REPARACIÓN DEL DAÑO. FACTURAS COMO MEDIO DE SU DETERMINACIÓN (LEGISLACIONES PROCESALES PENALES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y ZACATECAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2008-PS. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de un tema de naturaleza penal, especialidad que corresponde a esta Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para poder resolver la presente denuncia, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Al resolver el juicio de amparo 71/2008, el Tribunal Colegiado de mérito analizó un asunto cuyos antecedentes y características son las que a continuación se apuntan:
********** fue condenado, entre otras penas, al pago de la reparación del daño por el delito ********** cometido en agravio de ********** En contra de dicha resolución, promovió el juicio de amparo identificado con el número 215/2007. El tribunal de mérito concedió el amparo para el efecto de que la Sala responsable emitiera una nueva resolución en la que, dejando intocado lo relativo a la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad en su comisión, realizara un nuevo estudio en el que fundara y motivara la determinación del monto de la reparación del daño.
La Sala responsable, en cumplimiento al amparo concedido, emitió nueva resolución el veintidós de noviembre de dos mil siete, dentro de los autos del toca penal 1654/06. En contra de esta determinación ********** solicitó de nueva cuenta el amparo y protección de la Justicia Federal.
En este contexto, al resolver el juicio de amparo directo 71/2008, el tribunal de mérito analizó estrictamente lo relativo a la condena en reparación del daño derivada de la comisión del delito ********** cometido por ********** en agravio de ********** Al analizar este tema, el tribunal consideró lo que a continuación se transcribe:
"SEXTO. ... Lo transcrito evidencia que la responsable cuantificó el monto de los gastos que a su juicio fueron erogados por el ofendido ********** con motivo del desempeño del cargo de depositario judicial y para tal fin tomó en consideración las facturas que describe en los citados incisos A) y B), sin embargo, de las documentales que obran a folios 850 a 857 del proceso penal y las que constan a fojas de la 869 a la 879 de dicha causa, mismas que la responsable tomó en consideración para fijar el aludido monto, al constituir documentales privadas debieron ser reconocidas en cuanto su contenido y firma, atento a lo establecido por el numeral 229 del Código de Procedimientos Penales de Colima que dispone lo siguiente: ‘Artículo 229. Los documentos privados y la correspondencia deberán ser reconocidos en su contenido y firma por la persona a quien se le atribuyan.’
"En esa medida, si en autos de la causa penal no consta la ratificación de los suscriptores de las referidas documentales privadas, es evidente que por el momento no pueden ser tomados en cuenta para justificar los gastos ahí descritos.
"Sobre el tema es aplicable por su contenido, la jurisprudencia número 689 sustentada por este Tribunal Colegiado, correspondiente a la Octava Época, publicada en la página 434 del Tomo II, Parte TCC, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. JUSTIFICACIÓN DE LA, A TRAVÉS DE DOCUMENTOS PRIVADOS, NO RATIFICADOS. (LEGISLACIÓN DE JALISCO).’ (se transcribe).
"En tal tesitura, se insiste, en que si los documentos privados de referencia, por el momento son insuficientes por los motivos anteriormente aludidos, para determinar los gastos erogados por el ofendido ********** descritos en los referidos incisos A) y B); empero, tal cuantificación podrá fijarse en ejecución de sentencia, como lo consideró la responsable en relación a los citados incisos C) y D).
"Ahora bien, conforme a las razones que se exponen en esta resolución, donde se insiste que los suscriptores de las documentales privadas deben acudir a ratificar su contenido; lo que evidentemente discrepa con la jurisprudencia número XXIII.1o. J/22, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible en la página 2726 (dos mil setecientos veintiséis) del Tomo XXVII del mes de enero de 2008 (dos mil ocho), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. PARA EFECTOS DE CUANTIFICAR SU MONTO, LAS FACTURAS Y RECIBOS DE HONORARIOS NO REQUIEREN SER RATIFICADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL CUANDO SU EXPEDICIÓN CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe)."
II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. Al resolver el juicio de amparo 47/2007, el Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:
********** fue condenado, entre otras penas, al pago de la reparación del daño por la comisión del delito ********** cometido en agravio de ********** lo anterior, en la sentencia dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al resolver el toca penal 938/2006.
En contra de la anterior determinación ********** por propio derecho, demandó el amparo. El Tribunal Colegiado, supliendo la deficiencia de la queja, se ocupó del motivo de inconformidad dirigido a controvertir el quántum de la condena a la reparación del daño y sostuvo lo siguiente:
"Por otro lado, se estima que es fundado el motivo de inconformidad dirigido a controvertir el quántum de la condena a la reparación del daño impuesta al ahora quejoso, aunque para ello debe suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
"La autoridad responsable para la determinación del monto de la reparación del daño tomó en cuenta el siguiente material probatorio: (se transcribe).
"Documentales que dijo la Sala de apelaciones que el juzgador de primera instancia determinó con valor probatorio al considerar que las lesiones que recibió el ofendido correspondían a la fracción II del artículo 286 del Código Penal y que a su vez correspondían con los daños sufridos por el ofendido y que éste tuvo que erogar con motivo de la agresión que sufrió en su integridad corporal.
"Que dichas notas médicas sí guardaban pertinencia con las lesiones recibidas en los hechos investigados.
"Conclusión la anterior, que se considera no irroga agravio al solicitante de amparo en cuanto a las documentales que sirvieron de base para la cuantificación del monto de la reparación del daño, con excepción de la documental marcada con el inciso j) consistente en un recibo provisional de honorarios por la cantidad de ********** a nombre de ********** por concepto de atención médica de fecha cinco de abril del año dos mil cinco (foja 47 del juicio penal).
"Previo a verter las consideraciones que demuestren lo anterior, resulta pertinente resaltar lo siguiente:
"El Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, en su título séptimo, referente a la prueba, en sus capítulos VIII y IX, que hablan sobre la documental y el valor jurídico de los medios probatorios, implícitamente se hace una clasificación de la prueba documental en pública y privada al establecer que se reputarán documentos públicos, los que se señalen como tales en el Código de Procedimientos Civiles o cualquiera otra ley y que el valor jurídico de esta probanza tendrá valor probatorio pleno.
"A su vez en el artículo 238 de la codificación civil en cita, define a los documentos públicos como aquellos que tienen ‘... como requisito el estar autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades prescritas por la ley. Tendrán este carácter, tanto los originales como sus copias auténticas, firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar.
"‘Por tanto, son documentos públicos:
"‘I. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas;
"‘II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones;
"‘III. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos públicos dependientes del Gobierno Federal, o de los particulares de los Estados, de los Ayuntamientos, del Distrito y Territorios Federales;
"‘IV. Los certificados de actas del estado civil expedidas por los oficiales del Registro Civil, respecto de constancias existentes en los libros correspondientes;
"‘V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios a quienes competa;
"‘VI. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados antes del establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren cotejadas por notario público o quien haga sus veces, con arreglo a derecho;
"‘VII. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones, y de universidades, siempre que su establecimiento estuviere aprobado por el Gobierno Federal o de los Estados, y las copias certificadas que de ellos se expidieren;
"‘VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie;
"‘IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la ley y las expedidas por corredores públicos titulados con arreglo al Código de Comercio, y
"‘X. Los demás a los que se reconozca ese carácter por la ley.
"‘Los documentos públicos procedentes de los Estados, del Distrito y de los Territorios Federales harán fe sin necesidad de legalización de la firma del funcionario que los autorice.
"‘Los documentos públicos procedentes del extranjero deberán presentarse legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares. En caso de imposibilidad para obtener la legalización ésta se sustituirá por cualquier prueba adecuada para garantizar la autenticidad.’
"Bajo esa tónica, se entiende, por exclusión, que todo documento privado será aquel que no se encuentra definido como público, pues además así lo define el numeral 284 de la ley adjetiva civil en cita que establece que es documento privado ‘... el que carece de los requisitos que se expresan en el artículo anterior.’
"El valor jurídico de esta probanza, de conformidad con la legislación adjetiva penal es de mero indicio, a menos de que se encuentre perfeccionada, es decir, que sea ratificada o reconocida expresamente su autenticidad por parte de su autor o autores, o bien, cuyo reconocimiento se demuestre a través de algún otro medio de prueba que patentice la autoría, esto último por así establecerlo la tesis por contradicción de criterios número 1a./J. 38/97 de rubro: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. SU EFICACIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO, SAN LUIS POTOSÍ Y VERACRUZ).’
"Precisado lo anterior, se considera que dentro de los documentos privados la existencia de otros diversos, que dado los requisitos legales que para su expedición, certeza y autenticidad prevén leyes especiales, impiden que sean analizados para su eficacia probatoria bajo las reglas de valoración que las codificaciones procesales hacen con relación a los documentos privados en general.
"Los comprobantes fiscales o comunmente denominados ‘facturas’, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, tienen por objeto documentar las actividades sujetas a un gravamen fiscal, es decir, comprobar las deducciones o acreditamientos de contribuciones a cargo de los contribuyentes.
"La codificación hacendaria en cita establece en sus artículos 29 y 29-A, los requisitos que deben cumplir los comprobantes fiscales para su expedición, certeza y autenticidad, numerales que son del tenor siguiente: (se transcriben).
"De las normas transcritas se advierte que la expedición de comprobantes fiscales por parte de un contribuyente, para su certeza y autenticidad, deben de cumplir con los requisitos ahí descritos, de donde se obtiene que si bien no se trata de un documento público por no provenir de una autoridad en uso de sus facultades, tampoco puede reputarse como un documento privado no tasado, pues su expedición e incluso su valoración, está regulada de una manera expresa y específica por leyes especiales.
"Se afirma lo anterior, porque de los mismos numerales en cita se desprende que su eficacia formal para acreditar las deducciones o acreditamientos de contribuciones, depende de que los comprobantes fiscales cumplan con tales elementos, por lo que se deduce que su evaluación probatoria está sujeta a las legislaciones que regulan su expedición.
"Por otro lado, debe resaltarse que la finalidad de los comprobantes fiscales no únicamente se constriñe a acreditar las obligaciones fiscales de los contribuyentes, sino que el empleo de tal documentación o facturas son propias del tráfico de mercancías, y de prestación de servicios, documentos que como tales son aptos para acreditar la identificación del vendedor, comprador y la mercancía o servicio objeto de la operación comercial, esto porque su existencia la reconocen leyes como el Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Aduanera, las resoluciones misceláneas tanto fiscales como de comercio exterior que contienen reglas sobre la expedición y llenado de las facturas.
"Situaciones las descritas que fueron materia de estudio en la tesis por contradicción de tesis número 1a./J. 32/2001 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 162, en la que se dijo que tales documentos no requerían de firma o de su reconocimiento para tener eficacia probatoria en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en razón de que las leyes que los rigen no prevén tal requisito para su valoración, criterio que es del tenor siguiente:
"‘FACTURAS. NO REQUIEREN ESTAR FIRMADAS PARA TENER EFICACIA PROBATORIA EN EL JUICIO DE AMPARO, POR NO EXIGIRLO LEY O DISPOSICIÓN APLICABLE ALGUNA.’ (se transcribe).
"Criterio el transcrito del que además resulta importante destacar que establece que determinada documentación privada que por su regulación y para efectos de su eficacia probatoria, no deben cumplir además con los requisitos previstos en las codificaciones procesales para reputarles un valor probatorio.
"Sentado lo anterior, se puede concluir lo siguiente:
"1) Los comprobantes fiscales o facturas no se pueden reputar como simples documentos privados.
"2) La certeza y autenticidad de dichos documentos no dependerán de las reglas de valoración para los documentos privados que disponen las codificaciones procesales, sino que su eficacia probatoria es en virtud de la regulación que previenen legislaciones especiales en cuanto a su existencia y validez.
"3) La eficacia probatoria de los comprobantes fiscales cuando cumplen con los elementos que deben contener para su existencia y validez es la misma para todas las materias, pues resultaría un contrasentido de que en materia fiscal y mercantil tengan pleno valor probatorio para acreditar las obligaciones fiscales de un contribuyente o para comprobar las operaciones mercantiles y en materia penal o civil, se les niegue valor probatorio por no cumplir con otros diversos requisitos que se exigen a los documentos privados en general, y que no los contemplan las leyes especiales que los rigen para su expedición, certeza o autenticidad.
"El presente criterio no contraviene lo resuelto en la tesis por contradicción de criterios número 1a./J. 38/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 207, en el que se sostuvo que para la integración de la prueba documental privada en el proceso penal para que pueda tener eficacia probatoria depende de que se obtuviera la ratificación o reconocimiento expreso de parte de su autor o autores, o bien, que ese reconocimiento se demuestre a través de algún otro medio directo de prueba que patentice tal autoría, y que el reconocimiento tácito de los documentos por no haber sido objetados por la contraparte del oferente no era un medio de prueba autorizado por el cual se pudiera lograr su integración, criterio que es del tenor siguiente:
"‘DOCUMENTOS PRIVADOS. SU EFICACIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO, SAN LUIS POTOSÍ Y VERACRUZ).’ (se transcribe).
"En la ejecutoria de mérito fue objeto de interpretación y análisis los sistemas de valoración de los documentos privados en general, de donde se desprende que no se realizó una distinción de aquellos documentos que para su expedición se encuentran regulados por leyes especiales, las cuales fijan ciertos requisitos para asegurar su autenticidad, de ahí que se considere que tal criterio sólo se aplica para los casos de aquellos documentos que por su naturaleza no están sujetos a un control para su certeza o autenticidad.
"Hasta aquí las consideraciones que diferencian los documentos privados tasados de los no tasados, específicamente las facturas o comprobantes fiscales o recibos de honorarios profesionales, cuando éstos cumplen con los requisitos que la ley que los regula exige para su elaboración, pues justamente la satisfacción de esos requisitos los complementa o perfecciona, los hace auténticos, mientras no se pruebe lo contrario.
"Bajo el panorama planteado, se considera que la Sala responsable al tener en cuenta para establecer el monto de la reparación del daño diversos comprobantes fiscales, entre ellos facturas y recibos de honorarios, no irroga perjuicio alguno al quejoso, pues de las mismas documentales en comento se advierte que cumplen con los requisitos que para su expedición, certeza y autenticidad prevén los numerales 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
"Mas no así, el documento identificado en el inciso J) en el acto reclamado, consistente en un recibo provisional de honorarios por la cantidad de ********** a nombre de ********** por concepto de atención médica de fecha cinco de abril del año dos mil cinco (foja 47 del juicio penal).
"Eso es así, en razón de que tal documento no cumple con los requisitos que establece la legislación hacendaria para considerarlo como comprobante fiscal, por lo que ante tal situación, se considera que tal probanza es de las denominadas documental privada y que para su eficacia probatoria, debió de haberse perfeccionado, es decir, tuvo que haber sido reconocida por su autor."
El Tribunal Colegiado de mérito reprodujo estos argumentos al resolver los juicios de amparo directo 160/2007, 220/2007, 53/2007 y 585/2007, sin que se hayan realizado consideraciones adicionales sobre el tema. A partir de la resolución de los juicios anteriores, se integró la jurisprudencia XXIII.1o. J/22, misma que a continuación se transcribe:
"REPARACIÓN DEL DAÑO. PARA EFECTOS DE CUANTIFICAR SU MONTO, LAS FACTURAS Y RECIBOS DE HONORARIOS NO REQUIEREN SER RATIFICADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL CUANDO SU EXPEDICIÓN CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Las facturas o recibos de honorarios son documentos que amparan la enajenación de bienes o la prestación de servicios y sirven como medios de control del cumplimiento de las obligaciones fiscales; de ahí que cuando tales documentos cumplan con los requisitos que exigen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación para su expedición, resulta innecesaria la ratificación por parte de sus autores para que alcancen fuerza probatoria suficiente en el procedimiento penal para efectos de cuantificar el monto de la reparación del daño, pues la satisfacción de los requisitos fiscales que deben incorporarse a ellos, asegura la certeza de su autenticidad y del acto que contienen, mientras no se pruebe lo contrario."
CUARTO. Existencia de la contradicción. Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1)
Cabe señalar que aun cuando el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito no constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(2)
Una vez hecha la precisión apuntada, debemos destacar que en el caso concreto sí se acreditan los extremos a que se refiere la tesis señalada en primer término, ya que los Tribunales Colegiados involucrados estudiaron la misma cuestión jurídica, esto es, si es necesario o no ratificar las facturas exhibidas para determinar la cuantificación del monto de la reparación del daño -cuando han sido objetadas- y, al resolver, llegaron a conclusiones opuestas, como a continuación se analiza:
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 71/2008, esencialmente, sostuvo:
a) Que no fue correcta la determinación de la Sala responsable al cuantificar el monto de los gastos que a su juicio fueron erogados por el ofendido tomando en consideración las facturas exhibidas, en virtud de que al ser documentales privadas debieron ser reconocidas en cuanto a su contenido y firma, atento a lo establecido por la ley adjetiva correspondiente.
b) El Tribunal Colegiado estimó que si en los autos de la causa penal no consta la ratificación de los suscriptores de las documentales privadas (facturas), es evidente que no pueden ser tomadas en cuenta para justificar los gastos ahí descritos. Sustentó su consideración en la tesis jurisprudencial siguiente: "REPARACIÓN DEL DAÑO. JUSTIFICACIÓN DE LA, A TRAVÉS DE DOCUMENTOS PRIVADOS, NO RATIFICADOS. (LEGISLACIÓN DE JALISCO)."
II. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 47/2007, al suplir la deficiencia de la queja respecto del tema de la reparación del daño, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:
a) De acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, referente a la prueba, los documentos se clasifican en públicos y privados; los primeros serán aquellos a los que se les atribuya tal carácter en el Código de Procedimientos Civiles o en cualesquiera otra ley; en este sentido, cualquier documento que no sea público se reputará como privado.
Una vez señalado lo anterior, consideró que los documentos públicos tendrán plena eficacia probatoria, mientras que los documentos privados deberán ser perfeccionados, esto es, ratificarse en cuanto a su contenido y firma a fin de constituir prueba plena y no un indicio, esto último de acuerdo con lo previsto en la jurisprudencia 38/97, de la Primera Sala, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PRIVADOS. SU EFICACIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO, SAN LUIS POTOSÍ Y VERACRUZ)."
Estimó que dentro de los documentos privados existen otros diversos que, dados los requisitos legales previstos para su expedición, certeza y autenticidad, impiden que sean analizados para su eficacia probatoria bajo las reglas de valoración que las codificaciones procesales prevén en relación con los documentos privados en general.
b) Tomando en cuenta los parámetros referidos en los párrafos anteriores, el Tribunal Colegiado estimó que las facturas que cumplan con los requisitos que exigen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación para su expedición, otorgan certeza de su autenticidad y del acto que contienen resultando innecesaria la ratificación por parte de sus autores para que alcancen fuerza probatoria suficiente en el procedimiento penal para efectos de cuantificar el monto de la reparación del daño mientras no se pruebe lo contrario.
III. Una vez señalados los puntos medulares de los criterios de cada uno de los Tribunales Colegiados, esta Primera Sala considera que sí se actualiza la contradicción de criterios, en atención a lo siguiente:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito consideró que las facturas, al ser documentales privadas, deben ser ratificadas en cuanto a su contenido y firma, a fin de tener eficacia probatoria, a diferencia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, órgano que sostuvo que las facturas que cumplan con los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación no necesitan ser ratificadas en cuanto a su contenido y firma, puesto que al cumplir con dichos requisitos, ello les otorga autenticidad en cuanto a su existencia y contenido, lo que implica que no esté sujeta su evaluación probatoria a las reglas establecidas en la legislación penal adjetiva, ello, aun cuando son documentales privadas.
Es importante precisar que en el caso que nos ocupa, no es obstáculo para la existencia de esta contradicción el que los Tribunales Colegiados se hayan pronunciado en relación con diversas legislaciones (Colima y Zacatecas), puesto que la figura jurídica que se estudia -eficacia probatoria de las documentales privadas (en este caso, facturas) a fin de cuantificar la reparación del daño en el proceso penal-, está regulada de manera esencialmente igual en ambas legislaciones, cuestión que se retomará en el considerando siguiente.
Resulta aplicable a la precedente consideración, a contrario sensu, la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURÍDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DISTINTAS."(3)
Con lo anterior, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues, mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito estima que las facturas deben ser ratificadas para que tengan eficacia probatoria -cuando han sido objetadas-, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito considera que basta con que las facturas cumplan lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación para que tengan un pleno valor probatorio, por lo que no es necesario que se ratifiquen en cuanto a su contenido y firma.
En virtud de lo sustentado, el tema de la contradicción en estudio puede concretarse a través de la siguiente pregunta: ¿Es necesaria la ratificación de las facturas a fin de que tengan eficacia probatoria para determinar el monto de la reparación del daño cuando han sido objetadas o, si por el contrario, no es necesaria su ratificación cuando cumplan con los requisitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, en concreto, en los artículos 29 y 29-A, relativos a la expedición de las facturas?
QUINTO. -Estudio de fondo. A continuación se realizarán las consideraciones que sustentan el criterio que deberá prevaler. En aras de ordenar el estudio que habrá de sostenerse en esta resolución, ésta se dividirá en los siguientes tópicos: 1. Consideraciones sobre la reparación del daño y su cuantificación (legislación de los Estados de Colima y Zacatecas); 2. Algunas consideraciones sobre el concepto "factura"; 3. Razones que llevan a esta Primera Sala a no compartir las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito; y, 4. Criterio que debe prevalecer.
1. Consideraciones sobre la reparación del daño y su cuantificación (legislación de Colima y Zacatecas).
El artículo 20, apartado c), fracción IV, de la Constitución Federal,(4) prevé el derecho de la víctima a la reparación del daño derivada de la comisión de un ilícito, y establece que en los casos que sea procedente, el agente del Ministerio Público estará obligado a solicitarla, sin que por ello la víctima u ofendido lo pueda hacer directamente; advierte además,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21295-e9daa947/reparacion-del-dano-facturas-como-medio-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS A TRAVÉS DEL CUAL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2007-PS)
- INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTE QUE ADEMÁS DE LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN SEÑALADA POR EL QUEJOSO COMO ACTO RECLAMADO EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, TAMBIÉN SE HIZO EFECTI (CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2008-PS)
- VIOLENCIA FÍSICA COMO MEDIO ESPECÍFICO DE COMISIÓN EN EL DELITO DE VIOLACIÓN. VIOLENCIA FÍSICA COMO MEDIO ESPECÍFICO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN. SE ACTUALIZA ESTE ELEM (CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2008-PS)
- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGAD (CONTRADICCIÓN DE TESIS 129/2008-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CALIFICATIVAS, DEBEN ESTAR PLENAMENTE PROBADAS PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA SENTENCIA. (s/clave)
- PRUEBA TESTIMONIAL, CIRCUNSTANCIA INSUFICIENTE PARA RESTARLE VALOR. (s/clave)
- AGRAVIOS. SON INATENDIBLES AQUELLOS QUE NO COMBATEN LA OMISION INJUSTIFICADA DEL JUEZ DE DISTRITO DE EXAMINAR UNA PARTE FUNDAMENTAL DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. (VI.1o. J/29)
- TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. (XVII.4o.4 K )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis