AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS A TRAVÉS DEL CUAL EL INCULPADO LO RECLAMA, CUANDO ES EL MINISTERIO PÚBLICO QUIEN INTERPONE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA DICHA DETERMINACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2007-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el nueve de junio de dos mil seis, el amparo en revisión penal, ... sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Es sustancialmente fundado el agravio formulado por los quejosos recurrentes; de ahí que es procedente revocar la sentencia sujeta a revisión y entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos en el caso, en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo. En el juicio de amparo indirecto la a quo decretó el sobreseimiento por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo -incorrectamente señaló que era la fracción XIII- en virtud de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado se advertía que el agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al juzgado natural había interpuesto el recurso de apelación en contra del auto de formal prisión reclamado por los quejosos, medio ordinario de defensa que tenía por efecto modificar, revocar o nulificar dicho acto, por lo cual no podían subsistir al mismo tiempo dos medios de defensa hechos valer contra el mismo fallo, por ende, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la invocada legislación sobreseyó en el juicio. El artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: (se transcribe). El precepto transcrito claramente establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, de modo que si en el caso el recurso ordinario (apelación) interpuesto contra el auto de formal prisión reclamado lo hizo valer el agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al juzgado natural, es evidente que no se surte esa hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en tanto que la misma alude a que sea el quejoso el que haya propuesto ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal, lo que no sucede en el presente asunto. A mayor abundamiento, cabe señalar que aun cuando la Juez a quo en la resolución recurrida haya querido tener por justificada la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; tenemos que esta causal tampoco se actualiza en virtud de que el acto reclamado es el auto de formal prisión dictado en contra de los quejosos, que es un acto restrictivo de la libertad personal, y de acuerdo con el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Federal, la violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Carta Magna, se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito o Tribunal de Circuito que corresponda, de ahí que en la especie no era necesario que los quejosos agotaran el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por identidad, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2295, Tomo LIV, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ‘AMPARO PROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES PENALES, AUN CUANDO NO SE HAYAN AGOTADO LOS RECURSOS QUE LA LEY CONCEDE.’ (se transcribe). En tales condiciones, lo procedente es revocar la resolución emitida el veintiséis de enero de dos mil seis, por la Juez Quinto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 973/2005-III y sus acumulados 974/2005-IV y 975/2005-V, promovidos por ... por lo cual se analizarán los conceptos de violación expresados por los peticionarios de garantías, cuya transcripción no es obligatoria en la medida de que ninguna disposición de la Ley de Amparo así lo ordena."
El criterio transcrito, originó la emisión de la tesis que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, diciembre de 2006
"Tesis: IX.3o.6 P
"Página: 1350
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE ACTUALIZA SI QUIEN INTERPONE EL RECURSO ORDINARIO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN ES EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. El artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; de modo que si el recurso ordinario (apelación) interpuesto contra el auto de formal prisión reclamado, lo hizo valer el agente del Ministerio Público del fuero común adscrito al juzgado natural, es evidente que no se surte esa hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en tanto que ésta alude a que sea el quejoso quien haya propuesto ante los tribunales ordinarios el recurso o defensa legal, lo que no sucede en ese supuesto.
"Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
"Amparo en revisión 154/2006. 9 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Torres García. Secretario: Juan Pablo Ramírez Huerta."
B) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el primero de junio de dos mil cinco, el amparo en revisión ... sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. En el caso, resulta improcedente el presente recurso de revisión. Como cuestión previa, es oportuno señalar a guisa de antecedente, que el acto reclamado consiste en el auto de formal prisión de veintiocho de agosto de dos mil cuatro, dictado a la ahora quejosa ... dentro del proceso penal ... del índice del Juzgado de lo Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, con residencia en Cadereyta Jiménez; por el delito de fraude específico (simulado), previsto por el artículo 386, fracción VII, y sancionado por el diverso numeral 385, fracción II, ambos del Código Penal de la entidad. Luego, la existencia de tal acto quedó acreditada con las constancias que en copia certificada acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o; toda vez que constituyen un documento público, certificado por el secretario del órgano jurisdiccional relativo, en ejercicio de sus funciones, quien goza de fe pública. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben examinarse de oficio. Así, es preciso hacer notar que en el caso, si bien el defensor particular de la aquí quejosa, mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil cuatro (foja 186), ante el juzgado del proceso, interpuso recurso de apelación contra el auto de formal prisión reclamado, el cual, admitió el Juez de origen por auto de tres de septiembre siguiente (foja 197); y a la postre, dicho defensor como la aquí quejosa, inclusive, desistieron de tal medio de impugnación, lo que acordó de conformidad el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, dictado dentro del toca penal en artículo ... (sic) (foja 328). Sin embargo, no pasa inadvertido que el Ministerio Público, mediante oficio 308/04, presentado el dos de septiembre de dos mil cuatro, ante el juzgado de origen (foja 196); también interpuso recurso de apelación contra ese auto de formal prisión e igualmente, el Juez del proceso lo admitió a trámite en el aludido proveído de tres de septiembre, sin que en autos obre la constancia concerniente a la resolución relativa a la segunda instancia. Bajo esa panorámica, cabe señalar que no obstante la peculiaridad apuntada, este Tribunal Colegiado considera que en la especie, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque una intelección correcta de dicho numeral en relación con la fracción indicada, conduce a estimar que en materia penal, el derecho del reo a combatir mediante la vía de amparo una resolución que afecte su libertad personal, como en el caso, el auto de formal prisión reclamado; no puede estar supeditado al trámite del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra ese propio auto; pues apreciar lo contrario, desnaturalizaría el aludido derecho de aquél, al extremo de aceptar que la procedencia del juicio de garantías estaría a merced de la citada facultad procesal del representante social, lo cual es jurídicamente inadmisible; máxime si, como aquí acontece, el Juez de Distrito dictó sentencia en la que concedió a la parte quejosa la protección constitucional lisa y llana."
El criterio transcrito, originó la emisión de la tesis que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXII, septiembre de 2005
"Tesis: IV.1o.P.27 P
"Página: 1419
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA NO PUEDE ESTAR SUPEDITADA AL TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. De una intelección correcta del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se concluye que, en materia penal, el derecho del inculpado a combatir mediante el amparo una resolución que afecte su libertad personal, como en el caso, el auto de formal prisión no puede estar supeditado al trámite del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra ese propio auto; pues estimar lo contrario, desnaturalizaría el aludido derecho al extremo de aceptar que la procedencia del juicio de garantías estaría a merced de la citada facultad procesal del representante social, lo cual es jurídicamente inadmisible.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.
"Amparo en revisión 46/2005. 1o. de junio de 2005. Mayoría de votos. Disidente: María Luisa Martínez Delgadillo. Ponente: Ramón Ojeda Haro. Secretario: José Daniel Aguilar del Toro."
El Tribunal Colegiado de referencia, dictó resolución el quince de noviembre de dos mil siete, en el amparo en revisión ... determinando apartarse del criterio sustentado al resolver el diverso amparo en revisión ... .
Las consideraciones que informaron la resolución que recayó al amparo en revisión ... en lo conducente, son las siguientes:
"TERCERO. Resulta innecesaria la transcripción de la sentencia y de los agravios que se esgrimen, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia que impide entrar al análisis de los mismos, la cual es de estudio oficioso y preferente, la aleguen o no las partes, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo; causal que impedía al Juez de Distrito realizar el estudio de fondo que efectuó respecto del acto reclamado y que conduce a decretar el sobreseimiento del juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, por compartirse el criterio en lo conducente, se cita la tesis de jurisprudencia por reiteración VI.2o.C. J/235, visible en la página 951 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, Materia Común, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto: ‘SOBRESEIMIENTO. PUEDE DECRETARSE DE OFICIO EN REVISIÓN, AUNQUE LA SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO HAYA CONCEDIDO O NEGADO EL AMPARO.’ (se transcribe). En efecto, los artículos 74, fracción III y 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: (se transcribe). De una armónica y sistemática interpretación de los preceptos legales transcritos se colige que el juicio de amparo deviene improcedente y, por ende, procede decretar el sobreseimiento en el mismo cuando se advierte que al tiempo de sustanciarse éste también se tramita ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 144/2000, visible en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época, estableció que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurren las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Lo anterior, pues señaló que por un lado, el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad materia del juicio constitucional, lo que sólo podría obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es apropiado, esto es, que se encuentre instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, determinó que la causal de improcedencia en mención únicamente se actualiza cuando la parte interesada acredita que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se está tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. El rubro y texto del criterio jurisprudencial es del tenor siguiente: ‘IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe). De lo anterior se concluye que la esencia de la causa de improcedencia a que se alude la fracción XIV del numeral 73 de la Ley de Amparo, estriba en que no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo. Tal conclusión se obtiene más nítidamente de la ejecutoria correspondiente al criterio enunciado, que puntualiza lo siguiente: (se transcribe). En ese tenor, considerando la esencia de la causa de improcedencia analizada, se estima que conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías también resulta improcedente, cuando la efectividad de un acto que se reclama está sub júdice a que se resuelva un recurso interpuesto en su contra, que sea idóneo, hecho valer por parte legítima aunque no sea el quejoso, y que pueda derivar en la modificación, revocación o nulificación de aquél; con lo cual a más, se propugna por evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias. Los artículos 212, 216, 217, 381, 382, 383, 384, fracción I, 385, fracción IV y 396 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León, disponen lo siguiente: (se transcribe). De una armónica y sistemática interpretación de lo dispuesto por los ordinales 212, 216 y 217 supratranscritos, se colige que los autos de formal prisión y de sujeción a proceso se dictarán por los delitos que aparezcan probados tomando en consideración sólo los hechos materia de la consignación y siempre que aparezcan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Ante la exigencia, sin duda existe la posibilidad de que se pueda dictar auto de libertad a favor del inculpado, cuando falte alguno de los requisitos a que alude el párrafo anterior. También es posible que al momento de resolver la situación jurídica del inculpado, existan datos que permitan dictar auto de formal prisión o sujeción a proceso por varios delitos y libertad por otros. En ese caso, es evidente que siguiendo los lineamientos que marcan los artículos 212, 216 y 217 del Código de Procedimientos Penales para la entidad, al decretarse auto de formal prisión al inculpado por el delito demostrado y auto de libertad por los otros, tal resolución está dividiendo la continencia de la causa. En efecto, la resolución de mérito puede generar intereses opuestos a las partes, perfectamente divisibles y susceptibles de ser impugnados en las porciones en que afecten a cada uno de los interesados. Ahora bien, el sistema de medios de impugnación en el derecho penal mexicano, permite asumir que el inculpado pueda recurrir el auto de bien preso a través del recurso de apelación; o bien, por medio del juicio de amparo indirecto, en tanto que el representante social sólo puede recurrir el auto de libertad a través del recurso de apelación. Luego, en la medida en que ambos temas tratados en un mismo auto de término constitucional (auto de libertad y auto de formal prisión), sean escindibles, se considera que pueden válidamente coexistir diversos medios de impugnación; a saber, el recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra el auto de libertad, como el diverso juicio de amparo biinstancial hecho valer por el inculpado contra la formal prisión, dado que al incidir en distintos aspectos de una misma resolución, lo que se reclama en un recurso no afecta en lo que es materia del otro medio de impugnación. Lo mismo ocurre en los casos en que una resolución que resuelve la situación jurídica del inculpado es impugnada por ambas partes respecto de un mismo aspecto del fallo, siempre que se combata por diferentes medios de impugnación del mismo orden, como lo es el recurso de apelación, en tanto que éstos habrán de ser fallados en un mismo toca de apelación y por la misma autoridad de alzada. Sin embargo, no ocurre lo mismo, cuando un aspecto del auto de término constitucional es recurrido por dos medios de impugnación de diverso orden, como ocurre cuando el inculpado lo combate a través del juicio de amparo y el agente del Ministerio Público mediante el recurso de apelación, pues en ese caso quienes resolverían serían diversas autoridades. Un ejemplo de la hipótesis que se cita es cuando se combate la clasificación de un mismo hecho, que incide en un aspecto de grado, o la actualización de una modificativa o calificativa del delito. En esa última hipótesis, en la que se sostiene que la procedencia del juicio de amparo se ve comprometida ante la coexistencia de un recurso ordinario, que aun cuando no fue interpuesto por el propio quejoso, sí tiene el efecto de modificar o revocar el acto reclamado, y esa falta de firmeza y definitividad afecta la procedencia del juicio de amparo. Es por ello que se considera que en tal supuesto, el juicio de amparo deviene improcedente, atento al principio de definitividad que lo rige, al margen de que el promovente no hubiere interpuesto el recurso de apelación. Máxime que conforme con los ordinales transcritos, el tribunal de apelación goza de plenitud de jurisdicción para confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada; sin importar que la segunda instancia se hubiese abierto con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, pues tal circunstancia no lo limita en sus facultades, como lo dispone el numeral 396 del código procesal indicado. Así, en tal supuesto, por orden y técnica legal, la procedencia del juicio de amparo está supeditada a la conclusión del trámite del recurso de apelación interpuesto previamente por el representante social, más aún porque sólo de esa manera se podría evitar la emisión de resoluciones contradictorias entre el juzgador de alzada y el de amparo, que a la postre llevarían al gobernado a un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, al igual que al Juez de primer grado, quien podría encontrarse en la disyuntiva legal de acatar la orden de un superior jerárquico, o bien, de la autoridad de amparo. Al respecto, se cita como apoyo lo establecido en la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4496 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Materia Penal, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: ‘APELACIÓN PENDIENTE EN LOS PROCESOS, AMPARO IMPROCEDENTE EN CASO DE.’ (se transcribe). Ahora bien, en el caso debe decirse que del examen de las copias certificadas de la causa penal ... del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en la entidad a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se desprende que al consignar al ahora quejoso la fiscalía solicitó se dictara en su contra auto de formal prisión por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de homicidio, previsto en el artículo 308 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, y sancionado por el diverso 312 del propio ordenamiento legal. Sin embargo, aparece que el uno de mayo de dos mil siete, se dictó auto de bien preso contra el ahora garantista al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de homicidio en riña, previsto en el artículo 308 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, y sancionado en el diverso 313 de la misma legislación. Determinación contra la cual se advierte que el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado mencionado interpuso el recurso de apelación por escrito que allegó el siete de mayo de dos mil siete (foja 285), y que fue admitido por acuerdo de quince de mayo siguiente (foja 287). Al margen de lo anterior, se advierte que por escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil siete, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la entidad, el quejoso promovió juicio de amparo contra la mencionada resolución de término constitucional. En esa tesitura, es evidente que el sumario constitucional deviene improcedente, atento que en el particular, la resolución impugnada se encuentra subjúdice al recurso de apelación que el agente del Ministerio Público interpuso contra la resolución de término constitucional de uno de mayo de dos mil siete, que se reclama en vía de amparo, porque en el auto de bien preso únicamente se decretó la formal prisión del quejoso por considerarlo probable responsable de la comisión de cierto delito y al recurrirse, es palpable que cualquier modificación o posible revocación llevaría imbíbita la afectación del acto reclamado. Lo anterior es así, porque como se indicó, pese a que el garantista no interpuso el recurso de apelación, atento a las reglas que rigen éste en el ámbito penal local, y al margen de los agravios que pueda hacer valer el representante social en segunda instancia, existen aspectos que el tribunal de alzada está obligado a analizar oficiosamente, que en su caso pueden llevar a modificar o revocar el acto reclamado. Así, esa falta de firmeza y definitividad de la resolución reclamada, impide válidamente examinar su constitucionalidad controvertida, pues es susceptible de ser modificada o revocada en virtud de un recurso idóneo, interpuesto por otra parte legítima, que puede propiciar resoluciones contradictorias en perjuicio de la seguridad jurídica del quejoso. Por ello, la resolución que se pronuncie en el recurso de apelación será la que determine definitivamente la situación jurídica del peticionario de garantías y, la que en su caso, podrá ser impugnada en vías de amparo con posterioridad. En consecuencia, procede revocar el fallo que se revisa y decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la autoridad ejecutora por no reclamarse por vicios propios. La emisión de la presente resolución implica que por las razones expuestas, en lo sustancial, este tribunal se aparta del criterio sustentado al resolverse el amparo en revisión 46/2005, que dio lugar a la tesis aislada IV.1o.P.27 P, visible en la página 1419 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, Novena Época, Materia Penal del rubro y texto siguiente: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA NO PUEDE ESTAR SUPEDITADA AL TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.’ (se transcribe). Luego, como este tribunal se aparta de ese criterio, deberán hacerse los comunicados respectivos en relación a la contradicción de tesis en que participa, número 88/2007-PS del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
C) El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el catorce de junio de dos mil siete, el amparo en revisión penal ... sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Son inoperantes los agravios que hace valer el quejoso, en cuanto sostiene que el Juez del amparo infringe en su perjuicio las garantías consagradas a su favor en el artículo 16 de la Constitución Federal, e infundados los restantes, atento a las siguientes consideraciones. Por otra parte, el proceder de la Juez de Distrito, contrario a lo manifestado por el recurrente, se ajustó a lo previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que dispone que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio, esto es, que abordó el análisis de dicha cuestión de manera preferente, por ser de orden público, máxime que en la especie quedó plenamente demostrado que ante el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito se está tramitando el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, contra el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso el veinticinco de marzo de dos mil siete, el cual puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Ciertamente, del análisis de los autos se advierte claramente, que los actos reclamados por el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, según lo precisó en su demanda de garantías, son: a) El auto de plazo constitucional, de fecha veinticinco de marzo de dos mil siete, dictado en contra del quejoso ... dentro de la causa penal ... en donde se le decretó su formal prisión, como probable responsable de la comisión del delito de defraudación fiscal equiparado; b) La iden
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21022-b77add85/auto-de-formal-prision-no-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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