INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTE QUE ADEMÁS DE LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN SEÑALADA POR EL QUEJOSO COMO ACTO RECLAMADO EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, TAMBIÉN SE HIZO EFECTIVA LA GARANTÍA EXHIBIDA PARA GOZAR DE SU LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ORDENE QUE SE LE NOTIFIQUE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, NI QUE LO PREVENGA PARA QUE MANIFIESTE SI ES SU DESEO AMPLIARLA O ACLARARLA, POR LO QUE NO PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA TALES EFECTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, mediante oficio **********, de catorce de diciembre de dos mil siete, recibido en este Supremo Tribunal el dieciocho siguiente, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver en sesión de seis de diciembre de dos mil siete el amparo en revisión **********, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:
"QUINTO. En el presente caso no nos pronunciaremos respecto a las causas de improcedencia que hicieron valer la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores como el presidente de la República, toda vez que respecto a ellas ya se resolvió en ejecutoria de fecha cinco de julio de dos mil siete, incluso se sobreseyó el juicio respecto a dichas cámaras, toda vez que quien expidió de manera unilateral el Código Federal de Procedimientos Penales, fue el Poder Ejecutivo Federal por conducto del presidente de la República Abelardo L. Rodríguez, en base a las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por el Congreso de la Unión mediante decreto de fecha 27 de diciembre de 1933. Tampoco se hará en cuanto al cuarto agravio, ya que el mismo contiene cuestiones de inconstitucionalidad, cuya competencia correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sobre lo cual se pronunció, como se verá a continuación, en la cita de antecedentes. Precisado lo anterior, corresponde examinar los agravios que por cuestiones de legalidad hace valer el recurrente. Previamente, citaremos los antecedentes del caso para su mejor comprensión. a) En auto de fecha 4 de mayo de 2005 el Juez requiere únicamente a ********** para que fuera a identificarse administrativamente, con apercibimiento que en caso de no hacerlo, le revocaría la libertad y ordenaría su reaprehensión, conforme a lo establecido por los artículos 411 y 412 del Código Federal de Procedimientos Penales, y en dicho auto sólo le fija fianza a ********** no se le requiere ni se le apercibe de nada. Dicho acuerdo le fue notificado a ********** por medio de cédula fijada en la puerta de su domicilio. b) En auto de 10 de mayo de 2005, requiere únicamente a ********** para que se identifique administrativamente, con apercibimiento que en caso de no hacerlo, le revocaría la libertad, haría efectiva la fianza que exhibió y ordenaría su reaprehensión, conforme a lo establecido por los artículos 411 y 412 del Código Federal de Procedimientos Penales. Fue notificado por medio de cédula que dejó el actuario con el vigilante del domicilio, sin que firmara o pusiera su huella, ni razón. (la ley dice que se deje con cualquier residente). c) En diligencia de 12 de mayo de 2005 comparece el quejoso, y le hacen saber las prevenciones de los artículos 411 y 412 del Código Federal de Procedimientos Penales; sin que se haga referencia al auto de 10 de mayo de 2005. d) La Juez del proceso recibió oficio del Juzgado Séptimo de Distrito, en que le comunicaba que en un amparo en revisión promovido por ********** se había confirmado la sentencia y sobreseído en el juicio, por lo que en auto de 24 de marzo de 2006, vuelve a requerir a ********** para que diera cumplimiento al auto de 10 de mayo de 2005, y en caso de no hacerlo se le harían efectivos los apercibimientos señalados en dicho proveído. Dicho auto fue notificado por cédula fijada en la puerta del domicilio del quejoso con fecha 27 de marzo de 2006. e) En auto de fecha 30 de marzo de 2006, la Juez decretó orden de reaprehensión en contra de ********** en base a que no había dado cumplimiento a lo que ordenó en auto del 10 de mayo de 2005, sin mencionar el auto de 24 de marzo de 2006 (sin asentar si estaba o no debidamente notificado). f) El quejoso acude a promover amparo el 5 de abril de 2006, y como acto reclamado la notificación llevada a cabo mediante cédula que le fue fijada en la puerta de su domicilio, según refiere, nunca tuvo conocimiento, y que dio lugar a que la Juez de origen decretara la orden de reaprehensión en su contra, por lo que ataca de inconstitucional al artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales. g) El Juez de garantías sobresee en cuanto a la norma impugnada, argumentando que el quejoso tuvo conocimiento del acto de aplicación de la norma desde el momento que compareció al juzgado a escuchar las prevenciones que prevén los artículos 411 y 412 del Código Federal de Procedimientos Penales, esto es desde el 12 de mayo de 2005, porque según aduce en esa fecha se impuso de los autos de la causa penal **********, de donde emana el auto de fecha 4 de mayo de 2005 que le fue notificado el 6 del mismo mes y año; asimismo, le niega el amparo al impetrante, respecto a los motivos de legalidad. h) Inconforme el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por este órgano colegiado en ejecutoria de fecha siete de diciembre de dos mil seis, en el amparo en revisión **********, en que se revocó el sobreseimiento decretado por el a quo, y se ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se emplazara a la Cámara de Senadores. i) Después de cumplir con lo mandado por este tribunal de segunda instancia constitucional, el a quo, con fecha treinta de enero de dos mil siete, dictó sentencia en que determinó que el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales no era inconstitucional, así como por las cuestiones de legalidad también negó el amparo. j) Inconforme el quejoso interpuso recurso de revisión que fue radicado con el número ********** de nuestro índice, el cual fue resuelto en ejecutoria de fecha cinco de julio de dos mil siete, en que se modificó la sentencia recurrida, se sobreseyó en el juicio respecto a las Cámaras de Senadores y Diputados, se remitieron los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera las cuestiones de inconstitucionalidad, y este órgano colegiado se reservó para resolver las cuestiones de legalidad. k) La Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal del país emitió ejecutoria en fecha diecinueve de septiembre de dos mil siete, en el amparo en revisión **********, en la que confirmó la sentencia recurrida, y no amparó al quejoso respecto a la inconstitucionalidad planteada y reservó jurisdicción a este órgano colegiado respecto de los restantes agravios hechos valer por el recurrente por cuestiones de legalidad. Precisado lo anterior, por las cuestiones anunciadas, corresponde examinar los agravios. En el primer agravio aduce que el a quo, incurrió en una violación procesal, ya que no le dio vista mediante notificación personal con el informe justificado de fecha 18 de abril de 2006, rendido por el Juez Octavo de Distrito, ya que de los anexos que acompañó al mismo, se advierte que al momento de librar la orden de reaprehensión con fecha **********, también hizo efectiva la garantía o fianza de la posible sanción pecuniaria por el monto de ********** (**********), por lo que de ello se apreciaba la existencia de otro acto, del cual se le debió dar vista por el Juez de garantías; además de que nunca dictó acuerdo alguno por el a quo, en el que hubiese mandado agregar a los autos el informe justificado. Es infundado lo que aduce, por dos razones. La primera, porque no es verdad que el a quo, haya omitido el mandar agregar a los autos el informe justificado que rindió la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Tijuana, ya que lo hizo mediante proveído de fecha 18 de abril de dos mil seis, incluyendo las copias certificadas que acompañó al mismo como justificación (foja 57). La segunda razón es, que el Juez de garantías no tenía que mandar a dar vista mediante notificación personal al quejoso ahora recurrente, menos de prevenirlo, al advertirse la existencia de otro acto diverso al que reclamó. En efecto, la violación procesal que en ese sentido invoca el recurrente no se actualiza, ya que de estimarse como tal daría lugar a ordenar que la reposición del procedimiento en el juicio de amparo biinstancial, para que se le diera vista mediante notificación personal, prevenirlo para que manifestara si era su deseo señalarlo, sin embargo ello sería atentatorio al principio de instancia de parte agraviada. En efecto, debe recordarse que de la fracción I del artículo 107 constitucional, en relación con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, se advierte el principio básico del juicio de garantías, que es el de la iniciativa o instancia de la parte afectada, que en esencia consiste en que el juicio constitucional no procede de forma oficiosa, esto es, sin que haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora y tendrá dicho carácter el gobernado que estime lesionados sus derechos constitucionales con el acto autoritario que deberá estar contemplado entre los previstos en el artículo 103 constitucional, quien, en su caso, deberá determinar cuál es el acto que estima le causa afectación, obviamente a través de la transgresión de garantías individuales. Luego, atendiendo a ello, no es posible constreñir al Juez de amparo a actuar en tal forma oficiosa, pues ello equivaldría a obligarlo a impulsar la promoción del amparo respecto de actos que el quejoso no señaló como reclamados, cuestión que no está prevista en la ley de la materia, pues la única excepción al principio anotado se establece en materia agraria, específicamente en el artículo 225, en que se prevé la facultad del Juez de Distrito de analizar los actos reclamados tal como se hayan probado, aun cuando sean distintos a los señalados en la demanda, con la limitante de que ello sea en beneficio de núcleos de población, ejidatarios o comuneros en lo individual. Pero no existe diversa disposición que haga extensiva dicha determinación a otras materias, o respecto de otros individuos, ni tampoco que se establezca la obligación al Juez de amparo para efectuar el requerimiento anotado en líneas precedentes, para el caso en que advierta la existencia de un acto que pueda causar afectación al quejoso, de ahí que la omisión de efectuar ese requerimiento no puede constituir una violación a las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, pues no existe tal regla. Sin que pase inadvertido para este cuerpo colegiado, la jurisprudencia 127, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE.‘. Sin embargo, se hace la anotación de que con fundamento en dicho criterio es posible efectuar prevención o requerimiento al quejoso, en cuanto al señalamiento o no de la autoridad a la que le corresponda el carácter de responsable, sin embargo, ésta es una cuestión distinta, pues en este caso ya está establecido el acto reclamado, con base en el cual se solicitó la protección constitucional, y únicamente resta establecer en forma precisa cuál es la autoridad responsable que lo emitió o que interviene en su ejecución, de tal suerte que la prevención o el citado requerimiento no constituye un impulso para la promoción del juicio de amparo. Por lo expuesto, no tienen aplicación las tesis que invoca respecto a la reposición del procedimiento, ya que no se comparte por este órgano colegiado, lo que inclusive será motivo de la denuncia por contradicción tesis que se hará en esta propia ejecutoria. Sin que cobre aplicación la tesis del rubro: ‘INFORME JUSTIFICADO. SI EN ÉL NO SE INTRODUCEN ELEMENTOS NUEVOS A LA LITIS CONSTITUCIONAL, NO ES NECESARIO QUE SU ARRIBO SE NOTIFIQUE EN FORMA PERSONAL.’, ya que se refiere a la existencia de un nuevo acto de diversa autoridad no señalada inicialmente por el quejoso, hipótesis distinta a la que se examina, en que se trata de un acto nuevo no reclamado, derivado de la misma autoridad sí señalada desde un inicio ..." (fojas 35 vuelta a 40 reverso del toca).
Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis aislada siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXVII, febrero de 2008
"Tesis: XV.4o.6 K
"Página: 2376
"REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA REVISIÓN NO PUEDE ORDENARLA, CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN ACTO NO SEÑALADO COMO RECLAMADO QUE AFECTE AL QUEJOSO, CUYO ESTUDIO OMITIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, PUES SE TRASTOCARÍA EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De conformidad con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el precepto 4o. de la Ley de Amparo, se advierte el principio básico del juicio de garantías, que es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada, que en esencia consiste en que el juicio constitucional no procede de forma oficiosa, esto es, sin que haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora, y tendrá dicho carácter el gobernado que estime lesionados sus derechos constitucionales con el acto autoritario, que deberá estar contemplado entre los previstos en el numeral 103 constitucional. Atendiendo a ello, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión no puede constreñir al Juez de amparo a actuar en forma oficiosa en el juicio biinstancial mediante la reposición del procedimiento, cuando del informe justificado se advierta la existencia de un acto no señalado como reclamado que afecte al quejoso cuyo estudio omitió, pues ello equivaldría a obligarlo a impulsar la promoción del amparo respecto de actos no impugnados, cuestión que no está prevista en la ley de la materia, pues la única excepción al comentado principio se establece en materia agraria, específicamente en el artículo 225 de la referida ley, en que se prevé la facultad del Juez de Distrito de analizar los actos reclamados tal como se hayan probado, aun cuando sean distintos a los señalados en la demanda, con la limitante de que ello sea en beneficio de núcleos de población, ejidatarios o comuneros en lo individual. Se concluye lo anterior sin que pase inadvertida la jurisprudencia P./J. 127/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE.’; ya que con fundamento en el aludido criterio es posible efectuar la prevención o requerimiento al quejoso en cuanto al señalamiento o no de la autoridad a la que le corresponda el carácter de responsable; sin embargo, ésta es una cuestión distinta a la planteada en la presente tesis, pues aquí ya está establecido el acto reclamado, con base en el cual se solicitó la protección constitucional, y únicamente resta establecer en forma precisa cuál es la autoridad responsable que lo emitió o que interviene en su ejecución, de tal suerte que la prevención o el citado requerimiento no constituye un impulso para la promoción del juicio de amparo.
"Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
"Amparo en revisión **********. 6 de diciembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Ciro Alonso Rabanales Sevilla."
CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver en sesión de veintidós de mayo de dos mil tres, el amparo en revisión **********, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:
"CUARTO. No habrán de transcribirse los agravios expresados por el recurrente, dado que de conformidad con los artículos 76 bis, fracción II y 91, fracción IV de la Ley de Amparo, en el caso particular este órgano colegiado advierte que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo indirecto, puesto que el Juez de Distrito incurrió en una omisión que dejó sin defensa al quejoso y que puede influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, lo cual conlleva a revocar el auto recurrido y mandar a reponer el procedimiento, en atención a las razones que se expondrán. En principio, es pertinente señalar que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Sentado lo anterior, debe decirse que entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 fracción IV de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo al acto que de cada autoridad se reclame, por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, los anexos de la misma y de los propios informes justificados que las autoridades rindan, se estime por el Juez de Distrito que del escrito inicial de demanda o con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba, se advierta que aparecen otros actos diversos de los indicados como reclamados, que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que se dé vista al quejoso con el contenido de la misma y de los informes mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como acto reclamado, a esos diversos actos, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, y de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo que trasciende al resultado de la sentencia. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis aislada número 37, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se comparte, publicada en la página 1113, del Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de texto y rubro siguientes: ‘INFORME JUSTIFICADO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA VISTA DEL, CUANDO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE DIVERSO ACTO O LA INTERVENCIÓN DE AUTORIDAD DISTINTA A LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, se advierte de la lectura integral de la demanda de garantías promovida por ********** que señaló como autoridades responsables al Juez Cuarto de defensa social de esta ciudad, actualmente Juez Cuarto de lo Penal en su carácter de ordenadora, al procurador General de Justicia y director de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla, en su carácter de autoridades ejecutoras y expresó como acto reclamado lo siguiente: ‘... Acto reclamado. De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo la orden de reaprehensión dictada en mi contra, dentro de los autos del proceso número ********** y de las ejecutoras el tratar de dar cumplimiento a la orden dictada por la primera.’. El Juez Cuarto de defensa social, actualmente Juez Cuarto de lo Penal, al rendir su informe justificado mediante oficio número **********, remitió el duplicado del proceso **********, en el que consta el acto reclamado, consistente en la orden de reaprehensión dictada el dieciséis de mayo de dos mil dos, en contra del impetrante de garantías, orden que es del tenor literal siguiente: ‘... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, 320, 321, 366, 368, 369, fracción I, 370, 371, fracciones I y II, 372, fracción I y 374 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, se acuerda: visto el estado legal que guardan los presentes autos, en virtud de que el indiciado ********** no ha comparecido ante esta autoridad a fin de rendir su declaración preparatoria, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto dicho indiciado, luego entonces, resulta procedente revocar la libertad caucional que venía gozando el indiciado de referencia, al efecto gírese atento oficio al ciudadano procurador general de Justicia en el Estado, a fin de que ordene a los elementos de la policía judicial a su mando procedan a la orden de busca, reaprehensión y detención del indiciado, y una vez lograda su captura sea trasladado en calidad de detenido en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, a disposición de este juzgado. Asimismo, se revoca su libertad provisional bajo fianza que venía gozando, al efecto gírese atento oficio al Departamento de Recursos Propios del honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado, a fin de que ordene a quien corresponda haga efectivo el depósito que otorgó por la cantidad de **********, para garantizar su libertad caucional y la ficha de pago remitida a ese tribunal con fecha **********, haciéndose efectivo dicho depósito a favor del Departamento de Ayuda del Fondo para la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. En consecuencia de lo anterior, se declara suspendido el procedimiento hasta en tanto se logre su captura ...’. Por otra parte, el Juez de Distrito, mediante auto de **********, sobreseyó en el juicio de garantías **********, al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo, al estimar que al dictarse dentro del proceso de origen auto de formal prisión en contra de ********** existió cambio de situación jurídica, y por lo tanto, no se puede decidir respecto de la situación jurídica anterior, sin afectar la nueva. En efecto, en términos generales cuando en un amparo indirecto se señala como acto reclamado una orden de reaprehensión, y si antes de resolverse el juicio de garantías se dicta, por la autoridad responsable, auto de formal prisión al quejoso, existe cambio de situación jurídica, en relación con la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no obstante, esa causal de improcedencia no puede aplicarse al caso en que el quejoso combata la orden de reaprehensión, cuando tenga otros efectos como lo es hacer efectiva la garantía que había otorgado ante el ministerio público, para obtener su libertad bajo caución. En este supuesto, aunque se produce el cambio de situación jurídica, respecto de la privación de la libertad, al estar sujeto a un auto de formal prisión, no se puede decir lo mismo del segundo efecto, es decir, el relativo a la orden de hacer efectiva la caución otorgada, ya que tal orden pudo haberse decretado en forma ilegal, produciéndose una afectación indebida al patrimonio del inculpado, que no es irreversible, pues previo examen del acto, el juzgador, si así procediere, podrá estimarlo ilegal para que el inculpado sea resarcido del daño patrimonial que le fue causado. Sin embargo, y aun cuando en el caso, la orden de reaprehensión reclamada, tiene dos efectos, es decir, la privación de la libertad del quejoso y la afectación a su patrimonio, el Juez de Distrito procedió a sobreseer en el juicio de amparo indirecto, en relación con el acto que él consideró era el reclamado, es decir, la orden de reaprehensión, pero únicamente respecto a la afectación de la libertad del impetrante de garantías y no así la patrimonial. Ahora bien, y como quedó precisado al inicio del presente considerando, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, cuando en la propia demanda de amparo o del informe justificado o anexos al mismo, se advierta la existencia de diverso acto reclamado, el Juez de Distrito debe, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Amparo, ordenar notificar personalmente al quejoso el proveído mediante el cual le da vista con tal informe y anexos, en su caso, a fin de que con oportunidad esté en posibilidad de promover lo conducente, si así lo estima necesario, a efecto de no dejársele en estado de indefensión, aunado a que resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Por lo que, ante dicha omisión por parte del Juez de Distrito, es pertinente ordenar la reposición del procedimiento para que le dé vista al peticionario de garantías con el informe rendido por el Juez Cuarto de defensa social de esta ciudad, actualmente Juez Cuarto de lo Penal, a fin de que precise si también reclama de la autoridad señalada como responsable, de la orden de reaprehensión, el efecto respecto a la afectación de su patrimonio. Cabe mencionar, que la omisión que se ha tratado en la presente ejecutoria por parte del juzgado federal, que deja sin defensa al quejoso, no puede ser abordada por parte de este órgano colegiado, ello en virtud de que de hacerlo, es decir, de pretender analizar la demanda de garantías y establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de reaprehensión, en sus dos efectos, tal circunstancia no sólo le perjudicaría al referido quejoso al no resolvérsele realmente la litis planteada, dada la imprecisión del acto reclamado, sino de igual forma a la autoridad responsable de que conozca con exactitud los términos de la demanda y estar así en aptitud de justificar su constitucionalidad. Por consiguiente, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y ordenar que se reponga el procedimiento del juicio de amparo indirecto en cuestión, para que se requiera al quejoso a fin de que exprese si también se inconforma respecto a la orden de reaprehensión dictada en su contra, en cuanto a la afectación patrimonial que ésta le ocasiona, y se solicite con base en ello el informe justificado a la autoridad responsable, se señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se resuelva conforme a la ley. ..." (fojas 62 a 66 vuelta del toca).
Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis aislada siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XVIII, agosto de 2003
"Tesis: VI.1o.P.215 P
"Página: 1826
"REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NO DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO, SI DE ÉSTE SE ADVIERTE QUE LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RECLAMADA TRAE COMO CONSECUENCIA, ADEMÁS, LA AFECTACIÓN A SU PATRIMONIO. Si en la demanda de amparo se reclamó la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso, pero de los informes justificados se advierte que dicha orden además de tener como efectos la privación de la libertad, trae el de afectar su patrimonio, al haberse ordenado hacer efectiva la caución otorgada, el Juez de Distrito, al advertir del análisis de las constancias que conforman el expediente la existencia de este último acto, debió ordenar dar vista al quejoso con el contenido de los mismos mediante notificación personal y prevenirlo para que aclarara si lo señalaba o no como acto reclamado; de no haberlo hecho así, se incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo que trasciende al resultado de la sentencia, sin que el órgano revisor pueda abordar el estudio del acto reclamado que se omitió señalar, pues de hacerlo, es decir, de pretender analizar la demanda de garantías y establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de reaprehensión, en sus dos efectos (privar de la libertad y hacer efectiva la garantía), le perjudicaría al quejoso al no resolvérsele respecto de la litis planteada, dada la imprecisión de uno de los actos reclamados y, de igual forma, a la autoridad responsable, al no conocer con exactitud los términos de la demanda y así estar en aptitud de justificar su constitucionalidad.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
"Amparo en revisión 173/2003. 22 de mayo de 2003. Unanimidad de votos, con voto aclaratorio del Magistrado Enrique Zayas Roldán. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: Alicia Guadalupe Díaz y Rea.
"Amparo en revisión 179/2003. 5 de junio de 2003. Mayoría de votos. Disidente: Enrique Zayas Roldán. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretaria: María Guadalupe Torres García."
En similar sentido se pronunció el referido Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión números **********, ********** y **********.
Así es, en el primero de dichos juicios, o sea, en el número **********, en lo conducente, estableció lo siguiente:
"CUARTO. No habrán de transcribirse los agravios expresados por el recurrente, dado que de conformidad con los artículos 76 bis, fracción II y 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el caso particular este órgano colegiado a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21204-b2babc09/informe-justificado-cuando-de-el-se-advierte-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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