ACCIÓN DE OBJECIÓN AL PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES QUE PAGÓ EL LIBRADO, ALEGÁNDOSE QUE LA FIRMA FUE FALSIFICADA, Y NO ASÍ LA DE NULIDAD ABSOLUTA O DE INEXISTENCIA DEL CHEQUE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza mercantil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicción.
En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 760/2005, consideró un asunto en el cual se demandó la nulidad de un cheque, porque la firma del librador era falsificada y esa cuestión constituyó la materia del amparo. Al resolver esa cuestión, el Tribunal Colegiado consideró, en síntesis, lo siguiente:
En principio conviene precisar que la autoridad responsable determinó que la figura de la nulidad no se encontraba regulada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin distinguir si se refería a la nulidad absoluta, a la nulidad relativa o a la nulidad en general; por su parte, el quejoso coincide en que efectivamente, en la legislación especial la palabra "nulidad" o "acción de nulidad" no se encuentra integrada, pero agrega que esa circunstancia no es óbice para que el juzgador efectúe la declaratoria de nulidad, ya que la propia ley, en su artículo 176, contempla en forma genérica los elementos de existencia y de validez del título de crédito denominado cheque al establecer la firma como una manifestación de voluntad del librador para obligarse para con el girado.
Al respecto, debe decirse que ambos, autoridad responsable y quejosa, parten de una premisa errónea al sostener que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no contempla la institución jurídica de "nulidad", pues contrario a lo que sostienen, dicha legislación contiene diversos artículos que aluden a la nulidad de ciertos actos. De ahí que contrario a lo que aducen tanto la autoridad responsable como el impetrante del amparo, la legislación especial aplicable en el presente asunto, sí contiene disposiciones expresas en cuanto a la institución jurídica de la nulidad, la que de suyo es aplicable en toda la normatividad de nuestro sistema jurídico, si se considera que toda nulidad se inspira en el interés general y tiene por fin protegerlo.
En efecto, las leyes que rigen nuestro sistema jurídico no son sino normas que regulan conductas humanas que deben producir consecuencias jurídicas, es decir, actos jurídicos celebrados por aquellos sujetos a quienes se encuentran dirigidas; luego, si en cada acto y en cada institución, la ley y la doctrina establecen una serie de elementos de existencia o de requisitos de validez, es evidente que ante la falta de uno o varios de esos elementos o requisitos debe aplicarse la teoría de las nulidades en los términos en que el legislador la haya introducido al ordenamiento legal aplicable al caso.
Luego, si en el caso, la parte actora demandó la declaración de nulidad absoluta de determinados títulos de crédito denominados cheques, por considerar que tales documentos carecen del requisito contenido en el artículo 176, fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, atento que la firma que los calza no proviene de su puño y letra, es evidente que lo así alegado se traduce en que el acto jurídico que se documenta en cada uno de los cheques, cuya nulidad se pretende, carece del consentimiento del librador, y en esa virtud, como afirma la impetrante del amparo, es cierto que implícitamente la ley especial permite ejercer la acción de nulidad respecto de esos títulos de crédito.
Además, se observa que los supuestos derivados del artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para objetar el pago de un cheque, tienen en común la falta de consentimiento o de voluntad del supuesto librador para su expedición, lo que invariablemente es requisito para declarar la nulidad absoluta del acto jurídico documentado en esos títulos.
Asimismo, debe precisarse que la procedencia de la acción de nulidad de un cheque, de ninguna manera involucra a un sujeto ajeno a la relación contractual como lo es la persona que cobra el título, toda vez que el libramiento de un cheque supone la existencia de tres sujetos, a saber: el librador, el librado y el tomador (beneficiario), este último puede ser persona incierta (al portador) o específica (nominativo que inclusive puede ser el propio librador), de suerte tal que la declaración de nulidad debe afectar a todos aquellos que intervinieron en la celebración del acto nulo, pues las nulidades absolutas y las nulidades relativas coinciden en que, una vez pronunciadas, el acto que era atacado es integral y retroactivamente destruido; por ende, si dicha declaración influye también en el beneficiario (que se oculta al amparo de una firma falsa), de ningún modo resulta contrario a derecho, antes bien, es una consecuencia lógica de esa institución jurídica.
Ciertamente, el que con motivo de la declaración de nulidad se faculte al librado para repetir contra el beneficiario, de ninguna manera contraviene la finalidad que se establece en el artículo 2226 del Código Civil para el Distrito Federal, antes bien, la facultad así adquirida por la institución bancaria se encuentra dirigida a restituir las cosas al estado que guardaban antes de la celebración del acto nulo, el que evidentemente no sólo debe afectar al librador y al librado, sino que debe influir en todos los que dieron lugar al acto nulo, inclusive el beneficiario, no obstante la dificultad que signifique la posibilidad de que éste también restituya los bienes recibidos ni que su intervención derive de la comisión de un hecho ilícito, pues es precisamente esa ilicitud la que dio origen a la nulidad del acto, al depender de la demostración de un acto ilícito que es fuente de obligaciones para el falsificador de la firma.
Por tanto, en virtud de que al disponer el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que la institución bancaria se encuentra obligada a no realizar el pago de los cheques cuando la firma difiere notoriamente de la que se encuentra registrada en sus archivos o cuando existe aviso de robo o extravío del talonario respectivo, es evidente que esa disposición atiende a la posibilidad de que el cuentahabiente no haya otorgado su voluntad para expedir ese documento y que, por ende, el mismo se encuentre afectado de nulidad; empero, si a pesar de que la firma sea notoriamente discrepante, el banco realiza el pago al beneficiario, no puede alegar que la acción de nulidad no procede ante la imposibilidad o dificultad que tiene para repetir contra el tercero a quien hizo el pago de los cheques, pues no se puede beneficiar con ese argumento a quien dio lugar a la verificación del acto nulo.
II. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 150/2005, también abordó un asunto en el cual se hizo valer la nulidad de un cheque, porque -aducía el actor- la firma del librador estaba falsificada. Las consideraciones que al respecto sostuvo el Tribunal Colegiado fueron las que a continuación se sintetizan:
Es necesario indicar que tanto la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la legislación mercantil general, así como los usos bancarios y mercantiles, no regulan la institución jurídica de la nulidad, por lo que se deben aplicar en forma supletoria las normas del Código Civil Federal, pues no obstante que el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establezca el derecho a objetar un pago, no se puede considerar que son figuras idénticas con la nulidad.
Ahora bien, dentro de la teoría general de la nulidad de los actos civiles, se reconocen varios grados de invalidez, y la doctrina clásica admitida por la legislación civil federal, señala la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa.
El principio general es que la nulidad sea absoluta y sólo será nulidad relativa cuando la ley expresamente lo diga o la caracterice como tal, permitiendo que puedan convalidarse por confirmación expresa o tácita por el cumplimiento voluntario del acto viciado.
No obstante, se precisa que en contra de los cheques al portador, pagados a determinada persona, no procede la acción de nulidad absoluta en virtud de que el caso hipotético de que se llegase a decretar fundada la acción, la naturaleza jurídica de la nulidad no lograría su fin, esto es, eliminar los efectos que produjo el propio acto nulo desde el momento en que se constituyó, puesto que quedaría latente el derecho de acción correspondiente entre la institución de crédito que lo pagó y la persona que en su caso haya falsificado la firma, rompiéndose así con la finalidad sustancial de la nulidad absoluta que, como ya se apuntó, es que el acto deje de surtir efecto alguno, puesto que no sólo existiría la relación jurídica entre el librador y la institución que lo pagó, sino también estaría jurídicamente vinculado el supuesto librado que cobró el cheque.
En esas condiciones, es evidente que el hecho de que el Juez responsable atendiera la litis integrada en primera instancia con la aplicación del derecho de objeción de pago contenido en el artículo 194 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, es una cuestión que resultó legal, pues, por una parte, como ya se precisó, la actora sí expuso en sus hechos lo concerniente a la notoriedad de la falsificación de la firma y citó una tesis que interpreta e invoca ese artículo y, por la otra, de ningún modo se dejó en estado de indefensión a la parte demandada, ya que ésta, al dar contestación a la demanda, encaminó su defensa y excepciones sobre ese derecho previsto en el precitado artículo 194.
Este mismo tribunal, al resolver el amparo directo 208/2004, analizó un caso en el que un tarjetahabiente hacía valer que su tarjeta de crédito había sido robada y que, por tanto, las firmas que se habían hecho en los pagarés -vouchers- que soportaban la deuda que la institución de crédito quería cobrarle, no eran suyas.
El Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:
Las tarjetas de crédito indirectas o bancarias (en las cuales la prestación de servicios corre a cargo de terceros) no constituyen un título de crédito, ni son el crédito mismo, pues para que funcione es necesario invariablemente que con anterioridad el banco celebre con el futuro cuentahabiente un contrato.
El contrato de apertura de crédito en cuenta corriente es aquel en virtud del cual el banco acreditante pone a disposición de una persona física o moral (acreditado) una cierta cantidad de dinero, la cual, conforme vaya haciendo uso de la misma, el acreditado puede ir regresando en pagos parciales, de forma que aunque disponga de parte del monto, el límite máximo de crédito nunca se agote, es decir, que el acreditado puede disponer permanentemente de una cantidad, la cual nunca se terminará durante la vigencia del contrato, siempre que no exceda el límite. El banco se obliga a pagar por cuenta del tarjetahabiente los bienes que éste adquiere o los servicios que se le prestan mediante el uso de la tarjeta de crédito en los establecimientos afiliados; asimismo, los bancos deben celebrar los contratos correspondientes de comisión o cobranza con los establecimientos afiliados en los que éstos se obligan a aceptar el pago de bienes y servicios, mediante la identificación con la tarjeta de crédito y la firma de los pagarés correspondientes en las notas de compra o de consumo, de las cuales se hacen varias copias, quedando una original en poder del banco para su cobro, una copia en poder del establecimiento afiliado y una para el cliente o usuario.
Periódicamente los establecimientos afiliados presentan en las oficinas del banco relaciones de los pagarés para que éstos les sean devueltos o acreditados en sus cuentas de cheques, y los pagos y abonos respectivos aparecen reflejados en los estados mensuales de cuenta que los bancos están obligados a enviar a los tarjetahabientes y que servirán de prueba si llegaren a existir divergencias en relación con el monto de las disposiciones.
Así, las instituciones de crédito sólo pueden cargar a sus acreditados el importe de los pagarés suscritos por éstos, y en los contratos que suscriban las instituciones con los proveedores deberá especificarse que el proveedor quedará obligado, entre otras cosas, a comprobar que la firma del tarjetahabiente corresponde a la que aparece en la tarjeta respectiva, es decir, que la institución de crédito se encuentra en aptitud de efectuar cargos a la cuenta de un tarjetahabiente, siempre y cuando se demuestre que la firma que calza en los pagarés es la del tarjetahabiente.
De acuerdo al artículo 2o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los actos y operaciones de crédito se rigen por lo dispuesto en la ley en cita y en las demás leyes especiales relativas y, en su defecto, por la legislación mercantil general, en su caso, por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos, por el Código Civil Federal.
Ni la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ni la legislación mercantil y los usos bancarios y mercantiles regulan la institución jurídica de la nulidad, por lo que se deben aplicar en forma supletoria las normas del Código Civil Federal, pues no obstante que en las reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones de banca múltiple en la misión y operación de tarjetas de crédito se establezca el procedimiento para objetar los estados de cuenta que expidan las instituciones crediticias, no se puede considerar que son figuras idénticas la nulidad y la objeción de estados de cuenta.
En contra de los pagarés suscritos en virtud de una compra que se realiza a través de una tarjeta de crédito no procede la acción de nulidad absoluta, en virtud de que en el caso hipotético de que se llegase a decretar fundada la acción, la naturaleza jurídica de la nulidad no lograría su fin, esto es, eliminar los efectos que produjo el acto nulo desde el momento en que se constituyó, puesto que quedaría latente el derecho de acción correspondiente entre el banco emisor y la negociación afiliada, rompiéndose así con la finalidad sustancial de la nulidad absoluta, que es que el acto deje de surtir efectos.
Cosa distinta sucede con los pagarés suscritos en virtud de la simple entrega de determinada cantidad de dinero entre personas físicas o morales y que no emanan del pago realizado mediante una tarjeta de crédito, esto es, que su suscripción no se generó por diverso acto jurídico más que el que es contenido en la propia redacción del documento.
Es claro que la acción de nulidad absoluta de ningún modo puede decretarse fundada, puesto que en ese supuesto, prevalecerían los efectos del acto nulo entre el banco emisor y la empresa afiliada, máxime que lo que puede reclamarse es la liberación del cargo sobre la base de que el establecimiento y en su caso el banco emisor de la tarjeta de crédito omitieron cumplir con el deber de cuidado consistente en verificar a simple vista si la firma del pagaré es la del tarjetahabiente, sin que se requiera la demostración de falsedad con prueba pericial, porque no se trata de anular el voucher por vicio de la firma falsa, sino de anular el cargo efectuado a la cuenta del cliente por falta de cumplimiento al deber de cuidado que implica una diligencia ordinaria.
Dichos razonamientos dieron lugar a la tesis I.3o.C.494 C, cuyo tenor literal es el siguiente:
"NULIDAD ABSOLUTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2225 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. NO ES APLICABLE EN TRATÁNDOSE DE CHEQUES O DE LOS PAGARÉS QUE SE SUSCRIBEN POR VIRTUD DE UNA COMPRA A TRAVÉS DE UNA TARJETA DE CRÉDITO. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la legislación mercantil general, así como los usos bancarios y mercantiles, no regulan la institución jurídica de la nulidad absoluta, por lo que se deben aplicar en forma supletoria las normas del Código Civil Federal, pues no obstante que el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establezca el derecho a objetar un pago, no se puede considerar que son figuras idénticas con la nulidad. Dentro de la teoría general de la nulidad de los actos civiles, se reconoce la denominada nulidad absoluta admitida por la legislación civil federal en los artículos 2225 y 2226 del Código Civil Federal. El acto nulo, aun atacado de nulidad absoluta, por la buena y sola razón de que ese acto es una realidad mientras que no ha sido destruido por una decisión judicial, surte sus efectos como acto nulo, pero de proceder la acción de nulidad, todos los efectos se retrotraerán como si nunca hubiera existido. El artículo 2226 del propio ordenamiento legal señala como características de la nulidad absoluta, que de ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción; por lo tanto, en contra de los cheques pagados a determinada persona, o de los pagarés que se suscriben por virtud de una compra a través de una tarjeta de crédito, no procede la acción de nulidad absoluta en virtud de que en el caso hipotético de que se llegase a decretar fundada la acción, la naturaleza jurídica de la nulidad no lograría su fin, esto es, eliminar los efectos que produjo el propio acto nulo desde el momento en que se constituyó, al quedar latente el derecho de acción correspondiente entre la institución de crédito que lo pagó y la persona que en su caso falsificó la firma, rompiéndose así con la finalidad sustancial de la nulidad absoluta que es que el acto deje de surtir efecto alguno, puesto que no sólo existiría la relación jurídica entre el titular de la cuenta bancaria y la institución que lo pagó, sino también estaría jurídicamente vinculado el supuesto sujeto que cobró el cheque o firmó el pagaré."(1)
III. Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 570/2004-13, analizó un asunto en el cual se hizo valer la nulidad de un cheque, porque la firma del librado se había falsificado. Al respecto, el Tribunal Colegiado consideró lo que a continuación se sintetiza:
Se debe partir de la premisa que nulo es aquel acto jurídico que no reúne las condiciones esenciales para su existencia, pero se encuentra privado de efectos por la ley; de tal suerte que el efecto de la declaración de nulidad por el Juez sería el de destruir retroactivamente los efectos del acto, obligando a las partes a restituirse mutuamente lo recibido o percibido en virtud o por consecuencia de dicho acto.
En la especie, el cheque librado y pagado por la institución de crédito demandada no puede ser objeto de la declaración de nulidad, porque no obstante que el cheque es propiamente un acto jurídico, su efecto (el pago) no puede destruirse retroactivamente y que las partes se restituyan mutuamente lo recibido, ya que, como según refiere el actor, no fue él quien recibió la cantidad de dinero amparada por el título de crédito base de la acción.
De esta manera, al declararse la nulidad del cheque, el quejoso debería devolver la cantidad no recibida a cambio del cheque que dice es nulo, lo que sería jurídicamente incorrecto, habida cuenta que se estaría en presencia de una acción contradictoria a las pretensiones del actor.
De la citada premisa se obtiene que tratándose de cheques librados y pagados a un tercero resulta improcedente la acción de nulidad, pues, como se dijo, dicha acción es totalmente contraria a la pretensión del actor; por ello, la ley previó la acción de objeción de pago del cheque librado y pagado por la institución de crédito, cuando ésta no verificó que la firma es notoriamente distinta a las registradas por su librador en dicha institución, tal como lo dispone el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues de ser procedente esta acción, obligaría a la demandada al pago de la cantidad tomada de la cuenta de depósito con dinero a la vista que abrió con la institución de crédito tercera perjudicada, lo cual no acontece en la acción de nulidad, cuyo efecto es la restitución mutua de lo recibido y, en el caso particular, el quejoso no puede restituir al banco demandado una cantidad que no recibió.
Dichos razonamientos dieron lugar a la tesis I.13o.C.30 C, cuyo tenor literal es el siguiente:
"CHEQUES. ACCIÓN DE NULIDAD, IMPROCEDENTE. Conforme al artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, contra el pago indebido de un cheque por la notoria falsedad o alteración de la firma del librador procede la acción de objeción de pago, cuya finalidad es la restitución de la cantidad en dinero que la institución de crédito respectiva tomó de la cuenta de depósito con dinero a la vista del actor, dejando a salvo sus derechos para repetir contra la persona que efectuó el cobro indebido y no la de nulidad prevista en el artículo 2225 del Código Civil para el Distrito Federal, cuya consecuencia sería la restitución mutua de lo recibido, en virtud de que conforme al principio de especialidad de leyes debe prevalecer la acción regulada en la ley especial; habida cuenta que de promoverse la acción de nulidad fundándose en la notoria falsedad o alteración de la firma del librador, el actor no podría restituir al banco la cantidad cobrada a merced del cheque cuestionado porque no fue él quien recibió el numerario ni permitiría a la institución de crédito repetir en contra del cobro indebido precisamente por lo nulo del título."(2)
Por su parte, al resolver el amparo directo 591/2004-13, este Tribunal Colegiado conoció de un asunto en el cual la parte actora del juicio natural demandó la nulidad de los pagarés -vouchers- en los que obraban los actos jurídicos cargados a su cuenta bancaria y, como consecuencia de lo anterior, la cancelación y devolución de los cargos indebidos efectuados por la demandada, haciendo valer que la firma de esos títulos de crédito no era suya. La parte demandada se defendió aduciendo que la acción de nulidad era improcedente, porque la figura jurídica de la nulidad de los pagarés no estaba prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y, por ende, no era aplicable el Código Civil Federal.
El Tribunal Colegiado consideró al respecto, lo siguiente:
Es nulo cualquier acto que no reúne las condiciones esenciales para su existencia, de suerte que el efecto de declaración de nulidad por el Juez sería el de destruir retroactivamente los efectos del acto obligando a las partes a restituirse mutuamente lo recibido o percibido en virtud o por consecuencia de dicho acto jurídico.
En la especie, los pagarés o vouchers no pueden ser objeto de la declaración de nulidad, porque las partes no puedan restituirse mutuamente las cosas que en su caso se recibieron a cambio.
Los efectos de la declaración de nulidad por un Juez consistirían en destruir los efectos del acto jurídico retroactivamente y que las partes se restituyan mutuamente lo recibido, por lo que no obstante que los referidos pagarés son actos jurídicos, su efecto no puede destruirse retroactivamente y las partes no pueden restituirse mutuamente lo recibido, ya que según refiere el actor, no fue él quien realizó las compras cargadas a su cuenta bancaria amparadas por los títulos de crédito (en cuanto el actor sostiene que se trata de pagarés), de tal suerte que de declararse la nulidad de ellos, el actor debería devolver las mercancías que dice que no adquirió a cambio de dichos pagarés, lo que sería jurídicamente imposible; además, se estaría en una acción contradictoria a las pretensiones del actor, quien en realidad pretende a través de dicha nulidad la cancelación y devolución de los cargos indebidos, pero nada dice en relación con la devolución de la contraprestación recibida con la suscripción de tales pagarés -vouchers-, que por tratarse de títulos de crédito, como se expresó, su acción sólo puede sustentarse en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que es la objeción de pago prevista en el artículo 194 de ese ordenamiento legal, el cual, aunque se refiere al caso de los cheques, se aplica por identidad de razón tratándose de pagarés, porque:
a) La institución de crédito no participó en la suscripción de los pagarés, pues sólo tuvo que realizar el pago, como sucede en los cheques.
b) Para el cobro de documentos es necesario que se hubiere solicitado el pago por el tenedor de los mismos, como sucede en los cheques.
c) Los documentos fueron cargados a la cuenta bancaria del actor, como sucede también en caso de los cheques.
Luego, de haber sido procedente la acción propuesta por el actor, se obligaría a la demandada a la devolución de la cantidad tomada de la cuenta de depósito con dinero a la vista que se abrió con la institución de crédito demandada, lo cual no acontece en la acción de nulidad, cuyo efecto es la restitución mutua de lo recibido, y en el caso particular el enjuiciante no podría restituir al banco enjuiciado una cantidad de dinero o mercancías que dice que no recibió.
Por tanto, tratándose de pagarés, resulta improcedente la acción de nulidad, porque no está prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Además, el artículo 2o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que la aplicación de ese cuerpo normativo, así como de otros especiales, es de aplicación preferente sobre los ordenamientos generales señalados en el propio dispositivo y, por otra parte, el Código Civil Federal establece que las leyes que establezcan excepciones a las reglas generales únicamente son aplicables en las hipótesis específicamente señaladas en aquéllas.
Entonces, no resulta aplicable el Código Civil Federal respecto a la nulidad de los pagarés, porque, como se dijo, las prestaciones que pudiera reclamar la institución bancaria demandada en el juicio natural, únicamente serían las reguladas específicamente en la ley especial, como es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que en el caso es la objeción de pago de los títulos de crédito.
La figura de la nulidad de los títulos de crédito no está prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, siendo que conforme a la regla contenida en el artículo 2o. de esa ley, al encontrarse el caso a estudio específicamente reglamentado en una norma jurídica especial, debe prevalecer la aplicación de ésta sobre la aplicación de una norma de carácter más general.
CUARTO. Existencia de la contradicción.
Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(3)
Cabe señalar que, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(4)
Las ejecutorias 208/2004 y 591/2004-13, emitidas respectivamente por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Tercero en Materia Civil del Primer Circuito no forman parte de la presente contradicción, porque como se verá más adelante, ésta consiste en determinar si procede o no la acción de nulidad absoluta del cheque cuando se hace valer que se falsificó la firma del librador, mientras que en las ejecutorias mencionadas se analizaron casos en los cuales lo que se demandó fue la nulidad de los pagarés firmados con motivo de las compras realizadas a través de tarjetas de crédito.
Esa diferencia permite establecer que entre las ejecutorias mencionadas y la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito no existe contradicción de criterios, pues entre ellas no se analizaron los mismos elementos (p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19825-9c1c5bb7/accion-de-objecion-al-pago-de-cheque-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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