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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 129/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21572
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, , Pág. 44.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 129/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción son las siguientes:

1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión número ********** fallado el veinticinco de enero de dos mil cinco, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"SEGUNDO. Resulta innecesario transcribir y analizar tanto la resolución recurrida como los agravios hechos valer por la parte quejosa en su contra, toda vez que de manera oficiosa este Tribunal Colegiado advierte que el resolutor de garantías incurrió en una violación a las normas que rigen el procedimiento constitucional, la cual se demuestra a continuación. En efecto, como quedó destacado en los antecedentes de la presente ejecutoria, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de este circuito, admitió la demanda de garantías promovida por los quejosos de mérito, la radicó bajo el número ********** dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de su adscripción, y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo a las diez horas del tres de mayo del año dos mil cuatro (fojas 165 y 166), conforme al acta siguiente: (se transcribe). Acto seguido, el día treinta y uno siguiente, dictó la resolución correspondiente, mediante la cual se declaró incompetente para seguir conociendo de dicho juicio, y la declinó a favor del Juez de Distrito en Materia Penal en turno, del Cuarto Circuito. Recepcionados los autos por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, a quien por turno le correspondió el asunto, por acuerdo de nueve de junio del año pasado (fojas 181 y 182), estableció: ‘Monterrey, Nuevo León, a nueve de junio del año dos mil cuatro. Vista; la cuenta que antecede y en atención al oficio número ********** que remite el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al que acompaña original del juicio de amparo, promovido por ********** y ********** toda vez que el similar de grado, se declaró incompetente para conocer del presente asunto, por los razonamientos legales a que hace alusión, mediante auto de fecha tres de mayo del año en curso, emitido dentro del juicio de amparo número **********. Acúsese recibo de estilo correspondiente al Juez incompetente. Ahora bien y como se desprende del oficio de cuenta, que el Juez en mención se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto ********** y lo remite a este órgano judicial; por tanto, este tribunal asume el conocimiento del juicio de garantías que promueve ********** lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Amparo se ordena levantar la suspensión del presente juicio ********** contra actos del agente del Ministerio Público investigador número uno especializado en robo de vehículos adscrito a la Policía Ministerial del Estado de Nuevo León y otras autoridades, comuníquese el presente proveído a la autoridad declinante Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, así como a las autoridades señaladas como responsables. Por tanto y toda vez que en el juicio de mérito obran agregados a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, así como ofrecidas y desahogadas las pruebas opuestas por las partes, quedando debidamente integrado el expediente para dictar la resolución constitucional; dése la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante la entrega de una copia simple de la demanda y cítese a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, que se verificará a las nueve horas con treinta minutos del día seis de julio del año dos mil cuatro. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma el ciudadano licenciado José Manuel de la Fuente Pérez, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante el secretario con quien actúa y da fe. Rúbricas.’. Una vez notificadas las partes de la anterior determinación, se llevó a cabo de nueva cuenta la audiencia constitucional (foja 197), en la forma siguiente: (se transcribe). Acto seguido, dicho juzgador federal procedió al dictado de la resolución aquí impugnada. Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal Colegiado advierte que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado, actuó ilegalmente al haber ordenado de nueva cuenta la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías, la cual tuvo lugar en la fecha y términos especificados, en virtud de que tal acto procesal ya se había verificado bajo la potestad del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa. De manera que el proceder del a quo es técnicamente desacertado, pues ninguna disposición de la Ley de Amparo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, ni la jurisprudencia, lo facultaba para actuar en esos términos; por el contrario, lo que debió hacer, al estar ya celebrada la audiencia relativa, era únicamente aceptar la competencia declinada en su favor, notificar a las partes dicha determinación, como acertadamente lo llevó a cabo y, en seguida, continuar con el dictado de la sentencia constitucional. Lo anterior es así, pues como el propio juzgador lo afirmó en el acuerdo de fecha nueve de junio del año dos mil cuatro, aquí transcrito, el expediente ya estaba integrado, por lo que sólo restaba, una vez hecho lo precisado en el párrafo precedente, emitir la resolución relativa, y no citar a una nueva audiencia, como lo hizo. Por tanto, si en la secuela procedimental del juicio de garantías que se revisa, existen levantadas dos audiencias de ley, y cada una de ellas consta de sus respectivas etapas; no es permisible que subsista tal situación, ni aun por el hecho de que el asunto se recibió en el Juzgado de Distrito por incompetencia, por provenir de un tribunal de distinta especialidad. En tal virtud, queda evidenciado que la actuación del juzgador trastocó el ‘principio de unidad’ que rige para la audiencia constitucional, el cual obliga a celebrarla en un solo acto procesal (pruebas, alegatos y sentencia), con cuyo último periodo concluye el juicio constitucional. Cabe destacar, que dicho principio está implícitamente reconocido en el primer párrafo del artículo 155 de la ley de la materia, que dispone: (se transcribe). También, resulta oportuno agregar, a manera de ejemplo, que el principio de unidad está cristalizado en la fracción IV del artículo 83 de la codificación en cita, pues a través del recurso de revisión contra la sentencia de amparo, se le permite a las partes combatir los acuerdos pronunciados por el juzgador en la audiencia, es decir, se reconoce que todas sus etapas son sucesivas de un modo inmediato, al grado de restringir su impugnación al cierre de la unidad. Como corolario de las consideraciones expresadas, resulta dable acotar que el criterio adoptado, encuentra apoyo fundamental, en lo que aquí interesa, en la tesis P./J. 8/2001, derivada de la contradicción ********** que en esta Novena Época emitiera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Tomo XIII, del mes de enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente.’. Consecuentemente, procede dejar sentado que la audiencia constitucional que debe tener validez en el caso, es la que levantó y presidió el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, y no la segunda. Asimismo, cabe agregar que la regularización del procedimiento es de orden público, al tenor de lo dispuesto por el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en seguida se transcribe, lo que permite a este Tribunal Pleno analizar de oficio la violación procesal estudiada (se transcribe). En esas condiciones, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en el caso es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado deje insubsistente la audiencia constitucional que presidió, de fecha seis de julio del año dos mil cuatro, lo comunique a las partes en forma personal y, con plenitud de jurisdicción, proceda al dictado de la sentencia conforme a derecho corresponda."

Criterio que se plasmó en la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXI, marzo de 2005

"Tesis: IV.1o.P.4 K

"Página: 1080

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD EL PROCEDER DEL JUEZ DE DISTRITO QUE ASUME LA COMPETENCIA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS, Y CELEBRA DE NUEVA CUENTA AQUÉLLA, NO OBSTANTE QUE EL DECLINANTE YA LO HABÍA HECHO, POR LO QUE SE IMPONE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Cuando un Juez de Distrito asuma la competencia de un juicio de amparo en el que el declinante durante la celebración de la audiencia constitucional declara que no le corresponde el conocimiento del asunto, aquél debe salvaguardar el principio de unidad que rige para la audiencia, reconocido implícitamente en el primer párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo, que obliga a celebrarla en un solo acto procesal (pruebas, alegatos y sentencia) y proceder al dictado de la resolución correspondiente. De ahí que si el a quo, en lugar de concretarse a emitir la sentencia, vuelve a señalar fecha y hora en la que celebra de nueva cuenta la audiencia constitucional, tal proceder trastoca el principio de que se trata, pues no existe disposición alguna, ni jurisprudencia relativa, que lo faculte para actuar en esos términos. Consecuentemente, al ser la regularización del procedimiento una cuestión de orden público, al tenor de lo dispuesto por el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, procede, aun de oficio, ordenar la reposición para dejar sin efecto jurídico alguno la actuación que repitió el juzgador, por existir ya una primera audiencia levantada conforme a la ley. Cabe destacar que el criterio adoptado encuentra apoyo fundamental, en lo que aquí respecta, en la tesis P./J. 8/2001, derivada de la contradicción 1/95, que en esta Novena Época emitiera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.’, de cuyo texto se desprende la siguiente consideración: ‘... Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo ...’

"Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. Amparo en revisión **********. 25 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María Luisa Martínez Delgadillo. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona."

2. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión número ********** fallado el veinte de septiembre de dos mil uno, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"ÚNICO. Resultan innecesarios la transcripción y análisis de la sentencia sujeta a revisión y de los agravios hechos valer en su contra, en virtud de que este tribunal en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, advierte que en el presente caso existe violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, que ocasionan la reposición del procedimiento. En principio, se estima conveniente precisar que el artículo 107 constitucional en su fracción VII establece: (se transcribe). Los artículos 154 y 155 de la Ley de Amparo disponen en lo conducente: (se transcriben). Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia del País, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 3/1997, la tesis jurisprudencial publicada en la página 19 del Tomo V, enero de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUÁNDO DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO SI NO SE FIRMÓ EL ACTA RESPECTIVA.’ (se transcribe). Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión privada celebrada el diecinueve de abril en curso, aprobó, con el número 36/1999, la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: ‘Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Instancia: Pleno. Tomo IX, abril de 1999. Tesis P./J. 36/99. Página 30. ‘SECRETARIO AUTORIZADO COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VÁLIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIÓ CON ESE CARÁCTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AÚN NO CONCLUYE EL PERIODO DE LA AUTORIZACIÓN.’ (se transcribe). De un análisis correlacionado de los transcritos artículos 107, fracción VII, constitucional, 154 y 155 de la Ley de Amparo se desprende que la audiencia constitucional debe ser pública y que consta de tres periodos, que son: a) El de pruebas (ofrecimiento, admisión y desahogo); b) El de alegatos; y, c) El de sentencia. Ahora bien, las transcritas tesis jurisprudenciales, son obligatorias para todos los tribunales del país, conforme a lo que dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo y resultan aplicables al caso concreto por identidad jurídica sustancial. Del análisis de la primera de ellas se advierte que el Tribunal Pleno consideró respecto a la audiencia constitucional: Que constituye en el juicio de amparo indirecto, el acto o suceso final del procedimiento judicial ante el juzgador de control constitucional, que prevé diversas actuaciones, tanto del juzgador como de las partes, las que se realizarán a través de los periodos sucesivos que la integran, pues en este acto procesal, se ofrecen, admiten y desahogan pruebas, se formulan los alegatos, y se dicta la sentencia que proceda. Este acto procesal recibe la denominación de ‘audiencia constitucional’, porque en ella se aportan por las partes, los diversos elementos probatorios y razones jurídicas para la solución del problema o cuestión constitucional planteada; es decir, a través de la verificación de los periodos que comprende la audiencia constitucional se van a delimitar los elementos de la litis constitucional que debe analizar y resolver el Juzgador de amparo. En esas condiciones, la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto se traduce en el acto procesal que comprende la actuación que va a culminar con el procedimiento ante el órgano de control constitucional; ésta se integra por tres periodos distintos para su validez jurídica, entre ellos, el del dictado de la sentencia; sin embargo, ello no significa que se trate de actos procesales diversos, sino de un solo acto procesal conformado por tres momentos subsecuentes, que implican la necesidad de que el juzgador realice diversas actuaciones jurídicas dentro del mismo acto, por lo que, este acto procesal que se inicia con la celebración de la audiencia constitucional, formalmente culmina con la emisión de la resolución que resuelva ya sea el fondo del asunto, o la improcedencia del juicio. La subsecuencia de los periodos que integran la audiencia constitucional implica que deben desarrollarse a través de un orden lógico, es decir, que no puede dictarse la sentencia en el juicio si previamente a esta actuación no se han agotado los periodos que le preceden, que son el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y el de la formulación de los alegatos. Esto significa, que no puede iniciarse un periodo sin que se haya concluido el que legalmente debe precederle, puesto que los periodos que comprende la audiencia constitucional son distintos unos de otros. En efecto, mientras que en los dos primeros (pruebas y alegatos), se otorgan derechos o facultades a las partes y, por ende, se requiere de la actuación del juzgador a través de los acuerdos que deba de emitir, el tercer periodo sólo comprende la actuación unilateral del juzgador, es decir, en el primer y segundo periodos hay actuaciones del juzgador y de las partes, y en el tercer periodo únicamente del Juez, pues comprende el dictado de la sentencia relativa. Esta división de los periodos en la audiencia constitucional que obedece a exigencias jurídicas y de carácter práctico, son reglas que debe atender el juzgador para la legal y eficaz validez jurídica de la audiencia, ya que de no ser atendidas en su orden cronológico produciría perjuicios evidentes y situaciones legales absurdas a las partes, por ello, para que esta división de periodos o actuaciones en la audiencia constitucional tenga eficacia jurídica y sea respetada legalmente, debe aplicarse al proceso del juicio constitucional el principio de eventualidad, con la sanción correlativa de la pérdida de una facultad o derecho no ejercido en tiempo oportuno. Así, el juzgador queda obligado a realizar en su orden los periodos que integran la audiencia constitucional en forma sucesiva uno del otro (artículo 155 de la Ley de Amparo), y las partes a hacer valer en el periodo oportuno la facultad o el derecho que se les otorga dentro de la celebración de cada periodo de la referida audiencia, que de no ejercerlo, se les sancionaría a éstas, con el sistema de las preclusiones, que infiere la pérdida de un derecho o facultad procesal por no haberse realizado en tiempo; y, para el Juez Federal, de no sujetarse al orden previsto para el desarrollo de los periodos dentro de la audiencia, el incurrir en violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento constitucional. Luego, atendiendo a lo anteriormente expuesto, se concluye que la naturaleza de los periodos que integran la audiencia constitucional no es la de actos procesales dentro del procedimiento constitucional del juicio de amparo, sino la de meras actuaciones dentro de un mismo acto procesal, pues se traducen estos periodos para el juzgador en el dictado de acuerdos dada la intervención de las partes, que no pueden ser recurribles de modo inmediato, aun cuando deparen agravio a las partes, sino hasta que sea recurrida, en su caso, la sentencia, que es el periodo que formalmente concluye el acto procesal de la audiencia constitucional. En esa tesitura, se ha estimado como regla general, que la sentencia de amparo indirecto debe ser dictada en la misma fecha del inicio de la celebración de la audiencia constitucional, como un acto continuo e inmediato a la conclusión de periodo de alegatos, ya que la audiencia constitucional constituye una conjunción continua en sus fases, probatoria, de alegatos y sentencia que conforman una unidad jurídica; en consecuencia, es lógico concluir que dicho acto debe ser llevado a cabo por el mismo Juez que dictará la sentencia, máxime que aquél es el idóneo para emitir el fallo correspondiente, por haberse desahogado ante él las pruebas y los alegatos pertinentes. Sin embargo, en el trámite del juicio de garantías, la experiencia indica que, en la práctica dadas las cargas excesivas de trabajo y la complejidad de los asuntos, en no contados casos la sentencia del amparo indirecto se dicta en un momento diferente al de la celebración de la audiencia constitucional, es decir, no se cumple con la regla general; cuestión que conforme al criterio jurisprudencial antes invocado, no implica mayor problema, siempre y cuando dicha sentencia sea dictada por el mismo juzgador que desahoga la audiencia constitucional y se firme el acta de ésta por él y por el fedatario respectivo. Por su parte, de la segunda de las tesis jurisprudenciales transcritas, se advierte que el más Alto Tribunal del país, estableció que la audiencia constitucional se rige por tres principios básicos a saber: a) Concentración. b) Continuidad. c) Unidad. En efecto, la Constitución General de la República es determinante al establecer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, puesto que ordena que ‘se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia ... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia’. Esta observación se confirma plenamente en la Ley de Amparo donde, como ya se vio, el artículo 155 categóricamente establece en su primer párrafo: (se transcribe). Junto con la señalada característica de la concentración, pueden descubrirse en la audiencia constitucional otros dos rasgos esenciales, que son la continuidad y la unidad, en virtud de que todos los actos se van sucediendo uno tras otro, por regla general de modo inmediato, esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas, después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, como culminación de la audiencia, se dicta la sentencia, con lo que se cierra la unidad. En consecuencia, si quien dicta la sentencia es el titular de un Juzgado de Distrito diverso a aquel órgano jurisdiccional que inició el desahogo de la audiencia constitucional, no cabe duda que se rompe con los principios antes detallados, puesto que resulta un absurdo jurídico que un solo acto procesal sea suscrito por titulares de diversas autoridades, por más que tengan encomendada la misma labor de control constitucional, máxime que no existe dispositivo legal alguno que permita tal actuación. Como corolario de lo anterior, debe establecerse que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII constitucional y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres periodos, cuyo orden cronológico y legal para su desahogo es: a) el periodo de pruebas (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas); b) formulación de alegatos; y, c) dictado de la sentencia de garantías; lo que significa que se trata de un solo acto procesal en el procedimiento judicial, cuyo último periodo va a concluir con el juicio constitucional. Asimismo, la audiencia constitucional conforme a lo dispuesto en los invocados ordenamientos legales, se rige por tres principios fundamentales que son la concentración, la continuidad y la unidad, lo que tiene como origen teleológico la clara intención del legislador de que la instrumentación del juicio de amparo fuera expedita, ágil y rápida para resolver controversias suscitadas por violación a las garantías individuales. De esas disposiciones y principios, deriva que el Juez de Distrito que desahoga la audiencia constitucional debe dictar la sentencia el mismo día en que se celebre la audiencia constitucional; y por excepción, si el cúmulo de las labores y atenciones que demanda el juzgado le impide dictar la sentencia el día de la audiencia, debe firmar el acta relativa junto con el funcionario judicial que funja como fedatario, a fin de cerrar formalmente el periodo de la audiencia ese mismo día. En esta última hipótesis, el Juez de Distrito podrá, válidamente, dictar la sentencia correspondiente con posterioridad, a condición de que se trate del titular del mismo juzgado de Distrito. Lo anterior se afirma ya que conforme a los criterios jurisprudenciales antes transcritos, los únicos casos de excepción, a la regla anterior son dos hipótesis a saber: a) Cuando el secretario encargado legalmente del despacho, inicie el desahogo de la audiencia constitucional y ésta sea concluida en fecha diversa por el titular del mismo órgano jurisdiccional; b) Cuando el titular del juzgado que inicie la citada audiencia constitucional sea sustituido posteriormente y que dicho acto procesal sea concluido en fecha diversa, por quien lo sustituya en el mismo Juzgado de Distrito. Sin embargo, el caso que nos ocupa no entra en alguna de esas hipótesis, pues en la especie el Juez que conoció del juicio inició la audiencia constitucional, y luego declinó su competencia para conocer del juicio, por lo que previos los trámites respectivos, fue otro el órgano jurisdiccional a quien correspondió el dictado de la sentencia. En la citada hipótesis, el titular del órgano jurisdiccional que va a dictar la sentencia respectiva, deberá volver a iniciar el desahogo de la audiencia constitucional, puesto que él no inició aquel acto procesal que no fue concluido, ya que en caso contrario se rompería con los principios de unidad, continuidad y concentración, pues no debe perderse de vista que se trata de un solo acto procesal que sí bien puede ser desahogado en varias actuaciones jurídicas, éstas no comprenden actos procesales separados e independientes entre sí y es por ello que no pueden ser desahogados por diversos órganos de control constitucional. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el veintitrés de octubre del año dos mil, ********** presentó la demanda de amparo que dio vida al juicio de garantías del que deriva el presente recurso de revisión. En tal escrito el quejoso señaló como domicilio el reclusorio norte de la Ciudad de México. Por auto de la misma fecha se admitió la demanda y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Por acuerdo del treinta de noviembre del mismo año se difirió la audiencia constitucional y se señaló nueva fecha para su desahogo. En proveído del veintidós de diciembre último se difirió de nueva cuenta la audiencia constitucional y se señaló fecha para su desahogo. El quince de enero del año dos mil uno, finalmente se desahogó la audiencia constitucional sin asistencia de las partes, y no se dictó la sentencia respectiva en el mismo acto, por lo que se levantó el acta respectiva, la que fue firmada por el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y por la secretaria del juzgado. Casi tres meses después, el cinco de abril del mismo año, en lugar de dictar la sentencia respectiva, ya sea resolviendo la improcedencia del juicio o el fondo de la litis planteada, el Juez de Distrito se declaró incompetente para resolver el juicio de amparo. Por cuestión de turno, correspondió conocer de dicha incompetencia (sic) al Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien sin más, en proveído del veinte de abril siguiente, admitió la competencia planteada y solicitó la remisión de los originales y anexos del juicio de amparo en cuestión, hecho lo cual, sin mayor trámite y sin desahogar de nueva cuenta la audiencia constitucional, el referido Juez de Distrito dictó la sentencia respectiva. Lo anterior se considera ilegal, ya que al actuar de esa forma, el a quo infringió lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, constitucional

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21572-785adb5f/audiencia-constitucional-cuando-en-un-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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