; es decir, que su causación no se basa en parámetros atribuibles al sujeto pasivo, tales como su ingreso o su ejercicio de consumo, como en los casos del impuesto sobre la renta o del impuesto al valor agregado, sino que atiende a características específicas del bien adquirido, y se da en función del valor económico del mismo, en tanto es incorporado al patrimonio del adquirente y en tal sentido, refleja capacidad contributiva; por tanto, no puede ser estimado como un impuesto personal sino real y, conforme a esa naturaleza, contrariamente a lo argumentado por la recurrente, la comparación que para ese efecto se prevé entre los tres parámetros contemplados en el precepto combatido, permite conocer de una manera objetiva la capacidad contributiva, al hacerla derivar del valor real del inmueble materia de la transacción, y no exclusivamente del precio que de manera convencional le puedan atribuir las partes. En efecto, lo que el legislador buscó mediante la mecánica comparativa prevista en dicho dispositivo es fijar de manera cuantitativa la manifestación real de riqueza expresada mediante la adquisición del inmueble, ya sea que dicha manifestación derive del valor de adquisición, es decir, del precio pagado por el inmueble, o bien del valor que catastralmente se tenga registrado en relación con el mismo o, en su caso, del valor resultante del avalúo que practique la autoridad o la persona por ella autorizada para ese efecto, elementos estos últimos que podrían considerarse ruinosos para el contribuyente solamente si se llegase a demostrar que, conforme a las circunstancias particulares del caso, el monto del tributo a pagar ha rebasado su capacidad contributiva; sin embargo, no es tal el sentido de los argumentos que nos ocupan, ni radica en tales extremos la argumentación de inconstitucionalidad, según se advierte tanto de la demanda de garantías como de los agravios expuestos en el recurso que se resuelve, sino que se sustenta en la consideración de que por sí mismo el tributo es inconstitucional por el simple hecho de incluir esos dos últimos parámetros como elementos de comparación -de manera conjunta con el valor de adquisición- para determinar la base gravable del impuesto sobre adquisición de inmuebles. A mayor abundamiento, conviene señalar que, contrariamente a lo aseverado por la recurrente, la base del impuesto sobre adquisición de inmuebles no es determinable a partir del incremento patrimonial del adquirente porque éste, en todo caso, intercambia dinero en efectivo por un inmueble, argumento que parte de una premisa falsa, consistente en que, indefectiblemente, la adquisición de inmuebles gravada por el tributo en cuestión deriva de operaciones de compraventa, y de que la adquisición constituye un acto de consumo que refleja la disponibilidad de recursos del adquirente, la cual denota su capacidad contributiva. Lo anterior es así, porque lo que en realidad se grava es la incorporación del inmueble al patrimonio del adquirente, como una manifestación de riqueza por parte de éste, que en términos económicos encuentra un reflejo fiel y objetivo en cualquiera de los parámetros previstos en el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal. Para sustentar lo antes señalado, ha de atenderse a lo previsto en los artículos 134 y 137 del código tributario en cita, el segundo de ellos conforme a su texto vigente al momento del pago del tributo reclamado, es decir, al diecisiete de mayo de dos mil cinco, los cuales son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 134.’ (se transcribe). ‘Artículo 137.’ (se transcribe). De conformidad con el primero de los preceptos citados, son sujetos del tributo en mención las personas físicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Distrito Federal, así como los derechos relacionados con los mismos, que se señalan en el capítulo correspondiente del ordenamiento en cita; en el segundo dispositivo transcrito se prevé que para los efectos previstos en el primeramente citado, se entenderá por adquisición la que derive de actos tales como: todo acto por el cual se transmita la propiedad con las formalidades de ley, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, con excepción de la constitución o liquidación de la sociedad conyugal, si el inmueble es propiedad de los cónyuges; las permutas, en las cuales se considerará que existen dos adquisiciones; las adquisiciones por herencia, en cuyo caso se gravará con tasa 0% si el valor del inmueble no excede del monto que ahí se señala; la compraventa con reserva de dominio, al momento de cancelarse la reserva; la promesa de compraventa, cuando se protocolice el contrato relativo; cualquier tipo de convenio por medio del cual se transmitan o cedan derechos para adquirir un inmueble; fusión o escisión de sociedades; dación en pago y liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; transmisión de usufructo, o de nuda propiedad y extinción del usufructo a menos que derive de la muerte del usufructuario; prescripción positiva e información de dominio judicial o administrativa; cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles; actos realizados a través de fideicomiso y cesión de derechos en el mismo, atendiendo a determinados supuestos; división de copropiedad por la parte que se adquiera en demasía del porciento que correspondía al copropietario; al hacerse efectiva la opción de compra en los contratos de arrendamiento financiero, así como la adjudicación judicial o administrativa y la decisión de derechos derivados de ella. Como puede advertirse, la regulación relativa no permite coincidir con la propuesta del recurrente, en el sentido de que el hecho imponible lo constituye la operación de adquisición en sí misma considerada, con una connotación de acto de consumo, que refleja la capacidad contributiva del sujeto pasivo, puesto que dentro de las hipótesis relativas al hecho imponible no se advierte prevista la relativa a la erogación para el consumo, sino la incorporación de un inmueble al patrimonio del sujeto pasivo, ya sea mediante una operación de compraventa, que necesariamente significará una erogación para satisfacer el precio fijado por las partes, o bien, mediante actos diversos que no necesariamente implican el pago de una contraprestación, tales como la donación o la prescripción adquisitiva, igual que mediante la división de la copropiedad o la cesión de derechos de heredero o legatario, o a través de la extinción del usufructo. Es decir, que de ningún modo puede colegirse, como pretende el recurrente, que lo que grava el tributo que reclama es la adquisición por sí misma, con base en las características subjetivas del adquirente, y no conforme a las particularidades objetivas del inmueble materia de la adquisición, que no contempla como hecho imponible acto alguno de consumo, sino la incorporación patrimonial del inmueble sobre el cual materialmente recae el gravamen. Por tanto, se reitera, es infundado en este aspecto el agravio propuesto por el recurrente. En tal sentido, este órgano colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil cinco, el recurso de revisión número RA-344/2005-4823, bajo la ponencia del Magistrado Carlos Ronzón Sevilla, donde se sostiene que el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal sí contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 344/2005-4823, interpuesto por Daniel Rahmane Azar y Deborah Kably Mussali, en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:

"SÉPTIMO. No existiendo diversa causa de improcedencia cuyo estudio resulte necesario, se impone examinar los conceptos de violación propuestos con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del numeral 91 de la Ley de Amparo. De la lectura de la demanda se aprecia que, en el primer concepto de violación, los quejosos propusieron diversos argumentos para demostrar la inconstitucionalidad del artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, que establece la base del impuesto sobre adquisición de inmuebles. En ese sentido, alegaron que el citado artículo 138 viola el principio de proporcionalidad tributaria, contenido en la fracción IV del artículo 31 constitucional, porque el impuesto sobre adquisición de inmuebles se calcula sobre un valor que no guarda ninguna relación con el valor de la operación gravada. Sostienen que el citado tributo no se fija en función del valor del acto gravado, esto es, con relación al valor que represente la adquisición del inmueble de que se trate, sino que se configura a partir de la comparación que se efectúe de tres valores, lo que se traduce en una clara violación a la garantía de proporcionalidad tributaria, en virtud de la cual los impuestos indirectos deben calcularse en función del valor de las actividades gravadas. Concluyen los quejosos diciendo que si el legislador estableció que la base del impuesto sobre adquisición de inmuebles debe ser calculado a partir de considerar el valor ‘más’ alto que resulte entre el valor de adquisición, el valor catastral y el valor de avalúo que practique la autoridad fiscal, es evidente la falta de proporcionalidad tributaria al determinarse con un valor distinto al de la operación gravada que, naturalmente, no guarda proporción con el objeto del tributo. Para examinar las alegaciones reseñadas conviene tomar en consideración que el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, que los quejosos consideran violado, consiste en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad contributiva. La capacidad contributiva es la potencialidad real del sujeto pasivo del impuesto para contribuir a los gastos públicos. Por tanto, el hecho imponible del tributo debe establecerse en relación directa con el supuesto que en forma de una situación o de un movimiento de riqueza refleja una auténtica capacidad económica del sujeto a quien se le atribuye el objeto del impuesto, por lo que es indispensable la existencia de una íntima relación entre el objeto o hecho imponible de la contribución y la base gravable sobre la que se aplicará la tasa o tarifa. El aserto anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia P./J. 109/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 22, que dice: ‘CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.’ (se transcribe). A fin de determinar si el precepto en controversia satisface el requisito constitucional de que se trata, se toma en consideración lo dispuesto por los artículos 134, 135, 137 y 138 del Código Financiero del Distrito Federal, reclamados en el juicio de amparo, que establecen los elementos del impuesto sobre adquisición de inmuebles y que permiten comprender su mecánica. Como ya se expuso en el considerando quinto, el artículo 134 establece como hecho imponible del impuesto en cuestión la adquisición de inmuebles y como sujetos pasivos obligados al pago del impuesto a toda persona física y moral que adquiera inmuebles ubicados en el Distrito Federal consistentes en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él, con motivo de la celebración de cualquiera de los actos jurídicos por los que se adquieran inmuebles a que se refiere el artículo 137 del mencionado código. Lo dispuesto por el citado artículo 137 del Código Financiero del Distrito Federal corrobora el hecho afirmado anteriormente de que el objeto del impuesto de que se trata es la adquisición, pues hace una enumeración exhaustiva para reflejar y ratificar qué se entiende por adquisición (valga la expresión aunque sea redundante) la que resulte o derive de cualquiera de los actos jurídicos que enumera. Por tanto, el objeto o hecho imponible no gravita o recae sobre el bien inmueble materia de la adquisición, sino sobre el hecho de la adquisición, que es uno de los elementos de los actos jurídicos bilaterales que dan origen a la transmisión del bien, pues el legislador orientó su norma en la adquisición como causa de la medida económica objeto del tributo. Ahora bien, del artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal, reproducido en el considerando quinto, se desprende que el impuesto sobre adquisición de inmuebles se calcula aplicando la tarifa contenida en la tabla sobre la base obtenida del valor total del inmueble, cuyo resultado produce el monto de la obligación tributaria por la adquisición de inmuebles a cargo de los sujetos de la norma. Es decir, precisa que la base del impuesto es el valor del inmueble, y que sobre éste se aplicará la tarifa correspondiente. La definición de la base del impuesto se reitera en el contenido del artículo 138 reclamado, que establece: ‘Artículo 138.’ (se transcribe). Como se observa, la base gravable radica en el valor total del inmueble, que se obtendrá mediante el procedimiento que dicho precepto prevé y que será el valor más alto que resulte entre el de adquisición, el catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios o el del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por ésta. En suma, los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de inmuebles son los siguientes: a) Hecho imponible: consiste en la adquisición de un inmueble a través de cualquiera de las formas o actos jurídicos previstos en el artículo 137 del Código Financiero del Distrito Federal. b) Sujeto pasivo: las personas físicas o morales que adquieran inmuebles en términos de las disposiciones ya analizadas. c) Base gravable: el valor total del inmueble que resulte más alto entre el de adquisición, el valor catastral o el valor de avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas autorizadas, y d) Tasa o tarifa: las cantidades que aparecen en la tabla del artículo 135 del código citado. El Estado, al establecer las contribuciones, grava la riqueza que conforme a la técnica fiscal puede manifestarse mediante la obtención de ingresos, la propiedad de un patrimonio o capital, la realización de gastos destinados a adquirir bienes y servicios, etcétera, indicadores de capacidad contributiva. La imposición sobre el patrimonio o capital grava la riqueza ya adquirida por los contribuyentes, como acontece, entre otros, con el impuesto predial, mientras que la imposición al gasto se genera de manera distinta, toda vez que los gobernados obtienen la riqueza y después adquieren los bienes y servicios que requieren para su subsistencia o para producir bienes o servicios. El objeto del impuesto por obtención de ingresos lo constituye el hecho o acto de obtener ingresos en dinero o en especie; la base son los ingresos percibidos menos las deducciones legales y el sujeto pasivo son las personas que obtienen ingresos; en tanto que el hecho imponible u objeto de los impuestos a la propiedad o al capital derivan de la calidad de propietario o poseedor de algún bien mueble o inmueble y la base es el valor del capital o del patrimonio, cuyos sujetos pasivos son las personas propietarias o poseedoras de los bienes. Finalmente, en lo atinente a la imposición al gasto para adquirir bienes, el objeto del impuesto es justamente la erogación y la base se integra por el total del gasto realizado por el sujeto pasivo. En esas condiciones, no es lo mismo gravar los ingresos que el capital o la propiedad o los gastos, por la sencilla razón de que cada uno posee elementos propios en cuanto a la fuente y forma de imposición. Los impuestos que gravan la fuente de los ingresos y la propiedad de un patrimonio se denominan impuestos directos, porque recaen sobre las personas que los perciben o los propietarios o poseedores del patrimonio, en donde su capacidad contributiva se comprueba en forma directa. En cambio, los impuestos al gasto o consumo se llaman indirectos porque gravan el uso o destino de la riqueza, que implica la correlación entre el monto de los gastos y la capacidad contributiva; de modo que el que más gaste tendrá mayor capacidad contributiva. También se llaman indirectos los que se repercuten en un tercero. Pongamos un ejemplo: dos personas adquieren un inmueble. Una en la colonia Portales de la Ciudad de México en la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y otra en el Pedregal de San Ángel, por la cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.). Entonces, para efectos de un impuesto indirecto causado con motivo del gasto erogado, es evidente que tiene mayor capacidad contributiva el que adquirió en el Pedregal por haber realizado un gasto mayor y será justamente esa cantidad la que refleje su capacidad contributiva y sirva como base del tributo, y no el valor intrínseco del bien obtenido mediante avalúo o cualquiera otro método de tasación, que en todo caso debe tomarse en consideración tratándose de impuestos directos a la propiedad o a la riqueza. De todo lo dicho se obtiene que las características del impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en los artículos señalados en líneas anteriores son: a) Es un impuesto indirecto en cuanto a la fuente, porque grava el empleo de la riqueza, con motivo de una manifestación indirecta de capacidad económica, objetivada en la adquisición de inmuebles o tráfico patrimonial. b) Es real, porque recae en un elemento objetivo, cuya naturaleza intrínseca se determina con independencia del elemento personal de la relación tributaria; y c) Es instantáneo, porque se genera en el momento en que se actualiza el hecho generador consistente en la adquisición de inmuebles. En ese orden de ideas, si el objeto o hecho imponible del impuesto que nos ocupa es la adquisición de inmuebles, la base debe ser el valor contenido en el acto jurídico gravado, toda vez que debe existir correlación lógica entre ambos elementos que se condicionan recíprocamente y permiten explicar su vinculación, en virtud de que la relación y concordancia en la sustancia de los conceptos implica la exclusión de sus diferencias, en la medida en que el primero constituye el elemento lógico sobre el que descansa el segundo; de ahí que el introducir otro elemento ajeno como es el valor intrínseco del bien inmueble materia del acto jurídico gravado significa darle una extensión que no tiene el objeto del tributo. Pues bien, del artículo 138 reclamado y tildado de inconstitucional, ya transcrito, se desprende que el sujeto pasivo se encuentra obligado a enterar el impuesto, atendiendo al ‘valor más alto’ entre el valor de adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas autorizadas, por lo que es única la base del tributo y se reduce al valor intrínseco y total del inmueble, el cual se obtiene por exclusión del que sea más alto del valor de adquisición, del catastral o del avalúo oficial. Como consecuencia de lo anterior, es fácil advertir que para obtener la base del impuesto sobre adquisición de inmuebles no se atiende al objeto del tributo establecido en el artículo 134 del Código Financiero del Distrito Federal, consistente en la adquisición de inmuebles a través de los actos jurídicos definidos en el artículo 137 del propio ordenamiento, cuya base debió circunscribirse al valor de adquisición y no partir de un indicador que no guarda relación con el hecho imponible, como es el valor intrínseco del bien emanado del valor catastral o del avalúo a través del procedimiento señalado en el artículo 138 antes reproducido; de modo que la mecánica apuntada no tiene relación de correspondencia con el acto de adnto, del inicio del proceso electoral del año dos mil seis. Esta finalidad no puede ser objetada por ser contraria al interés común de los gobernadostributaria, que e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19460-e2ba5ced/adquisicion-de-inmuebles-el-articulo-138-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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