DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO EN UNA MISMA FECHA SE NOTIFICA EL ACTO RECLAMADO Y SE OBTIENEN LAS COPIAS QUE LO CONTIENEN, DEBE COMPUTARSE CONFORME AL PRIMER SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, QUINTO, SEXTO Y DÉCIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver con fecha treinta de agosto de dos mil cuatro, el recurso de reclamación número 12/2004, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"Por su parte, el recurrente sostiene que el caso debe situarse en el supuesto de comenzar a contar el término para la promoción del juicio de garantías, en base a la notificación conforme a la ley del acto, esto es, mediante Boletín Judicial, o en su caso de forma personal. Esa es la litis del presente recurso. Tal como se anticipó al inicio del presente considerando, los agravios opuestos resultan esencialmente fundados. A efecto de arribar a la anterior consideración, es menester señalar que el texto del artículo 21 es del siguiente tenor: (se transcribe). Del contenido de ese numeral, es pertinente destacar que prescribe que el término para la presentación de la demanda correrá al día siguiente de que se actualice cualquiera de los supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que al agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De la interpretación que se hace de este numeral, se advierte que en su texto se hacen tres distinciones para el cómputo del término de quince días para la interposición de la demanda de amparo; además se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos; sin embargo, no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y el contexto en que se emiten los actos reclamados. Tomando en cuenta la idoneidad de los medios por los cuales los gobernados tienen conocimiento y el contexto en que se emiten los actos reclamados, no deben aplicarse invariablemente para empezar a contar a partir del día siguiente, cualquiera de las tres hipótesis, pues de lo contrario el legislador si no hubiese querido hacer tal distingo habría bastado con que señalara que el término empezaría a partir del día siguiente al en que el inconforme se enterara por cualquier medio o circunstancia del acto reclamado. En cambio se emplea la enumeración de distintos conceptos jurídicos y en base a su connotación se define la diferencia específica entre uno u otro supuesto y su aplicación al caso concreto e idóneo. En base a lo anterior, la notificación del acto reclamado al quejoso y el conocimiento que éste tenga de aquél, no son dos medios indistintos que sirvan de punto de partida para el cómputo de los quince días para la interposición del amparo, pues no son idóneos ambos para todos los casos, ni válidos en una misma situación. Esto es, de haber sido la intención del legislador en el sentido de que uno y otro supuesto serían aplicables indistintamente, habría empleado en vez del punto y coma (que sirve para separar oraciones gramaticalmente autónomas, pero muy relacionadas por el sentido, empleada en enumeraciones complejas) para separar ambos casos, una conjunción disyuntiva como sería la letra o u la letra u. Asimismo, en cuanto a los conceptos jurídicos que define el citado numeral, tenemos que refiere a la notificación según la ley del acto, la cual constituye un medio de comunicación procesal entre el funcionario judicial y las partes o los terceros, así como entre autoridades; la notificación en sí, es el acto mediante el cual, de acuerdo con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como interesado, o se le requiere para que cumpla con un acto procesal, éstas se hacen personalmente, por cédula, por Boletín Judicial, por edictos, por correo y por telégrafo. Luego, al referirse a la notificación, medio de comunicación procesal, se refiere a los procedimientos en los que existe ese medio legal de dar a conocer una resolución y a las personas que siendo partes del mismo, puedan ser notificadas, incluyendo aquí a los terceros como son los testigos o los peritos, que sin ser partes se requiere su participación y, por ese motivo son llamados al proceso. Por su parte, al referirse al conocimiento del acto reclamado inmediatamente, es para distinguirlo de la notificación, o sea para referirse a diversos medios ajenos a la misma y con las formas inherentes a ésta, refiriéndose a los procedimientos en que no exista ese medio legal de dar a conocer la resolución y a las personas que no siendo parte en el procedimiento, no son notificadas aunque establezca ese medio de comunicación procesal o lo sea ilegalmente (para el caso del tercero extraño por equiparación). Lo precedente obedece a que la Ley de Amparo, prevé las diversas situaciones que pueden presentarse, según la pluralidad de casos y procesos de los que pueden provenir los actos reclamados ante los que se puede solicitar la protección constitucional. Esto es así porque, la solicitud de protección no puede estimarse que sólo proceda en contra de resoluciones dictadas en un juicio o procedimiento en forma de juicio y sólo respecto de las personas que hubiesen intervenido en ellos como partes, legalmente emplazadas, pues en tal caso, el artículo 21 se limitaría a la hipótesis de las notificaciones de acuerdo a la ley del acto; sino que la solicitud de amparo procede contra actos reclamados que pueden provenir de procedimientos no judiciales o por personas que no sean parte o que siéndolo no sean legalmente notificadas, la ley de amparo prevé todos estos supuestos, especificando diversos puntos de partida para la interposición de la demanda. Entonces, el supuesto primero y que se refiere al inciso a), deberá considerarse idóneo para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales que contemplen el medio de la notificación, en relación a las partes que intervienen en él. En cambio, en tratándose del segundo supuesto, se debe aplicar generalmente a los procedimientos en que no existe ese medio legal de comunicación procesal (verbigracia actos no judiciales) de dar a conocer la resolución y también a las personas que no siendo partes en un procedimiento contencioso, aunque lo establezca, no pueden ser notificadas por dicha circunstancia, de no ser o no haber sido parte en el mismo, extendiéndose a este supuesto la situación del tercero extraño por equiparación, el cual si bien es parte, alega no haber sido llamado al mismo en forma legal. En base a la anterior distinción, tenemos que cuando el quejoso sea parte en el juicio del que derivan los actos reclamados y no se ostente extraño al mismo, pues ha comparecido a deducir sus derechos, deberá situársele en principio en el primer supuesto para computar el término para la interposición del juicio de amparo. En el caso justiciable, consta el sello de notificación por medio del Boletín Judicial número ciento dieciocho, del día veintidós de junio de este año y que tal publicación surtía efectos el veintitrés inmediato, a las doce horas. Por otra parte, en la demanda de amparo respectiva, en su parte final aparece la razón a que se refiere el artículo 163 de la Ley de Amparo, por la que se hizo constar que la resolución reclamada fue publicada en el referido Boletín Judicial, esto es, en términos del artículo 1068, fracción II, del Código de Comercio. El Boletín Judicial, no es otra cosa que una publicación oficial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el cual se divulgan las listas de los negocios en que han recaído acuerdos y sentencias del día anterior, que les envían los juzgados y Salas, así como avisos judiciales. En él se inserta la lista de los nombres de las partes, con expresión de la clase de juicio de que se trata, a fin de que los interesados puedan acudir a enterarse del contenido de tales acuerdos en las secretarías correspondientes. Esto es, la publicación vía Boletín Judicial, tiene por objeto que los interesados tengan conocimiento del pronunciamiento de determinada resolución emitida por los órgano jurisdiccionales, para que estos ocurran al local que ocupan a imponerse del contenido de los mismos. Luego entonces, el hecho de que el autorizado de la parte interesada concurra al local que ocupa la Sala civil respectiva, implica que el Boletín Judicial cumple con la finalidad que el mismo persigue y el hecho de que la parte correspondiente se imponga del contenido de la resolución publicada e incluso recabe copias del acto reclamado, no significa necesariamente que deba situársele en el supuesto del conocimiento del acto, para empezar a computar el término del juicio de amparo, puesto que ello devendría en soslayar el contexto en el que se desenvuelve el caso, esto es, que el interesado es parte del juicio del que deriva, no se ostenta tercero extraño por equiparación y se entera del mismo a través de la notificación que se hace, conforme a la ley del acto. Se debe entonces, partir de la notificación del acto reclamado, para computar el término para la interposición del juicio de amparo, siempre que ésta sea el motivo y origen del conocimiento del acto reclamado, y cuando concurran las características mencionadas. A mayor abundamiento, de considerarse que con motivo de la imposición del contenido del acto reclamado por la notificación a través del Boletín Judicial, el interesado ocurre al local que ocupa la autoridad jurisdiccional, y recaba copias simples del mismo, deberá considerársele como una notificación sin las formalidades de ley, puesto que no se contiene en la cédula respectiva, no se hace mención de que se haya cotejado con el original, etcétera, pero de cualquier forma, de conformidad con la ley del acto. Esto es así, porque no debe soslayarse el contexto en el que se desenvuelven los hechos, para fijar el caso en la hipótesis respectiva del artículo 21 de la Ley de Amparo, así como el origen y motivo por el que el quejoso se entera del acto reclamado, ya sea por una notificación en el Boletín Judicial, personalmente o por lista y cuando el conocimiento deriva de actos distintos. Por el contrario, si estamos en presencia de un acto no emanado de un procedimiento judicial en el que no exista la notificación como medio para dar a conocer el mismo, o derivado de un procedimiento jurisdiccional en el que el quejoso, no haya sido parte del mismo o se ostente tercero extraño, debe tomarse en cuenta el segundo caso, esto es el conocimiento del acto reclamado, como punto de partida para iniciar el cómputo del término respectivo. Sirve de apoyo a lo antes considerado la tesis emitida en la Quinta Época por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CVI, página 1703, del siguiente rubro y texto: ‘DEMANDA DE AMPARO, CUÁNDO EMPIEZA A CORRER EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA.’ (se transcribe). Consecuentemente, si el acto reclamado se notificó al quejoso con motivo del Boletín Judicial del veintidós de junio del dos mil cuatro, imponiéndose por ese motivo del contenido de esa determinación, recabando incluso copias, tal notificación, conforme a la ley del acto, surtió sus efectos al día siguiente, esto es, el día veintitrés de junio de dos mil cuatro, en términos del artículo 1075 del Código de Comercio, por lo que es claro que, para el catorce de julio de este año, fecha en que se presentó la demanda de amparo, ésta se encontraba en tiempo, debiéndose descontar para el cómputo respectivo los días veintiséis, veintisiete de junio, tres, cuatro, diez y once de julio de este año. Sin que pase inadvertido para este Tribunal Colegiado, lo sostenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis de clave 1a./J. 42/2002, visible en la página 5, Tomo XVI, de septiembre de 2002, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe es del siguiente texto: ‘ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’, porque si bien la misma se refiere al conocimiento del acto reclamado con motivo de la recepción de copias del mismo, en dicho criterio no se distingue ese supuesto, frente al de la notificación conforme a la ley del acto, para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, sino que se parte del supuesto que contempla, esto es, el conocimiento por la recepción de copias del acto reclamado como base para computar el término para la interposición del juicio de amparo, siendo que en la presente resolución se establece la diferencia entre ese caso y el de la notificación conforme a la ley del acto, arribando a la conclusión de que no opera en la especie la sustentada en aquella jurisprudencia, en base al conocimiento del acto. Finalmente, sólo resta señalar, que el juicio de amparo es un instrumento procesal creado por nuestra Constitución Federal, para que los gobernados puedan hacer proteger sus garantías constitucionales de las violaciones que al respecto cometan las autoridades y ese instrumento no sólo debe ser motivo académico de satisfacción, sino que también en la vida real y concreta debe otorgar a los ciudadanos una protección fácil y accesible para sus derechos más fundamentales, independientemente del nivel de educación de esos ciudadanos y de que tengan o no, abundantes recursos económicos, así como del nivel de su asesoría legal. Esto es importante, porque la protección que el Poder Judicial Federal, hace de las garantías constitucionales de los gobernados debe funcionar como un conciliador entre el poder del Estado y los intereses legales de los individuos, y en la medida en que esa conciliación funcione, se respirará un clima de derecho que protege la paz social en un régimen de derecho. Luego, los juzgadores de amparo no deben hacer de la técnica de ese juicio un instituto del cual se pueda hablar académicamente, pero que resulte muy limitado en la práctica para la protección real y concreta de los derechos constitucionales conculcados, por lo que las normas que regulan el procedimiento constitucional deben interpretarse con espíritu generoso, que facilite el acceso del amparo al pueblo gobernado. Con ese ánimo deben entonces interpretarse las normas del procedimiento de amparo a efecto de no crear trampas que le impidan a los gobernados tener acceso a la justicia federal. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia publicada en la Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 408, tesis 614, jurisprudencia, Materia(s): Común, del siguiente rubro y texto: ‘AMPARO, FINALIDAD Y NATURALEZA DEL.’ (se transcribe)"
En similares términos resolvió con fecha treinta de septiembre de dos mil cuatro y dieciocho de enero de dos mil seis, los recursos de reclamación números 14/2004 y 1/2006.
El primero de los criterios antes señalados, originó la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XX, diciembre de 2004
"Tesis: I.6o.C.334 C
"Página: 1328
"DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN CUANDO LA NOTIFICACIÓN SE HACE POR BOLETÍN JUDICIAL. De la interpretación que se hace del artículo 21 de la Ley de Amparo se advierten tres supuestos para el cómputo del término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, los cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, de donde se aprecia que la intención del legislador fue que dicho término se computará a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada uno de ellos y el contexto en que se emiten los actos reclamados, pues no deben aplicarse invariablemente cualquiera de las hipótesis mencionadas, ya que si el legislador no hubiera querido hacer distingo alguno, habría bastado que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el inconforme se enterara por cualquier medio o circunstancia del acto reclamado. Así, la notificación según la ley del acto, es la diligencia mediante la cual, de acuerdo con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona que se reconoce como interesada, personalmente, por cédula, por Boletín Judicial, etcétera. Luego, el primer supuesto a que alude el precepto en cita, es el que debe considerarse idóneo para los casos en que el acto reclamado derive de procedimientos judiciales que contemplen el medio de la notificación en relación con las partes que en ellos intervienen. De lo anterior, se tiene que cuando el quejoso sea parte en el juicio del que deriva el acto reclamado y no se ostente como extraño al mismo, deberá situársele en el primer supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. En el caso, si consta el sello de notificación por Boletín Judicial, ello constituye una publicación de carácter oficial de la autoridad responsable, en la que se inserta la lista de los nombres de las partes con la expresión de la clase de juicio de que se trata a fin de que los interesados puedan acudir a enterarse del contenido de tales acuerdos o resoluciones pronunciadas por los órganos jurisdiccionales en las secretarías correspondientes. Ahora bien, el hecho de que el autorizado del quejoso acuda al local de la autoridad responsable, implica que el Boletín Judicial cumple con su cometido y la circunstancia de que la parte correspondiente recabe copias de la misma, no significa necesariamente que deba situársele en el supuesto del conocimiento, porque ello soslayaría el contexto en que se desenvuelve, es decir, que el interesado es parte del juicio del que deriva el acto reclamado, y no se ostenta como tercero extraño por equiparación, se entera de la determinación judicial a través de la notificación que se hace conforme a la ley del acto. Luego, para efectos de computar el término para la interposición de la demanda de amparo, éste inicia a partir de la notificación en el Boletín Judicial y aun cuando el interesado ocurre al local de la ad quem y recaba copias simples de la resolución, tal circunstancia se considerará como una notificación sin las formalidades de ley, puesto que no se contiene en la cédula respectiva, ni se hace mención de que se haya cotejado con el original, pero de cualquier forma será de conformidad con la ley del acto."
B) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el tres de febrero de dos mil cinco, el amparo directo número 826/2004, consideró lo siguiente:
"... Mediante escrito que presentó el diecinueve de noviembre de dos mil cuatro ante la oficialía de partes de este tribunal, la parte tercera perjudicada manifiesta que en el presente caso se actualiza, según su opinión, una causa de improcedencia por la que debe sobreseerse en el juicio de amparo, al considerar que pese a que la sentencia reclamada fue publicada en Boletín Judicial de trece de octubre de dos mil cuatro, la quejosa quedó notificada de dicha sentencia, de manera personal, ese mismo día, según consta al reverso de la última foja de la sentencia citada, en la que obra razón de comparecencia de trece de octubre de dos mil cuatro, asentada por la autorizada de la quejosa, en la cual se ostenta sabedora de tal sentencia y recoge copias simples de dicho fallo, por lo que es claro que éste le surtió efectos a partir de esa fecha y no hasta el catorce de octubre de dos mil cuatro, como falsamente lo argumenta la quejosa en su amparo. Así las cosas, concluye la tercera perjudicada que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, feneció el cinco de noviembre de dos mil cuatro, por lo que la presentada por la quejosa resulta extemporánea en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, de manera que debe desecharse por improcedente y sobreseerse en su caso, en virtud de darse la hipótesis prevista en el diverso 73, fracción XII, de la citada ley. Expuesto lo anterior, debe afirmarse que, en la especie no se actualiza la causa de improcedencia que hace valer la tercera perjudicada, puesto que, en sentido inverso a lo que ésta argumenta, la sentencia reclamada en el amparo, fue notificada mediante Boletín Judicial de trece de octubre de dos mil cuatro, surtiendo sus efectos el catorce siguiente, por lo que corrió el término para promover el juicio de amparo respectivo del quince de octubre al ocho de noviembre de dos mil cuatro, al descontar los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre, dos, tres, seis y siete de noviembre, por ser inhábiles; sin que obste la circunstancia de que, en el toca de apelación, aparezca una comparecencia de la autorizada del quejoso el trece de octubre de dos mil cuatro, para recibir copias de la sentencia reclamada, porque en este caso específico, el quejoso es parte en el juicio y como lo resuelto por la Sala con motivo del recurso de apelación, se ordenó notificar por Boletín Judicial, es esta notificación a la que habrá que atenderse para realizar el cómputo respectivo, conforme a lo ordenado en el artículo 21 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: (se transcribe). De lo que se advierte que la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, cuando como en la especie sucede, es parte formal del procedimiento a la que le surte efecto la publicación del Boletín Judicial; pues las diversas hipótesis, como sería la propuesta por la tercera perjudicada en el sentido de que la autorizada por la quejosa se había ostentado sabedora de tal sentencia al recibir copias simples de dicho fallo, deberán entenderse referidas a los terceros extraños a juicio, donde no existe certeza en el conocimiento del acto para determinar la temporalidad o extemporaneidad de la demanda. Esto es, la publicación vía Boletín Judicial, tienen por objeto que los interesados tengan conocimiento del pronunciamiento de determinada resolución emitida por los órganos jurisdiccionales, para que éstos ocurran al local que ocupan a imponerse del contenido de los mismos. Luego entonces, el hecho de que el autorizado de la parte interesada concurra al local que ocupa la Sala respectiva, implica que el Boletín Judicial cumple con la finalidad que el mismo persigue y el hecho de que la parte correspondiente se imponga del contenido de la resolución publicada e incluso recabe copias del acto reclamado, no significa necesariamente que deba situársele en el supuesto del conocimiento del acto, para empezar a computar el término del juicio de amparo, puesto que ello devendría en soslayar el contexto en el que se desenvuelve el caso, esto es, que el interesado es parte del juicio del que deriva, no se ostenta tercero extraño por equiparación y se entera del mismo a través de la notificación que se hace, conforme a la ley del acto, lo que conforma desde luego la primera de las tres hipótesis contempladas en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a saber: la notificación, el conocimiento o la confesión, distinciones que en efecto el legislador plasmó en el artículo en cita, pues si no hubiera querido distinguir, habría bastado que hubiera dicho que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el agraviado hubiera tenido conocimiento o bien si hubieran sido sólo dos medios indistintos de punto de partida para el cómputo de los quince días, englobando en uno el conocimiento y confesión (que importa en su caso el recibir copias de la sentencia combatida), la redacción hubiere sido otra, pues en vez del texto actual en la que separa con punto y coma el que importa la notificación, de los que se refieren al conocimiento y confesión, tendría una o después del punto y coma y diría: se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame ‘o’ al en que haya tenido conocimiento de ellos. Por lo que se estima que, siendo la quejosa parte formal en el juicio y habiendo sido ordenada y realizada la notificación de la sentencia reclamada en el toca formado con motivo del recurso de apelación del ahora quejoso, por medio de Boletín Judicial, conforme a la ley del acto, debe considerarse dicho medio el acto a partir del cual deba iniciarse el cómputo para presentar la demanda de amparo correspondiente, y no la comparecencia en comento, máxime que ésta no es una notificación conforme a lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles, al disponer textualmente lo siguiente: (se transcribe). Elementos de los que carece la comparecencia en cita puesto que, según se advierte de la foja doscientos veinticuatro vuelta del toca de apelación, es del tenor siguiente: (se transcribe). Sirve de fundamento para el criterio que se sustenta, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1703 del Tomo CVI del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, que es del tenor siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO, CUÁNDO EMPIEZA A CORRER EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA.’ (se transcribe). Así como la diversa tesis 2a. CLXXXVII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 434 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Materia Común, octubre de 2001, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: ‘NOTIFICACIONES EN AMPARO. CUANDO SE EFECTÚEN DOS O MÁS DE UNA MISMA RESOLUCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA PRIMERA PARA TODOS LOS EFECTOS PROCESALES, SALVO QUE SE HAYA ORDENADO SU PRÁCTICA EN UNA FORMA ESPECÍFICA.’ (se transcribe). De igual forma, la tesis I.6o.C.334 C sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la Novena Época, visible en la página 1328 del Tomo XX, diciembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, que establece: ‘DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN CUANDO LA NOTIFICACIÓN SE HACE POR BOLETÍN JUDICIAL.’ (se transcribe). Por otro lado, en la especie no es aplicable la jurisprudencia de rubro: ‘ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’; porque lo resuelto en esa contradicción se refiere a cuestión diversa a la presente y respecto de amparo indirecto. En las relacionadas condiciones al no actualizarse la causa de improcedencia invocada por la parte tercera perjudicada, lo procedente es realizar el estudio de los motivos de inconformidad vertidos en el capítulo de conceptos de violación."
C) El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el quince de julio de dos mil cinco, el juicio de amparo directo número 438/2005, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Previamente al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, este Tribunal Colegiado procede al estudio de la causa de improcedencia que hace valer el tercero perjudicado Sergio Madrazo Pintado, en escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil cinco, en la oficialía de partes de este Tribunal Colegiado. El citado tercero perjudicado manifiesta que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque la demanda de garantías se presentó de manera extemporánea, esto es, fuera del término que para tal efecto establece el artículo 21 de la Ley de Amparo. Para llegar a la conclusión anterior, el tercero perjudicado señala que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado el nueve de mayo de dos mil tres, ya que como se desprende de la constancia que obra a fojas 52 del toca 804/2005, del que deriva el acto reclamado, en esa fecha compareció ante la Sala responsable uno de sus autorizados para oír y recibir notificaciones que designó en su escrito de contestación de demanda, de nombre C. Jorge Jasso Ladrón de Guevara a recoger copias de la sentencia reclamada, por lo que concluye que el término para promover su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20129-bf208caa/demanda-de-amparo-computo-del-termino-para-promoverla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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